Ciberdelitos: Training para fiscales en investigaciones criminales digitales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, declaró de interés estratégico del Ministerio Público Fiscal de Salta, el programa de capacitación “Training para fiscales en investigaciones criminales digitales. Clínica de casos reales”, organizado por la Fundación Reconstrucción Forense Especializada y la Universidad Hartmann de México. Está dirigida a fiscales penales y funcionarios judiciales.

El Training para fiscales en investigaciones criminales digitales se llevará a cabo entre julio y septiembre del corriente año, bajo la dirección de la fiscala coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de CABA, Daniela Dupuy  y el fiscal General Federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, con la coordinación académica de los abogados especialistas Federico Baudino y Jorge Litvin.

El programa ofrece una formación de nivel superior dirigida a fiscales penales y funcionarios judiciales, a partir del tratamiento de temas de relevancia actual tales como la investigación digital de cara al juicio oral, evidencia digital, herramientas disruptivas para la investigación, cooperación internacional entre Estados y recolección de evidencia en extraña jurisdicción, entre otros.

Vale recordar que con la sanción de la Ley Nº 8175, se creó la Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia en 2019, con competencia en todo el territorio de la provincia, con el fin de perseguir aquellas conductas delictivas cometidas a través de internet. Para ello, se consideró el evidente impacto en la seguridad pública y en los derechos individuales de las personas afectadas.

Por ello, la actividad resulta de especial interés para el Ministerio Público Fiscal, no solo debido a la materia específica a tratar y su importancia actual, sino también en virtud de la futura puesta en funcionamiento de esta fiscalía especializada, cuya ley de creación se promulgó en diciembre de 2019.

Las y los fiscales interesados, podrán comunicarse con la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo.

Los temas del training para fiscales en investigaciones criminales digitales

La capacitación comenzará el 8 de julio próximo, con el siguiente temario y disertantes:

  • Innovadoras herramientas para investigar en el Ciberespacio. Alek Pacheco, Agente Federal en Homeland Security Investigations. Puerto Rico Crimes Against Children Task
  • El femicida encubierto. Feminicidio. Ubicación del cuerpo con evidencia digital. Fiscal del caso: Ramiro Ramos Osorio. Fiscal de la Provincia de Salta
  • No todo lo que reluce es oro. Grooming y corrupción de menores de edad. Fiscal del caso: Martín Govetto. Fiscal en lo Penal de Bariloche.
  • El pediatra Pedófilo. Producción y distribución de explotación sexual infantil. Fiscala del caso: Daniela Dupuy. Fiscala Coordinadora Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos CABA
  • Buscando elementos probatorios en España. Narcotráfico con evidencia digital y Cooperación Internacional. Fiscal del caso: Maximiliano Hariabedian. Fiscal General Federal de la Ciudad de Córdoba
  • Del Grooming al abuso sexual con acceso carnal. Leading case de autoría mediata. Fiscal del caso: Laura Batistelli. Fiscal de Cámara de la Ciudad de Córdoba.
  • Corrupción de Estado y evidencia digital. Corrupción y  enriquecimiento ilícito. Fiscal del caso: Carlos Rívolo. Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la CABA • Ing. Gustavo Presman .
  • Una defensa difícil de probar. Homicidio en Legítima defensa. Técnicas de reconstrucción virtual. Fiscal del caso: Fernando Amoedo. Fiscal de Cámara de la Ciudad de Córdoba.
  • El crimen del almacenero Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal. Fiscal del caso: Sebastián Videla. Fiscal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

La Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional trabajará en comisiones

Una importante reunión de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional se celebró este miércoles, a partir de la convocatoria del Ministerio Público Fiscal de Salta. Participaron autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo y referentes de pueblos originarios y agrupaciones campesinas, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Las y los participantes del encuentro convocado por el procurador general Abel Cornejo, que contó con la participación de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, María Magdalena Odarda, definieron que la Mesa de Concertación sistematizará diagnósticos y propuestas para elaborar políticas públicas tendientes a reducir conflictos por tierras y emergencia habitacional. La tarea se dividirá en comisiones de Pueblos Indígenas y Campesinos; de Emergencia Habitacional; de Tierras Urbanas y de Capacitación.

Con Odarda y Cornejo, estuvieron la secretaria de la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, diputada nacional Verónica Caliva, el secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación, Miguel Gómez; los coordinadores de la misma Secretaría, Oscar Díaz Regional NOA, José Castro Videla (Norte)  e Ignacio Garzarón (Centro); la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo y el director Regional del INTA, José Miguel Minetti. También participaron el director de Asuntos Jurídicos del INAI, Julián Fernández; la coordinadora NOA del Centro de Acceso a la Justicia, Marcela Mon.

