El Ministerio Público avanza con el plan de optimizar el vínculo con los auxiliares de Justicia

En una mesa de articulación con autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, se expuso el trabajo que se realiza en sistemas informáticos de gestión para agilizar las intervenciones de los distintos organismos y dar respuestas eficientes a la ciudadanía.

Según la política planteada por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, es prioritaria la mejora continua de las herramientas informáticas del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS), la digitalización y la vinculación electrónica entre los organismos involucrados en la investigación penal, en el marco de la planificación estratégica hacia una gestión digital más eficiente.

Encabezada por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se realizó este viernes una mesa de trabajo con el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero y Patricia Aballay, coordinadora de Proyectos Informáticos del Ministerio Público Fiscal, a fin de avanzar con el plan de modernización del servicio policial como auxiliares de justicia.

Participaron además, autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Provincia.

Se evaluó el desarrollo de plataformas informáticas de gestión del Ministerio Público Fiscal que permitirán eficientizar el trabajo de la Policía de Salta con las Fiscalías Penales respecto al abordaje que se realiza con las denuncias, investigaciones penales, especialmente con el Departamento Criminalística.

Con estas acciones se procura informatizar el vínculo entre los Fiscales y la Policía de la Provincia, logrando una gestión eficiente, sin intermediarios y con economía de recursos materiales y humanos, que, a su vez, permite una trazabilidad de la información que se intercambia.

En la oportunidad se puso a disposición del Ministerio de Seguridad, los tableros de indicadores, que permitirá mejorar la gestión policial.

El Procurador General participó del egreso de la LXV Promoción de la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia

Este viernes, se realizó el acto de egreso de más de 170 cadetes como técnicos superiores en Seguridad Publica y Ciudadana, quienes se desempeñarán como oficiales subayudantes de la Policía de la Provincia.

El procurador general, Pedro García Castiella, acompañó al ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y al jefe de Policía, comisario General, Diego Antonio Bustos, en la ceremonia de egreso de la 65 Promoción de la Escuela de Cadetes General Martín Miguel de Güemes.

El acto se realizó en el Centro de Convenciones de Limache, y contó con la participación del secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, la secretaria de Justicia, Verónica Saicha; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, fiscal penal Gabriela Buabse, el secretario letrado de la Procuración General, Marcos Rubinovich, autoridades policiales, docentes y familiares de los egresados.

Cabe destacar que se trata de la Promoción más numerosa que egresó de la Escuela de Oficiales y que durante los tres años de cursado, recibió formación de profesionales del Ministerio Público Fiscal en distintas áreas del conocimiento jurídico.

Durante el acto se hizo entrega de los diplomas y sables a los egresados y se realizó un agradecimiento especial al Ministerio Público Fiscal por su compromiso en la formación de los flamantes oficiales.

El Procurador General tomó juramento a cinco Fiscales

Este lunes, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento a tres Fiscales de Impugnación, un Fiscal Penal para el Distrito Judicial del Sur y una Fiscal Penal Juvenil. Participaron además, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, familiares e invitados.

El procurador general, Pedro García Castiella, tomó juramento a los fiscales de Impugnación Ana Inés Salinas Odorissio, Mónica Susana Poma y Ramiro Hernán Ramos Ossorio; al fiscal Penal del distrito Judicial del Sur César Saravia y a la fiscal Penal Juvenil Mercedes de la Cuesta.

Los Fiscales Penales concursaron sus respectivos cargos, recibieron acuerdo del Senado Provincial fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo Provincial oportunamente.

Acompañaron durante el acto de asunción, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; los jueces de Corte Fabián Vittar, Gabriel Chibán, María Edit Nallím y Guillermo Catalano; la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial y familiares.

Mesa contra el Narcotráfico

En la Casa Rosada, referentes de los tres poderes del Estado, remarcaron el propósito de abordar de manera integral las problemáticas del narcotráfico y el crimen organizado, promoviendo la cooperación interinstitucional», para enfrentar un flagelo que afecta al país desde hace décadas.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, asistió junto a sus pares en representación del Consejo Federal de Fiscales y Procuradores de la República Argentina a la presentación de la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico, un evento que fue encabezado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El acto se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, reuniendo a destacados referentes judiciales, legislativos y de las fuerzas de seguridad.

