Mirta Lapad seguirá presidiendo el Colegio de Gobierno del Ministerio Público

El procurador general, Abel Cornejo y el defensor general, Pedro García Castiella, reeligieron a la asesora general, Mirta Lapad en el cargo de presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público. García Castiella será el vicepresidente. El Colegio acordó el trabajo sobre temas en común y Cornejo propuso que a partir de la próxima renovación de autoridades, la presidencia sea rotativa.

El Ministerio Público es un órgano autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, que integra el sistema de administración de Justicia. Lo integran el Ministerio Público Fiscal, que ejerce la acción penal pública y acciona en defensa de la legalidad, intereses  generales, difusos y medio ambiente; el Ministerio Público de la Defensa,  que tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de personas de escasos recursos y de quienes estuviesen ausentes y el Ministerio Público Tutelar, que vela por los derechos y bienes de los menores e incapaces de hecho. Al Ministerio Público lo dirige el Colegio de Gobierno, que elige entre sus integrantes a una o un presidente, que dura dos años en sus funciones.

En ese marco, Cornejo propuso que Lapad sea reelegida en la función por el próximo período de dos años, y que a partir del próximo cambio de autoridades, previsto para 2022, la designación se realice en forma rotativa. La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Colegio de Gobierno designará de entre sus miembros a una o un Presidente, que durará dos años en sus funciones y podrá ser reelecto para sucesivos períodos.

“La alternancia es una condición necesaria para que los órganos de la democracia tengan un mejor desempeño institucional”, consideró el Procurador.

En otro tramo de la reunión del Colegio, sus integrantes acordaron el trabajo conjunto en distintas temáticas y especialmente en la creación del Defensor Público de las Víctimas, que se desempeñaría en la órbita del Ministerio Público de la Defensa. Su objetivo sería el de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados Internacionales de Derechos Humanos.

En ese sentido, la presidenta del Colegio de Gobierno, Mirta Lapad, también destacó la necesidad de que las futuras normativas y legislación que impliquen al servicio de justicia y el Ministerio Público, cuenten con el aporte técnico y opinión de las autoridades del Colegio, antes del tratamiento y aprobación por parte de la Legislatura provincial. Consideró que la convocatoria de las comisiones al análisis previo, mejorará la legislación y consecuentemente, el acceso y administración de justicia y servicio a la ciudadanía.

El Procurador recibió a las Comunidades Originarias

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a 20 referentes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, quienes le entregaron una copia del petitorio que elevarán al Poder Ejecutivo Provincial. También consultaron y se expresaron acerca de temas en los que tiene injerencia el Ministerio Público Fiscal. En el encuentro también participó  la delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy.

La reunión realizada este lunes en instalaciones del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta con la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, contó con distintas alocuciones durante las cuales las y los referentes compartieron el petitorio que presentarán esta tarde a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial. Específicamente, sobre temas vinculados con el MPF, pidieron que “se dé cumplimiento efectivo a la Ley 21160, -que suspende los desalojos y ordena relevar las tierras de ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas-, con presupuestos que lo garanticen y en particular en las comunidades de los departamentos San Martín y Orán”. Denunciaron “graves situaciones de violaciones de Derechos Humanos, desalojos violentos y faltas de títulos de propiedad de la tierra”. Además, manifestaron la necesidad de acceder a un sistema de justicia intercultural y efectiva y en ese sentido, solicitaron facilitadores interculturales bilingües para todos los organismos estatales.

El cacique Aniceto Mendoza destacó la reunión “porque se trata de la primera vez que nos recibe un Procurador General de la Provincia”, y afirmó que la UACOP la consideró “muy positiva, por la expresión de profundo respeto que nunca antes se dio”.  Afirmó que la marcha iniciada el 16 de noviembre pasado y los pedidos de reuniones con las autoridades, “se basan en la ética y construcción cultural de los pueblos, que venimos a buscar fortalecimiento y mayor entendimiento con las organizaciones del Estado. “Nuestra marcha se basa en las necesidades que se dejaron pasar por muchos años”, sostuvo Mendoza.

