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Estado presente y afianzamiento de derechos, claves contra la violencia institucional

El Procurador General de la Provincia recibió este martes a autoridades de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, con quienes ratificó la necesaria articulación entre organismos para morigerar y tender a la eliminación de hechos de violencia institucional. Trabajo territorial, formación de efectivos policiales y de operadores de justicia y acompañamiento a las víctimas, fueron ejes del intercambio.

El procurador general de la provincia de Salta, Abel Cornejo, recibió al secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino; a la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol y a la delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales My.

Durante el encuentro, los presentes actualizaron información sobre el sistema integrado de denuncias, que permite que Nación -a través de su línea 0880- y el MPF de Salta, -mediante el registro de denuncias web-, intercambien información referida a hechos de violencia institucional; la necesaria capacitación de efectivos de la Policía de la Provincia y operadores del sistema de justicia en materia de Derechos Humanos y otros aspectos referidos al acompañamiento de las víctimas. Entre el 1 de enero y el 13 de octubre último, la Fiscalía de Derechos Humanos de Salta, ya había recibido 2101 denuncias.

“La pandemia por Covid hizo más visible la violencia institucional y ratificó que el Estado debe estar presente y acompañar a las víctimas”, afirmó Di Toffino, al tiempo que destacó distintas acciones que permitieron empoderar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de 2019 a esta parte, para intervenir activamente en contra de la violencia institucional y otros hechos contrarios a los Derechos Humanos.

Di Toffino y Cornejo

“Cuando hablamos de Derechos Humanos hoy, no nos remitimos exclusivamente a Memoria, Verdad y Justicia y los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, sino a los avasallamientos contra Derechos Humanos de efectivos de fuerzas de seguridad, al avance en contra de los pueblos originarios y otros, de total actualidad”, explicó el funcionario. Sin embargo, Di Toffino enfatizó que si el Estado no reconstruyera los fundamentos éticos cada vez que avanza con justicia y en contra del genocidio cometido en Argentina, “no tendría autoridad moral para poner en agenda el avance actual sobre los derechos de las ciudadanas y ciudadanos”.

El procurador Cornejo destacó la necesaria mirada transversal de la sociedad y especialmente del Estado sobre los Derechos Humanos y dijo que velar por su cumplimiento efectivo es una cuestión “de civilización y no de ideología”. Por ello, destacó que la política del Ministerio Público Fiscal es “afianzar derechos” y que las acciones que desde aquí se definen, tiendan a reducir el nivel de conflictividad social. En ese sentido es que las mediaciones penales han permitido alcanzar acuerdos entre partes y minimizar y cerrar conflictos sobre tierras, ocupación del espacio público y con trabajadores docentes, entre otros.

También anticipó a los funcionarios nacionales que el MPF contará con un Mapa del Delito desarrollado de acuerdo a nuevos indicadores, vinculados con las condiciones de las víctimas, la realidad social y otros aspectos que antes no se tomaban en cuenta. El Mapa permitirá focalizar acciones en zonas críticas de la seguridad.

Dónde denunciar violencia institucional

MPF de Salta

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

  • Atención telefónica al 0-800-122-5878
  • Vía Whatsapp al 11-4091-7352
  • Mail a denuncias@jus.gob.ar
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Capacitarán sobre Metodología de Investigación Cualitativa

Organizada por la Escuela del Ministerio Público de la Provincia, el miércoles 20 de octubre comenzará la capacitación sobre Metodología de la Investigación Cualitativa, que dictará la M.A. en Antropología Sociocultural – Ph.D Candidate Binghamton University – SUNY (A.B.D.), Graciela M. Labarthe,  destinada a magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias, asesores y asesoras del Derecho y profesionales de las Ciencias Sociales.

Los participantes accederán a los aspectos teóricos, metodológicos y técnicos del trabajo de investigación cualitativo y su posible aplicación en su práctica profesional.

El objetivo de este curso, cuya modalidad es virtual, es que los participantes reflexionen sobre aspectos teóricos, metodológicos y técnicos del trabajo de investigación cualitativa y su aplicación al desarrollo profesional. Están invitados a participar integrantes del Ministerio Público de Salta, Poder Judicial, Universidad Nacional de Salta, Universidad Católica de Salta y otras instituciones. Será abierto al público interesado.