Durante su discurso, la ministra Bullrich destacó la importancia de fortalecer la lucha contra el narcotráfico con medidas como la destrucción de drogas decomisadas y la asignación de parte de los bienes incautados por lavado de dinero a las fuerzas de seguridad. «Queremos que, como sucede con el FBI, las fuerzas de seguridad reciban un porcentaje por su trabajo. Otro porcentaje debería destinarse al Sedronar. Este es un esfuerzo compartido, y los recursos también deben distribuirse», afirmó la funcionaria.

Asimismo, Bullrich subrayó los avances en la eliminación de estupefacientes: «Droga que se incauta, droga que se destruye». Informó que ya se han realizado 120 procedimientos de destrucción, eliminando más de 190 toneladas de sustancias prohibidas.

El ministro Cúneo Libarona en tanto, resaltó el compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Pidió «terminar con el delito, tener leyes adecuadas, e imponerse sobre la inseguridad», también combatir al narcotráfico, los robos, las violaciones, los homicidios. «Tener una Argentina en que no tengamos miedo de caminar por la calle», definió el funcionario.

Además, destacó la implementación del Sistema Procesal Penal Federal Acusatorio, ya vigente en 12 provincias, entre las que se encuentra Salta, como una herramienta fundamental para fortalecer la justicia y enfrentar el narcotráfico con mayor eficacia.

Por su parte, el secretario de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, exhortó a no temer a utilizar terminologia, como «una guerra global» en términos de definir la lucha que se sostiene en todo el planeta con el narcotráfico y el crimen organizado, fenómeno global que se replica en todo el mundo y también en Argentina. Subrayó la importancia de abordar esta problemática desde todos los frentes por cuanto la finalidad de estas prganizaciones «multinacionales» del crimen organizado es la destrucción de los estados.

Participaron del acto el secretario de relaciones institucionales y actas de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Otamendi; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de Argentina, Jorge Canteros; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y el procurador general, Eduardo Casal, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo ConteGrand.

El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó al juez de Garantías de Orán, Claudio Parisi

Este jueves 12 de diciembre, el Jurado de Enjuiciamiento, tras deliberar, hizo lugar a lo solicitado por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, durante sus alegatos, y destituyó de su cargo, por decisión unánime, al magistrado. Asimismo, se dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 8 años.

Durante la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones, este jueves se llevaron a cabo los alegatos de las partes.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, como titular de la promoción de la denuncia, comenzó su alegatos refiriéndose en forma individual a cada una de las cinco causas que la integran y apoyado en soporte multimedia, detalló cada una de las irregularidades detectadas y expuestas a lo largo de la audiencia de debate.

Al concluir sus alegatos, García Castiella sostuvo la acusación y pidió al Jurado de Enjuiciamiento un fallo ejemplar, solicitando la remoción del cargo del suspendido juez Claudio Parisi y su inhabilitación por el período que se considere adecuado. Por su parte, la defensa de Parisi solicitó su absolución.

Tras un cuarto intermedio, el Procurador General ejerció su derecho a réplica, y realizó aclaraciones sobre cuestiones introducidas por la defensa en sus alegatos.

Finalizada la contrarréplica del defensor, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, pasó a deliberar.

En su resolución, el Jurado de Enjuiciamiento, haciendo lugar a lo solicitado por el Procurador General, destituyó a Claudio Parisi como juez de Garantías 2 de Orán y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un período de 8 años. Los fundamentos de la decisión serán dados a conocer el próximo 19 de diciembre.

En representación del Ministerio Público Fiscal, además del Procurador General, Pedro García Castiella, estuvieron los fiscales penales Pablo Rivero y Daniel Espilocín, y los secretarios letrados Aldo Saravia y Marcos Rubinovich.

Alegatos en el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Parisi

Este miércoles se recibió la declaración de los testigos citados por la acusación y se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 12 para dar lugar a los alegatos.

Al reanudarse la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones, se procedió a la recepción de la declaración de los testigos citados por la acusación promovida por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella.

Entre los testigos que comparecieron, brindó su testimonio la abogada Sandra Domene, quien ratificó en todas sus partes la denuncia realizada oportunamente por cohecho, en vinculación a su entonces defendido, en la causa que investiga el robo en perjuicio de la empresa Abra del Sol. Además, la letrada expuso con precisión las circunstancias en las que la familia de José Dimas Ruíz debió abonar las sumas de 10 mil y luego 5 mil dólares, bajo la amenaza de que éste sería víctima de abuso sexual en su lugar de detención.

