Marcos Ezequiel Molinati juró este viernes como fiscal penal y desempeñará su cargo en la Fiscalía Penal 6 de barrio Solidaridad.
Encontrándose el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, en uso de la licencia por feria judicial, el fiscal ante la Corte en feria, Eduardo Sylvester, tomó juramento a Marcos Ezequiel Molinati como fiscal penal del Distrito Centro.
Molinati estará a cargo de la Fiscalía Penal 6, ubicada en barrio Solidaridad.
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, presentó una propuesta a Nación para realizar un programa de capacitación y asesoramiento.
Por medio del procurador general de la nación interino, Dr. Eduardo Casal, se dio a conocer la opinión favorable del Dr. Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a la propuesta del Dr. Abel Cornejo de realizar un programa de capacitación y asesoramiento técnico para la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia de Salta.
Actualmente se está conformando un equipo de trabajo integrado por especialistas en temas vinculados a delitos informáticos. Cabe recordar que Salta será el cuarto distrito del país con una Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia.
En el marco de la sugerencia que realizó al Gobernador de la Provincia para que deje de adherir a la ley de microtráfico, el procurador general, Abel Cornejo manifestó su preocupación por el crecimiento de la población carcelaria en Salta. Señaló que en 2018 la población creció en un 41% cuando la media del país en el mismo año era del 25%.
Cornejo graficó la situación de superpoblación carcelaria en Salta al explicar que, por ejemplo, en el penal de Villa Las Rosas hay más de 1.400 personas detenidas, cuando la capacidad del penal es para 1000 internos y se trata de un edificio obsoleto que tiene más de 80 años. En el caso de la Alcaidía General, tiene actualmente 700 detenidos cuando su capacidad es para 300.
En el año 2008, la población penitenciaria provincial era de 1.714 internos y transcurridos 10 años, se incrementó en un 90% y llegó a 3.266. Al respecto, Cornejo resaltó que se trata de «cifras muy indicativas» porque «el salto se produce en 2014, con la adhesión a la ley de microtráfico, aunque no es el delito de mayor incidencia (cuarto en cantidad de casos), pero sí provocó un aumento exponencial».
«En 2018 había 440 presos por microtráfico en Salta, eso nos da una idea de que si entran 440 presos más en un solo año, cuánto puede ser el aumento de la población carcelaria en ese sentido», remarcó.
Cornejo consideró que «hay que buscar establecimientos carcelarios más adecuados, también por la seguridad y salubridad de quienes están detenidos, con otras características totalmente diferentes, en otro lugar«.
Finalmente, marcó como dato clave que las violaciones y delitos contra la integridad sexual son los que producen más condenados y procesados en Salta actualmente. En 2018, 730 personas estaban detenidas por delitos sexuales.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, anunció que será creada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la figura del Procurador Penitenciario. Su función será la de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en establecimientos penitenciarios y de detención provinciales.
El Procurador General de la Provincia tiene entre sus potestades la de “visitar en la forma que lo disponga el Reglamento las cárceles y los establecimientos de corrección, detención, prisión y dependencias policiales, a los fines de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en tales establecimientos provinciales”, según lo establece en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 8.
Ante la delicada situación por la que atraviesan los detenidos en los establecimientos penitenciarios, Cornejo anunció que creará tal figura con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad, comprendidas dentro del régimen penitenciario provincial. “El proyecto es el de constituir un órgano de control estricto de la actividad de la administración penitenciaria, a fin de garantizar que la ejecución de la pena se desarrolle en el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad”, ratificó el Procurador General. La preocupación por el nivel de sobrepoblación es que ésta “deriva en peligrosas condiciones de hacinamiento que inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia”, explicó el funcionario.
