Piden jury de enjuiciamiento contra un Fiscal Penal

El fiscal ante la Corte Nº1, Eduardo Sylvester, formuló acusación en contra del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón por mal desempeño y solicitó que se inicie el proceso a fin de que sea removido del cargo que ostenta y se lo inhabilite para ocupar cargos públicos.

La acusación del Fiscal ante la Corte Nº1, se basó en seis hechos vinculados con mal desempeño por demoras en casos de abusos sexuales, de violencia de género, irregularidades en el manejo de dinero secuestrado, órdenes en causas de otras provincias y coacción a gendarmes e inoperancia e ineficacia procesal en un robo con armas, además del juicio político anterior solicitado anteriormente y las sanciones y sumarios que pesan sobre el funcionario denunciado.

Demoras en casos de abusos sexuales. En uno de ellos, la madre de una niña de 15 años con retraso madurativo denunció  un hecho de abuso, que tuvo como testigo a una hermana y que fue amenazada por el agresor. La denuncia fue puesta en conocimiento de Cazón el 30 de marzo de 2017. No obstante el gravísimo tenor de la denuncia, el Fiscal no realizó ninguna medida procesal hasta el 29 de abril de 2019, es decir más de 2 años después del hecho delictivo, cuando recién promovió acción penal porque el acusado fue detenido en la vía pública.

En otro caso, el 15 de mayo de 2017, los padres de una menor radicaron denuncia en la propia Fiscalía de Salvador Mazza, en contra del profesor de su hija. Cazón ordenó inicialmente la realización de una Cámara Gesell y requirió informe al médico legal de la policía, pero no adoptó medida alguna a fin de avanzar en la investigación hasta más de un año más tarde, el 24 de octubre de 2018, cuando solicitó la detención del presunto acusado.

Violencia de género: En un expediente por violencia, abusos y privación ilegítima de la libertad, el fiscal Cazón y la defensa llegaron a un acuerdo para solicitar juicio abreviado a favor del imputado. Al citarse a la mujer víctima del delito, dijo que en los días previos al acuerdo “la llamó al celular de su padre un número que desconocía, le dijo que era el Fiscal y le dio a entender que si ella le daba plata o tenía sexo con él, el imputado iba a seguir preso”. También relató que un familiar del imputado le manifestó que él nunca iba a llegar a estar preso porque le pagaba al Fiscal. La grave denuncia fue publicada en la página de Facebook del canal de televisión VIDEOTAR de Tartagal, a raíz de lo cual Cazón pidió derecho a réplica y fue convocado al piso para una entrevista, durante la cual sostuvo una dura discusión con la periodista Mabel Carrizo, a la que calificó de “abortera” en distintas ocasiones. Carrizo denunció la violencia de género del fiscal Cazón. En la causa judicial iniciada, la jueza de Violencia Familiar y de Género de Tartagal consideró que la situación encuadraba como un supuesto de violencia de género e intimó a Cazón a abstenerse de ejercer actos de violencia y lo obligó a realizar capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres.

Irregularidades en el manejo de dinero secuestrado. En por lo menos dos causas por tenencia de estupefacientes para comercialización, el fiscal Cazón omitió cumplir con la ley 7838 que lo obliga a hacer el depósito del dinero secuestrado en una cuenta bancaria. En una de ellas, el juez interviniente rechazó un pedido de devolución del dinero, no obstante lo cual Cazón, que estaba notificado de esa decisión, mediante una confusa llamada telefónica indujo a un efectivo policial a devolver el dinero, aún cuando el expediente ya había sido elevado a juicio.

En otro caso, no contestó los requerimientos judiciales para informar dónde estaba el dinero secuestrado y después de varios informes policiales haciendo saber que la plata no estaba en esa sede, sugestivamente apareció en la policía un sobre con el dinero luego de que el Juez iniciara una investigación al respecto. Se constató, además, que el fiscal Cazón se negaba a recibir los secuestros, lo que obligaba a los efectivos policiales a tenerlos en un armario sin registro.

