Presto juramento Daniel Espilocín como Fiscal Penal

Fue designado por resolución y previo concurso publico. Se destacó el trabajo que ya viene realizado en la materia.

En la sala de reuniones de la Procuración General, se constituyó el Colegio de Gobierno, representado por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella. El objetivo de esta reunión fue tomar juramento a Ricardo Daniel Espilocín, quien fue designado como Fiscal Penal 6 del Distrito Judicial Centro, conforme a lo estipulado en el artículo 61 de la Constitución Provincial y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta designación se realizó a través del Decreto 396/24 del Poder Ejecutivo Provincial, tras un concurso público.

Asimismo, y teniendo en cuenta las necesidades del Ministerio Público Fiscal, mediante la Resolución 1565/24, el Procurador dispuso la afectación transitoria del Fiscal Penal 6 del Distrito Centro a la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, donde se venía desempeñando como auxiliar fiscal.

Durante el acto, García Castiella expresó su reconocimiento a todo el equipo que integra el Ministerio Público Fiscal, a cada uno de los fiscales y sus equipos, así como al Cuerpo de Investigaciones Fiscales y sus equipos científicos y de investigación. “Ello tiene una enorme trascendencia institucional, ya que, como Ministerio Público Fiscal, se toma conciencia de la importancia de contar con un equipo completamente convencido de estos objetivos, coherente y dinámico, consciente de la trascendente responsabilidad de representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad”, afirmó el Procurador.

En la ceremonia estuvieron presentes magistrados, funcionarios, familiares e invitados especiales.

Comunicado del CIF

Ante las noticias periodísticas publicadas en la fecha, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), dependiente de la Procuración General de la Provincia de Salta, comunica que, de ningún modo,  los investigadores de este Cuerpo Pericial alteraron o modificaron los datos o la información de la cuenta relacionada al número telefónico de la víctima, Darío Monges.

El procedimiento de restauración de los datos contenidos en la cuenta del nombrado, en la causa donde se investigó su muerte, se realizó bajo la modalidad de levantamiento de  información de la cuenta de Google, a partir de la tarjeta SIM proporcionada por la empresa proveedora del servicio de telefonía móvil, ya que no se contaba con la tarjeta SIM ni el aparato celular. Esto permitió insertar dicha tarjeta en otro dispositivo, que se usó como instrumento para la descarga de los datos que se encontraban alojados en la nube de internet, vinculados a esa cuenta de Google (backup), procedimiento, por otra parte, indicado por la misma empresa para tal recuperación. Esta técnica resulta reproducible, no permite la modificación de los datos contenidos en la nube y es susceptible de ser verificada mediante los respectivos registros de Google.

Posteriormente, con las herramientas forenses UFED y UFED CLOUD, de la empresa Cellebrite, se realizó la extracción de todos los datos contenidos en la memoria del dispositivo y en la nube, respectivamente, asegurando la integridad de lo extraído, lo cual fue posible verificar a través de los metadatos.  La técnica de la duplicidad del chip de la víctima (ya que el celular no fue encontrado en la escena del hecho) que requiere la introducción de la nueva tarjeta en otro aparato, fue realizada de manera minuciosa y en conformidad con los procedimientos vigentes del CIF. Esto aportó información crucial a la investigación del crimen y que encuentra su respaldo, en los elementos objetivos que reflejan su descarga.

La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado formuló imputación en contra de Pablo Cardozo Cisneros

 Esta nueva actuación se inicia, como una derivación del Legajo de Investigación N° 34/23 seguido por el robo en contra de la empresa Abra el Sol, habiendo sido detenido e imputado primeramente el Sr. Brian Gabriel Palavecino, hijo de Cristian “Gringo” Palavecino.

Como consecuencia de la condición de detención de Brian Palavecino en ese momento, en fecha 31/01/23 el abogado Pablo Cardozo Cisneros ejerciendo la defensa técnica de este imputado (Brian), presenta en el legajo fiscal un archivo mp3, el que contenía una grabación de Cristian Gabriel Palavecino, (Padre de Brian), en el que su alocución era mezclada con fotografías diversas de actividades de la Policía de la Provincia, fotos de personalidades políticas diversas en actividades junto a Dimas Ruiz, y diálogos que había previamente grabado con este último, insistiendo en que su hijo no tendría intervención en el robo de la empresa de Abra el Sol,  y sindicando que el ex candidato a intendente Dimas Ruíz, tenía vinculación directa con este atraco.-

Como es de público conocimiento este video fue reproducido a la comunidad en general en la puerta del edificio del Poder Judicial de Orán, mediante la instalación de un televisor y sistema de audio luego de la detención de Brian.