El Procurador Penitenciario coordinaría un equipo multidisciplinario capaz de evaluar sobre detención domiciliaria o conmutación de penas a quienes hayan alcanzado la edad que establece la ley, hayan cumplido la mitad de la condena y reúnan las demás condiciones para obtener la libertad condicional; mujeres con hijos menores de 5 años, que hayan cumplido la mitad de la condena y otras situaciones especiales. A la conmutación no accederían los penados por delitos contra la integridad sexual y contra la administración pública o cometidos en ejercicio de la función pública. En tanto los penados por delitos cometidos en un contexto de violencia de género deberán acreditar el cumplimiento de todas las condiciones que le fueran impuestas, sin perjuicio de las que se impusieran como sustituto de la pena privativa de libertad a partir de la procedencia de la conmutación. También podrían dictaminar qué detenidos están en condiciones legales de acceder a control electrónico a través de pulseras y otros dispositivos.
Según la Dirección de Políticas Criminales de la Nación, entre 2008 a 2018, la población penitenciaria provincial aumentó un 90%.
El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, recibió al procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, quien realizó aportes sobre la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes; la ubicación de la Unidad Carcelaria Nº1; aspectos vinculados con la seguridad y el proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia.
Durante el encuentro, Cornejo planteó al Gobernador la necesidad de suspender la vigencia de la Ley N° 26.052, de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que modificó la Ley N°23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y permitió a las provincias que adhieran a la nueva norma, actuar en el narcomenudeo. En Salta la adhesión entró en vigencia el 1 de enero de 2014, y desde entonces, la Administración Nacional adeuda los fondos correspondientes que establece la misma normativa. El su artículo 5º, la Ley establece “un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente”. Cornejo citó los antecedentes de Entre Ríos y La Rioja, distritos que adhirieron a la ley, pero suspendieron su aplicación en virtud de la inexistencia de transferencia de los créditos.
Cornejo sostuvo que el incumplimiento del Gobierno Nacional generó hacinamiento en las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y las comisarías de la Policía de la Provincia, donde también se aloja a detenidos. “Se afectan Derechos Humanos y garantías constitucionales de los internos y la seguridad de toda la comunidad, cuando los efectivos policiales están abocados exclusivamente a tareas de microtráfico y no a otras problemáticas”, afirmó el Procurador. En ese contexto, el Procurador sugirió al Gobernador que la Unidad Carcelaria Nº1, ubicada en Villa Las Rosas, sea trasladada a un espacio suburbano del área metropolitana. “La cárcel quedó ubicada en medio de un área altamente urbanizada, con las consecuencias lógicas para la población cercana”, afirmó el Procurador.
El Gobernador y el Procurador también dialogaron sobre las expectativas del Cuerpo Especializado de Investigadores del MPF. Cornejo remarcó que “es imperiosa la necesidad de que haya 200 miembros efectivos del CEI, porque esos investigadores civiles serán quienes trabajan conjuntamente con los efectivos policiales y dirigidos por un fiscal, en la investigación de delitos de mayor complejidad”. En el mismo sentido, hablaron sobre la próxima promulgación de la Ley que creó una fiscalía de Ciberdelitos, una fiscalía penal en Cachi y otra en Rosario de la Frontera; y que además, modificó la dirección del CIF, que quedará en manos de un fiscal.
En otro orden, Sáenz y Cornejo hablaron sobre el proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia, que ingresará a la legislatura en abril próximo, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias. Consultado sobre los mandatos de los cargos en el Ministerio Público, Cornejo afirmó que deben mantenerse por seis años. Por otra parte, destacó el sistema electoral que puso en vigencia el exgobernador Ricardo Durand (1952- 1955 y 1963-1966), y que dividió el Circuito Electoral en tres secciones: Capital, Norte y Departamentos del Oeste y el Sur. “Una reforma en ese sentido mejoraría la representatividad en Capital, cuyos habitantes hoy están subrepresentados”, sostuvo Cornejo.
La preocupación por el aumento de femicidios cometidos en Salta fue uno de los temas abordados por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, durante la reunión que mantuvo con la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes. Se proyecta un trabajo articulado con respecto de la violencia hacia las mujeres y otras problemáticas.
Las posibilidades de desarrollar un trabajo articulado y la firma de convenios de cooperación, fueron dos de los temas abordados por el procurador general, Abel Cornejo y la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, quien se integrará al Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal.
