El Ministerio Público Fiscal reafirma su compromiso en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En una fecha tan significativa para la sensibilización y toma de conciencia frente a toda forma de violencia contra la mujer, el Ministerio Público Fiscal de Salta reafirma su compromiso con la defensa constante de los derechos de las mujeres. Asimismo, renueva su firme determinación de erradicar cualquier manifestación de desigualdad, estigmatización, maltrato, abuso, acoso o acto que vulnere su integridad psicofísica.

 

Conscientes de la profunda preocupación que genera en la sociedad la persistente y alarmante realidad de violencia que enfrentan las mujeres, el Ministerio Público Fiscal de Salta reafirma su compromiso en esta causa. En esta fecha tan significativa, se dirige a toda la comunidad con una reseña histórica y un mensaje que proviene de las fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género N.º 1 y 2, a cargo de Verónica Simensen de Bielke y Mónica Viazzi, así como del Servicio de Asistencia a Víctimas de Violencia, bajo la dirección de Matilde Alonso.

Desde cada una de las áreas del MPFS, trabajamos incansablemente para garantizar la justicia y brindar apoyo integral a quienes sufren violencia, convencidos de que solo a través de una respuesta firme, profesional y sensible podremos contribuir a erradicar esta problemática que afecta no solo a las mujeres, sino también al tejido social en su conjunto.

Hoy más que nunca, renovamos nuestro llamado a la empatía, la solidaridad y la acción colectiva para construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia.

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas dominicanas María Teresa, Minerva y Patria Mirabal fueron capturadas por agentes del gobierno del dictador Rafael Trujillo. Luego de ser brutalmente golpeadas y ejecutadas, trasladaron sus cuerpos en un jeep hasta un barranco donde las arrojaron, simulando que habían sufrido un accidente.

“Las Mariposas”, como se las identificaba a las hermanas dentro del movimiento secreto, derivado del nombre clandestino adoptado por una de ellas, Minerva, eran activistas políticas que luchaban contra el régimen imperante en República Dominicana.

Durante el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en Bogotá, Colombia, se decidió fijar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Más tarde, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Resolución 48/104 para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En dicha resolución, se define este tipo de violencia como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Atendiendo a la decisión de emitir dicha resolución y a su relevancia, en 1999 la Asamblea General designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en apoyo a esta decisión.

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como Convención de Belem Do Pará, celebrada en Brasil, el 9 de junio de 1994, en su Artículo 7, Capítulo III, expresa que:

“Los Estados Partes convienen establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer  que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.”

 

El Procurador General amplió la denuncia contra el juez Oyarzú ante el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño

Este viernes, Pedro Oscar García Castiella, presentó una ampliación de la denuncia efectuada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta, informando sobre otros hechos que constituirían mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por parte del Juez de Garantías Nº 1 de Orán.

La denuncia se basa en la reiterada conducta del juez Francisco Oyarzú, de dar la libertad anticipadamente a imputados, basándose en una interpretación irrazonable de las normas procesales, lo que utiliza para rechazar sistemáticamente los pedidos de prisión preventiva que le efectúan las Fiscalías Penales.

Según la peculiar lectura que hace el Juez denunciado, los escritos de la Fiscalía sólo pueden ser presentados hasta las 13:00 horas del día en que se vence el plazo para solicitar la prisión preventiva y no rige para esa parte la prórroga especial de las dos horas del día siguiente hábil, que el Código Procesal Penal establece en el art. 217.

El Procurador General ha identificado al menos once casos en los que Oyarzú actuó de esa manera. En cada uno de ellos, el Tribunal de Impugnación revisó sus resoluciones y le reprochó al magistrado su interpretación, explicándole en todos los supuestos cómo debía computar los plazos. Según se pudo tomar conocimiento, esa inconducta la viene teniendo el juez en cuestión desde el año 2017 y, a pesar de que el Tribunal de Impugnación le reiteró en varias oportunidades que modifique su criterio porque resultaba arbitrario y contrario a la ley, Oyarzú continuó insistiendo en liberar detenidos sin prestar atención a los mandatos del tribunal superior ni explicar porqué razones no acataba esa jurisprudencia.