A la fecha de la realización de la exhibición y difusión pública del video referido, el Gringo Palavecino se encontraba prófugo de la justicia, situación procesal que incluso es reconocida por el mismo, en dicho material digital. Como así también y en el clamor de la libertad de su hijo, utiliza como medio de presión y para desviar las líneas de investigación que a ese entonces se encontraban avanzadas, la información que a su entender involucrarían no solo al ex gerente de Abra El Sol, (José Dimas Ruíz), sino también el mal desempeño de funcionarios de la Policía de Salta que intervinieron en las pesquisas. La finalidad de Palavecino, era utilizar este material como medio coaccionante a la administración de justicia, sumándoles con una ilusoria pretensión extorsiva, exhibiendo también audios de las reuniones que había mantenido con Monges, que previamente también había  registrado fílmicamente,  a los efectos concretos de lograr la libertad de su hijo y desvincularlo de la causa. 

Se introdujo en la edición final de ese video, parte segmentada e intencionalmente seleccionada de las conversaciones registradas entre Palavecino y Dimas Ruiz, en donde el primero presionaba fuertemente al segundo para lograr la libertad de su hijo, como también planificando la mejor estrategia de impunidad de los interlocutores en la investigación del robo a la empresa Abra El Sol. En el audio completo de ese dialogo, se confirma que Palavecino, si bien le prometía ayudarlo en su candidatura, le advertía paralelamente que si no se lograba la libertad de su hijo, Dimas no seria intendente e irían “a canada todos” (presos), audio que fuera difundido oportunamente en parte de prensa de este M.P.F. de fecha 6 de Noviembre de 2023.

(https://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/revelaciones-claves-en-la-causa-del-asalto-a-la-empresa-abra-de-sol/)

En el marco del Legajo Fiscal caratulado: “Lami Carlos Esteban y otros por el delito de Homicidio Calificado”, en donde se encuentra detenido el gringo Palavecino y con requerimiento de elevación a juicio, se logró el secuestro de varios celulares destacando que en la muestra N° 3, se detectaron varios recortes de edición, aparentemente desechados luego de la edición final del video. Al reproducir el material secuestrado se advierte correspondencia con el video expuesto de manera pública por parte de Palavecino y en donde en el “detrás de escena” se observa una intervención directa del abogado guionándolo con instrucciones precisas sobre las manifestaciones que el prófugo tenía que exponer en dicho material, para así pretender lograr su finalidad, y dictándole insistentemente que comprometa  a terceras personas, todo claramente direccionado a que Dimas Ruiz – entonces lanzado como precandidato a intendente-  abogue por la libertad de su hijo. –

En tal sentido,  se sospecha que con la acción desplegada por el profesional referido en su función de director del video y su introducción en el proceso penal ha excedido ampliamente las funciones propias que se esperan de un profesional que asume la defensa penal de un imputado (en este caso de Brian Palavecino), en clara violación a los mandatos del art. 38 de la ley 5412 que regula el ejercicio de la profesión de abogado, cooperando para que el supuesto autor del hecho imputado en el robo de la firma Abra el Sol eluda la investigación con un concreto perjuicio para el sistema de administración de justicia. –

La Unidad Fiscal interviniente llevo adelante en el día de la fecha la audiencia de imputación en contra del abogado Pablo Cardozo Cisneros, por el delito de Encubrimiento Agravado de conformidad a lo establecido en el art. 277 inc 3 a) del C.P. habiendo hecho uso de su derecho de abstención de declarar. –

Se adjunta parte del video presentado en la causa.

https://youtu.be/vfDDylHL9eg

Se adjunta fragmento de material digital detectado:

1er video https://youtu.be/VnmIFWNDNb0

2do Video https://youtu.be/0D4ffUWOVLg

3er Video https://youtu.be/3NVVeeQA2bw

Fiscales apelan fallo y piden revocar el arresto domiciliario otorgado a Ortega Serrano y Martínez

El Recurso fue interpuesto contra el fallo que otorgó arresto domiciliario a Roberto Ortega Serrano y Carlos Alfredo Martínez. Consideran que el juez no merituó adecuadamente los riesgos procesales, como la posibilidad de manipulación de pruebas y la influencia sobre testigos.