“La problemática de la violencia hacia las mujeres nos necesita a todos unidos y no trabajando como compartimentos estancos; se puede mejorar el trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal y las secretarías de Justicia y Derechos Humanos”, confió Reyes, quien destacó la iniciativa del Procurador, de avanzar en la creación de la Oficina contra la Violencia Institucional. “La posibilidad de trabajar de manera conjunta a través de esa Oficina y la de sumarme al Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, son dos de los ejemplos de cómo las instituciones podemos fortalecer la tarea destinada a solucionar temas graves que siguen acuciando a la sociedad”, afirmó la funcionaria.
Por su parte, el Procurador remarcó que el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo, a través de la secretaría de Derechos Humanos, –en este caso en particular-, tienen misiones y roles bien definidos. “Todas las personas que intervinimos en procedimientos relacionados con las víctimas de delitos tenemos obligaciones desde esos roles. Sin embargo, las acciones a favor de ciudadanas y ciudadanos pueden ser dinamizadas y potenciadas a través de la tarea conjunta”, dijo el funcionario.
“Las víctimas tienen derecho a recibir asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, afirmó Cornejo y agregó que “la asistencia puede ser brindada por otros actores, pero el Norte siempre será uno: que se cumplan los derechos que asisten a esos ciudadanos o ciudadanas que concurren al Ministerio Público Fiscal en búsqueda de la verdad”, finalizó el Procurador.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Pedro García Castiella, con quien discutió sobre proyectos y acciones vinculados con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo Provincial. El Secretario tiene como misión asistir al Gobernador en todo lo concerniente a las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La reunión de los funcionarios sirvió para ratificar los objetivos del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Justicia, de mejorar políticas vinculadas con las víctimas de delitos graves y sus familiares, trabajar en proyectos de reforma y actualización legislativa en materias vinculadas a la justicia, la cooperación entre ambas partes en cuestiones relativas a la mediación y otros métodos participativos de resolución de conflictos y la coordinación de las políticas de lucha y condena del microtráfico de drogas, entre otros.
En ese marco, Cornejo y García Castiella hablaron sobre exámenes psicológicos a los concursantes para cargos de magistrados inferiores del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público, la capacitación previa a los exámenes de los concursantes y la posible reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. La última modificación legislativa parcial de esa ley, data de 2012 y “los cambios sociales e institucionales producidos en los últimos ocho años, sugieren la necesidad de actualizar y mejorar la normativa”, afirmó el Procurador.
También fueron temas de conversación la situación carcelaria de la provincia y el Congreso Mundial de Ciencias Forenses que se realizará en Salta en octubre próximo, cuya organización podría contar con el apoyo del Poder Ejecutivo Provincial.
Por otra parte, el Procurador anticipó al Secretario de Justicia que el equipo técnico trabaja en la elaboración de la iniciativa legislativa de Autarquía Financiera del Ministerio Público Fiscal. Entre las atribuciones atribuidas al MPF por la Constitución de la Provincia en su artículo 166, se encuentra la de “proponer y administrar su propio presupuesto, enviándolo al Poder Ejecutivo para su remisión al Poder Legislativo a efecto de su consideración”. En ese sentido, el Procurador destacó que el artículo 167, referido a la autonomía funcional, establece que “en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público”. La autarquía económica y financiera, en consecuencia, cristalizaría la división republicana de poderes y la autonomía para definir criterios del orden administrativo, financiero, presupuestario y operativo, de acuerdo a las necesidades reales de las fiscalías y otras dependencias.
El Ministerio Público tiene iniciativa legislativa no exclusiva con respecto a la ley de organización del Ministerio Público, Códigos Procesales y demás leyes vinculadas a la administración de justicia y al ejercicio de sus funciones.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, aclaró que nuevamente el abogado Pedro Arancibia, ha intentado confundir y desinformar a la comunidad al divulgar que “la Justicia llamó la atención a los fiscales penales y al Procurador Abel Cornejo por haber difundido noticias falsas e imprecisas”. Eso no sucedió porque el magistrado interviniente en la causa que investiga el crimen de Jimena Salas, no “ha ordenado” y en cambio, sí libró un oficio en un proceso que sigue abierto.