Se pudo constatar que dichas liberaciones anticipadas se efectuaron en causas por homicidios agravados, abusos sexuales, robos calificados, tráfico de estupefacientes, delitos en contexto de violencia de género, entre otros. En fecha reciente, la Sala III del Tribunal de Impugnación, al resolver uno de tantos casos que llegaron a esa instancia, no sólo anuló la resolución de Oyarzú (como se hizo en varias oportunidades anteriores), sino que también ordenó su apartamiento del caso por la “manifiesta desatención” de las decisiones de ese Tribunal y por los perjuicios que su postura irroga en términos de seguridad jurídica y economía procesal, también mandó copias de las actuaciones a Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta para que se le inicie un proceso disciplinario.

García Castiella resaltó en su denuncia, que lo más grave de la situación es el reiterado entorpecimiento del correcto devenir procesal por parte de este Juez, aferrándose a una interpretación jurídica que le fue tantas veces criticada y que su insistencia sólo generó retrasos e incalculables perjuicios en el éxito de las investigaciones, además de el riesgo que en cada caso implicó liberar anticipadamente a un acusado de cometer un delito, cuando su privación de libertad se justificaba por el peligro de que pueda atentar contra la víctima o testigos del hecho, o que pueda fugarse y evadir el accionar de la justicia.

Resaltó el Procurador la lesión que produjo el juez Oyarzú al sistema de justicia pues, con su obstinada posición, no hizo más que demorar y entorpecer el curso del proceso, poner en riesgo sus fines y generar un excesivo e innecesario aumento de la carga de trabajo, no sólo del Ministerio Público Fiscal que en cada caso se vio obligado a recurrir sus arbitrariedades o a tener que plantear nuevas medidas cautelares, sino también del Tribunal de Impugnación que tuvo que resolver las mismas controversias en reiteradas oportunidades.

 

El Procurador General presenta denuncia contra el juez Franciso Oyarzú ante el Jurado de Enjuiciamiento

El Ministerio Público Fiscal convocó a la tercera reunión operativa para la seguridad en los servicios públicos

El encuentro está vinculado con el tratamiento de asuntos de seguridad en lo atinente a la prestación de servicios públicos en zona de frontera.

Conforme a lo dispuesto por el Procurador General, Pedro García Castiella, y en el marco de las acciones conjuntas implementadas desde 2023 para abordar el robo de transformadores en el Distrito Judicial del Norte, y que se replicaron para combatir el robo de medidores de agua en la ciudad de Salta, se llevó a cabo la tercera reunión orientada a garantizar la seguridad en la prestación de los servicios públicos. En esta ocasión, el enfoque estuvo puesto en fortalecer la protección de las líneas de alta tensión en la zona de frontera.

El encuentro se concretó este viernes, con la apertura del acto a cargo del secretario letrado de la Procuración General, Santiago Sotelo, quien explicó los motivos de la convocatoria.

Posteriormente, la Empresa de Distribución Eléctrica de Salta (EDESA) presentó su exposición, en la que repasó el abordaje del problema del robo de transformadores ocurrido durante el período 2020-2023. Durante su intervención, la empresa destacó los resultados positivos alcanzados gracias al trabajo articulado y conjunto con  la Procuración General, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía Federal.

Además, EDESA abordó una problemática actual relacionada con el robo de perfiles en las torres de líneas de alta tensión, que afecta a la empresa ETASA. Estas torres son fundamentales para el suministro de energía eléctrica al norte de la provincia de Salta, mediante la interconexión internacional Nodo Frontera (Salvador Mazza) con la ciudad de Tartagal. En este contexto, los representantes de la compañía de electricidad subrayaron la importancia de garantizar la integridad de esa línea, especialmente ante las restricciones por cortes de verano anunciados por la Secretaría de Energía de la Nación.

A su turno, la empresa Aguas del Norte detalló las acciones implementadas desde abril de este año y presentó nuevas problemáticas relacionadas con la necesidad de prevenir actos de vandalismo en más de 600 puntos estratégicos distribuidos en todo el territorio provincial.

También participaron en la exposición los directores generales de Investigaciones y Seguridad de la Policía de Salta, junto con la Coordinadora del Ministerio de Justicia, Nelly Alejandra Giménez, quienes aportaron perspectivas clave para abordar la problemática.

