El MPF sumó una Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y fortalece todo el sistema

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso que desde este lunes, la Delegación de Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº 3, de barrio Limache, funcione como Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº 5 del Distrito Judicial del Centro. Quedó a cargo de la fiscal penal, Liliana Jorge. Además, fortaleció el plantel de todas las fiscalías especializadas en la materia.

En la misma Resolución, Cornejo dispuso que la división territorial de funciones de las Fiscalías Penales de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial del Centro, se establezca en cinco zonas de actuación. También reforzó los planteles de cada Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del Distrito Centro.

Para adoptar tal decisión, el Procurador tuvo en cuenta el monitoreo constante que se realiza sobre el funcionamiento del sistema de especialización de las Fiscalías Penales y por supuesto, la creciente demanda en materia de violencia familiar y de género. Ante la reciente centralización de funciones atinentes a esa materia, se optimizaron los recursos disponibles en el Ministerio Público Fiscal y se modificó la estructura de la Delegación de Limache, para convertirla en Fiscalía.

Como se sabe, solo hasta octubre pasado, las denuncias por violencia de 2020 habían superado a todas las 2019, porque el Ministerio Público Fiscal recibió 8569 denuncias por violencia de género (entre el 1 de enero y el 30 de octubre). Y durante 2019 se recibieron 8307 denuncias en todo el territorio provincial. Las denuncias aumentaron en forma exponencial.

El esquema de la especialización, se completa de la siguiente manera:

• Fiscal de Violencia Familiar y de Género N° 1, Claudia N. Geria
• Fiscal de Violencia Familiar y de Género N° 2, Facundo Ruiz de los Llanos
• Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 3, Gabriela R. Dávalos
• Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 4, Elisa Viviana Pérez
• Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 5, Liliana G. Jorge

Unidad Fiscal por las amenazas y violencia contra una periodista de Metán

El procurador general de la Provincia, recibió a la periodista Teresita Frías, de San José de Metán, quien denunció amenazas de muerte y distintos hechos de violencia de género, mediática  e institucional en su contra, todos ocurridos en la ciudad del sur. Cornejo ordenó la conformación de una Unidad Fiscal específica, para profundizar la investigación en torno a sus denuncias, pidió que se tome una ampliación de denuncia a través de un acta labrada este viernes y ratificó su posición a favor de la libertad de expresión, porque sin ella “no hay democracia”.

La periodista Teresita Frías relató ante el Procurador los hechos que se vienen registrando en el predio habitacional en el que reside, en el sur provincial. Contó sobre las agresiones, insultos, ladrillazos contra las ventanas de su departamento y amenazas de muerte que vino recibiendo de parte de una pareja vecina y que la víctima vinculó  con su tarea periodística. Es que en cada oportunidad en la que reveló infracciones o hizo pública la posible comisión de delitos por parte de integrantes de determinados sectores políticos, ocurrieron los hechos denunciados.

“Agradezco al Procurador el haber puesto los ojos en mi caso, porque representa la situación por la que atraviesan la mayoría de los periodistas del interior de la Provincia, quienes sufrimos persecuciones constantes”, afirmó Teresita Frías, al tiempo que consideró que la conformación de una Unidad Fiscal fijará un precedente para que las y los trabajadores de prensa se sientan contenidos, cada vez que deben ejercer su labor. En el mismo sentido, dijo Frías que en el interior falta capacitación y empatía para asistir a las mujeres y disidencias, ya que en gran parte del sistema de justicia, se reflejan la desidia y falta de acompañamiento hacia las víctimas de violencia.

Frías, Cornejo y Díaz

La periodista también consideró que las distintas medidas que viene adoptando el Procurador General en departamentos del sur, en pos de garantizar la transparencia en las investigaciones “fijan un precedente”, para las y los ciudadanos de esa parte de la provincia.

Como lo manifestó en distintas oportunidades, Cornejo consideró que el periodismo “si no denuncia no es periodismo y si es complaciente, no sirve para nada”, al referirse a la necesaria defensa de la libertad de expresión, de prensa y de información, porque son derechos fundamentales de la democracia, el desarrollo y el diálogo, y son básicos para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos.

La periodista Teresita Frías asistió a la reunión acompañada por la directora de FM Todos, Noemí Díaz, quien también fue víctima de amenazas en la capital provincial.