Otro testimonio de relevancia fue el de la Secretaria del Juzgado de Garantías 2, Mariana Ferreira, quien se refirió a los procedimientos que se cumplían el Juzgado y reconoció irregularidades en trámites realizados en el expediente de Rebeca Pereyra, en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Un oficial de la Policía Federal relató que estuvo a cargo de la detención de César «Oreja» Martínez en noviembre de 2021 y refirió que éste le manifestó abiertamente que «ya le había pagado al Juez» y, posteriormente, le precisó que se trataba del suspendido magistrado.

También declararon empleados administrativos que cumplieron funciones en el Juzgado, quienes se refirieron a los procedimientos que se aplicaban en la tramitación de causas, así como un técnico informático que realizó la extracción de datos de teléfonos celulares secuestrados.

Finalizadas las testimoniales, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 12 a las 8.30 para dar lugar a los alegatos.

Inició el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Claudio Parisi

El suspendido magistrado prestó declaración al iniciar la audiencia y comenzó la incorporación de la prueba producida.

Este martes dio inicio la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones.

El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados.

En representación del Ministerio Público Fiscal participan el Procurador General, Pedro García Castiella, junto con los fiscales penales Pablo Rivero y Daniel Espilocín, y los secretarios letrados Aldo Saravia y Marcos Rubinovich.

Tras la lectura de la acusación promovida por el Procurador General de la Provincia de Salta, en la que se solicita la destitución del juez Claudio Parisi conforme a lo establecido en el artículo 160 de la Constitución Provincial, y se invocan las causales de mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, se procedió a leer el escrito en el que el acusado expone su descargo.

El juez optó por prestar declaración en la audiencia, respondiendo a la acusación en su contra, aunque decidió no aceptar preguntas.

Finalizada la declaración, se dio lugar a la incorporación de la prueba, momento en el que se reprodujeron audios de relevancia para la acusación. Dichos audios corresponden a llamadas grabadas por la sargento Mariana Castellanos, sobrina del juez Parisi —quien actualmente se encuentra en prisión—, y revelan negociaciones irregulares con mujeres investigadas por tráfico de estupefacientes. En las grabaciones, Castellanos invocaba la influencia del juez Parisi para ofrecer beneficios judiciales, como el mantenimiento de detenciones domiciliarias o la «paralización» de las causas, a cambio de dinero. Estos elementos, incorporados como prueba en el Jury de Enjuiciamiento, resultan claves en la causa penal donde se investiga un presunto entramado de corrupción policial.

El Jurado de Enjuiciamiento dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 8:30, momento en el cual se dará inicio a la recepción de testimoniales.

Cabe recordar que Claudio Parisi se encuentra suspendido en su cargo por decisión del Jurado de Enjuiciamiento, además de encontrarse detenido con prisión preventiva en el marco de una causa penal en la que se lo investiga por el delito de cohecho.

Para el Procurador, el Plan Güemes envía un mensaje contundente de que no habrá tregua contra el crimen organizado

En un esfuerzo conjunto, el Plan Güemes despliega 310 efectivos, vehículos y tecnología para enfrentar el crimen organizado en la frontera con un comando unificado entre fuerzas federales y provinciales. 

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, participó hoy en el lanzamiento del Plan Güemes, encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la Sección Aguas Blancas de Gendarmería Nacional Argentina, dependiente del Escuadrón 20 Orán.

El Procurador manifestó su enorme satisfacción por asistir a lo que consideró un hecho histórico: “Por primera vez, Nación y provincia unen esfuerzos en una lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que estos generan, incluyendo hechos de sangre. La presencia de fuerzas federales y provinciales, junto a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, la ministra Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz, refleja un compromiso contundente. Estamos todos acá, y este es un mensaje claro al crimen organizado: no habrá tregua ni respiro frente al descontrol en nuestras fronteras”.

“Desde el inicio de mi gestión en la Procuración, establecí que el crimen organizado sería uno de los principales objetivos de nuestra labor. En ese momento, enfrentábamos un aumento preocupante en la tasa de homicidios, marcado por una violencia extrema generada por organizaciones criminales rudimentarias, pero altamente violentas”, amplió.

Destacó además: “La Procuración adoptó una decisión firme, respaldada por una política criminal definida, junto con un decidido apoyo político del Gobierno Nacional, representado por la ministra Bullrich, y del gobernador Sáenz, quienes asumieron un compromiso político contundente para apoyar este proceso.  Hemos avanzado significativamente, y lo que hoy se debate públicamente es el fruto de las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, con la colaboración de jueces íntegros y sin condicionamientos”.
Finalmente, García Castiella reafirmó: “Estamos convencidos de que, por el bienestar de los salteños y de las generaciones futuras, es imprescindible continuar luchando hasta el final para garantizar una provincia en paz”.
Acompañaron al Procurador la secretaria de Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF)Gabriela Buabse; la fiscal de Pichanal María Sofía Fuentes; y los fiscales de Orán, Daniela Murúa, Soledad Filtrin, Claudia Carreras, Mariana Torres y Carlos Alberto Salinas.