El programa, que estará a cargo de la M.A. en Antropología Sociocultural – Ph.D Candidate Binghamton University – SUNY (A.B.D.), Graciela Labarthe, incluye el desarrollo de los siguientes temas: Método científico y métodos cualitativos; Conceptos centrales; Diseño de Investigación; Principales métodos y técnicas; Definición del problema de investigación; Análisis de datos obtenidos de la investigación y Elaboración del informe de Investigación.

Labarthe sostiene que “la cambiante situación política, socioeconómica y de salud global plantea importantes interrogantes en cuestiones de poder, justicia, etnicidad, género y sexualidad, familia, violencia, equidad y clase con relación al Derecho en sociedades complejas y sociedades aborígenes” y considerando todo ello, es que guía a este curso el intento de que los participantes “reflexionen sobre aspectos teóricos, metodológicos y técnicos del trabajo de investigación cualitativo y la posible aplicación en su práctica profesional”.

La duración del curso es de 40 horas, a lo largo de diez encuentros de 3 horas y 10 horas para lectura y elaboración de trabajos.

Más información en www.escuelampsalta.gov.ar

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Salta integrará la Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal

El procurador general de la provincia de Salta, Abel Cornejo, junto a sus pares del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, firmó un acta compromiso para la constitución de la Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal. Cornejo destacó el aporte del CEI a la investigación penal.

La firma del acta se produjo en oportunidad de la Asamblea Extraordinaria de Procuradores, convocada por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, el jueves último.

En ese marco, el procurador salteño recordó que desde que asumió en la función, en mayo de 2019, proyectó la forma de mejorar las habilidades de los auxiliares de justicia y por ello, resolvió la creación del Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal.  “Los investigadores civiles son la superación de la Policía Judicial”, ratificó Cornejo al compartir con sus pares el balance de lo realizado por los profesionales integrantes del CEI, desde su puesta en funcionamiento.

El CEI del MPF de Salta está integrado por profesionales informáticos, licenciados en seguridad, abogados, comunicadores sociales, licenciados en criminalística y criminología, trabajadores sociales, psicólogos, contadores y licenciados en administración de empresas, quienes participan de investigaciones criminales, bajo la dirección de los fiscales penales intervinientes.

Los procuradores y fiscales generales destacaron en el acta compromiso para la próxima constitución de la Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal, que el objetivo es llevar a cabo “acciones concretas e innovadoras, tendientes a propiciar mecanismos de coordinación y colaboración entre los órganos de investigación de los Ministerios Públicos Fiscales y/o Procuraciones de todo el país, profundizar la articulación y establecer líneas de acción y estrategias institucionales conjuntas, entre las policías judiciales y organismos similares”, siempre con el objetivo de mejorar las investigaciones penales.

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Inteligencia artificial, al servicio de los derechos

El director de la Escuela del Ministerio Público, procurador general Abel Cornejo, se reunió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el especialista en Inteligencia Artificial, Juan Gustavo Corvalán. El creador de Prometea (Sistema de inteligencia artificial al servicio de la justicia), es Co-Director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA y fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Ministerio Público Fiscal de CABA.

Es que la Escuela del Ministerio Público de Salta y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires acordaron un convenio marco de cooperación académica, del cual se desprendió un convenio específico para que los profesionales del MPF de Salta, puedan cursar programas de Posgrado de 30 horas del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial. Los posgrados se centran en Inteligencia Artificial, Consumo, Daños y Seguros, Inteligencia Artificial e investigaciones digitales y algorítmicas, Inteligencia Artificial, Redes Sociales y Perfiles Digitales Humanos e Inteligencia Artificial y Violencia de Género. También se aborda el enfoque multidisciplinario, Transformación Digital e Inteligencia Artificial en la Administración Pública e Inteligencia Artificial en la Justicia.

El convenio específico establece que 50 profesionales del Ministerio Público Fiscal de Salta, podrán acceder a becas para el Programa de Formación Multidisciplinario de Inteligencia Artificial, que dicta el IALAB de la UBA. Así, se generan capacidades profesionales centradas en la transparencia, interpretabilidad, trazabilidad y seguridad de datos.