Desde el 1 de febrero, el MPF trabajará de 8 a 14

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que con el fin de la feria judicial, a partir del 1 de febrero, el horario de funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, será de 8 a 14 y bajo la modalidad presencial. La excepción será el personal incluido en la población de riesgo y sin perjuicio de los servicios bajo modalidad remota que deberán prestar desde sus lugares de aislamiento.

En este sentido, el Procurador recomendó que magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, adopten las medidas sanitarias locales y nacionales respecto de las dependencias y el personal a su cargo, para preservar la salud, tanto de los trabajadores que prestan servicios, como de las partes en los procesos que por diversos motivos deban concurrir.

Por último, ordenó que el área de Higiene y Seguridad, Servicio Médico y Dirección de Personal del Ministerio Público, arbitren las medidas tendientes al seguimiento y control de las pautas sanitarias de trabajo para garantizar las condiciones de higiene y seguridad para preservar la salud de las y los trabajadores.

El Procurador General recibió a la diputada Mónica Juárez

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la diputada provincial, Mónica Juárez, con quien abordó distintos temas de interés para el Ministerio Público Fiscal. Entre ellos, la legisladora destacó la importancia de la Ley provincial 8218, que declara de interés prioritario de la Provincia, las políticas públicas tendientes a la detección temprana del Síndrome de Asperger y del Espectro Autista.

La misma normativa, declara el 18 de febrero de cada año como Día del Síndrome de Asperger. La ley fue sancionada en octubre pasado y promulgada en noviembre, y entre otros puntos, faculta al Poder Ejecutivo Provincial a implementar medidas conducentes a la elaboración de un Programa y Registro, además de la realización de actividades y campañas para la visibilización del Síndrome de Asperger y del Espectro Autista.

En ese sentido, la legisladora consideró que una ley de esas características “trasciende los partidos políticos, porque son las leyes que necesita la gente. Y por eso, ésta habla de algo fundamental: visibilizar para poder sensibilizar”, al aludir a la conmemoración que desde este año, se concretará todos los 18 de febrero. Recalcó que a partir de la reglamentación, se sabrá cómo se aplica la detección temprana y gratuita e instó a la incorporación de gabinetes psicopedagógicos en todos los establecimientos educativos de la provincia.

Inclusión laboral

En el mismo sentido, el Procurador consideró que la posibilidad de detección temprana y tratamiento es un paso importantísimo, porque permitirá analizar la posterior inclusión laboral de las personas con Síndrome de Asperger o del Espectro Autista. De hecho, el Ministerio Público Fiscal viene desarrollando políticas inclusivas y eso requiere también la capacitación de los agentes estatales, dijo Cornejo. “Cualquier persona que presente Síndrome de Asperger pueda desarrollarse plenamente, pero para ello es fundamental un contexto que la acompañe”, consideró.

Se estima que en el mundo 1 de cada 59 personas tiene CEA (Condiciones del Espectro Autista), y cerca de 700.000 en Argentina, de acuerdo a cifras no oficiales. Según un informe de SAP, muchas de ellas tienen talentos y habilidades singulares, como atención al detalle, alta productividad y creatividad. Sin embargo, la tasa de desempleo para personas neurodiversas es muy alta: más del 80 por ciento no tienen trabajo, y esto se debe más a las barreras del ambiente que a sus propias características.

En Argentina ya existen programas laborales pioneros, tales como «Autismo en el trabajo». En todos los casos, los requisitos para los puestos laborales que ocuparon las personas con CEA, se mantuvieron sin modificaciones. Es decir, se buscó a la mejor candidata o candidato para el puesto sin importar su condición. Para contribuir a construir un lugar de trabajo más cómodo e inclusivo se respetaron necesidades específicas, lo que contribuyó a generar mayor conciencia.

El Procurador recibió a Facundo Escobar, víctima de un siniestro vial

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y la titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales, Clelia Poma, recibieron a Facundo Escobar y su abogado, Juan Pizarro Echenique. Además de exponer su caso particular, se interiorizaron sobre el trabajo que viene desarrollando la OPRIV, que permitirá sistematizar la información sobre siniestralidad y destinarla a mejorar las políticas públicas del Ministerio Público Fiscal en la materia.

