Se proveerá accesos a las Guías Interactivas de Investigación Digital, brindando la capacitación necesaria y actividades dedicadas al quehacer de la investigación en esa materia. Estas herramientas prácticas son un aporte valioso que profundizará los ejes de trabajo que se vienen desarrollando con vistas a la próxima puesta en funcionamiento en la provincia de Salta, de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia
El Procurador General de la Provincia de Salta Pedro García Castiella firmó con el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand un Convenio de cooperación y asistencia técnica de cara a incorporar herramientas útiles a fin de aumentar la capacidad de lucha contra la ciberdelincuencia y la eficacia en la recolección, preservación y uso de evidencia digital en los procesos penales.
La medida, se enmarca en la profundización de las vinculaciones entre los ministerios públicos de todo el país compartiendo e intercambiando experiencias, así como acompañando y fortaleciendo la tarea que se despliega para lograr agilidad en los procesos y mayor efectividad en los resultados.
Se destaca que desde el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, se ha fijado el objetivo aunar esfuerzos en la lucha contra todo tipo de fenómeno delictivo en el ámbito de las provincias argentinas a través del intercambio de experiencias, recursos e información.
Es así como a través del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas dependiente de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, se proveerá de los accesos a las Guías Interactivas de Investigación Digital, gestionado la capacitación para su adecuado uso, y auditando todos los accesos remotos que se efectúen
Estas guías abordan temas varios como la obtención, preservación y tratamiento de la evidencia digital, tratamiento de imágenes y video, requerimiento a empresas y accesos a bases de datos conveniadas y fuentes abiertas entre otras. Se trata, de una herramienta de gran valor para llevar a cabo los cometidos de una política criminal y eficaz embate contra el ciber delito y el delito en general, en todas y cada una de las jurisdicciones provinciales, fundamentalmente en el plano interjurisdiccional.
Tales herramientas prácticas son un aporte valioso que profundizará los ejes de trabajo que se vienen desarrollando con vistas a la próxima puesta en funcionamiento en la provincia de Salta, de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia que tendrá bajo su responsabilidad, la intervención en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos.
El encuentro formativo responde a la necesidad de contar con personal capacitado para la intervención adecuada y eficaz ante hechos que comprometan la seguridad de las mujeres y niños, en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y aplicable.
El pasado 19 de octubre tuvo lugar en el Salón Auditorium del Poder Judicial de Salta, Distrito Sur Metán, la capacitación a cargo de la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial del Sur, Susana Redondo Torino, destinada a los Oficiales de Servicios y Operadores VIF y de Violencia de Género de comisarías, subcomisarías y destacamentos de la Unidad Regional Nº3.
Dicha capacitación se dictó
a solicitud de la Oficial de
Coordinación y Enlace Educativo de la UR 3, Teresita Guerrero, en el marco de
la ejecución del “Curso básico de intervención policial en hechos de Violencia Intrafamiliar-Violencia
de Género y Ciclos de Capacitación continua”, en respuesta a las exigencias de
la Ley 8121 que obliga a la Policía de la Provincia de Salta a contar en cada dependencia
policial con personal altamente capacitado para la recepción de denuncias y la
atención de víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia de género.
Los temas que se abordaron
en el encuentro fueron: El Proceso Penal, rol de la policía, actores que
intervienen, conductas típicas más frecuentes, elementos necesarios para cada
tipo penal, el primer interventor, preservación de los elementos de prueba,
cadena de custodia, criterios prácticos para la recepción de denuncias y
consulta judicial.
Junto a la fiscal Redondo Torino, estuvo la auxiliar fiscal penal de Violencia Familiar y de Género, María del Huerto Ruiz y la abogada Karen Quiroga Navarro.
Tal como estaba previsto, esta mañana se realizó la presentación del aplicativo digital para el Censo Extraordinario de Aguas Subterráneas.En www.saltacensoaguas.gob.ar, todos los habitantes la Provincia deberán declarar la existencia o posesión de pozos de agua, someros y profundos, desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de enero de 2023.