Durante el intercambio entre Cornejo y Corvalán, el especialista en Inteligencia Artificial compartió su experiencia y formación como abogado y por qué, desde ellas, eligió especializarse en Inteligencia Artificial para comprender y participar activamente del desarrollo de sistemas destinados a agilizar y garantizar que la inteligencia artificial, esté al servicio de los derechos. En ese sentido, destacó la necesidad de migrar en Argentina hacia sistemas judiciales inteligentes, para que todo aquello que hoy ralentiza la respuesta al requerimiento de justicia, se vaya eliminando de los sistemas que soportan y asisten las investigaciones penales. En el mismo sentido, Cornejo apuntó a la urgente necesidad de que se priorice la inversión estatal en tecnología, -hardware y software-, pero especialmente la formación de recursos especializados, para que se encuentren a la altura de la demanda social y penal de hoy.

Con el procurador Cornejo, estuvieron la secretaria letrada de la Procuración, Fátima Ruiz y la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, quien intercambió con Corvalán, información actualizada sobre sistemas en vigencia y en desarrollo en Salta.

El convenio marco de cooperación académica fue firmado por Cornejo y el vicedecano de la Facultad de Derecho de la UBA, Marcelo Gebhardt. El convenio específico fue suscripto también por el Director de la Escuela del Ministerio Público y los secretarios de Administración y Académico de la misma Facultad de la UBA, Carlos Bedini y Lucas Bettendorff, respectivamente.

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Consejo Federal: 125 millones para Laboratorios de Ciencias Forenses, recursos extraordinarios ante la Corte y Ciberdelitos

El procurador general de Salta, Abel Cornejo participó este jueves en la Asamblea Extraordinaria de Procuradores, convocada por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, cuyo titular es Eduardo Quattropanni. Los procuradores acompañaron dos mociones de Cornejo y se interiorizaron sobre la nueva adenda al convenio de Cooperación con el Poder Ejecutivo Nacional, que permitirá acceder a $ 125.000.000 no reintegrables.

Los procuradores de todo el país acompañaron la propuesta del procurador salteño, Abel Cornejo, quien invitó a todos los Ministerios Públicos Fiscales del país a propender a la creación de fiscalías especializadas en Ciberdelitos, dado el auge de las tecnologías del último siglo, que significaron innumerables avances para la humanidad, pero también una serie de desafíos para las autoridades, legisladores  e investigadores. Es que todos ellos, se vieron en la necesidad de centrarse cada vez más en la persecución y sanción de los delitos cibernéticos, como la pornografía y explotación sexual de menores, el robo de identidad, acoso cibernético y otros. En Salta, dicha Fiscalía fue creada por Ley en 2019 y actualmente, se concursa el cargo de Fiscal especializado en Ciberdelincuencia. 

Por otra parte, el Consejo aceptó la moción del procurador Cornejo, de incorporar en el primer punto del próximo encuentro -previsto para el 18 de noviembre en Rosario de Santa Fe-, la propuesta de creación de una Oficina destinada a la interposición de recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de centralizar y agilizar la abundante tramitación que generan las fiscalías de todo el país ante el Máximo Tribunal de Justicia. 

La elección de Rosario como sede del próximo encuentro, no es casual. Allí, Ariel Cantero fue condenado a 28 años y seis meses de prisión por organizar balaceras contra blancos judiciales desde su celda. Significó una condena ejemplar que buscó dar una señal contra el crimen digitado desde las cárceles que tiene en vilo a la ciudad santafesina. Los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Avila celebraron el fallo del tribunal conformado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto, quienes consideraron al líder de Los Monos y a su banda como responsables de los ataques registrados entre mayo y agosto de 2018.

Según Marcogliese “fueron doce ataques con armas de fuego a instituciones y personas que representan al Estado, lo que significa al poder del miedo y de la violencia confrontando con el poder del Estado, que no es más que el de la sociedad en su conjunto».

Fondos para Laboratorios

Durante la Asamblea  Extraordinaria de Procuradores, los integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, -que preside Alejandro Gullé- y el Consejo Federal de Política Criminal, -cuyo titular es Eduardo Quattropanni-; se ocuparon de la relación institucional del Consejo con otros organismos, de las necesarias capacitaciones para todo el país y de la décima primera adenda al convenio de Cooperación para la Creación e Implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense, que firmaron oportunamente la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los Consejos de Procuradores y de Política Criminal.