Finalmente, con el compromiso y la colaboración de todos los convocados, se procedió a la conformación de los grupos operativos encargados de diseñar las acciones necesarias para abordar las problemáticas planteadas por las prestatarias. Asimismo, se establecieron las pautas de trabajo, dando inicio a la tercera etapa de acción conjunta orientada a garantizar la seguridad en la prestación de los servicios públicos.

La actividad contó con la presencia de Gendarmería Nacional; Policía Federal; Defensoría General de Salta; Fiscalía Federal Distrito Salta; la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Salta; el Ente Regulador de Servicios Públicos; la Empresa de Distribución Eléctrica de Salta (EDESA); la empresa Aguas del Norte y los Directores Generales de Investigaciones y de Seguridad de la Policía de Salta y la empresa ENDE (Transmisión Argentina S.A.).

Fortalecerán la coordinación entre fiscalías provinciales y fuerzas federales en el marco del Plan Güemes

Se busca agilizar la actuación de las fuerzas federales en el norte de la provincia. El Plan Güemes busca optimizar las estrategias de seguridad y control mediante un trabajo conjunto e integrado.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, y el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal, Gaspar Solá, mantuvieron una reunión con Virginia Cornejo, Directora Nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Este encuentro tuvo lugar en el marco del “Plan Güemes”, y su inmimente implementación, avanzando en la colaboración entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de Salta, con el fin de fortalecer  y optimizar las estrategias de control y vigilancia en el norte de la provincia.

Durante la reunión, las autoridades destacaron la importancia de garantizar una coordinación efectiva entre las fuerzas federales y los fiscales provinciales para agilizar las respuestas ante situaciones puntuales y que requieran una rápida intervención. “Es fundamental que las fuerzas federales puedan actuar de manera rápida y eficiente, con consultas claras y precisas que permitan resolver los problemas en tiempo real”, señaló García Castiella.

Uno de los principales acuerdos fue avanzar en mecanismos que permitan a los fiscales provinciales y federales trabajar de forma coordinada. En este sentido, se subrayó la necesidad de implementar procedimientos que faciliten la primera intervención de las fuerzas federales, evitando dilaciones derivadas de cuestiones de competencia operativa.

Cornejo destacó que “el Plan Güemes representa un cambio significativo en la manera de abordar la seguridad en la región. Nuestra meta es que las fuerzas de seguridad dispongan de las herramientas necesarias para intervenir de manera inmediata”.

Además, se acordó fortalecer los canales de comunicación entre la Procuración y el MInisterio de Seguridad para garantizar una intervención efectiva en casos que requieran la actuación conjunta .

 

Se requirió juicio para el exfuncionario Benjamín Cruz

Fue acusado en el marco de la investigación por las visitas irregulares en la Unidad Carcelaria de Orán a partir de elementos surgidos durante la audiencia de debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges. En la causa ya se encuentra requerido a juicio Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta.

La Unidad Fiscal conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, para Benjamín Andrés Cruz como autor del delito de tráfico de influencias y subsidiariamente a éste delito, se califica el hecho como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La acusación procede, según señalan los Fiscales, a partir de nuevos elementos obtenidos del debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges, de donde surge que el exfuncionario habría facilitado el ingreso del fallecido a la Unidad Carcelaria de Orán, diciendo ser asesor del Ministerio de Seguridad, para entrevistarse con el entonces  el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz.

Cabe recordar que en la presente causa, también se encuentra imputado Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública, y que ya fue requerido a juicio durante 2023.

El hecho investigado ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Darío Esteban Monges se hizo presente en la unidad penitenciara de la ciudad de Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad e invocando al entonces Secretario de Seguridad, solicitando entrevistarse con el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz, lo cual se sospecha que se concretó con la autorización del Director General de Políticas Penales pudiendo exceder con tal decisión, el ámbito de su competencia funcional.

Finalizó exitosamente el taller de Cooperación Internacional en la Persecución Penal de la Narcocriminalidad

El Ministerio Público Fiscal de Salta y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) concluyeron exitosamente el “Taller sobre persecución penal de la narcocriminalidad, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas.” Esta actividad, tuvo como finalidad el fortalecimiento de los conocimientos  respecto al combate contra el narcotráfico, con foco en el tráfico de drogas sintéticas y la proliferación de nuevas sustancias psicoactivas.