El Poder Ejecutivo Provincial estuvo representado por el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; Gustavo Skaf y la directora de Regularización de Tierras con Conflictos Comunitarios; Florencia Luñis Zavaleta.

Participaron también el defensor General, Pedro García Castiella; la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto y las directoras del Centro de Mediación del MPF, Nancy Valencia Donat y del Centro de Comunicaciones Institucionales, Natalia Nieto.

Lucía Ruiz representó a la organización Campesina Unión y Progreso y estuvieron Noelia López, del Movimiento Nacional Campesino Indígena; Yamila Contreras, de la Asociación Civil Raíces Norteñas; María Tolaba, de la Asociación Civil Los del Bermejo; Antolín Soraire, de la Asociación Campesinos de Los Blancos; Nelson Campos, de la comunidad del pueblo Wichí El Algarrobal (Pichanal) y el asesor de la coordinadora de tierra ruta nacional 81, Raúl Marinconz; el representante de la Asociación de Productores de Fincas de Salta, Raúl Dávalos y Martín Plaza, del Colectivo de Abogades Populares.

Diálogo y mediación para la promoción real de derechos

Las y los presentes coincidieron en celebrar la convocatoria, con las complejidades y particularidades que presenta cada situación. En esa línea, la presidenta de INAI, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Magdalena Odarda destacó la “significativa decisión” de llevar adelante el encuentro, al tiempo que consideró que debe existir un cambio de paradigma en la relación entre los pueblos indígenas y el Ministerio Público y los tres poderes del Estado. Subrayó que todavía hay quienes “se resisten o están en desacuerdo con el diálogo, aunque sepan que deben primar la Ley y la Constitución”.  

En el mismo sentido, Cornejo destacó el trabajo realizado desde 2020 para conformar la Mesa con el fin de sostener la mediación como instrumento de encuentro entre las y los participantes porque, según consideró, “la paz es el camino para la concordia y la promoción real de derechos de ciudadanas y ciudadanos”. Alentó al mantenimiento de la Mesa, dada la pluralidad de su integración, porque “de los grandes disensos, nacen los verdaderos acuerdos”.

El secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación,  Miguel Ángel Gómez, ratificó el compromiso de diálogo para el trabajo en territorio y se refirió al necesario abordaje interinstitucional de la emergencia habitacional, al tiempo que la designada coordinadora de la Mesa de Concertación, María José Castillo, admitió la complejidad de la problemática, que es “profunda, con muchas aristas y que tiene cuestiones estructurales para superar”, por lo cual, se debe hacer un “esfuerzo interinstitucional”. La funcionaria señaló que se debe evitar la criminalización de los conflictos a partir de la utilización del derecho penal, porque a partir del derecho es que se consolidará la propuesta para efectivizar el marco operativo desde una perspectiva de Derechos Humanos. Justamente, Julián Fernández se refirió a la necesidad de capacitar a las y los operadores judiciales y del MPF, para que el abordaje de los conflictos se haga desde un enfoque de derechos.

Skaf puso a disposición los equipos de mediación para casos complejos y dijo que la Provincia “está absolutamente alineada” con la prioridad de la mediación y consideró que el abordaje debe ser “muy serio e interdisciplinario”. Valencia Donat precisó sobre la tarea de mediadores del MPF y destacó que lo hacen “con diálogo y escucha activa, con perspectiva integradora, de género, promenores y de vulnerabilidad”. El abordaje en territorio que se realizó en distintas ocasiones, -a pesar de las restricciones por pandemia-, permitió resolver distintos conflictos, abordados desde el diálogo con los tres poderes del Estado. La funcionaria destacó también que en los conflictos de grupos atravesados por situaciones de altísima vulnerabilidad, emergen intereses genuinos, públicos, privados y políticos, pero señaló que el de la mediación es “un proceso restaurativo y sanador”.

Entre otros oradores, Marinconz enfatizó que hace más diez años que se pedía una Mesa de Conciliación y Lucía Ruiz celebró la reunión, porque permitirá el abordaje de la situación de pequeños poseedores y campesinos productores, al tiempo que la diputada Verónica Caliva destacó el fallo logrado por la fiscala Gabriela Souto, en el caso que tuvo como protagonista a la dirigente Lucía Ruiz.

El Procurador pide al Consejo de la Magistratura que audite una causa federal

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo solicitó al presidente de la Comisión de  Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Ricardo Guillermo Recondo, que dicha Comisión audite el expediente Nº 24746/2017, caratulado “HUERGO; Matías Luis (SECSA – ARCADIO), s/infracción a la ley 24.769”, en trámite por el Juzgado Federal Nº 1 de Salta. Pidió que se compruebe el estado de tramitación en que se encuentra y si se cometieron las irregularidades de las que dan cuenta dos denuncias que están radicadas en la Justicia Federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no define la cuestión de competencia planteada por los fiscales federales.