Durante el encuentro, Cornejo y Poma se interiorizaron sobre las características del caso de Facundo Escobar, quien fue víctima de un siniestro vial en abril 2018. La Fiscalía interviniente optó por archivar la investigación, pero la víctima y su abogado sostienen que debe ser reabierta.

El abogado Juan Pizarro Echenique consideró que  al tratarse de una víctima especialmente vulnerable por tener una discapacidad motriz previa al siniestro, “es necesario revisar algunas cuestiones, para que el sentimiento de justicia y el rol del Ministerio Público Fiscal puedan estar direccionados a dar una respuesta” y que la víctima, no se sienta desprotegida. En ese marco, el Procurador instruyó a Poma para que revise el caso en forma exhaustiva, a la par de la evaluación que hace la Fiscalía de Impugnación, que deberá definir si existen elementos para que se produzca la reapertura de la investigación.

Pizarro Echenique y Escobar

En ese marco, Pizarro Echenique celebró que el MPF proponga, a través de una iniciativa legislativa, la creación de una Fiscalía especializada, que permita mejorar la persecución de los delitos viales. “Es un acierto rotundo, porque las estadísticas hablan por sí mismas: a las muertes y lesiones, las encarnan los delitos provocados en accidentes viales. Ese plus ultra que necesitamos, se traducirá en la creación de la fiscalía y el trabajo de sistematización y especialización”, afirmó el letrado.

También consideró que jurídicamente “se terminará con el criterio de oportunidad discrecional y no reglado de algunas fiscalías, porque las causas sin presos, generalmente no tienen la misma prioridad”, a la vez que afirmó que cuando se habla de delitos viales, “hablamos de personas y que necesitan una respuesta inmediata”, finalizó.

Escobar, Cornejo y Poma

Por su parte, Facundo Escobar repasó las consecuencias del siniestro del cual fue víctima en abril de 2018 y consideró que además de su búsqueda personal de justicia, espera fundamentalmente “que sirva como antecedente, para que a nadie le vuelva a suceder”.

La titular de OPRIV recibió a familias de víctimas de siniestros viales

La titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales, Clelia Poma, recibió este lunes a familiares de víctimas de siniestros viales, quienes integran la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad. Les informó sobre las medidas que viene adoptando la OPRIV y la proyección de acciones a corto, mediano y largo plazo. Se creará una Fiscalía especializada y habrá una aplicación para denunciar.

Durante el encuentro, en el que participaron Raúl Córdoba, Marcela López y Omar Valdez, Poma anunció que será enviado un proyecto de Ley al Poder Legislativo de la Provincia, con el fin de crear la Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Viales, en el ámbito de la Procuración General de la Provincia. Otra de las medidas informadas, fue la implementación de una aplicación que permitirá radicar denuncias por esa vía, sobre delitos viales y contra la seguridad vial (tales como la realización de “picadas”).  

La funcionaria destacó los aportes que los referentes de la Comisión de Familiares de Victimas contra la Impunidad vienen realizando al Ministerio Público Fiscal, a través de distintos encuentros que mantuvieron con el procurador general, Abel Cornejo y celebró que la experiencia, trayectoria y conocimiento de las organizaciones intermedias, se canalicen para articular con el MPF las mejoras de un sistema de seguridad vial que incluya la prevención, investigación y sanción de delitos viales.

Por su parte, Córdoba, López y Valdez, -quienes asistieron en representación de unas 50 víctimas que integran la Comisión-, insistieron en la necesidad de que los organismos de los tres poderes del Estado, otorguen el lugar que merece la siniestralidad vial y que en consecuencia, se capacite y eduque, además de que se realicen investigaciones penales “sin dejar cabos sueltos” y que las condenas, sean ejemplificadoras. Todo ello, con el fin de disminuir el índice de siniestralidad en Salta.

Valdez, López y Córdoba

López consideró que así como existe una perspectiva de género, reclamada por distintos sectores para organismos, se  adopte una “perspectiva de la siniestralidad”, para formar desde la infancia. Y en consecuencia, que se declare la Jornada Provincial de Educación Vial el 10 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Seguridad Vial. A dicha Jornada, podrían adherir los poderes ejecutivos y legislativos municipales y el Poder Judicial y MPF, con el objetivo de concientizar sobre la prevención y consecuencias de los delitos viales.