Durante las jornadas de formación, los participantes analizaron la situación actual del narcotráfico y sus nuevas tendencias, así como los desafíos para combatirlo eficazmente. Se abordaron también estrategias para mejorar la identificación, investigación y persecución penal de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, incluyendo el mercado minorista.

Al cierre de la actividad, el coordinador del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos de la UNODC, Luis Ignacio García Sigman, expresó un especial agradecimiento al procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y a todo el Ministerio Público Fiscal de Salta por la destacada organización del evento. En un emotivo gesto de reconocimiento, le fue entregada al Procurador una distinción por su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, destacando el rol fundamental que García Castiella ha desempeñado en el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y en el impulso de políticas públicas orientadas a combatir el crimen organizado de manera integral y efectiva.

Asimismo, García Sigman destacó el esfuerzo conjunto para llevar adelante esta capacitación realizado con el secretario de Políticas Criminales del M.P.F.S., Gaspar Solá, en coordinación con Adrián Salcedo, jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, y Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración General de Buenos Aires. También expresó su gratitud por la participación de la fiscal Cecilia Amil Martín, de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Complejos de Buenos Aires; del químico especialista en drogas ilícitas Patricio Navarro, del programa DROSINSUR de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur; de Daniel Salas, experto químico del programa DROSINAR de la UNODC en Argentina; de Patricio Rivero Contreras del Ministerio Público Fiscal de Chile; de Cándido Macario Velázquez, director de Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación; y de los fiscales Santiago López Soto, de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, y Ramiro Ramos Ossorio, de la Fiscalía Penal N.º 2 del Ministerio Público Fiscal de Salta.

García Sigman concluyó su mensaje subrayando la importancia de la cooperación internacional como “un esfuerzo tangible, personalizado y de calidad” que refleja los pilares estratégicos de la UNODC en la lucha contra el crimen organizado.

Por su parte, el Procurador General destacó la importancia del taller realizado en Salta, resaltando el valor de los conocimientos compartidos sobre precursores químicos y las experiencias internacionales en la lucha contra el narcotráfico.  Subrayó el rol del Ministerio Público en anticiparse a los peligros que acechan a la sociedad, señalando que la responsabilidad de mantener el orden y la paz social recae en quienes tienen el deber de impulsar la acción penal. 

También mencionó la necesidad de fortalecer la prevención y la cooperación entre jurisdicciones y resaltó la relevancia de contar con equipos de investigación especializados y capacitados, alineados con las demandas actuales del sistema acusatorio. Enfatizó que este tipo de espacios de intercambio permite mejorar las herramientas y establecer vínculos esenciales para enfrentar los desafíos futuros en la lucha contra el crimen organizado.

 

 

 

 

La ONU y el Ministerio Público Fiscal de Salta llevan a cabo el “Taller sobre persecución penal de la narcocriminalidad, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas”

La actividad está organizada por el Ministerio Público Fiscal de Salta y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y tiene como objetivo potenciar las capacidades, con el objetivo de diseñar estrategias y acciones efectivas para enfrentar el tráfico de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Asimismo, se abordan temas sobre la situación actual, tendencias y desafíos en la lucha contra el narcotráfico, facilitando la identificación, investigación, persecución penal y desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, incluyendo los grupos involucrados en la comercialización minorista de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella, la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero y  el coordinador del Programa contra las drogas sintéticas y el desvío de precursores químicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Luis Ignacio García Sigman, abrieron este miércoles el «Taller sobre persecución penal de la narcocriminalidad, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas”, dirigido a fiscales/as, jueces/as y funcionarios/as y personal de las distintas Unidades de Investigación.

El Procurador General  expresó su agradecimiento a los asistentes y al equipo de la UNDOC, destacando la importancia de este espacio para compartir experiencias y fortalecer la colaboración contra la narcocriminalidad. Recordó el proceso iniciado en Salta desde 2014 con la desfederalización en la lucha contra el narcotráfico, lo cual ha permitido enfrentar directamente el problema resaltando la interacción constante entre Ministerios Públicos y fuerzas de Seguridad provinciales y federales.