Los presentes expresaron su preocupación por la desnutrición y muertes de menores y dijeron que mientras marchaban, supieron del fallecimiento de una menor en La Puntana, ocurrida el viernes pasado. También denunciaron “el atropello de las fuerzas de seguridad” durante los desalojos. En ese sentido, Julia Gómez afirmó que “sin la tierra, no somos nada”, pues en el territorio encuentran alimentos y medicinas, además de los materiales para sus lanchas y otros elementos. “Hoy, en cambio, tenemos techos de plástico”, afirmó. Mendoza, en tanto dijo que las “leyes están hechas para el hombre blanco y hay pocas sobre pueblos originarios, a pesar de que la Constitución Nacional reconoce su preexistencia”.

Por su parte, el Procurador ratificó su apoyo a la conformación de una Mesa de Diálogo, para que se visibilicen las necesidades de las comunidades, históricamente postergadas y se definan soluciones con los protagonistas. “Una República funciona mejor con una representación plural y diversa, porque la democracia participativa siempre será más directa para garantizar el respeto de los derechos indígenas”, afirmó Cornejo, al tiempo que destacó que el encuentro de ayer, fue el claro ejemplo de que “a través del diálogo y la empatía, se puede mejorar la condición humana”.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, en Salta los pueblos indígenas representan un porcentaje del 6,6% de la población provincial total.

Durante el encuentro, estuvieron Crescencia Lorenzo, Francisca Sarmiento, Fabiola Irene Rodas, Susana Palavecino, Antonia Pérez, Julia Gómez, Julián Torres, Samuel Gilovero, Mateo Torres, Aniceto Mendoza, Abel Mendoza, Nelson Campos, Gervasio Barvier, Mariano Centeno, Celestino Delgado, José Marambio Félix, Leonardo Pantoja, Lucio Palavecino y Marcos Lucas.

Se podrán denunciar otros delitos a través de la página de Denuncias Web

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la aprobación del sistema de recepción de “Denuncias Web para otros Delitos”, incorporado a la página oficial del Ministerio Público Fiscal y en el sitio web www.denunciasweb.gob.ar, que regirá desde este martes 1 de diciembre de 2020.

De este modo, los ciudadanos de la provincia, podrán registrar sus denuncias en el apartado “otros delitos”, que se suma a los ya disponibles para denunciar robos, venta de drogas y abusos policiales.

La herramienta informática permitirá a los usuarios registrar las denuncias desde cualquier dispositivo informático con acceso a Internet o teléfono celular a través de la aplicación móvil; sin necesidad de concurrir a una dependencia policial.

En este sentido, el Procurador General sostuvo que es “indispensable para la gestión, brindar respuestas de calidad al ciudadano, a través de la ampliación de los canales de acceso al servicio de justicia” y especialmente, en el marco de restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.

El MPF capacitará en la Auditoría General de la Provincia

El Ministerio Público Fiscal y la Auditoría General firmarán un convenio de complementariedad destinado a la  capacitación de auditores de campo, en materia de delitos económicos. El  órgano de control lleva radicadas 37 denuncias penales desde abril de 2019.

El procurador general, Abel Cornejo recibió al presidente de la Auditoría General, Gustavo Ferraris, con quien acordó avanzar en un convenio de complementariedad destinado a la  capacitación de auditores de campo en materia de delitos económicos. La capacitación estará a cargo de fiscales especializados. En ese sentido, Ferraris afirmó que el organismo a su cargo, encontró la necesidad de acceder a capacitación específica, con el objetivo de instruir a los auditores de campo sobre cómo reunir documentación precisa, la que posteriormente podría convertirse en la prueba que acompañe las denuncias que el organismo realiza cuando detecta la posible comisión de delitos en perjuicio de la hacienda pública.