El procurador Cornejo  puso en conocimiento de la Comisión en cuestión el comunicado emitido por el juez federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, a través del cual conminó a la jueza de Garantías Nº 5 del Distrito Centro del Poder Judicial de Salta y al Ministerio Público Fiscal de Salta a continuar la investigación del desprendimiento parcial de la causa Nº 24746/2017 – caratulada – “HUERGO; Matías Luis (SECSA –ARCADIO) s/infracción a la ley 24.769. En este punto, cabe destacar que el 9 de mayo de 2019, el juez Bavio decidió declararse parcialmente incompetente en dicho expediente y remitió al fuero provincial las copias de la resolución, sin certificar ni firmar.

Esa decisión tuvo dos repercusiones. En el fuero federal, los fiscales federales apelaron esa medida y luego la casaron. La Cámara Federal de Casación Penal decidió mantener el desdoblamiento impulsado originalmente por Bavio. En tanto, en el fuero provincial se decidió primero  suspender las actuaciones hasta tanto se dirimiese la cuestión de competencia y de esa forma, evitar nulidades y vulnerar el principio del ne bis in ídem y consecuentemente, seguir de acuerdo a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal todavía debe pronunciarse en un planteo formulado por los fiscales federales,  y que coincide con la postura de la Justicia Provincial y del Ministerio Público de Salta. En la misma presentación, Cornejo recordó que como en el orden federal, el MP de Salta es un órgano extra poder, según el artículo 164 de la Constitución de la provincia de Salta.

Es necesario recordar que cuando se plantea una contienda negativa de competencia entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial y al no existir un órgano común que la dirima, la encargada de resolver la cuestión es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Consecuentemente, si la Corte Suprema no tomó aún una decisión sobre el asunto en particular, el Juez Federal no puede conminar a la Justicia Provincial ni al Ministerio Público de Salta, por la sencilla razón de que no tiene ninguna facultad para hacerlo, a menos que hubiese utilizado los mecanismos institucionales que rigen en la Constitución de la provincia de Salta.

Denuncias vinculadas con la causa y que no fueron investigadas por la Justicia Federal

En la presentación, que sostiene que “más allá de lo inusitado del comunicado emitido por el Juez Federal de Salta, que conminó a poderes extraños a la órbita de su competencia en una causa en pleno trámite”, Cornejo también informó al Consejo sobre la denuncia formulada por el abogado defensor del imputado, que reseña en forma detallada un cúmulo de supuestas graves anomalías en su tramitación y que fue desestimada en forma instantánea por la justicia federal. La denuncia fue originalmente presentada en sede provincial y por tratarse de un expediente federal (más allá de que los denunciados son un diputado nacional, magistrados federales e integrantes de la Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos), la fiscala Simesen de Bielke se declaró incompetente y la remitió a la Justicia Federal,  donde se aceptó la declinatoria y quedó allí radicada. 

El procurador salteño sumó a la reseña enviada al Consejo de la Magistratura la denuncia formulada por el exconcejal Luis Raúl López, en contra del diputado nacional Martín Federico Grande Durand, en la que lo acusó de tener conocimiento de hechos y pruebas vinculados a la causa Nº 24746/2017, y pese a que tenía obligación de denunciarlos -por tratarse de un legislador nacional-, no lo hizo. Sobre esa denuncia, la Justicia Federal no informó si siguió su curso o la desestimó.  Idéntico temperamento adoptó de oficio en el orden provincial la fiscala Verónica Simesen de Bielke, “lo cual le valió una catarata de insultos proferidos por el mismo legislador”, señaló Cornejo.

En síntesis, hubo dos denuncias vinculadas a la supuestamente defectuosa tramitación del expediente Nº 24746/2017,  de las cuales, una fue desestimada en el acto, y sobre la otra, todavía se desconoce qué sucedió. Ambas fueron formuladas en la Justicia Federal.

Es oportuno mencionar que el expediente Nº 24746/2017 se inició hace cuatro años, pero recién cobró impulso a partir de 2019, cuando Bavio decidió declararse incompetente en forma parcial. Con esa declaración, el magistrado cambió radicalmente el temperamento que la Justicia Federal de Salta tenía acuñado desde un largo tiempo atrás en materia de investigaciones de ilícitos tributarios, con el consecuente riesgo de que la bifurcación de los expedientes pueda traer aparejada la nulidad de la causa por tratarse del juzgamiento de hechos idénticos, o bien, que uno de ellos sea condición necesaria para que se configuren las denominadas condiciones objetivas de punibilidad.