La Unidad Fiscal interviniente, presentó un Recurso de Apelación ante el Juez de Garantías 1 Raúl López en contra de la sentencia notificada el pasado 10 de octubre, en la cual se dispuso no hacer lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que en su lugar, se otorgó el arresto domiciliario con consigna policial fija a favor de los imputados Roberto Ortega Serrano y Carlos Alfredo Martínez.

La Unidad Fiscal considera que la decisión del magistrado parte de un grave error en la interpretación del art. 386 del C.P.P.S ya que se limita a exponer como requisito indispensable para la procedencia a la afectación de la libertad, la probable aplicación en firme de una pena privativa de la libertad y no alcanzó a entender que la postura fiscal se dirige a los otros supuestos que autoriza la aplicación de la prisión preventiva. En el caso del imputado Ortega el riesgo concreto de entorpecer la investigación y por el lado del encartado Martínez se le suma también la posibilidad de la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo en atención a sus antecedentes condenatorios.

La prisión preventiva fue solicitada debido al peligro de entorpecimiento, con fundamentos claros que detallan la conducta obstructiva de Ortega Serrano, quien en oportunidad de ser allanado en otra investigación evitó el secuestro de su celular arrojándolo a una propiedad vecina. En este caso transfirió información al allanado previo a que se ordene la ejecución de la medida, información que habría obtenido indebidamente valiéndose de su condición de abogado. En el supuesto de Martínez, desarrolló artilugios para influir en la declaración de testigos.La Unidad Fiscal señala en la presentación, que el arresto domiciliario no es una medida adecuada para mitigar el peligro de entorpecimiento, dado que los imputados, desde sus domicilios, pueden seguir influyendo en testigos u ocultando pruebas a través de medios tecnológicos a los que tienen fácil acceso. En el caso de Martinez, consideran inconveniente que el domicilio consignado para cumplir el arresto se encuentre ubicado al frente de la Municipalidad de Aguas Blancas. Además, destacan la gran conmoción social que en los Municipios del Norte se generó por las conductas de los imputados, lo que agrava la necesidad de medidas restrictivas para asegurar la correcta continuación de las investigaciones, de conformidad al art. 19 de la Constitución Provincial, teniendo en cuenta que dos de los encartados cumplían función pública.

El Ministerio Público Fiscal espera que el recurso de apelación sea tratado con la urgencia que el caso amerita, a fin de corregir los errores cometidos en la resolución impugnada y garantizar que las investigaciones sigan su curso sin nuevas interferencias.

La Unidad Fiscal recurrirá la sentencia que benefició con arresto domiciliario a Alfredo “Conejo” Martinez y al abogado Roberto Ortega Serrano

La Unidad Fiscal interviniente interpondrá un Recurso de Apelación en contra de la decisión del Juez a cargo del Juzgado de Garantías de Oran, Raúl Fernando López,  mediante la que rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado del ex intendente CARLOS ALFREDO MARTINEZ y el letrado imputado ROBERTO ORTEGA SERRANO, para luego beneficiarlos con el arresto domiciliario a fin de que se revisen los fundamentos cuestionados ya que se considera insuficientes los motivos expuestos por el Magistrado aludido, y sin someterlos previamente además, aunque fuera a un método de control electrónico.

Entre los argumentos formulados en el pedido de prisión preventiva, los representantes del Ministerio Público Fiscal, hicieron expreso hincapié en el daño hasta ahora inmensurable, que ya se ocasionó a la investigación del homicidio de César Martínez, alias Oreja, al divulgarse información reservada sobre los allanamientos que se solicitaban durante el desarrollo de las pesquisas, anoticiándose a los allanados, previo al otorgamiento y realización de las medidas, frustrando así su finalidad.-

Esencial resulta advertir que el pedido de prisión preventiva solicitado no había sido solo por el riesgo de fuga necesariamente, sino primordialmente por el riesgo de entorpecimiento del proceso, en el sentido de que los imputados continúen con la conducta entorpecedora del deber investigativo del homicidio por sicariato a cargo del Ministerio Publico Fiscal, con conductas dañinas como las que ya fueron señaladas y advertidas

Ahora bien, el Juez reconoció que existen elementos para vincularlos con el hecho investigado, sin embargo ponderó genéricamente que no existían indicios de fuga, disponiendo conceder el arresto domiciliario con un simple control ambulatorio, sin efectuar mayores precisiones respecto a su decisorio.