La actividad tuvo lugar en el Salón Auditorio del Ministerio Público y estuvo presidida por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, acompañado del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal; el Director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Asuntos Hídricos, David Le Favi; el Director del Ente Regulador de Servicios Públicos (EnReSP), Gerónimo López Fleming y la Subsecretaria de Medicina Social, Susana Velazco.
Esta presentación constituye un paso más en el avance sobre lo que el Procurador Pedro García Castiella consideró «situaciones poco exploradas o no visibilizadas hasta este momento», a través del lanzamiento de lo que se ha denominado Censo Extraordinario de Aguas Subterráneas, fruto de un acuerdo entre varios organismos y cuyo trámite inició la Procuración General, a través de diferentes encuentros.
El Censo está destinado a abordar la problemática de la evaluación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua y la conformación del Mapa de Vulnerabilidad de aguas subterráneas de toda la provincia de Salta.
El Procurador dio la
bienvenida a los presentes y comenzó expresando que “nuestra provincia utiliza
en forma masiva lo que son aguas subterráneas, con recurrencia a los pozos, a
la perforación de pozos”, destacando que “nos hemos dado con una realidad de
una falta de suficiente control, monitoreo y estadística e individualización de
cuántos son los pozos existentes”.
Al respecto, continuó
manifestando que “un punto de partida esencial para ello es tener la base de
datos fidedigna y precisa de con qué contamos en la realidad”, aclarando que “no
es algo ocioso, ni baladí, sino que esto tiene una fundamental trascendencia,
en términos de que si no se atienden estas situaciones, podemos darnos con
riesgos que no son hipotéticos, sino que son realidades, como pueden ser los
riesgos de contaminación de las napas o algún tipo de pérdida de caudal por
sobreuso”.
García Castiella advirtió,
en ese sentido, que “esto se traduce en consecuencias no deseadas, como puede
ser la aparición de dolencias masivas por ingestión de agua que no esté en buen
estado, agua contaminada, sobre todo en niños y ancianos”.
“Se está tratando de
atender, atacar y neutralizar el peligro de estos riesgos por aplicación de lo
que se llama el ‘Principio protector ambiental’, advirtió y continuó expresando
que “estamos materializando y haciendo realidad lo que es ese principio
protectorio”.
En referencia al censo, el titular de la Procuración detalló que “comenzamos con este Censo de Aguas Subterráneas que consiste, en el ingreso a una aplicación que permitirá a todos los habitantes la Provincia declarar la existencia o posesión de pozos de agua, someros y profundos, que tiene carácter de declaración jurada. Vencido ese término se van a aplicar las sanciones que correspondan con las herramientas que tiene el Estado a disposición para, no sólo la localización de lo que no han sido denunciados, sino también para la sanción y aplicación de las multas que corresponde”, finalizó el Procurador.
Inmediatamente después, la Coordinadora Informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, hizo una demostración de la utilización del aplicativo para todo el público presente.
Finalizada la demostración, el Procurador, junto a quienes presidían la presentación y al Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Sebastián Lloret, respondieron a consultas.
Cabe recordar que el
aplicativo fue desarrollado por los alumnos José Beleizán y Benjamín Quipildor,
de la Tecnicatura Universitaria Programación (TUP), dependiente de la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta, bajo la dirección del Dr.
Diego Rodríguez, a cargo de la cátedra “Programación de Aplicaciones Web”.
Este viernes 21 de octubre, a las 10, en el Salón Auditorio del Ministerio Público, tendrá lugar la presentación del aplicativo digital para el Censo Extraordinario de las Aguas Subterráneas.
Dicho Censo está instrumentado por Resolución Conjunta SRH-ENRESP N° 2/22 (BO 21291) y en función del convenio multiinstitucional firmado el pasado 5 de agosto entre el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, conjuntamente con representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ente Regulador de Servicios Públicos, sobre Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua en Salta.
El Procurador General, Pedro García Castiella, resaltó que “tras décadas de vigencia de la Ley de Medio Ambiente y de no cumplimiento efectivo de lo estipulado en relación a la aplicación del Programa Sistemático de Construcción de Mapas de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas, hoy llegamos a este punto de respuesta al requerimiento y por el que, desde Procuración se firmó un convenio”.