El Procurador General analizó los alcances del Plan Provincial para la Igualdad de Género

En las próximas semanas, se definirán acciones concretas para fortalecer el trabajo conjunto.

El Ministerio Público Fiscal, en su compromiso con el fortalecimiento de políticas inclusivas y la erradicación de la violencia de género, avanza en la consolidación de un esquema de colaboración con la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En este marco, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió a la titular de la Secretaría, Itatí Carrique, quien estuvo acompañada por las subsecretarias de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, y de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Rosaura Gareca, junto al director de Gestión de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Álvaro Vanetta.

Durante el encuentro, las autoridades de la Secretaría presentaron el proyecto del Plan Provincial para la Igualdad de Género 2024-2026, basado en la premisa de construir una Salta libre de violencias y discriminaciones. Este plan recoge y analiza información sobre las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGBTIQ+, así como las diversas manifestaciones de violencia por motivos de género y sus consecuencias. Los ejes fundamentales del Plan incluyen la prevención de la violencia y la promoción de derechos, la atención de situaciones de violencia por razones de género garantizando asesoramiento, asistencia y acceso a la Justicia, el fortalecimiento de las autonomías económicas y personales, el abordaje de formas extremas de violencia como femicidios, transfemicidios y travesticidios, y la revisión y actualización normativa.

El Procurador propuso durante el encuentro, fortalecer esquemas de interacción y colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría, generando redes de trabajo que permitan abordar estos temas de forma integral y coordinada. Este compromiso se concretará en un nuevo encuentro previsto para las próximas semanas, en el que participarán los equipos técnicos para avanzar en la implementación conjunta de estas iniciativas.

Disponen prisión preventiva para el juez Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano en una de las causas por cohecho

Ambos fueron imputados en una causa que involucra graves acusaciones de corrupción. Ambos enfrentarán prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El juez Raúl López, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 1 de Orán, dispuso la prisión preventiva del juez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de una Defensoría de Violencia de Género de la ciudad de Orán, Héctor Manuel Alderete, quienes se encuentran imputados por el delito de cohecho. Asimismo, dispuso el arresto domiciliario del abogado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñó como secretario letrado de Parisi, hasta que su estado de salud permita su traslado a un establecimiento de detención, dado que padece trombosis.

En su sentencia, el magistrado coincidió con la existencia de los riesgos procesales resaltados por la Unidad Fiscal interviniente, integrada por los fiscales Daniela Murua, Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniel Espilocín, consistentes en la posibilidad de que los imputados reciban una pena de ejecución efectiva, y el comportamiento de los mismos que puso en peligro los fines de la investigación.

En este contexto, se destacó que el abogado Roberto Ortega Serrano evitó que le confiscaran su teléfono celular durante un allanamiento al arrojarlo a una propiedad vecina. Por su parte, el juez Claudio Parisi, en el ejercicio de sus funciones, omitió dictar las providencias correspondientes para avanzar en las causas tramitadas en el Juzgado a su cargo.

En esta causa, el juez se encuentra acusado de recibir dinero a cambio de otorgar el arresto domiciliario a César Daniel Martínez, quien se encontraba acusado del delito de tentativa de femicidio contra su pareja. Martínez, además, es hermano del destituido intendente de la localidad de Aguas Blancas.

Esta maniobra se habría realizado con la intermediación del secretario letrado del juez, Maximiliano Correa; del abogado de César Daniel Martínez, Roberto Ortega Serrano; y de Héctor Alderete, empleado de la Defensoría de Violencia de Género, quien, según la declaración de Correa, se hacía pasar por secretario privado del juez.

Además, al juez Claudio Parisi se le imputa haber denegado un allanamiento solicitado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación por el homicidio de César Daniel Martínez, quien recibió 12 disparos en la puerta del domicilio donde cumplía el arresto domiciliario otorgado por el magistrado.

Cabe recordar que por éstas causas, el Procurador General solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia la destitución del juez Parisi. La denuncia fue admitida y se encuentra pendiente la fijación de las fechas para las audiencias.