La adenda establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asignará al Consejo, en carácter de aporte no reintegrable, la suma de $125.000.000 (ciento veinticinco millones de pesos) para cubrir la renovación de licencias de equipos UFED adquiridos por los Ministerios Públicos de las distintas provincias argentinas, y para la adquisición de equipos, instrumental complementario, sistemas e insumos para la actualización y modernización de los laboratorios y las morgues judiciales.

El Convenio de Cooperación rige desde 2010 y tuvo como objetivo principal, la creación e implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense, para brindar a la investigación todas las evidencias científicas imprescindibles, seguras, confiables y oportunas que se requieran en el proceso penal.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos transferirá los fondos en los próximos 120 días y posteriormente, los Ministerios Públicos de todas las jurisdicciones, tendrán que presentar un informe final de uso de fondos que certifique el destino de la totalidad de esos fondos transferidos, como se hizo desde la firma del convenio de Cooperación.

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El Colegio de Abogados busca mejorar la formación académica de jóvenes profesionales

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a las autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, quienes manifestaron distintas inquietudes vinculadas con el ejercicio de la profesión. Se destaca la posibilidad de capacitar con herramientas concretas a los recién egresados, para optimizar el conocimiento en cuestiones prácticas.

Con el Procurador, estuvieron el presidente de la institución, Pedro Burgos; la vicepresidenta, María Luisa Falconier Diez y el director José Daniel Aráoz Fleming, quienes manifestaron su interés en que el Colegio integre el Tribunal Evaluador para los cargos que se concursan en el Ministerio Público y que se trabaje en conjunto en la formación académica con herramientas prácticas para el ejercicio profesional liberal, tales como las funciones del Ministerio Público. Ello, para que al momento de litigar, los jóvenes profesionales conozcan el funcionamiento de la institución con mayor precisión.  

Entre otros planteos del ejercicio vinculado con el Ministerio Público Fiscal, las autoridades del Colegio solicitaron que se posibilite el acceso virtual a los legajos y que se flexibilicen algunas de las medidas adoptadas oportunamente en virtud de las restricciones sanitarias impuestas en virtud de la pandemia por Covid-19.

En ese marco, pidieron que se agilice la atención en fiscalías del interior y el Distrito Judicial del Centro, dada la flexibilización de restricciones en general, con respecto de la actual situación sanitaria. Esto es, eliminando turnos que hasta ahora se otorgaron por la necesaria restricción de público en las dependencias. Además, solicitaron que cese la posibilidad de tomar declaración indagatoria a través de aplicaciones de mensajería instantánea, para no afectar el derecho de defensa que acarrea la escasa conectividad en el interior de la provincia; y que la entrevista previa con los abogados, se haga presencial, porque al hacerlo vía telefónica podrían afectarse los derechos a la confidencialidad y la defensa, al no encontrarse solos los acusados cuando se produce la charla con sus defensores.

El procurador Cornejo destacó la posibilidad de conocer de primera mano las necesidades de los profesionales que se desempeñan en el ámbito privado, para mejorar el acceso a la justicia de cualquier ciudadana o ciudadano, ya que las y los abogados, son el nexo entre la búsqueda de justicia y el órgano acusador.

“El rol de los y las fiscales que conforman el MPF tiene fines y objetivos muy claros: defender los intereses generales de la sociedad y no solo lo determina nuestra Constitución, sino que al Estado y a la sociedad les interesa particularmente que se persigan todos los delitos. Y en las cuestiones no penales, el interés general reviste en la necesidad de asistir a toda la comunidad en la defensa de sus derechos”, finalizó Cornejo.

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El MPF medió entre el Registro Civil de Salta y una persona que pudo cambiar su identidad de género

Como parte de su tarea en el INADI, el abogado del Ministerio Público Fiscal realiza gestiones ante otros organismos a fin de acercar soluciones

El Ministerio Público Fiscal, a través de su delegado en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Salta, Edgardo Torrejón, intervino ante el Registro Civil de Salta a fin de llevar una solución a una salteña que solicitó su partida de nacimiento para poder concretar el cambio de su nombre de pila.

Emma Simone nació en Salta en 1995 y desde hace varios años se encuentra radicada en Tucumán. En diciembre de 2020, amparada por la ley 26.743 de Identidad de Género, inició los trámites en la vecina provincia para cambiar en el registro su nombre de pila.