Denuncias web: ya radicaron más de 100 denuncias por violencia, abusos y estafas

Desde el 1 de diciembre pasado, cuando entró en vigencia el sistema de recepción de “Denuncias Web para otros delitos”, incorporado a la página oficial del Ministerio Público Fiscal, se registraron 109 denuncias. Mediante el nuevo sistema, los ciudadanos de la provincia registraron sus denuncias en el apartado “otros delitos”, que se sumó a los previamente disponibles para denunciar robos, venta de drogas y abusos policiales.

Desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 18 de enero de 2021, se registraron 109 denuncias web genéricas a través del sitio web www.denunciasweb.gob.ar. Del total, 105 fueron confirmadas y derivadas a las fiscalías penales correspondientes de toda la provincia.

Los delitos más denunciados corresponden a hechos de violencia familiar y de género, como amenazas, desobediencia judicial y lesiones, entre otros. También se registraron denuncias por abuso sexual, estafas e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Las  denuncias corresponden en su mayoría a Salta capital, pero también se registraron en municipios del Valle de Lerma, Orán, Tartagal, Embarcación, Salvador Mazza, Pichanal, Metán y Joaquín V. González.

Las denuncias fueron remitidas a las seis fiscalías penales del Distrito Centro, a las de  Violencia de Género 1, 2 y 3; Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 1, 2 y 3, y a las de Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, Cachi y El Carril. Otras fueron derivadas a las fiscalías penales de Orán, Metán y Tartagal y sus delegaciones.

La herramienta informática permite a los usuarios registrar las denuncias desde cualquier dispositivo informático con acceso a Internet, sin necesidad de concurrir a una dependencia policial. Por supuesto, ofrece la posibilidad de adjuntar imágenes a la denuncia.

Al implementar el sistema, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, sostuvo que es “indispensable para la gestión, brindar respuestas de calidad al ciudadano, a través de la ampliación de los canales de acceso al servicio de justicia” y especialmente, en el marco de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.

El Procurador General recibió al Jefe de Policía de la Provincia

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este martes al jefe de Policía de la Provincia, José Ibarra. Acordaron que mediante distintas acciones coordinadas, ambas instituciones mejorarán las tareas investigativas que llevan adelante en forma conjunta.

El jefe de la Policía de la Provincia, comisario general José Ibarra, se refirió a las necesidades y proyecciones de la fuerza de seguridad en materia de investigaciones y destacó la posibilidad de coordinar, consensuar y planificar el trabajo específico de ese ámbito entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de esa cartera, la Jefatura de Policía y el Ministerio Público Fiscal.

Durante el encuentro, Ibarra mencionó la necesidad de personal, de mejorar el intercambio de información y de sistematización de datos sobre comisión de delitos, además de la pendiente puesta en marcha de la Fiscalía de Ciberdelitos, cuya Ley de creación fue promulgada en diciembre de 2019. El Jefe de la Policía sostuvo que a pesar de tratarse de distintos temas a resolver, “el resultado del consenso y de convenios específicos, nos direccionará hacia mayores beneficios para la ciudadanía”.

En el mismo sentido, el funcionario consideró que “la fortaleza está en la decisión de trabajar coordinadamente, en la predisposición y en entender cuál es la necesidad de la ciudadanía en materia de investigación, además de conocer qué ofrecen tanto la institución policial como la Procuración General”, afirmó.

La Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Salta, establece que sus integrantes actúan como auxiliares permanentes de la administración de justicia. El jefe de Policía, comisario general José Ibarra, fue puesto en funciones por el Gobernador de la Provincia  el 18 de diciembre último.

En la reunión también participó el jefe del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF, Omar Dávila, quien integra la Comisión de Enlace Institucional entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Inclusión: Definen la implementación del cupo laboral travesti y trans en el MPF

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a las referentes locales de la organización Mujeres Trans Argentina, María Pía Ceballos y Luz Bejerano, con quienes dialogó sobre la implementación del cupo laboral trans en el Ministerio Público Fiscal. Ante la inexistencia de una ley provincial sobre la temática, la estrategia para avanzar en su implementación será definida por el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género.