Órdenes en causas de otras provincias y coacción a gendarmes. En ochocasos en los cuales funcionarios de Gendarmería o Migraciones realizaban un control en la frontera, se detuvo a ciudadanos que tenían pedido de captura ordenado por tribunales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy. Ante las dificultades para contactar con los juzgados respectivos, se consultó al fiscal Cazón, quien, lejos de reconocer su incompetencia y  absoluta falta de jurisdicción en esos casos, decidió por sí mismo, sin consulta a los jueces de las causas y dispuso la libertad de los detenidos. Un juez de CABA, advirtiendo la notoria irregularidad, la puso en conocimiento de la entonces Procuradora General de la Nación, que dispuso remitir las actuaciones a Salta, donde se inició una investigación.

Los gendarmes intervinientes relataron en un primer momento que el fiscal Cazón había dado las órdenes de libertad. Sin embargo, poco después presentaron notas en las que cambiaron su versión por supuestos errores involuntarios al citar al Fiscal jurisdiccional. Citados nuevamente los gendarmes, declararon bajo juramento que en realidad sí fue el Fiscal Cazón quien dio las órdenes y que el cambio de versión obedeció a que días después de sus primeras declaraciones, el fiscal los contactó personal y telefónicamente y los presionó para que modificaran sus dichos. Los gendarmes hablaron de presión, insistencias constantes, coacciones y consecuencias jurídicas si no sucedía lo que él pedía.

Inoperancia e ineficacia procesal en un robo con armas. El dueño de una camioneta charlaba con un amigo en Salvador Mazza; y su esposa y dos hijas menores de edad, estaban dentro del vehículo. De una motocicleta bajaron tres personas que con armas de fuego, amenazaron y apuntaron constantemente a todos e intentaron arrancar la camioneta con la mujer y niñas dentro. Les permitieron bajar y robaron la camioneta, en la que escaparon.

La investigación del fiscal Cazón fue tan pobre e incompleta, que al dictar sentencia los jueces la calificaron de “deficiente, paupérrima e  ineficaz” y expusieron que no se hizo reconocimiento en rueda de  personas ni careos, ni desgrabación de las cámaras de seguridad; ni croquis ilustrativos; ni  reconstrucción del hecho; ni examen del contenido de los teléfonos; ni descripción del arma.

Señalaron además que Cazón dejó vencer todos los plazos legales para ofrecer pruebas, lo que generó que el Tribunal no pudiera valorar en su real contexto el hecho ilícito ni valorar prueba alguna y que pretendió introducir en forma extemporánea, durante los alegatos, en otra sala del Tribunal de Juicio, el ofrecimiento de prueba omitido. Además, resaltaron que Cazón, al acusar, no mencionó la utilización de las armas de fuego relatadas por las víctimas; imputó como tercero involucrado a una persona sin ninguna prueba y respecto de otro imputado, requirió una pena menor a la del mínimo legal sin justificar su postura. 

Juicio político anterior, sanciones y sumarios Las irregularidades en el manejo de los expedientes y la inidoneidad del fiscal Cazón constituyen una verdadera regla de conducta reiterada a lo largo del tiempo, sostuvo Sylvester en su denuncia.

  • En 2016, se pidió el juicio político del fiscal Cazón por su desastrosa investigación en el caso de la violación en banda en perjuicio de la niña wichi cuyo caso se conoce como “Juana”, quien fue víctima de abuso por parte de al menos ocho sujetos, el 28 de noviembre de 2015 en el paraje Alto la Sierra.
  • En 2017, el ex Procurador General, aplicó al Fiscal Cazón la sanción de multa del 15 % de su remuneración por no haber producido avances en la investigación en un conflicto gremial en la Municipalidad de Salvador Mazza a pesar de hacer recibido 28 denuncias.
  • En 2019, se aplicaron al fiscal Cazón las sanciones de suspensión por el término de 20 días y multa del 20% de su sueldo, decisión que fue confirmada por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público. En las actuaciones se comprobó que: a) el fiscal Cazón no obstante encontrarse de licencia concedida, continuó ejerciendo actos propios de la función de Fiscal Penal; b) reiteradas inobservancias en 21 casos a los plazos fijados en el Código Procesal Penal, lo que provocó el cierre definitivo del proceso o la libertad del imputado o la imposibilidad de justificar la acusación en audiencia de debate por falta de pruebas para producir, por no haber observado el Fiscal Cazón la debida diligencia; c) otras siete causas en las que se comprobaron demoras injustificadas en el desarrollo de la investigación; d) 18 causas con incumplimientos en la motivación de los requerimientos fiscales, provocando el rechazo por el órgano jurisdiccional; e) también se constató el desorden en que el Fiscal Cazón tenía las actuaciones bajo su custodia.
  • Actualmente, se encuentran en trámite ante las Fiscalías de Impugnación cuatro sumarios administrativos dispuestos por Procuración General y numerosas denuncias en contra del Fiscal en cuestión, que están en trámite en esa sede.