El Pte. de la AGPS, Gustavo Ferraris, con el procurador Cornejo

Es que según la Constitución Provincial, la Auditoría tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación del Estado, en los casos que se detecte, en virtud de las funciones atribuidas por la Carta Magna y las leyes vigentes, el posible daño patrimonial al Fisco. Además, la Ley Nº 7103, establece que la Auditoría puede actuar como sustentadora y proveedora de pruebas.

El Presidente de la Auditoría enfatizó la posibilidad de mejorar mecanismos interinstitucionales, para que la dinámica entre la sospecha, la denuncia, la investigación y posterior sanción de delitos contra la Administración Pública, sea ágil y concreta.

Por su parte, Cornejo afirmó que a pesar de que a la Auditoría General de la Provincia le compete el control posterior de las cuentas públicas, la capacitación de los auditores de campo permitirá mejorar la recolección de pruebas destinadas a sustentar posibles investigaciones formales. “Especialmente los delitos económicos exigen la investigación en tiempo real, porque esa es la forma de evitar mayores perjuicios al Estado. El desorden administrativo o, peor aún, los hechos de corrupción, frenan o directamente impiden la ejecución de las políticas públicas de estados municipales y organismos provinciales”, afirmó el Procurador.

La AGPS realiza las auditorías financieras, de legalidad y de gestión de las entidades bajo su control, así como la evaluación de los programas, proyectos y operaciones financiadas con fondos propios de la provincia, o provenientes de financiamiento nacional o internacional.

El OVcM y el MPF sistematizan intercambios para mejorar políticas públicas

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Ministerio Público Fiscal, acordaron la puesta en marcha de acciones conjuntas destinadas al logro de metas institucionales compartidas. Ambas partes aportarán sus recursos técnicos, humanos y de infraestructura.

El convenio firmado entre las directoras Inés Bocanera, Ana Pérez Declercq y María del Pilar González Sastre y el procurador Abel Cornejo, implica el intercambio de información periódica y permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia de género. También, el desarrollo de acciones comunes para la recolección, procesamiento, registro, análisis, publicación y difusión de datos e información sobre violencia de género en la provincia de Salta y el impulso de estudios e investigaciones conjuntas sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia machista, sus consecuencias y efectos. Además, se refiere al acceso a justicia de las víctimas directas e indirectas, los procesos de revictimización y la violencia institucional.

En este marco, el Observatorio asume el compromiso con el Ministerio Público Fiscal de brindar apoyo técnico para fortalecer el sistema de registro de las causas por violencia de Género que se radiquen en las Fiscalías. La sistematización de los datos permitirá una ágil evaluación de las políticas públicas vigentes.

La directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, María del Pilar González Sastre, destacó la importancia  de acceder  a datos oficiales referidos a los distintos delitos y tentativas relacionadas a la violencia de género, pues la función principal del organismo que integra es recabar información de las instituciones públicas. “Poder contar con información oficial, permite comunicarla a la ciudadanía y basar el análisis en datos reales, para realizar análisis eficaces”, concluyó.

Cornejo subrayó la posibilidad de avanzar en políticas interseccionales específicas, que permitan disminuir y erradicar el ejercicio de la violencia hacia las mujeres, en todas sus expresiones y en toda la provincia.

Violencia de género: Las denuncias de este año ya superan las de 2019

El Ministerio Público Fiscal recibió 8569 denuncias por violencia de género, entre el 1 de enero y el 30 de octubre pasados. De ese total, 6521 fueron radicadas entre el 20 de marzo pasado, -cuando comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio-, y hasta el 30 de octubre, fecha de corte del relevamiento. La cantidad de denuncias de 2020, ya superan el total del año pasado, ya que durante 2019 se recibieron 8307 denuncias en todo el territorio provincial. En pandemia, se radicaron 29 denuncias por día en promedio, en dependencias del Ministerio Público Fiscal de Salta.