Es que el artículo 22 de la ley  24.769 no permite ninguna interpretación diferente porque establece que “respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente la justicia nacional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las causas que se encuentren en trámite ante el mismo. En lo que respecta a las restantes jurisdicciones del país será competente la justicia federal”.

Pedidos de informes a la Corte Suprema y las Cámaras Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico

Además de llamar la atención que se pretenda intimar a la Justicia Provincial y al Ministerio Público de Salta por una supuesta demora en la investigación, que no es tal; nada se sabe del expediente federal, que aparentemente estaría sumido en una parálisis y por lo cual se quiere transferir una responsabilidad que en este caso, no le corresponde a la justicia provincial.

Por ello, en el mismo pedido al Consejo de la Magistratura, Cornejo puso al Ministerio Público Fiscal de Salta a disposición de la Comisión de Disciplina y Acusación, a fin de cotejar pruebas e informes para dilucidar la insólita situación planteada y solicitó que se pida informe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para constatar el estado de las actuaciones sobre la cuestión de competencia planteada.

Finalmente, solicitó que se requiera informes a las Secretarías de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, para que informen si existen antecedentes de desdoblamiento de la competencia en casos de investigaciones de delitos penales tributarios.

Advierten por el crecimiento exponencial del juego clandestino

Bingos y lotas virtuales están prohibidos, pero proliferaron en forma exponencial desde el inicio de la pandemia. El Ente Regulador del Juego de Azar radicó nuevas denuncias por juego ilegal en Capital, Rosario de Lerma, Chicoana, Campo Quijano, Tartagal, Orán y Pichanal, e insiste en el enorme perjuicio que generan la ilegalidad y consecuente evasión fiscal, a las entidades de bien público.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió nuevamente al vicepresidente del Ente Regulador del Juego de Azar, Adrián Amén, quien informó que sigue siendo alarmante el avance del juego ilegal, especialmente virtual. Es que la oferta de juegos online se incrementó a partir del primer aislamiento obligatorio determinado por la pandemia y se mantuvo en franco crecimiento desde entonces. En ese marco, Enreja insistió en la necesidad de que funcione la Fiscalía de Ciberdelitos –cuya Ley de creación fue promulgada en diciembre de 2019-, porque la especialización, descomprimiría al resto de fiscalías que investigan distintos delitos e imprimiría mayor celeridad a las investigaciones.

Amén también consideró urgente que se otorgue la atención y tratamiento que merece la problemática, porque la tarea de ENREJA y las reiteradas denuncias formales ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos y fiscalías de toda la provincia, son insuficientes para frenar los delitos. Especialmente en un contexto de crisis sanitaria y económica. En el mismo sentido, el funcionario instó a los usuarios de juegos virtuales clandestinos, a denunciar formalmente las estafas de las cuales son víctimas porque a través de ENREJA, informaron que muchos organizadores de bingos y lotas virtuales, no entregan los premios promocionados, otorgan otros de menor valor o lo hacen discrecionalmente a personas conocidas.

Amén insistió en el perjuicio al estado Provincial, pero especialmente a entidades de bien público porque apuestas y juegos online no autorizados, no tributan aquí. “Se llevan el dinero de todos los salteños” afirmó el Vicepresidente de En.Re.J.A, al ratificar que no pagan canon ni tributo alguno, cuando la ley establece que la recaudación tiene como fin desarrollar acciones preventivas de la adicción al juego y para programas sociales y educativos.

“El Ente actuará muy rápidamente en tratar de erradicar el juego ilegal, a través de las facultades que otorga la Ley Provincial Nº 7.020 y requerimos de la intervención del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial para dar la baja de dominios de páginas en las que apuestan los salteños”, precisó el funcionario, al tiempo que destacó la necesidad de concretar un próximo encuentro en el MPF con el Procurador y fiscales de los Distritos con mayor incidencia de juego ilegal, pero esta vez, junto a funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y el Jefe de Policía de la Provincia, con el objetivo de aunar esfuerzos en torno a la problemática.

El juego clandestino es un delito

En 2017, el juego clandestino dejó de ser una contravención y por imperio de la reforma que se hizo a la Ley de Ganancias al introducir el artículo 301 bis al Código Penal, quedó establecido como delito. La normativa establece que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.

El Ente Regulador del Juego de Azar de la Provincia de Salta es la entidad autárquica del Gobierno de la Provincia de Salta que regula el juego de azar en todas sus formas, es decir las pautas, procedimientos y condiciones de su explotación y administración.