En su presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento, el fiscal ante la Corte Eduardo Sylvester, expresó que “aún cuando la cantidad de irregularidades graves en el proceder del fiscal Cazón es enorme, acuso sólo por hechos que pueden corroborarse fácilmente con la prueba incorporada en expedientes judiciales y administrativos”, los cuales pidió que sean requeridos, además de los testimonios ofrecidos.

Y consideró que el mal desempeño del fiscal penal Jorge Armando Cazón que se demuestra en la presente acusación, es causal suficiente para se inicie el proceso de juicio político y se lo remueva del cargo de Fiscal de Salvador Mazza, inhabilitándolo de por vida para ocupar cargos públicos.

Ciberdelincuencia: El Ministerio Público Fiscal de CABA asesora al MPF de Salta

El procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, firmó un convenio específico de colaboración con su par Juan Bautista Mahiques, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), por el que éste asesorará en la organización y gestión de la Fiscalía especializada en ciberdelincuencia, cuya creación fue promulgada en 2019.

El convenio establece que el equipo de trabajo de Salta realizará capacitaciones, charlas virtuales, encuentros presenciales y trabajo en conjunto con sus pares de Buenos Aires y especialmente, teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal de CABA ha constituido la lucha contra la ciberdelincuencia como uno de los ejes institucionales fundamentales de su política criminal. Todo ello, porque las acciones ilícitas cometidas a través de medios digitales impactan en la seguridad pública y en los derechos individuales de las personas afectadas.

A fin de programar, orientar y coordinar las actividades, el Procurador General designó a la secretaria General de Política Criminal del MPF de Salta, Sofía Cornejo, como coordinadora y el Ministerio Público de CABA hizo lo propio, con la fiscala de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones, Daniela Dupuy.

Cabe recordar que en diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo Provincial promulgó la ley que establece la creación de una Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia, con competencia en todo el territorio salteño y con asiento en el Distrito Judicial del Centro. La Fiscalía todavía no funciona.

La Fiscalía tendrá a su cargo la investigación y persecución de delitos, cualquiera sea su naturaleza, siempre que para su comisión sean utilizados medios informáticos y sus derivados cometidos a través de la red. Se entiende por “delito informático” a toda acción u omisión así prevista como tal en la legislación penal argentina, que fuera dirigida hacia medios informáticos, o bien que se concretara mediante la utilización de estos. Serán funciones de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia: intervenir en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos.

El MPF, dentro del Sistema Integrado de Violencia de Género nacional

La fiscala penal de UFEM, Mónica Poma, participó del encuentro en el que funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, se instruyeron sobre la modalidad de trabajo para aportar al SICVG. En mayo pasado el Procurador General firmó el acuerdo con la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el marco de la primera reunión del Consejo Federal de Prevención de femicidios del NOA.

Durante la reunión del Consejo, celebrada en Tucumán el 4 de mayo último, el procurador general Abel Cornejo y la ministra Gómez Alcorta, firmaronel Acta Complementaria de Cooperación Técnica en materia de Gestión de la Información, a través de la cual, ambas partes acordaron el intercambio de información estadística y registros en materia de género, igualdad y diversidad, y en particular en relación a los casos, consultas, denuncias y otros datos de interés vinculados a las violencias por motivos de género. Todo ello, en el marco del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.    

El SICVG es una herramienta para registrar, procesar y analizar información sobre las consultas y denuncias por violencia de género, propuesta por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, que dará continuidad al Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM). El acuerdo con el MPF de Salta, incluye adoptar medidas de coordinación y acción en común en materia de gestión de la información, estadísticas e indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos.

El SICVG funciona en la órbita de la Dirección Nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información de la Unidad De Gabinete de Asesores del Ministerio y tiene como objetivo, sistematizar la información disponible sobre casos de violencia por motivos de género y de constituir una herramienta de consulta y seguimiento que permita el diseño políticas públicas sobre un sustento empírico del fenómeno de la violencia a nivel nacional. También constituye una herramienta de articulación y consulta para los gobiernos provinciales y municipales, organismos de la Administración Pública Nacional y los poderes judiciales y Ministerios Públicos de las provincias, como es el caso del Ministerio Público Fiscal de Salta.