Dicho proceso continúa abierto y el oficio mencionado fue oportunamente contestado por el Procurador General de la Provincia el lunes 23 del corriente. En sus publicaciones, Arancibia falta a la verdad al sostener que “El 20 de diciembre el juez de Garantías 5, Dr. Héctor Martínez hizo lugar al pedido solicitado por el abogado defensor Pedro Javier Arancibia, al encontrar que la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, más precisamente por los fiscales Salinas Odorisio y Torres Rubelt en torno al imputado Nicolás Cajal, esposo de la víctima del atroz crimen de Vaqueros, excedió una vez más, lo establecido por el art. 263 del Código Procesal Penal de Salta”.
Falta a la verdad también cuando afirma a través del comunicado de prensa que distribuyó masivamente, que “también se le llamó la atención, bajo apercibimiento de ley, al Procurador General, Dr. Abel Cornejo por ser el responsable tanto de los fiscales penales como de la información que se publica desde la página web: www.fiscalespenalesalta.gob.ar/”, más allá de confundir a comunicadores y público en general, ya que la providencia del Juzgado, es un paso incluido dentro de un proceso que no concluyó y que el mismo letrado inició ante el juzgado mencionado (con el reiterado objetivo demostrado desde mayo pasado, de restringir el acceso a la información de cualquier ciudadana y ciudadano interesado en conocer la actuación los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Salta).
El magistrado interviniente no “ha ordenado” y en cambio, sí libró un oficio en un proceso que sigue abierto, y que fue oportunamente contestado por el Procurador General de la Provincia el lunes 23 del corriente y cuyo contenido compartimos.
En primer término, Cornejo rechazó categóricamente la afirmación de Arancibia, de que en la página oficial del Ministerio Público Fiscal se publica información falsa y agrega la presentación que “Si se repasan las actitudes del Sr. Abogado defensor, puesta de manifiesto en innumerables apariciones públicas y escritos difundidos por diferentes medios de comunicación, con su firma, V.S. podrá percatarse no solamente del nivel de agresión, falta de consideración y ausencia de respeto institucional que el Dr. Arancibia mantuvo como conducta constante, mas la serie de improperios que desbocadamente soltó, tanto respecto de quien suscribe estas líneas tildándolo de “esquizofrénico” –en abierta contradicción a lo que dispone especialmente la ley de Salud Mental, conforme al artículo 7 inciso i) de la Ley 26657-, como también sosteniendo que los fiscales actuantes mentían constantemente. Es decir que la estrategia de la defensa no se fundó en atacar o rebatir pruebas irrefutables sino en una violenta diatriba con el objeto de desacreditar la investigación que V.S. le consta que fue sustanciada respetando a rajatablas la garantía del debido proceso adjetivo”.
También dijo Cornejo en su presentación ante el juez de Garantías 5, que “esta presentación produce particular asombro, debido a que una vez, más se busca tergiversar la actuación del Ministerio Público Fiscal, que tiene fijado en su plan estratégico como política comunicacional institucional, la de mantener informada a la ciudadanía de casos que revisten interés público, la atención que el Dr. Arancibia haya avalado, en cambio, el oscurantismo se mantenía en relación a la información pública de uno de los poderes del Estado y que haya convalidado ese silencio ominoso que solo conduce a la desinformación y el desconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas de todo cuanto acontece en los procesos penales que se sustancian en pos de conocer la verdad, que por lo demás, reside en el acuerdo entre las palabras y los actos.”
Finalmente, dijo el Procurador que “por consiguiente, nada de lo que hizo contravino la norma prescripta en el artículo 263, habida cuenta que todo lo realizado y que se hizo público, está debidamente acreditado en las constancias de la causa. Demás está decir que las bravuconadas y los insultos que profiere sin pausa ni medida el Dr. Arancibia, en nada detendrán el proceso de procesos que afligen y avergüenzan a la sociedad en su conjunto, sin perjuicio de que la tasa de femicidios registrada en Salta, debería generar políticas públicas en todos los poderes del Estado para que sea disminuida en forma inmediata”.
El procurador general de la provincia de Salta, Abel Cornejo, aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de esa jurisdicción el uso del “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.