En tal sentido, considera la Unidad Fiscal que lo resuelto, además de lo antes señalado, también ha demostrado ser insuficiente en el Distrito Judicial de Orán para el riesgo de fuga, en atención a la cercanía con la zona de frontera y el sobrecargo a las funciones de las fuerzas de seguridad provincial. Por último, tampoco se valoró las exigencias que establece el art. 20 de la Constitución Provincial, en cuanto al estado de conmoción social que los hechos investigados han causado en la comunidad oranense.

Se produjo el traslado de Cristian Gabriel Palavecino a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad

El Poder Judicial de Salta hizo lugar al traslado solicitado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia con la conformidad del Ministerio Público Fiscal.

Este jueves se efectivizó el traslado de Cristian Gabriel Palavecino, «el Gringo» a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad, tras haberse hecho lugar a la solicitud realizada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia a la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Orán y a los Tribunales correspondientes, a la que la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, integrada por las fiscales penales Soledad Filtrin, Claudia Carreras, Luján Sodero Pablo Cabot, adhirió el pasado lunes 30 de septiembre, emitiendo un dictamen favorable.

El traslado de Palavecino se efectuó con estrictas medidas de seguridad con destacada colaboración y predisposición del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se realizo por vía aérea hacia la sede del Servicio Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde ya se encuentra alojado.

En el dictamen, los representantes del Ministerio Público consideraron que la medida mencionada es viable, destacando los indicios vehementes resaltados por el Ministerio de Seguridad sobre el riesgo de una posible fuga del detenido. Advirtieron que dicha situación podría comprometer los objetivos del proceso judicial y frustrar el debate en el que se busca que se imponga una condena a Palavecino por los delitos que se le imputan.

Asimismo, invocando antecedentes del juicio contra los hermanos Delfín y Raúl Castedo, los fiscales subrayaron que, gracias a los medios tecnológicos disponibles, es posible continuar con las etapas restantes del proceso penal sin restringir los derechos del imputado, incluso si este se encuentra alojado en un establecimiento penitenciario distinto fuera de la provincia.

Allanamiento en la Comisaría de barrio Aeroparque

La Unidad Fiscal que investiga los hechos para atentar contra la integridad del procurador general Pedro García Castiella, en el marco de un plan conspirativo en su contra, informó que con autorización del Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro y del Juzgado de Garantías 2 del distrito Orán, se realizó un allanamiento en la Cria. 4ta, ex 25, “Aeroparque” de la ciudad de Orán.

En cumplimiento de la medida trabajó personal del Grupo de Investigaciones Complejas y con la colaboración de la Unidad Especial de Investigaciones Norte.

Se logró el secuestro de dos teléfonos celulares, ingresados ilegalmente, que serían usados por detenidos en la dependencia para mantener comunicación con el exterior y que estarían vinculados estrechamente a la investigación, ya que allí se encuentra alojado un familiar de Cristian Palavecino.

Los dispositivos fueron secuestrados y serán objeto de un exhaustivo análisis.

El Ministerio Público Fiscal prestó conformidad al traslado de Cristian Gabriel Palavecino a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad

Fiscales y Procuradores de todo el país se reunieron en la AMIA

Se suscribió una declaración en contra del terrorismo, fomentando la paz, el ejercicio de la memoria, la defensa de los derechos humanos, y el combate contra toda acción de odio y discriminación; promoviendo acciones destinadas a transmitir valores de educación, respeto, concordia, y solidaridad, generando conciencia sobre el impacto del terrorismo y la violencia en la sociedad.

El acto se celebró en la plaza seca de la sede de la AMIA -donde se encuentra el memorial que recuerda a las 85 personas que fueron asesinadas el 18 de julio de 1994-,Participaron funcionarios judiciales de varias provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; entre ellos también el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella. 