La fiscala de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, destacó la posibilidad de que a través de datos fehacientes de las provincias, Argentina cuente con un Sistema para la  producción del diagnóstico nacional en materia de violencias por motivos de género y que mejore la definición de políticas públicas sobre violencia de género y femicidios.

La convocatoria de presentación del SICVG reunió a los organismos estatales de la Provincia que trabajan en la temática. Asistieron funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, que intervienen en la asistencia y asesoramiento, investigación y sanción de casos de violencia de género.

Juraron nuevos auxiliares fiscales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento este lunes a los abogados Roque Javier López Hinojo y Mario Luciano Boglioli.

Los nuevos auxiliares de Fiscalías Penales, quienes se desempeñarán en fiscalías del Distrito Judicial del Centro, resultaron elegidos después de atravesar por un concurso público de antecedentes y oposición.

Así lo establece el Art. 13 de la Ley 7328 (Ley orgánica del Ministerio Público), que precisa que los funcionarios, profesionales auxiliares y el personal del Ministerio Público son designados por el Colegio de Gobierno, previo concurso conforme a lo dispuesto por el artículo 166 inciso h) de la Constitución Provincial, y en cumplimiento de los criterios objetivos de selección dispuesto por el artículo 64, inciso 2) de la Carta Magna.

Los nuevos funcionarios serán asignados a Fiscalías Penales del Distrito Judicial Centro.

El Procurador se reunió con familiares de Estéfano Barrios

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se reunió vía remota con familiares de Estéfano Barrios, fallecido el 26 de abril pasado, en Salvador Mazza. Junto a su abogado, expresaron preocupación por la libertad otorgada a los dos imputados por el Juzgado interviniente, entre otros puntos.

Durante el encuentro, en el que participaron el padre y hermano de Estéfano; Jorge y Gabriel Argelino Barrios, respectivamente; el médico Benito Mena, y el abogado Héctor José María Salomón, el procurador los escuchó y se comprometió a pedir informes sobre la investigación en cuestión.

Procurador Cornejo

También les recordó que de conformidad a la Ley Nº 7328, -Ley orgánica del Ministerio Público-, el Procurador General ejerce la jefatura de los fiscales de todos los fueros, pero no puede dirigir las investigaciones, cuyos responsables son los fiscales, que cuentan con total autonomía para investigar.

“Mi obligación es escucharlos e interesarme en cada punto señalado por ustedes, ante una situación sumamente delicada y dolorosa”, dijo el Procurador a la familia, al tiempo que se comprometió a esperar los informes del Fiscal interviniente y corregir la investigación, si efectivamente hubiera faltado alguna pericia o elemento de prueba.

El caso, en el que interviene el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, se inició con la muerte de Estéfano Alexis Leonardo Barrios, de 28 años, quien falleció la madrugada del lunes 26 de abril pasado. Están imputados por la supuesta comisión de homicidio culposo, el oficial subayudante Gabriel Alejandro Pereira y el sargento ayudante Ariel Miranda, en grado de coautores.

Fortalecen el trabajo conjunto entre INADI y el Ministerio Público Fiscal de Salta

Hubo más de 120 consultas al INADI durante el primer semestre del año, en los que el área jurídica debió brindar asesoramiento principalmente en hechos referidos a orientación sexual e identidad de género, discapacidad y salud. El Ministerio Público Fiscal y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo trabajan de manera conjunta en la erradicación de actos de discriminación en general, y de xenofobia y racismo en particular.

En el marco del trabajo conjunto que llevan adelante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio Público Fiscal para erradicar actos de discriminación, el abogado Edgardo Torrejón, intervino en 120 consultas en el primer semestre de 2021.

Los motivos por los que Torrejón debió brindar asesoramiento principalmente fueron orientación sexual e identidad de género, pueblos originarios, migrantes, discapacidad y salud. En cuanto a los ámbitos, el laboral ocupa el primer lugar y Educación y Salud, le siguen inmediatamente después.

Como parte de su tarea en el INADI, el abogado del Ministerio Público Fiscal recibe consultas sobre posibles casos de discriminación, asesora y acompaña a las víctimas en todo el proceso para que avancen en la radicación de su denuncia.