En esa línea, mediante la Resolución 936, recomendó su implementación a magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y puso a disposición del Poder Judicial de Salta los lineamientos y perspectiva de género incluidos en dicho Protocolo.
De esta forma, ya son cuatro las provincias que adhirieron a este instrumento. En primer lugar, fue el procurador general de la provincia de Buenos Aires, en julio de 2018; luego hizo lo propio el titular de la acusación pública de Chubut, en mayo de este año y, finalmente, la provincia de Corrientes este mismo mes.
Fuente: fiscales.gob.ar
La fiscal interina de Violencia de Género 4, Ana Inés Salinas Odorisio, dictaminó por la improcedencia de una acción de amparo interpuesta por comerciantes en contra de la Municipalidad de Salta. Pidieron habilitación para locales de expendio permanente, pero la fiscal dijo que “se pondría en riesgo el cumplimiento de la prohibición de venta de pirotecnia sonora”. Interviene el Tribunal de Juicio Sala VI.
Los amparistas Luis Monterichel, José San Martín, Marcelo Vázquez López, Emilse Ramos, Sergio Gutiérrez, Mariela Monterichel, Alejandra Arnedo y Cristian Lacalire cuestionaron que la Municipalidad de Salta “deniega la habilitación solicitada como locales de expendio permanente de pirotecnia” y que “la denegatoria, afecta en forma grave su derecho constitucional de trabajar y ejercer comercio como así también se contrapone a leyes nacionales y la Ordenanza vigente”. También hicieron referencia a los trámites burocráticos y la demora en respuesta por parte de la administración municipal.
Además, en el amparo fundaron la arbitrariedad en que la Municipalidad de Salta “en todos y cada uno de los pedidos de habilitación permanente, los rechazó, aduciendo que no podrá otorgar la prefactibilidad de localización atento a lo expresado en el Art. 3 de la Ordenanza 15446, que modifica el art. 25 de la Ordenanza 11666, que dispone que queda prohibida en el ámbito de la Municipalidad de Salta la tenencia, uso, detonación y/o comercialización y/o venta al público mayorista o minorista de todo artefacto que provoque sonoridad…”; cuando en el artículo 6 de la misma ordenanza autoriza la venta de artificios de entretenimiento o venta libre, por lo que solo requieren habilitación de locales comerciales y permiso de venta en una actividad legal y reglamentada por leyes nacionales y la propia ordenanza municipal.
Pero la fiscal sostuvo en su dictamen que “resulta improcedente la acción intentada, toda vez que el amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carecer de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales” y que su apertura exige circunstancias muy particulares, frente a las cuales los procedimientos ordinarios resultan ineficaces. En el mismo sentido, advirtió que las actuaciones se iniciaron “para lograr por esta vía la habilitación de locales destinados a la venta de pirotecnia por lo que resulta ser una facultad exclusiva de la autoridad municipal, que deniega la habilitación en virtud de las ordenanzas que invoca”.
En consecuencia, consideró la funcionaria del Ministerio Público Fiscal que en el pedido de los comerciantes no se verificaron “los recaudos que tornan procedente un recurso de amparo; la ordenanza no es arbitraria ni fue sancionada de manera ilegal, sino que por el contrario, se ha dictado en el ámbito de poder de policía que tiene la Municipalidad para proteger los intereses y el bien común de los vecinos de la ciudad” y agregó que “tampoco se ve vulnerado el derecho a trabajar y ejercer el comercio, frente al poder de policía del municipio consagrado constitucionalmente, que establece que esos derechos pueden ser restringidos en orden a la protección de la salubridad y la moralidad de ciertos sectores vulnerables, como surge de los fundamentos de la Ordenanza en la que se basa la Municipalidad para denegar las habilitaciones solicitadas”.
Finalmente, dijo Salinas Odorisio en su dictamen que “la habilitación pondría en riesgo el cumplimiento de la prohibición de venta de pirotecnia sonora, cuando el órgano legislativo de la Municipalidad, en uso de sus facultades constitucionales, ha restringido legítimamente esa actividad”.