Las dirigentes presentaron al Procurador un informe basado en la encuesta de Mujeres Trans Argentina (MTA) y la Cátedra Berkins, de la Universidad Nacional de Salta durante 2020, en relación a la situación de la población trans y travesti. Ceballos, quien es docente de la cátedra en cuestión, reveló que del total encuestado, más del 90% pide la inclusión en el trabajo y cupo laboral.

María Pía Ceballos, quien también se desempeña en la Subsecretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, consideró valioso “sumar aliades para el abordaje de la cadena estructural de violencia y dar cuenta de acciones afirmativas que permitan incorporar a personas trans” a los distintos ámbitos laborales.

Ceballos y Bejerano, quienes integran el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género que llevará adelante la estrategia para lograr mayor inclusión, dejaron al Procurador una copia de la nota presentada en julio de 2020 al presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, para que el Alto Tribunal aborde la temática, como ya lo hizo el Poder Judicial de Tucumán, a través de una Acordada.

Ceballos y Bejerano

Es que a pesar de que el Congreso de la Nación cuenta con al menos 14 proyectos de ley que buscan establecer el cupo y la inclusión, en el caso de la Administración Pública Nacional, se impuso a través del Decreto 721, que establece que “en el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”.

“Esa fue una decisión política del presidente, Alberto Fernández, pero esperamos que este año se trate legislativamente, porque la inclusión no debe quedar solo en experiencias aisladas. Por el contrario, debe abarcar todos los espacios de la sociedad, los distintos poderes y los sectores privados”, analizó Ceballos, quien recordó que cinco municipios de Salta, aprobaron por unanimidad el cupo laboral trans. No lo hicieron todavía ni la capital provincial ni la Cámara de Diputados. 

El Procurador adelantó que las primeras medidas se adoptarán durante los próximos 30 días, a través de una resolución que establezca la inclusión y contratación de personas trans en el Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio Público participa en la Mesa de Diálogo en Cachi

Mientras sigue vigente el proceso de mediación penal instado desde diciembre pasado por el Ministerio Público Fiscal en Cachi, la Procuración General de la Provincia se sumó a una Mesa de Diálogo convocada por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia. El encuentro se celebró este jueves en Cachi.

Durante la reunión concretada en Cachi, -que contó con representantes de las comunidades originarias, productores, autoridades provinciales, municipales y legisladores-, la secretaria letrada de la Procuración General de la Provincia, Sofía Cornejo, ratificó que el Ministerio Público Fiscal mantendrá la instancia de mediación penal. Así se acordó el mes pasado, en el marco del conflicto territorial en jurisdicción del municipio de Cachi que tiene como protagonistas a productores de la zona y la Comunidad Las Pailas. El primer encuentro de la mediación prevista, se celebrará durante este mes.

En diciembre pasado, además de una consigna policial, la jueza de Garantías Garantías 8, Claudia Puertas, pidió a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia, al INAI y al Defensor Oficial Penal, que confirmen si la ocupación de Las Pailas «se encuentra contemplada o no por la emergencia territorial prevista por la Ley 26160», luego de que el fiscal penal 6, Juan Marcos Ezequiel Molinati comunicara al juzgado que el proceso se sometió a mediación. La ley 26160 de Relevamiento Territorial de comunidades indígenas fue prorrogada en 2017 por ley nacional, que extendió su vigencia hasta noviembre de 2021. La norma exige que la posesión sea actual, tradicional, pública y que se encuentre fehacientemente acreditada.

Con al ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, estuvieron los secretarios de Justicia, Diego Pérez; de Gobierno, Rodrigo Monzo; de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz; el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Gustavo Skaf y los coordinadores de Gobierno, Marcela Ocampo y Javier Solá.

En ese contexto, Villada indicó que “el Gobierno no viene a generar más divisiones, sino a tratar de entablar puentes de diálogo efectivo, para terminar con la discordia. Para ello, proponemos la mediación como herramienta para obtener un punto intermedio y el entendimiento voluntario”.

También participaron el presidente del Instituto Provincial de Pueblos Originarios de Salta (IPPIS), Héctor Fabián, el representante legal del pueblo Diaguita, Martín Plaza, el representante de la Asociación de Productores de Fincas de Salta, Raúl Dávalos, el intendente de Cachi, Américo Liendro y los diputados nacionales Martín Grande y Miguel Nanni.