En todo 2019, el Ministerio Público Fiscal de Salta recibió 8307 denuncias por violencia de género. Pero en lo que va de 2020, hubo 8569 y solo entre el 20 de marzo pasado y el 30 de octubre inclusive, se recibieron 6521. Las causas se tramitan en las fiscalías especializadas de Violencia Familiar y de Género y en fiscalías penales del interior.

Desde el 1 de enero al 30 de octubre, el Ministerio Público Fiscal recibió un total de 8569 denuncias por violencia de género (repartidas unas 6089 denuncias en el Distrito Judicial del Centro; otras 868 en el Distrito Judicial de Tartagal; 816 en el Distrito Judicial del Sur y 796 en el Distrito Judicial Orán).

Acotado el registro al período de aislamiento, un total de 6521 denuncias por violencia de género fueron radicadas en fiscalías de todo el territorio provincial, desde el 20 de marzo pasado, -cuando comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio-, y hasta miércoles 30 de octubre. La mayoría se concentran en el Distrito Judicial del Centro.  Durante los 224 días contabilizados desde el 20 de marzo, se recibieron un promedio de 29,1 denuncias por día en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Del total, 4703 correspondieron al Distrito Judicial Centro;  567 al Distrito Judicial Sur; 696 al Distrito Judicial Tartagal y 555, al Distrito Judicial Orán.

Discriminación por Distritos desde el 20 de marzo al 30 de octubre

En el Distrito Judicial Centro – Salta, (que comprende los departamentos Capital, La Caldera, General Güemes, Cerrillos, Chicoana, Guachipas, La Viña, Rosario de Lerma, Cachi, Molinos, La Poma, Los Andes, y los municipios Santa Victoria Oeste y Nazareno del departamento Santa Victoria y el municipio Iruya del departamento homónimo), la discriminación por fiscalías fue la siguiente:

  • Capital: 4383
  • Cerrillos: 127
  • Rosario de Lerma: 119
  • El Carril: 32

En el Distrito Judicial Centro – Cafayate, que comprende los departamentos Cafayate y San Carlos:

  • Cafayate: 42

En el Distrito Judicial Tartagal (que comprende el departamento San Martín y los municipios Santa Victoria Este y Rivadavia Banda Norte del departamento Rivadavia), las denuncias se dividieron de esta forma:

  • Tartagal: 562
  • Embarcación: 69
  • Salvador Mazza: 65

En el Distrito Judicial Orán, (que comprende el departamento Orán, el municipio Rivadavia Banda Sur del departamento Rivadavia, el municipio Los Toldos del departamento Santa Victoria, y el municipio Isla de Cañas del departamento Iruya), las denuncias se radicaron en este orden:

  • Orán: 365
  • Pichanal: 129
  • Colonia Santa Rosa: 61

En el Distrito Judicial Sur – Metán, comprendido por los departamentos Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria:

  • Metán: 185
  • Rosario de la Frontera: 166

Finalmente, en el Distrito Judicial Sur – J.V. González, que comprende el departamento Anta, las denuncias se radicaron en este orden:

  • Joaquín. V. González: 94
  • Las Lajitas: 57
  • Apolinario Saravia: 33
  • El Quebrachal: 32

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en República Dominicana, en 1960.

La jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 en 1999 y puntualizó sobre la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Invita a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres

Especialistas capacitan hoy en prevención del abuso sexual infantil digital y del Ciberacoso

Esta tarde se realizará un conversatorio-laboratorio gratuito, con tres especialistas en prevención del delito de grooming y otros riesgos en Internet que afectan a niñas, niños y adolescentes. La actividad se enmarca en el Día Nacional de Lucha Contra el Grooming y será abierta por el Procurador General de la Provincia.

La actividad denominada “Niñez y Adolescencia ante el Grooming y Ciberacoso: Cómo acompañar en el uso positivo y seguro de Internet y Redes Sociales”, tienepor objetivo brindar recomendaciones y herramientas que permitirán saber cuidar y orientar a chicas y chicos, prevenir abusos y violencias digitales, y alentar el uso saludable de tecnologías.