Además, realiza gestiones ante otros organismos a fin de acercar soluciones que eviten las situaciones de discriminación planteadas.

Cabe recordar que en abril de 2020, el procurador General de Salta, Abel Cornejo, firmó un convenio de cooperación con la titular del INADI, Victoria Donda, y cuyo delegado en Salta es el funcionario Gustavo Farquharson.

El acuerdo contempla acciones conjuntas entre ambos organismos y que tienen como fin concientizar y prevenir sobre los distintos tipos de actos discriminatorios bajo pretexto de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual.

También se contemplan la discriminación por edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente.

En ese marco, la Procuración General destinó recursos humanos para asegurar el asesoramiento y colaboración a la Delegación Salta del INADI y designó al abogado Edgardo Torrejón, afectado a cuestiones propias del organismo nacional.

Para realizar consultas o denuncias se puede llamar al 4218758 o al 168, escribir al WhatsApp del INADI +54 9 11 3696-6292 o enviar un mail a salta@inadi.gob.ar.

Sanción definitiva para la creación de la Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Vial

La Cámara de Senadores sancionó en definitiva el Proyecto de Ley en Revisión, por el cual se crea una Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Viales y un cargo de Fiscal Penal. El proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La unidad especializada busca aunar criterios de actuación para una efectiva respuesta a los ilícitos penales contra la seguridad vial, garantizando la unidad de criterios; así como dotar a la estructura judicial de una infraestructura acorde. El Proyecto de Ley fue presentado en febrero pasado por el procurador General de Salta, Abel Cornejo.

Su creación permitirá aunar criterios de actuación para una efectiva respuesta a los ilícitos penales contra la seguridad vial, garantizando la unidad de criterios en esta materia; así como dotar a la estructura judicial de una infraestructura acorde, que disponga de personal altamente calificado y especializado.

La Fiscalía Especializada en Delitos Viales permitirá tratar de forma exclusiva y especializada a los delitos de tránsito, reduciendo los tiempos de respuesta a las víctimas de siniestros viales. Además, las causas que ingresen a la unidad serán recibidas por profesionales con conocimientos especiales en la materia.

Los legisladores expusieron la necesidad de contar con una fiscalía especializada en materia vial en Salta, no sólo por los altos índices de siniestralidad vial que registra la provincia, sino particularmente porque, desde una perspectiva jurídica, el tratamiento habitual de las causas no responde a las necesidades de las víctimas ni a un adecuado tratamiento para el imputado promedio en estos hechos.

La iniciativa presentada por el Procurador General, permitió que Salta se convierta en la primera provincia en crear por ley una fiscalía especializada en materia vial.

Cabe destacar que el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta también se expresó a favor de la iniciativa, declarando de interés la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Viales.

Rosa Torino: El Procurador recibió a las tres víctimas

El procurador general de la Provincial, Abel Cornejo, junto a la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, recibieron a las víctimas que denunciaron penalmente por abuso sexual al sacerdote Agustín Rosa Torino.

El sacerdote está acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración, agravado por ser ministro de culto reconocido, en perjuicio de dos víctimas; y de abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de culto reconocido, en perjuicio de una tercera.

Durante el encuentro, el Procurador brindó su solidaridad y apoyo a las víctimas Valeria Zarza, Yair Gyurkovitz y Jonatan Alustiza, quienes radicaron las denuncias penales en contra del acusado y sostuvo que si no fuera por ellos “hubiera sido imposible llegar al juicio contra este monstruo”.

En tanto, las víctimas agradecieron al Procurador y a la Fiscala por abrirle las puertas y agradecieron la contención y la custodia, por temor al acusado.

Durante el juicio, las tres víctimas ratificaron los abusos

El primero de ellos fue Yair Gyurkovitz, uno de los exnovicios, quien durante el inicio del juicio sostuvo que ingresó a la comunidad religiosa en 2010 y que en 2012 fue trasladado a Puerto Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, donde sufrió abusos por parte de otro sacerdote.

Afirmó que en 2014 fue llamado por Rosa Torino, por lo que volvió a Salta. Precisó que los abusos por parte del imputado, ocurrieron en Palermo Oeste, Cachi y en Finca La Cruz, con fecha imprecisa y durante 2014.