De acuerdo a lo explicado por Torrejón, como parte del proceso, desde Tucumán solicitaron a la filial Salta, la partida de nacimiento correspondiente. Por la pandemia, y al tratarse de un trámite no urgente, el procedimiento sufrió demoras. Cuando comenzaron a regularizarse las actividades del Registro Civil de Salta, el delegado del Ministerio Público Fiscal, solicitó –infructuosamente- que dieran respuesta a Simone.

Con la sanción de Decreto 476/2021 –que habilitó a las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse con una tercera opción, que utiliza la letra «X»-, Simone insistió con su solicitud y Torrejón volvió a contactarse con las autoridades del Registro Civil local.

Luego de mantener reuniones con la asesora legal del Registro, Carina Colque, finalmente la partida de nacimiento de Emma Simone fue enviada a Tucumán, donde se realizó el cambio de su nombre de pila y se le entregó un DNI no binario.

Como parte de su tarea en el INADI, el abogado del Ministerio Público Fiscal recibe consultas sobre posibles casos de discriminación, asesora y acompaña a las víctimas en todo el proceso para que formalicen su denuncia. Además, realiza gestiones ante otros organismos a fin de acercar soluciones.

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El MPF y el INADI brindaron jornadas de formación y sensibilización en Cafayate

Ciento cincuenta agentes de la Comisaría N°60, del Hospital Nuestra Señora del Rosario y de la Municipalidad fueron capacitados con una perspectiva antidiscriminatoria por la  asistente Técnica del INADI, Sofía Müller, y el asesor legal del Ministerio Publico Fiscal, Edgardo Torrejón. El delegado del INADI Salta, Gustavo Farquharson  coordinó la actividad.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), junto al Ministerio Público Fiscal, dictó en Cafayate una capacitación al personal policial de la Comisaría N° 60, al personal del Hospital Nuestra Señora del Rosario y a los agentes municipales con el objetivo de generar espacios de formación y sensibilización.

Las “Jornadas de formación y sensibilización” -que fueron solicitadas por el Departamento de Género y Diversidad del municipio- tuvieron lugar este jueves y viernes y alcanzaron a 150 personas y se realizaron en el marco de una serie de cursos que viene realizando el INADI en las comunas de la provincia. “Necesitamos formar a todos los agentes públicos y capacitarlos con una perspectiva antidiscriminatoria, por eso estamos recorriendo los municipios con el objetivo de construir un Estado sin discriminación”, detalló el delegado del INADI Salta, Gustavo Farquharson.

Prácticas sociales discriminatorias, Discriminación por motivos de género, discriminación por motivos de diversidad sexual, Ley 26.485, Ley de identidad de género, fueron algunos de los temas sobre los que capacitaron en Cafayate, la asistente Técnica del INADI, Sofía Müller, y el asesor legal del Ministerio Publico Fiscal, Edgardo Torrejón.

El Ministerio Público Fiscal, a través del convenio de cooperación firmado por el procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, formó parte de las jornadas a través de Torrejón, quien está afectado al organismo nacional.

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El MPF reconoció el aporte de familiares de víctimas de siniestros viales en la construcción de una sociedad más justa

A través de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV) se reconoció el permanente apoyo recibido por parte de Estrellas Amarillas Salta, Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y Familiares Contra la Impunidad en Salta, en la lucha incansable que llevan a cabo en pos de la seguridad vial en la provincia.

El Ministerio Público Fiscal de Salta, a través de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV), reconoció en un emotivo acto, el valioso y permanente apoyo recibido por parte de Estrellas Amarillas Salta, Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y Familiares Contra la Impunidad en Salta, en la lucha incansable que llevan a cabo en pos de la seguridad vial en nuestra provincia.

Raúl Córdoba y Marcela López fueron los encargados de recibir los reconocimientos de manos del procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, quien minutos antes recalcó la hercúlea tarea de los familiares de víctimas de siniestros viales, que “fueron capaces de metabolizar el dolor en el trabajo por una sociedad más justa”.

“Los admiro porque hay gente, que tras vivir lo que les sucedió, no sabe qué hacer con el dolor y ustedes, con su lucha, fueron capaces de derrumbar muchos muros de impunidad», destacó Cornejo.