La iniciativa fue organizada por la Federación de Comunidades Judías de la República Argentina, y participó por la ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación Internacional de Fiscales; el acto contó con la participación del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, el director ejecutivo de AMIA Daniel Pomerantz, Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA; y el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra. 

Seguidamente el evento continuó dentro del edificio de la AMIA, donde se firmó la declaración conjunta entre las organizaciones y los funcionarios del Poder Judicial.

En la declaración, titulada “Unidos contra el terrorismo”, los firmantes se comprometieron a promover acciones destinadas a transmitir valores de educación, respeto y solidaridad, para generar conciencia sobre las consecuencias que trae aparejada la violencia terrorista, auspiciar iniciativas que fomenten la paz, el ejercicio de la memoria, la defensa de los derechos humanos, y que combatan toda acción de odio y discriminación; promover acciones destinadas a transmitir valores de educación, respeto, concordia, y solidaridad, para generar conciencia sobre las graves consecuencias que el terrorismo y la violencia dejan en la sociedad; fomentando la importancia que tiene para todo sistema republicano la apropiada administración de justicia, para la construcción de una sociedad justa y equitativa; como también auspiciar la colaborar en la preservación del patrimonio cultural y de la vida judía en todas las provincias del país, garantizando la continuidad de sus costumbres, valores y tradiciones, en el marco de una convivencia armónica con la sociedad en su conjunto.

Durante el evento, estuvieron presentes también el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de Argentina a Jorge Canteros, (Chaco); el Presidente del Consejo Federal de Politica Criminal Jorge Miquelarena, (procurador general de Chubut); Alejandro Gullé, procurador general de Mendoza; Luis Marcos Martínez, procurador general de San Luis; Carlos Giménez, procurador general de Misiones; Jorge García, procurador general de Entre Ríos; Juan Agustín García, fiscal general subrogante de Neuquén; Eduardo Urquiza, procurador general de Tierra del Fuego; y presidente del Consejo Federal de Política Criminal; y Javier Ramón Vallejos, fiscal general de La Rioja.

El Procurador General de Salta expone ante la Asamblea de Procuradores los avances en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento institucional

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, participó en la Asamblea Ordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la asistencia de diecisiete jurisdicciones.

Durante su intervención, García Castiella agradeció el firme apoyo institucional brindado por el Consejo de Procuradores, como así también de otras asociaciones de fiscales; expresado en un Comunicado , ocasión en que se repudiara cualquier intento de amedrentamiento, perturbación  o injerencia en el accionar de la Justicia, reafirmaron su compromiso con la defensa del estado de derecho y subrayaron la necesidad de mantener la independencia de los organismos judiciales frente a presiones externas que buscan minar su autonomía.

El Procurador presentó un análisis detallado de la situación institucional en Salta, poniendo énfasis en los esfuerzos significativos que se llevan adelante en la lucha contra el crimen organizado. Remarcó la relevancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar de manera decidida a las organizaciones criminales que buscan socavar las estructuras democráticas.

Destacó las oportunas respuestas institucionales ante las diversas situaciones planteadas por la Procuración General, incluyendo la intervención en el municipio de Aguas Blancas y la ampliación de la Ley de Ficha Limpia. También mencionó  iniciativas destinadas a fomentar la transparencia en el Poder Judicial, como el impulso de procesos de jury, con el objetivo de fortalecer un sistema de justicia sólido y confiable. Relató las acciones dirigidas a investigar irregularidades en los ámbitos carcelarios, preservando el orden constitucional en el sistema republicano. Asimismo, resaltó los esfuerzos significativos de los fiscales provinciales, quienes han trabajado en diversas causas a través de las Unidades Fiscales contra el crimen organizado que  ha llevado al encarcelamiento y sometimiento al proceso penal de los sospechosos de ser responsables de los actos violentos en el norte provincial.  Subrayó la importancia de la colaboración del Estado en su conjunto para enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales que intentan desestabilizar las estructuras democráticas.

Finalmente, el Procurador General hizo hincapié en el trabajo mancomunado entre  las distintas áreas estatales, tanto del Ministerio Público Fiscal como las cámaras legislativas Jurado de Enjuiciamiento, Poder Judicial, y en particular el firme acompañamiento del Poder Ejecutivo provincial, con el respaldo convergente del Ministerio de Seguridad de la Nación, expuestas claramente durante la apertura de la reunión del Consejo Federal de Seguridad, realizado recientemente en la Provincia de Salta. 

