El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a integrantes de la Mesa Provincial de Derechos Humanos, quienes realizaron una serie de planteos vinculados con potestades del Ministerio Público Fiscal. También pidieron que el Procurador interceda ante el Poder Ejecutivo Provincial para que se complete la integración del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
La Ley 8024 que crea el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la adecua al requerimiento internacional y que ratifica derechos reconocidos en la Constitución nacional y en la Constitución de Salta, establece la creación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Debe llevar a cabo la evaluación y seguimiento de la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo; y actúa en todo el territorio de la Provincia.
Durante el encuentro, en el que participaron Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet; Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo; Cristina Cobos y Rodrigo Solá, de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura; Blanca Lescano, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Causas políticas y Gremiales y Elia Fernández, Referente de HIJOS Salta; el procurador Abel Cornejo consideró clave que se constituya el Comité establecido por la ley vigente; que también establece la creación del Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Precisamente, el Consejo Consultivo que atenderá las sugerencias y analizará lo monitoreado por el Comité a fin de proponer la creación de políticas públicas, debe sumar a un representante del Ministerio Público de la Provincia.
Por otra parte, los referentes de la Mesa de Derechos Humanos y el Procurador, intercambiaron sobre la necesidad de modificar la denominación actual de la Fiscalía de Derechos Humanos y que vuelva a llamarse Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias.
Otros temas abordados y sobre los cuales la Mesa de DDHH dejó documentación, fueron:
- El pedido de la Mesa de DDHH a la Corte de Justicia de Salta, para que declare la inconstitucionalidad del decreto provincial 255/20, que otorga a la Policía de la Provincia amplias facultades en el control del aislamiento
- La necesidad de formación democrática, en Derechos Humanos y Perspectiva de Género de la Policía de la Provincia
- La sistematicidad del abuso policial en la Provincia, expresada a través de distintos comunicados de la Mesa (violencia sobre pueblos originarios y otras minorías y sectores de la población de mayor vulnerabilidad). Expresamente, manifestaron “repudio a la represión policial, los desalojos y allanamientos sin orden judicial y que se frene la sensación de impunidad y hostigamiento de la fuerza de seguridad, porque agrava la situación social”
- La necesidad de que las denuncias se radiquen mayormente en Fiscalías y no en destacamentos policiales
- La puesta en funcionamiento de la Fiscalía de Ciberdelitos, cuya creación fue promulgada en diciembre pasado
- La pendiente creación de Juzgados Contravencionales, tal como lo establece la normativa vigente
El Procurador se comprometió a canalizar los planteos hechos por la Mesa Provincial de Derechos Humanos y a trabajar conjuntamente con sus integrantes, para asegurar el cumplimiento de los derechos que la Constitución reconoce y “las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y sus medios para hacerlas efectivas”.