La apertura del conversatorio estará a cargo del procurador general de Salta, Abel Cornejo y luego, expondrán la psicóloga y psicopedagoga Flavia Tsipkis, investigadora de la Dirección de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires; el periodista especialista en infancias y ciudadanía digital, y director de Conectados Argentina Federico Dada; y la psicóloga Carina González, del Equipo Niñ@s contra la Explotación Sexual y Grooming, del Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Se realizará este martes 24, desde las 17, por la plataforma zoom. Será gratuito (con cupos limitados). Inscripciones en: https://forms.gle/d1cs6TYVASqrZAgcA

Está dirigido a madres, padres, docentes, profesionales de distintas disciplinas, ONGs que trabajan con infancias y adolescencias, y público adulto en general.

Herramientas para saber orientar a chicas y chicos

En el conversatorio, las y los disertantes explicarán cómo se desarrollan el grooming y el acoso digital para poder reconocerlos en sus experiencias personales y colectivas de crianza y orientación a niñas, niños y adolescentes, y cómo actuar si sucede. También se informará sobre los mecanismos de denuncia.

Además, mediante una dinámica participativa de laboratorio ciudadano, orientarán a los presentes en el desarrollo de estrategias de acompañamiento a hijas e hijos en el uso positivo y seguro de Internet y redes sociales, así como de otros riesgos digitales como el ciberbullying, violencia de género digital, oversharing, sexting, desprotección de datos personales y sus consecuencias.

Organizan Conectados Argentina, la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Federal Lab y la Mesa Federal de Participación Ciudadana. Y apoyan el Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal de Salta, y LaTe Argentina.

Desde 2015, Conectados Argentina organizó casi un centenar de acciones de formación, capacitación, jornadas, talleres y foros, destinados a adultos y niñas, niños y adolescentes. Se dictaron en Salta, La Plata, Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Paraná, Tucumán y General Roca, entre otras y ya se capacitó a más de 15 mil personas.

En Tartagal, propician mediación con una comunidad

El fiscal penal de Tartagal, Rafael Medina informó que la intimación de desalojo hecha a la comunidad de Yokwespehen, quedó en suspenso, hasta tanto se inicie la mediación propiciada por el Ministerio Público Fiscal. La decisión del fiscal penal obedeció a directivas dictadas por el Procurador, de propugnar el diálogo y la mediación, por encima de acciones que puedan violentar la paz social.

Para ello, el fiscal dictó distintas medidas tendientes a contar con elementos concretos para la negociación que se realizará. Entre otras diligencias, solicitó a personal policial que se constituya en el lugar, que realice una  inspección ocular, planimetrías, croquis, actas simples de individualización, láminas fotográficas y otras tareas, a través del personal de Criminalística.

La actuación de la Fiscalía, inició el 4 de noviembre pasado, a partir de las denuncias de dos particulares, quienes manifestaron ser los propietarios de las tierras que se extienden entre los kilómetros 18 y 22, sobre la ruta nacional 86. Las familias se encontrarían ubicadas entre los kilómetros 19 y 20 del mismo predio.

El procurador Abel Cornejo aclaró que si bien los fiscales son autónomos y definen sus actuaciones a partir de los elementos que recogen en las investigaciones, su sugerencia como autoridad del Ministerio Público Fiscal, es que se apliquen los lineamientos que vienen rigiendo desde que asumió en el cargo, que permitan atenuar la conflictividad social y propugnar el dialogo entre las partes. También se mostró consternado con el desalojo registrado esta semana en barrio Los Pinos, de San Lorenzo, porque entendió que instancias previas de acercamiento con los distintos poderes del Estado, podrían haber evitado mayor angustia a las familias afectadas.

Vecinos de la zona sudeste piden mayor atención ante hechos de inseguridad

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al dirigente Oscar Lezcano, quien en representación del Primer Consejo Promotor Vecinal de la Zona Sureste, planteó distintas problemáticas vinculadas con la seguridad. Los vecinos de la zona ya se reunieron con representantes del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo.