En el encuentro también participó la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo.

Metán y Rosario de la Frontera, con trabajo remoto

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, en virtud de la actual situación epidemiológica, dispuso la continuidad de la modalidad de trabajo remoto para las dependencias del Ministerio Público Fiscal ubicadas en los departamentos abarcados en el Distrito Judicial Sur-Circunscripción Metán. El resto de las dependencias, volvió a la modalidad presencial, en grupos rotativos.

Es que desde este lunes 31 de mayo, para las dependencias que no estén contempladas en el Distrito Judicial Sur-Circunscripción Metán, entró en vigencia nuevamente la Resolución N° 1202/21, que establece rotaciones de los grupos de trabajo de manera presencial.

El personal convocado presta funciones de manera presencial, con carácter rotativo y con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas, con respeto del distanciamiento y uso de tapabocas, entre otras.

Los agentes que no estén comprendidos en el turno presencial, igualmente prestan servicios de manera remota desde sus respectivos domicilios y cumplen con las pautas de trabajo dispuestas por el titular de cada dependencia.

Como siempre, el personal que cumple funciones de forma remota, se encuentra a disposición del Ministerio Público Fiscal y podrá ser convocado cuando las necesidades de servicio así lo requieran, con excepción del personal comprendido en los grupos de riesgo o que hayan presentado declaraciones juradas ante la Dirección de Personal, quienes deberán prestar servicios de forma remota mediante las herramientas tecnológicas habilitadas.

Todas las personas que integran el Ministerio Público Fiscal deben adoptar y mantener las medidas sanitarias para preservar la salud tanto de quienes prestan servicios, como de las partes en los procesos que por distintas circunstancias deban concurrir.

Cabe resaltar que frente a la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud, con un especial impacto en algunos departamentos de Salta y atento a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por el gobierno nacional y provincial, la Procuración General dictó numerosas resoluciones para adecuar la modalidad de trabajo del Ministerio Público Fiscal de Salta a las pautas sanitarias vigentes.

La atención al público se realiza también en el marco de las pautas sanitarias y bajo los protocolos aprobados por el Colegio de Gobierno, mientras que los letrados podrán hacer uso del sistema de “Escritos Web”, de carácter esencial. Ante la necesidad de concurrir a una dependencia del Ministerio Público Fiscal, podrán solicitar los turnos, modalidad habilitada mediante idéntico sistema, para evitar la aglomeración de personas en las oficinas.

Se recuerda a la ciudadanía que cuenta con la posibilidad de realizar denuncias por drogas, robos, abusos policiales, incidentes viales, violencia de género y delitos genéricos u otros, a través del “Sistema de Denuncias Web”, disponible en el sitio https://www.denunciasweb.gob.ar y a través de la página institucional del Ministerio Público Fiscal https://www.fiscalespenalesalta.gob.ar.

El MPF, con trabajo remoto hasta el 30 de mayo

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que desde el 26 al 30 de mayo inclusive, la modalidad de trabajo en fiscalías y dependencias del Distrito Judicial Centro, con exclusión de las sedes de Cafayate y General Güemes, y del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Metán, se realice bajo la modalidad remota. Además de las normativas nacionales citadas para la decisión, se menciona que el COE observó un crecimiento del 45 % en el número de casos entre una semana y otra.

Frente a la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud, con un especial impacto en algunos departamentos de Salta y atento a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por el gobierno nacional y provincial, la Procuración General dictó numerosas resoluciones para adecuar la modalidad de trabajo del Ministerio Público Fiscal de Salta a las pautas sanitarias vigentes.

A su vez, las disposiciones sanitarias establecidas mediante el DNU 334/21 que prorrogó el anterior DNU 287/21, modificaron el actual contexto epidemiológico tanto en el orden nacional como provincial.

El artículo 3 de la norma establece las medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario, o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021.

Así, se estableció la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

Las trabajadoras y los trabajadores, deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo cuando sea posible, deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por este decreto, siempre en cercanía a sus domicilios.

La restricción de circulación nocturna establecida en el artículo 18 del Decreto 287/21 y ampliada por el inciso 6° del artículo 21, regirá desde las 18 hasta las 6 del día siguiente.

En ese marco, se dictó la Resolución 13/21 del Comité Operativo de Emergencia provincial, la cual dispuso medidas de carácter restrictivo en el ámbito provincial.

El COE señaló que del análisis de la situación de riesgo de la Provincia de Salta, correspondiente a datos de la semana epidemiológica 19, realizado por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, se observó un crecimiento del 45 % en el número de casos con respecto a la semana anterior, que afectó a la mayoría de los departamentos de la provincia de manera concomitante.