Por su parte, Raúl Córdoba –papá de Marco Córdoba fallecido en un siniestro vial en 2007- señaló que ya pasaron 14 años desde aquel segundo que les cambió la vida y que su objetivo es que la muerte de su hijo no haya sido en vano. “Buscamos que comprendan a la víctima”, precisó para luego lamentar la falta de acción por parte de la Justicia en lo que hace al cumplimiento de las inhabilitaciones para conducir y en la no aplicación de las penas establecidas en el artículo 84 bis (conducción imprudente) del Código Penal en Salta”.

En este marco, Córdoba destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Siniestros Viales como un logro del Ministerio Público Fiscal y consideró que es un gesto de apertura hacia los familiares de las víctimas.

El procurador Cornejo subrayó que la puesta en funcionamiento de la OPRIV y la sanción de la ley que establece la creación de la fiscalía especializada es una respuesta al permanente trabajo de asociaciones como Estrellas Amarillas Salta, Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y Familiares Contra la Impunidad.

“El éxito de esta Fiscalía será tener poco trabajo represivo y mucho constructivo. La misión de prevenir en el futuro los incidentes y la seguridad vial, excede en mucho a la seguridad ciudadana. Es una apuesta a la vida”, finalizó el Procurador General de Salta.

Del acto también participaron miembros de las tres organizaciones, la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández; la coordinadora General de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; la titular de la OPRIV, Clelia Poma; las secretarias de Política Criminal, Sofía Cornejo; y de Gestión Institucional, Ivana Flores, entre otros.

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Piden poner en agenda la discusión sobre mandatos de Jueces de la Corte

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la presidenta de la Comisión de  Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta, Jorgelina  Juárez, con quien dialogó sobre políticas públicas del MPF vinculadas con la materia y la próxima reforma de la Constitución de la Provincia.

La diputada Juárez se puso a disposición para trabajar en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal en temas específicos y mejorar la dinámica legislativa en aquellos temas atinentes a la investigación y sanción de delitos.

Durante el encuentro surgió el análisis de la convocatoria a la reforma constitucional que iniciará el próximo jueves 30, según lo prevé el decreto de invitación «a iniciar las sesiones sobre la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Salta en el recinto de la Legislatura», firmado por el gobernador Gustavo Sáenz.

La Asamblea Convencional Constituyente se circunscribirá -en forma exclusiva- a los siguientes artículos de la Carta Magna Provincial: 95 párrafo 1º, 103 párrafo 1º, 111, 137 inciso 4º, 140 párrafo 4º, 144 inciso 6º, 156 párrafos 1º y 3º, 169 Punto III párrafo 7º, 170 párrafo 2º, 171 inc. 2º y 172.

La ley 8.239 que habilitó la reforma establece la modificación del artículo 140 para limitar la cantidad de reelecciones del gobernador y el vicegobernador y se analizará el límite para intendentes y extensión de mandatos de concejales de dos a cuatro años. Se abordará el artículo 144 para adecuar a la nueva fecha de inicio del período de sesiones ordinarias el informe a la Asamblea Legislativa del mandatario provincial sobre el estado general de la Provincia y se habilita a los constituyentes a modificar la cantidad de reelecciones de los legisladores provinciales. Se prevé, además, la discusión sobre la integración de la Auditoría General de la Provincia.

Además, la Asamblea debatirá sobre el artículo 156, en sus párrafos 1 y 3, sobre jueces de Corte y jueces inferiores.

En ese marco, la legisladora y convencional electa afirmó que la Convención Constituyente para la Reforma “será un proceso muy importante para toda la Provincia, por lo que compartimos miradas y coincidencias” con el Procurador, al tiempo que consideró que de los puntos que serán analizados, el que debe ponerse en agenda de la ciudadanía, es el que modificará los mandatos de jueces de la Corte de Justicia de Salta, porque es necesario oponerse a la perpetuidad porque no es bueno para el sistema democrático.

Agregó que los convencionales electos, deben involucrarse e involucrar a la sociedad, porque no se llamó a plebiscito previo y hay desconocimiento de la ciudadanía.

Los Convencionales Constituyentes electos recibirán sus diplomas el próximo lunes 27 de septiembre, en dos actos que se realizarán en Ciudad Judicial.

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