La reunión cerró con la aprobación de balances, la confirmación de sedes para próximas jornadas, contemplándose la posibilidad de la realización de una jornada en la Provincia de Salta, y la insistencia en el planteamiento del fortalecimiento de los laboratorios forenses con infraestructura regional y provincial, fortaleciendo la capacidad técnica para enfrentar delitos complejos de manera efectiva.

Participaron lo representantes de diecisiete jurisdicciones del país, Jorge Canteros, presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de Argentina y procurador general de Chaco; Jorge Miquelarena,  presidente del Consejo Federal de Política Criminal y procurador general de Chubut ; Juan Bautista Mahiques, presidente de la Asociación Internacional de Fiscales y fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Luis Marcos Martínez, procurador de San Luis; Alejandro Gullé, procurador de Mendoza; Jorge Alberto Barraguirre, procurador de Santa Fe,; Carlos Giménez, procurador de Misiones; Jorge García,  procurador de Entre Ríos; Luis Alberto De la Rúa procurador de Santiago del Estero, Tristán Lobos procurador de Catamarca, Mario Oscar Bongianino procurador de La Pampa, Eduardo Urquiza, procurador de Tierra del Fuego; Javier Ramón Vallejos, fiscal general de La Rioja,; Juan Manuel Delgado, Fiscal general de Cordoba, y Juan Agustín García, fiscal general subrogante de Neuquén.

 

Se imputó al exfuncionario Benjamín Cruz por tráfico de influencias

Fue acusado en el marco de la causa que investiga visitas irregulares en la Unidad Carcelaria de Orán a partir de elementos surgidos durante la audiencia de debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges. 

La Unidad Fiscal conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, hizo conocer este viernes el decreto de citación a audiencia de imputación de fecha 1 de octubre de 2024 a Benjamín Cruz como supuesto autor del delito de tráfico de influencias.

El imputado, al conocer los cargos de investigación, optó por presentar su declaración por escrito.

Se trata de un delito contra la administración pública, donde un funcionario público utiliza su posición, cargo o comisión, para inducir a que otro funcionario público efectué, retrase u omita algún acto de su competencia a cambio de un beneficio, y que tiene previsto como pena, la inhabilitación perpetua.

La imputación procede, según señalan los Fiscales, a partir de elementos obtenidos del debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges, de donde surge que el exfuncionario habría facilitado el ingreso del fallecido a la Unidad Carcelaria de Orán, diciendo ser asesor del Ministerio de Seguridad, para entrevistarse con el entonces  el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz.

También recordaron que la causa que se sigue contra Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública, se encuentra requerida a juicio.

El hecho investigado ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Darío Esteban Monges se hizo presente en la unidad penitenciara de la ciudad de Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad e invocando al entonces Secretario de Seguridad, solicitando entrevistarse con el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz, lo cual se sospecha que se concretó con la autorización del Director General de Políticas Penales pudiendo exceder con tal decisión, el ámbito de su competencia funcional.

El Ministerio Público Fiscal prestó conformidad al traslado de Cristian Gabriel Palavecino a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad

La solicitud fue realizada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, conformada por las fiscales penales Soledad Filtrin, Claudia Carreras, Luján Sodero y Pablo Cabot, emitió el pasado lunes 30 un dictamen favorable al pedido de traslado de Cristian Gabriel Palavecino, solicitado a la Sala II del Tribunal de Juicio.Esta medida propuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, implica que el detenido sea trasladado a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

Los representantes del Ministerio Público consideraron que la medida mencionada es viable, destacando los indicios vehementes resaltados por el Ministerio de Seguridad sobre el riesgo de una posible fuga del detenido. Advirtieron que dicha situación podría comprometer los objetivos del proceso judicial y frustrar el debate en el que se busca que se imponga una condena a Palavecino por los delitos que se le imputan.

Asimismo, invocando antecedentes del juicio contra los hermanos Delfín y Raúl Castedo, los fiscales subrayaron que, gracias a los medios tecnológicos disponibles, es posible continuar con las etapas restantes del proceso penal sin restringir los derechos del imputado, incluso si este se encuentra alojado en un establecimiento penitenciario distinto fuera de la provincia.