De ello surgió la clasificación final de los Departamentos según el mapa de riesgo actualizado de la semana epidemiológica 19.

En virtud de lo expuesto, se determinó que los Departamentos de Cachi, Chicoana, Metán, La Caldera, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Capital, Cerrillos y la Candelaria, son considerados como de “Alto Riesgo”; los Departamentos de Cafayate, Gral. Güemes, Gral. San Martín, Guachipas, Iruya, La Viña, Orán, San Carlos, Los Andes, Molinos, Rivadavia, Anta y Santa Victoria, son considerados como de “Mediano Riesgo”, y el Departamento de la Poma, como de “Bajo Riesgo”.

Por tales motivos, el COE provincial concluyó que correspondía aplicar un esquema de medidas específicas que tiendan al objetivo planteado para los Departamentos considerados como de “Alto Riesgo” y la aplicación de otro esquema de medidas para los considerados como de “Mediano y Bajo Riesgo”.

En atención a la invitación realizada por el artículo 4 inciso E de la Resolución 13/21 del COE y el marco de normas de emergencia vigentes, que implican una necesidad de reducir en forma decisiva la circulación de personas para evitar la propagación del virus, sobre todo en los departamentos con Alto Riesgo Epidemiológico, es preciso sugerir a los titulares de las dependencias, que por aplicación de los fundamentos que aquí se expusieron, hasta el 30 de mayo inclusive, limiten la asistencia del personal para garantizar el servicio que deben prestar las dependencias a su cargo, en especial, las que se encuentren de turno y/o deban realizar medidas que no admiten demora, en cuyo caso deberán observar estrictamente las medidas de prevención establecidas en la Resolución de PG 1196/21.

Distinta situación merecen las dependencias comprendidas en los departamento clasificados con medio o bajo riesgo epidemiológico en cuyo caso, para ellas quedara subsistente la modalidad de trabajo dispuesta en la Resolución de PG 1202/21.

El MPF pide que la Ley garantice el juzgamiento de femicidas con perspectiva de género

El Ministerio Público Fiscal de Salta propone, a través de un proyecto de Ley, la reforma de la Ley Orgánica de Justicia Penal. Tiene el objetivo de que los Tribunales de Juicio que intervengan en causas de femicidio, estén integrados por al menos una jueza. Entre sus fundamentos, destaca la normativa internacional y nacional vigente, y especialmente se detiene en la reproducción de estereotipos machistas que podrían condicionar a las autoridades estatales.

La iniciativa legislativa de la Procuración General, surgió ante la imperiosa necesidad de modificar el Art. 9 de la Ley Provincial N° 7716, que establece la composición y atribuciones de las Salas de los Tribunales de Juicio, y que define que deben estar integradas por tres jueces cada una.

En este punto, vale señalar que el Ministerio Público Fiscal, adhirió en 2019 al “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”, confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación.

El término femicidio fue desarrollado como un concepto teórico político para conceptualizar y visibilizar un fenómeno con manifestaciones y características particulares: las muertes violentas de mujeres por razones de género. En esa línea argumentativa, en el ámbito internacional de los Derechos Humanos se definió el femicidio como: “La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. Consecuentemente, el MPF, creó la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios de Salta (UFEM – SALTA).

En este contexto, vale la pena mencionar el reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que rechazó un planteo para evitar un nuevo juicio a los acusados de matar a Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en 2016 en Mar del Plata. Por ello, se realizará un nuevo proceso que incluya perspectiva de género al momento de juzgar.

En su fallo, la Corte Suprema bonaerense señaló que: “El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género, sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria que debe regir en estos procedimientos, no implica una flexibilización de los estándares probatorios sino que…está destinado, en primer lugar, a desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada», y agrega que “el empleo de estereotipos de género en el razonamiento de los jueces constituye uno de los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, y conduce a descalificar su credibilidad y a asignarles una responsabilidad tácita por los hechos denunciados”.

Estereotipos reproducidos por autoridades estatales

En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «…el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes”.  

Por ello, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales».

También ha afirmado que «La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos”, y que esa influencia “también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”.

Para más, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, en su recomendación N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, ha afirmado que «Los estereotipos distorsionan las percepciones que dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos” porque “con frecuencia los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos”. Y dice más: que “el establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa”, al tiempo que advierte que “esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad” y que “en todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”.

Por ello, el Ministerio Público Fiscal de Salta, propone que la nueva integración de las Salas de los Tribunales de Juicio de la provincia, deberán conformarse inexorablemente con al menos una jueza, con el objetivo de lograr una composición equilibrada en los operadores judiciales y garantizando la perspectiva de género. Esa reforma contribuirá a la transversalización del enfoque de género que implica incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres lo que confluirá en la prestación de un mejor servicio de justicia.