Subrayó el rol de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, y el papel de laboratorios especializados, que fortalecen la capacidad técnica de investigación. Finalmente, expresó su deseo de continuar mejorando las capacidades de investigación y capacitación, destacando el valor del intercambio de conocimientos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y contribuir a una comunidad en paz.

Durante la primera jornada se abordaron temas fundamentales como el sistema de fiscalización internacional, las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas (NSP), incluyendo sus implicancias toxicológicas y los desafíos del policonsumo. Esta presentación estuvo a cargo de Patricio Navarro, químico especialista en drogas ilícitas del programa DROSINSUR de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.

Además, se trataron medidas y procedimientos básicos de bioseguridad frente a las drogas sintéticas y NSP, incluyendo opioides sintéticos, en una exposición a cargo de Daniel Salas, experto químico del programa DROSINAR de la UNODC en Argentina.

Por otro lado, Cándido Macario Velázquez, Director de Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación,  abordó el tema de precursores químicos y sustancias esenciales, explicando la regulación, métodos de desvío y estrategias de persecución penal.

En horas de la tarde, las actividades continuarán con un foro sobre la situación actual del tráfico ilícito de drogas, con énfasis en la comercialización minorista de estupefacientes en Salta. Este foro será liderado por Santiago López Soto, de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, y Ramiro Ramos Ossorio, de la Fiscalía Penal N.º 2 del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El taller continuará este jueves iniciándose la jornada con el tema mercados ilegales de opioides sintéticos desde el análisis criminal, analizando la situación en América del Norte y las diferencias con el sur del continente, a cargo de Luis Ignacio García Sigman, coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.

También se tratarán los desafíos de los centros de procesamiento ilícito de drogas de síntesis en una exposición multidisciplinaria liderada por Patricio Navarro, y el modelo de trabajo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba, a cargo de Adrián Salcedo, jefe de la FPA del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Por la tarde, se abordará el modelo de trabajo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la experiencia de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martín. Finalmente, Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración General de Buenos Aires, expondrá sobre la experiencia de la provincia de Buenos Aires en el proceso de desfederalización.

García Castiella destacó que la implementación del juicio por jurados representa un cambio de paradigma en la justicia de Salta

Subrayó la importancia de considerar un período de preparación tanto para los ciudadanos como para la capacitacion de todos los operadores del sistema judicial.

Con motivo del próximo debate sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo provincial, cuyo objetivo es implementar el juicio por jurados en la administración de justicia penal en la provincia de Salta, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, junto a los jueces de Corte Teresa Ovejero y Fabián Vittar y el defensor general Martín Diez, asistieron a una reunión convocada por diputados y senadores para intercambiar opiniones.

El Procurador General destacó que la implementación del juicio por jurados representa “un desafío interesante y muy positivo para la actualidad”, considerando que es necesario confiar en que la sociedad está en condiciones de participar en un sistema judicial de esta naturaleza, integrándola en la toma de decisiones en los procesos donde se juzgan los crímenes de mayor gravedad penal previstos en el Código Penal.

Asimismo, recordó que este mandato constitucional está vigente desde 1853, aunque nunca se haya implementado, y subrayó que las provincias tienen facultades para regularlo, ya que se trata de una materia procesal no delegada al gobierno federal.

García Castiella enfatizó que el juicio por jurados es una herramienta que permite la participación ciudadana en las decisiones judiciales en los casos penales más graves, al contemplar las penas más severas. lo que supone “un cambio de paradigma en la administración de justicia”. Asimismo, destacó que el proyecto propone un cambio de paradigma en la administración de justicia en el ámbito del juicio oral, con un sistema adversarial, en el que la verdad se construye de forma distinta al sistema tradicional.

Aunque expresó su apoyo general al proyecto, el Procurador sugirió que se podrían realizar algunos ajustes, los cuales deben ser debatidos por los legisladores antes de su aprobación. Señaló la importancia de profundizae aspectos tales como que los jueces deberán hacer un esfuerzo especial para explicar al jurado principios constitucionales tan relevantes como el beneficio de la duda en favor del imputado cuando no se logra certeza, y destacó la importancia de emplear un lenguaje didáctico para que el jurado pueda comprender estos conceptos fundamentales.