El dirigente Oscar Lezcano estimó en 350 mil habitantes los que residen en esa zona de la ciudad y aseguró que la mayoría de los hechos que preocupan a los vecinos, son los de violencia de género, microtráfico y delitos contra la propiedad. También apuntó que muchas familias, especialmente cuando se trata de hurtos o robos, desisten de radicar denuncias ante la posibilidad de que sus elementos no sean recuperados y que las investigaciones no prosperen.

Durante el encuentro, Lezcano repasó los diferentes planteos hechos ante autoridades de los poderes del Estado, tales como la creación de una oficina de Violencia de Género en el hospital Papa Francisco; la agilización de notificaciones a víctimas y victimarios de violencia de género; el pedido de protección y acompañamiento jurídico de esas víctimas y las capacitaciones a referentes sociales que puedan orientar a los vecinos en materia de seguridad y canales de denuncia, investigación y sanción de delitos. Entre otros puntos, los vecinos también sugieren que el Poder Ejecutivo incluya en Presupuesto 2021, herramientas para disminuir la superpoblación carcelaria, entre otros aportes realizados.

En ese marco, el Procurador ratificó su compromiso de investigación de los delitos en tiempo real y garantizó que los pedidos vinculados con el Ministerio Público Fiscal, serán revisados. También celebró que los propios vecinos hayan organizado grupos de control, para aportar a la seguridad ciudadana, ya que “una sociedad activa y atenta, mejora la convivencia y alerta a quienes pretenden avanzar contra los derechos de los demás”, afirmó. Al final del encuentro, se comprometieron a reunirse próximamente para verificar avances en uno de los sectores más poblados de la capital provincial.

La Intendenta de Cerrillos informó sobre obras en el cementerio local

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo recibió a la intendenta de Cerrillos,  Yolanda Vega, quien solicitó la audiencia para aportar documentación que garantice seguridad sobre cuestiones sanitarias y jurídicas a los cerrillanos, en virtud de la ampliación del cementerio de ese municipio.

La jefa comunal de Cerrillos, Yolanda Vega, concurrió al encuentro con el procurador Cornejo para explicar la situación del cementerio y adjuntó documentación referida al impacto ambiental de la obra de ampliación del camposanto, que tiene una antigüedad de más de 100 años. La obra que se ejecuta, se encuentra ubicada en la misma matrícula que el viejo predio, afirmó Vega, quien aportó copia de la Declaración Jurada de Impacto Ambiental, basada en el informe  elaborado por el Lic. En Ciencias Biológicas y Máster en Recursos Naturales, Héctor Regidor; copia del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal y el nuevo Protocolo de Inhumación del Comité Operativo de Emergencia de la Provincia (Procedimiento para el manejo de cadáveres COVID 19), que rige desde el 5 de noviembre pasado.

Con respecto a la titularidad sobre las tierras donde se ubica la necrópolis, Vega informó que “jurídicamente el terreno está en condiciones, porque la expropiación ya se efectuó y la posesión la tiene el Gobierno de la Provincia, desde 2018”. Agregó que se regularizará el titulo dominial a través de la expropiación una vez que finalice el pago a los propietarios por parte de la Provincia y entonces, sería propiedad del municipio.

“No hay un nuevo terreno, sino que se amplía en la misma matrícula del cementerio que tiene más de 100 años” dijo Vega, al tiempo que informó que se avanzó en el 50% de obra del tapiado. La ejecución del cercado perimetral finalizaría en los próximos 40 días, de acuerdo a lo informado por la funcionaria. También anunció la construcción de 100 nichos en el mismo predio y aclaró que el uso de la propiedad es responsabilidad del municipio desde 2016, cuando se inauguró la sala velatoria.

La Intendenta consideró que fue una “excelente reunión porque dio la posibilidad de aclarar todos los temas vinculados con la obra y requisitos exigidos para el cementerio”. Con ella, asistieron el senador por Cerrillos, Fernando Sanz y los asesores legales Mauro Martina y Rubén Fortuny.