Por lo demás, transversalizar la perspectiva de género supone valorar las acciones que se planifiquen en ese sentido, sean de orden legislativo, político o programas en todas las áreas o niveles. Y se trata de una estrategia para garantizar la integridad del sistema de justicia y la igualdad de los géneros.

Tierra y Vivienda: Nación y MPF buscan articular políticas públicas de arraigo

La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, realizó distintos aportes al Ministerio Público Fiscal, destinados a institucionalizar la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional. Aspiran a generar un sistema que identifique problemáticas puntuales y que éstas, sean abordadas por Nación, Provincia y Municipios.

El procurador general Abel Cornejo, recibió al secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Miguel Ángel Gómez; al coordinador local de la Región Centro de la misma Secretaría, Ignacio Garzarón y a la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, con quienes intercambió posiciones referidas al abordaje de conflictos con la tierra y la vivienda.

En el marco de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional, la Secretaría proyecta articular con distintas órbitas del Estado nacional, para llevar adelante políticas públicas en los territorios. “No solo pensamos en la tierra y en la permanencia de sus habitantes, sino en el acceso y el desarrollo de nuevas urbanizaciones, con viviendas, infraestructura y energía”, explicó Castillo, quien destacó la posibilidad que abre la Mesa, de “generar una sinergia, para identificar problemáticas y abordarlas entre Nación, Provincia y Municipios”.

En ese marco, los funcionarios insistieron en reforzar la política de arraigo, la elaboración de un Protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos en situación de vulnerabilidad y la necesaria capacitación de efectores del Ministerio Público Fiscal, con respecto de las normativas referidas a la ocupación de la tierra y los desalojos.

“La intención es generar un abordaje integral y coordinado, a partir de la participación  de todos los organismos e instituciones con pertinencia en la resolución de conflictos de tierra para  contar con un marco institucional y generar un Protocolo de actuación que evite la profundización del conflicto, por la vía del diálogo”, analizó Castillo. También reiteró que la actuación de la Mesa, –que integrará a representantes de los tres poderes del Estado nacional y provincial y de organizaciones intermedias, entre otros-, permitirá alcanzar un ordenamiento territorial y el avance de las regularizaciones dominiales, en acuerdo de partes.

Están vigentes la Ley 26160 (que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas), y la Ley 27118 (que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva y que crea el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar).

En Salta, rigen las leyes provinciales 7658, de regularización dominial, y la N° 7789, denominada “Ley Felipe Burgos”, de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar en el territorio de la provincia de Salta.

La generación de políticas públicas a través de la Mesa, -que se reunirá próximamente y de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes-,  servirá para atender conflictos en espacios urbanos, campesinos y con comunidades originarias.

Organizaciones intermedias repudian las expresiones públicas del Ministro de Seguridad de Salta

Bajo el título “Los Derechos Humanos de los salteños y salteñas no deben ser vulnerados por el Estado”, la Fundación Volviendo a Casa emitió un documento de repudio a las expresiones del ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, en contra de la fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke. Al documento adhirieron numerosas organizaciones intermedias sociales y políticas.

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SALTEÑOS  Y SALTEÑAS NO  DEBEN SER VULNERADOS POR EL ESTADO

Ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia denunciaron graves conductas de violencia institucional perpetradas por personal de las fuerzas policiales de Salta. Todos los denunciantes han sido víctimas o testigos de delitos de privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia, tortura entre otras graves violaciones a los derechos Humanos.

Al respecto, repudiamos las expresiones públicas en este contexto del militar retirado Juan Manuel Pulleiro, actual Ministro de Seguridad, quien manifestó que la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simensen de Bielke, actúa con animosidad al investigar a sus subordinados.

Las declaraciones de Pulleiro, no hacen más que obstaculizar la investigación que lleva adelante la fiscala por estos hechos aberrantes que vulneran los derechos fundamentales de las personas víctimas del personal policial a su cargo y en el ejercicio de sus funciones,

La violencia institucional hunde sus raíces en un pasado histórico reciente, que la sociedad y el Estado repudian en forma unánime. 

Las fuerzas de seguridad reproducen con autoritarismo e impunidad las practicas represivas del terrorismo de Estado, tales como la tortura, allanamiento sin orden judicial y privación ilegal de la libertad. Esas fuerzas, creadas para la protección de los ciudadanos y el resguardo de los derechos fundamentales no se han democratizado y prefieren actuar en contradicción con la ley y la ética.