En cuanto a la implementación del sistema de juicios por jurados, García Castiella resaltó la necesidad de contar con un período de preparación razonable, de modo que los casos que deban juzgarse bajo esta modalidad puedan ser adecuadamente organizados. También subrayó la importancia de una capacitación sólida para todos los operadores del sistema judicial –fiscales, defensores y jueces–, con el fin de enfrentar los desafíos que este nuevo paradigma implica.

Entre las inquietudes de los legisladores surgieron preguntas respecro de que si este tipo de proceso resultaría compatible para juzgar homicidios en contextos de crimen organizado y cómo enfrentar los riesgos actuales, como las posibles amenazas a los participantes. Ante esto, García Castiella respondió que “no se puede legislar desde el miedo o la resignación ante la realidad; por el contrario, se debe partir de la.premisa de que vivimos en una sociedad democrática, civilizada y en paz, y que queremos sostener estos valores con firmeza y energía desde todos los órganos del Estado, pues de lo contrario estaríamos. partiendo desde una premisa equivocada de resignación ante los desafíos que propone la realidad, que se deben asumir con firmeza.”

Fotografía Gentileza Prensa del Senado

 

Abra de Sol: Detuvieron a Delfor Sandoval

Es en el marco de la causa en la que se investiga el robo violento a la empresa fruthiorticola. Tenía pedido de captura. 

A solicitud de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, se procedió a la detención de Delfor Rogelio Sandoval, en el marco de una investigación relacionada con un robo a la empresa Abra de Sol.  Se trata de una persona intensamente buscada, con un pedido de captura pendiente, que permanecía en la clandestinidad.

El detenido era intensamente buscado y tenía un pedido de captura pendiente en la causa caratulada como ‘Robo en poblado y en banda, robo agravado por el uso de armas, privación ilegítima de la libertad, hurto calificado y asociación ilícita», habiéndose mantenido en la clandestinidad.

Un exhaustivo y minucioso trabajo del Grupo de Delitos Complejos y la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales se llevó a cabo en los departamentos de Orán y General San Martín. Esta labor investigativa se centró en la supuesta organización delictiva liderada por Cristian Palavecino, alias “El Gringo”, y se basó en evidencias que apuntan a Delfor Sandoval como integrante de la misma. 

Este domingo, 3 de noviembre, a las 00:58 horas, se detectó en la vía pública, frente a la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Embarcación, la presencia de un individuo con pedido de captura vigente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Tras su identificación como Delfor Rogelio Sandoval, fue inmediatamente demorado por el personal de este grupo.

Inmediatamente se dispuso informar al Juzgado de Garantías en Turno del distrito de Tartagal solicitando la detención y el secuestro de varios elementos, incluyendo teléfonos celulares, pendrives, dinero en efectivo y una camioneta.

La causa Abra de Sol se inició en diciembre del 2022, luego de que individuos enmascarados ingresaron a la empresa ubicada en la calle Arenales de Orán, armados y utilizando violencia física, sometiendo al personal y directivos, y apropiándose de una cantidad significativa de dinero y pertenencias.

Reunión de trabajo entre Ministerios Públicos de Salta y fuerzas de Seguridad de la Nación

La Secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, participó hoy de una reunión de trabajo en la sede de la Procuración General de la Provincia de Salta, junto a autoridades de los Ministerios Públicos de Salta y los maximos jefes de distintas fuerzas de seguridad de la nacion. El encuentro tuvo como objetivo principal trabajar en la coordinacion de la actuación de las Fiscalías y el control de fronteras en el norte provincial.

La reunión, encabezada por la secretaria de Seguridad de la Nacion, junto al procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y el fiscal coordinador de Distrito Salta del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Eduardo Villalba, contó con la.participación en representación de las fuerzas federales, del director nacional de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), comandante General Claudio Brilloni; el prefecto nacional naval de la Prefectura Naval Argentina (PNA), Guillermo Giménez Pérez; y el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Rolle.

Por parte del Ministerio Público Fiscal de Salta, participaron el secretario de Políticas Criminales, Gaspar Solá, el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; y la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse. Además, asistieron los directores nacionales de Control de Vigilancia de Frontera, Gustavo Ferrabugt y Virginia Cornejo; la auxiliar fiscal de PROCUNAR NOA, Mariana Gamba; y la auxiliar fiscal federal, Roxana Wall.