También indicó que la mayoría de los abusos, ocurrieron en la sede ubicada en Santa Fe 1247, de la capital salteña.

En tanto, este miércoles declararon la exmonja Valeria Zarza y el otro exnovicio, Jonatan Alustiza, quienes llegaron a Salta para declarar y partirán este jueves hacia sus respectivos lugares de residencia.

La primera en declarar fue Zarza, quien ingresó a la congregación en 1997. A partir del 2000, estuvo en el círculo privado del imputado. Sostuvo que fue víctima de tocamientos desde ese año por parte del acusado y que jugaba un papel de mediadora entre el sacerdote y otros miembros de la comunidad, por el fuerte carácter del acusado, quien solía humillar a las personas.

Indicó que a fines de 2004, le dijo al acusado que escuchó durante retiros espirituales sobre abusos. El sacerdote le gritó y le pidió nombres.
El imputado le dijo que eran comunes los juegos sexuales y que cualquier cosa, le avisara.

Luego, fue trasladada a México, donde durante un retiro espiritual, también escuchó sobre abusos.

En octubre de 2010 regresó a Salta y comenzó con ataques de llanto y dolores en el cuerpo. Afirmó que le llevó mucho tiempo entender lo que sucedía y pensó que si denunciaba, traicionaría al imputado.

Sostuvo que dentro de la congregación, los hacían pasar por locos cuando se hablaba de abusos y que muchos integrantes, incluida ella, fueron tratados con medicamentos psiquiátricos recetados por un médico clínico relacionado con alguien de la comunidad, quien recetó drogas tales como clonazepam.

La exmonja rompió en llanto al relatar que el acusado se burlaba de su cuerpo con comentarios groseros y que dijo muchas veces que “las mujeres no sirven”.

Detalló que de 2000 a 2004 fue sometida a tocamientos por parte del acusado, con chirlos y roces en sus partes íntimas.

Precisó que realizó denuncias canónicas en 2015 en San Isidro, Buenos Aires, pero que solo fueron por las humillaciones del acusado, porque no había internalizado los abusos hasta ese momento.

En tanto, el otro exnovicio víctima, Alustiza, Salta, pidió declarar sin las presencia del acusado.

Precisó que ingresó a la comunidad en 2009, a los 14 años y también afirmó que fue abusado por el sacerdote de Puerto Santa Cruz, en el sur del país y abusado en 2013 en Salta por el acusado, tras acercarse a contarle sobre los hechos del sur.

Relató que al pedirle ir al médico por supuesto varicocele, el sacerdote se negó y le explicó sobre la enfermedad. El imputado lo invitó a pasar a su habitación, donde lo sometió a tocamientos. Le dijo luego que estaba todo bien y que no contara nada de lo ocurrido.

Sostuvo que sintió vergüenza y culpa, entrando luego en depresión e intentos de suicidio. El testigo rompió en llanto y dijo que en 2016 recién pudo hablar con su pareja sobre lo ocurrido.

Por último, relató que días después del abuso, escapó de la congregación, porque no lo dejaron salir.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate que se desarrolla en la Sala IV Tribunal de Juicio.

El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a la defensora oficial Civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz

Tras escuchar los alegatos del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y de los abogados defensores de la acusada, Rosa Fabiola Díaz, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó de su cargo, en decisión unánime, a la defensora oficial Civil 1 de Tartagal. También dispuso inhabilitarla para ejercer cargos públicos por el plazo de ocho años. El veredicto ordenó, además, remitir la documentación presentada por el procurador general Abel Cornejo al Fiscal Penal que por turno corresponda.

La última jornada del juicio contra la acusada, inició con el alegato del procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien afirmó que todo lo que vinieron sosteniendo tanto él, como el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, durante todo el juicio, “está absolutamente acreditado, demostrado y probado en este juicio“.

Las causales de destitución fueron mala conducta, mal desempeño y falta de los deberes a cargo de la magistrada de la Defensa.

Cornejo calificó al juicio como “inaudito y sin precedentes”, por el hecho de que confluyeron el Defensor General y el Procurador General en la necesidad de generar el proceso de remoción, al tiempo que remarcó que ello ocurrió mientras ambos magistrados se encontraban “en un proceso de incertidumbre, debido a intimidaciones, acusaciones y una campaña difamatoria previa, con el único fin de hacer retroceder las instituciones del Estado”.