Cada funcionario policial es responsable primario de la violencia institucional en que incurre. Pero es el Estado quien debe dar respuesta en términos de prevención, detección, y castigo de este tipo de violencia. Si el ministro de Seguridad convalida o ampara la ilegalidad, su responsabilidad en estas prácticas violentas no solo es política, sino también penal.

Es necesario desmontar la actual estructura que reproduce estas prácticas de inequidad, ilegalidad absoluta, para que no queden impunes. Por eso:

1-Solicitamos que no se ampare ni se proteja a los responsables de estos hechos lesivos a la dignidad humana, por parte del Ministerio de Seguridad y que se deje trabajar y actuar con la debida diligencia a la fiscala Dra. Simensen de Bielke.

2-Pedimos que el Estado Provincial ponga de inmediato en funcionamiento el Comité contra la Tortura, como órgano de contralor, seguimiento y de protección a los derechos humanos de los ciudadanos salteños.

3-Asimismo se investigue, se sancione a los autores de estos delitos y se dé una reparación adecuada a las víctimas de violencia institucional.

4- Consideramos perentorio y urgente la capacitación en buenas prácticas en materia de Derechos Humanos tanto para el titular del Ministerio de Seguridad como para toda la fuerza policial de Salta.

Fundación Volviendo a Casa

  • ADHIEREN
  • Asociación Civil Acción Para el Desarrollo y la Igualdad
  • Moviendo Trans Argentina. Comunidad Diversa del Valle Calchachi.
  • Fundación GeMa
  • Ciudadanos autoconvocados en defensa de los Derechos Humanos  de Tartagal.
  • Maestría en DDHH de la UNSa
  • Unión de Trabajadores de la Tierra Dpto. San Martín
  • Partido Felicidad de Salta
  • APSADES
  • La Secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades CTAA
  • CLADEM. Salta. Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
  • Ni un pibe menos por la droga
  • Comisión de Familiares de Víctimas de Femicidio
  • Abogadas del Instituto de Género
  • La Juventud Comunista Revolucionaria
  • Campaña por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres
  • Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista CEPA
  • Unión Mundial de Mujeres Americanas
  • Junta Promotora APDH Salta
  • La Fuerzas de las Mujeres
  • TRASAD
  • Movimiento Evita Salta
  • Frente por la Igualdad Evita
  • Mujeres Evita
  • JP Feminista
  • JP Evita
  • Casa Pueblo Salta
  • Estudiantes Evita
  • MUE SALTA

En un homenaje al General Martín Miguel de Güemes, recordarán su designación como Gobernador de Salta

En el marco del Bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, este jueves a las 17, el Ministerio Público Fiscal realizará un homenaje al Héroe Nacional. Se realizará en barrio El Huaico, donde será emplazado un busto en su honor y con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado. El homenaje contará con la Banda Los Infernales y desfile de 21 agrupaciones y fortines gauchos

El homenaje del Ministerio Público en conmemoración de los 200 años del fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes, se centrará en la fecha conmemorativa de hoy, ya que el 6 de mayo de 1815, el Cabildo de Salta y a petición del pueblo de la ciudad, designó a Güemes «Gobernador de la Intendencia de Salta», que entonces, comprendía las actuales provincias de Salta y Jujuy y la región boliviana de Tarija.

Luego de la entonación de himnos por parte de la Banda Los Infernales, será emplazado el busto del General Martín Miguel de Güemes y se escucharán palabras alusivas del coordinador de la Comisión Provincial del Homenaje al Héroe Nacional, Alberto Barros; de la presidenta de la Academia Güemesiana de Salta, María Irene Romero y del procurador general, Abel Cornejo.

Las actividades concluirán con el desfile de gauchos que protagonizarán la subcomisión Damas Gauchas de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, del Centro Tradicionalista Campo Castañares, de la Agrupación Gaucha Juan Carlos Dávalos, del Escuadrón Calixto Gauna La Peña y los fortines Santiago Morales, Patria y Tradición, Martina Silva de Gurruchaga, Dr. Julio Cornejo Campo Santo, Poncho Marrupe, Agustín Pascual Urquiza, Antonio López, El Tuscal de Velarde, Potrero de Castilla, Batalla de Suipacha, Los Yacones, Pachi Gorriti, San Francisco de Asís, Argentino Aybar, La Calderilla, 16 de Abril y Estrella Tercera Defensa de Salta.

Asistirán el gobernador, Gustavo Sáenz y el vicegobernador, Antonio Marocco; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; la asesora General de Incapaces, Mirta Lapad; el defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella; la intendenta de la Ciudad, Bettina Romero;  autoridades provinciales y municipales, legisladores y público en general  

El acto será en la plazoleta de avenida Democracia y calle M, de barrio El Huaico, a partir de las 17.