Por ello, el Procurador recordó los mecanismos constitucionales por los que se puede someter a juzgamiento a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, y que hubiesen sido los correctos, porque hay un proceso expreso en la Carta Magna y que no es “con insultos ni con difamaciones ni generando esa suerte de decaimiento de instituciones del Estado”.

Inmediatamente después, el Procurador repasó las pruebas y testimonios recabados durante el juicio en torno a la denuncia de haber retenido y vendido junto a su hermana Paola Díaz y su madre -hoy fallecida- en el inmueble de propiedad de su madre, donaciones efectuadas por la “Fundación Los Nobles” de la provincia de Santa Fe, las que, además de no ser entregadas a sus destinatarios (comunidades aborígenes de la zona) habrían sido comercializadas en distintos lugares de esa ciudad.

En el caso conocido como “Jacoba” Olarte”, Díaz fue acusada de haber participado en una venta simulada de un bien inmueble de Joaquín V. González, del departamento Anta. La supuesta venta se realizó entre la pareja de su hermana Paola Díaz, Gustavo Mónico Marcelo Serrano y Olarte. Por este caso, Rosa Fabiola Díaz fue imputada por el delito de abuso de autoridad. Y ella y su hermana, Alejandra Paola Díaz también fueron imputadas por el delito de usurpación y robo en concurso real, en el mismo caso.

Sobre la causal de mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, Cornejo recordó que se la acusó de haber incumplido de forma grave y reiterada obligaciones y deberes funcionales de tipo formal y material. Se le atribuyó la existencia de 150 casos correspondientes a los años 2017-2020 en los cuales no existen razones para que la Defensora a cargo del servicio no haya iniciado trámite o actuación judicial. De los 150 casos referidos, 29 de ellos fueron clasificados como casos “testigos”.

Posteriormente alegó la defensa de la acusada. Uno de los abogados, repudió cualquier expresión ofensiva que se haya vertido en contra del Procurador y manifestó su solidaridad con el funcionario.

Finalmente, hizo uso de la palabra la exdefensora oficial de Tartagal, Rosa Díaz. La decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue la de la destitución de la defensora oficial de Tartagal, Rosa Fabiola Diaz e inhabilitarla por ocho años para ejercer cargos públicos.

Los fundamentos se conocerán el martes 6 de julio, a las 11.

Investigadores opinarán sobre la Reforma del Código Procesal Penal de Salta

La Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de Salta se reúne los viernes, vía remota. Esta semana contarán con el aporte de especialistas del CIF y de la UBA, que expondrán sobre las necesidades procesales para el tratamiento de la evidencia digital en la actualidad y la proyección de una futura reforma de ese ordenamiento legal.

El cronograma de consultas a especialistas en ciberdelitos fue elaborado por la Comisión de Reforma que coordina la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo y que es asesorada legal y técnicamente por el abogado especializado en evidencia digital y director de la Carrera de Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Marcos Salt. La Comisión de Reforma, que eleva quincenalmente a la Procuración General los avances del proyecto, está integrada también por el secretario de Justicia, Diego Sebastián Pérez; el director del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, Informática y Nuevas TICs del Colegio de Abogados y Procuradores, José Aráoz Fleming y representantes de universidades.

Este viernes, el nuevo encuentro contará con las exposiciones del director del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF, Omar Dávila; el ingeniero Eduardo Mauricio Guaimás, del Gabinete Informático Forense del CIF y especialistas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Próximamente, serán convocados distintos fiscales, quienes también expondrán sobre medios de prueba y a partir de su experiencia, acerca del enfoque legal sobre el cual debería avanzarse para el necesario cambio de paradigma del proceso penal en el tratamiento de la prueba en investigaciones penales.

En ese marco, el procurador Abel Cornejo recordó la necesidad de actualizar la regulación actual, a la luz de los lineamientos previstos en el Convenio sobre Ciberdelincuencia, aprobado en Budapest en el año 2001 y del cual Argentina forma parte.

Y precisó que  la evidencia digital ya no se restringe a delitos específicos porque la dinámica social y tecnológica, amplió el concepto de los crímenes informáticos. “La prueba informática se incluirá en la investigación de cualquier conducta delictiva y en todos los casos va a ser necesaria la evidencia digital, más la consecuente modificación normativa para no perderla y poder someterla a todo el proceso investigativo”,  ratificó Cornejo.