Este programa consiste en relevar las vulnerabilidades del sistema, los niveles de situación de riesgo cierto en cuanto a contaminación, y de utilización de esas aguas por parte de las comunidades que cuentan con sistema de extracción.
Este aplicativo fue desarrollado por el equipo informático, uno de los tres grupos que conforman la mesa de trabajo integrada para dar cumplimiento a una primera etapa de diagnóstico.
La presentación que se realizará este viernes, es otro paso importante que marca el avance en el proceso multiinstitucional de trabajo y en cumplimiento del requerimiento de informe por parte de la Procuración de la Provincia sobre aguas subterráneas en Salta.
De la reunión convocada se prevé que tomen parte representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Ambiente, Subsecretaría de Medicina Social, Dirección General de Coordinación Epidemiológica, Ente Regulador de los Servicios Públicos y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
Desde que el Procurador General, Pedro García Castiella, convocara en abril pasado a una reunión en el marco de las actuaciones referidas al mencionado requerimiento, se han cumplimentado diferentes etapas, a lo largo de diferentes encuentros que incluyeron el acuerdo de conformación de un mapa de vulnerabilidad hídrica subterránea de la provincia de Salta, la integración de una mesa de trabajo y la rúbrica del Convenio.
Cabe recordar que la
resolución que instrumenta el Censo y Monitoreo de pozos de agua subterránea en
Salta, en su artículo 1 establece
que se instrumente un procedimiento excepcional por tres meses, desde el 1 de
noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, para el Censo de las Aguas
Subterráneas, que incluirá a todas las perforaciones u obras hidráulicas
existentes o en ejecución para la exploración, alumbramiento, captaciones y/o
suministro de agua subterránea en todo el territorio de la provincia de Salta.
El Ministerio Público Fiscal de Salta llevó adelante la
coordinación de un procedimiento extrajudicial interinstitucional, sin
precedentes, que culminó en un acuerdo entre varios organismos con responsabilidades
ambientales, hídricas y sanitarias, destinado al control y racionalización del
uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.
A ese respecto, cabe
recordar que es competencia del
Procurador de la Provincia el control de
la legalidad de los “derechos colectivos”.
El acto se realizó este jueves y entregaron distinciones al personal que cumple tareas en la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.
El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, participó este jueves del acto realizado para conmemorar el 5° aniversario de la creación de la UFINAR y recibió un reconocimiento.
El acto contó con la presencia de los fiscales penales Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, oficiales jefes de la Policía de la Provincia y Policía Federal, personal policial y de equipos interdisciplinarios que integran la Unidad.
Se entregaron plaquetas, diplomas y medallas de reconocimiento al personal y se homenajeó al fallecido Comisario Pablo Costilla.
La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad fue puesta en funcionamiento el 5 de octubre de 2017 y desde entonces encabeza la lucha contra el narcomenudeo. Cuenta con equipos interdisciplinarios y personal policial capacitado en el área para dar cumplimiento a la tarea encomendada.
En la apertura de las Jornadas Nacionales de Asistencia a las Víctimas del Delito, organizadas por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta y el Ministerio de Justicia de la Nación, sus titulares Pedro García Castiella y Martín Soria, firmaron convenios que garantizan el acceso a la justicia integral y con perspectiva de género a las víctimas de delitos en la provincia.
En el marco del Consejo Federal de Víctimas, se realizan en Salta las Jornadas Nacionales de Asistencia a las Víctimas del Delito, evento que cuenta con la participación de las oficinas especializadas en asistencia a las víctimas y los organismos especializados de todas las provincias del país. La inauguración estuvo a cargo del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de la presidenta del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima de Delitos, Matilde Alonso, y del procurador general de Salta, Pedro García Castiella.
Durante su intervención, el Ministro de Justicia de la Nación agradeció al Procurador General de Salta y a la Presidenta del Consejo Federal por la invitación a la apertura del evento nacional y expuso los distintos programas y políticas de asistencia a las distintas víctimas de delitos en colaboración recíproca entre ambas jurisdicciones.
Convenios
Durante la apertura del evento, el ministro Soria y el procurador García Castiella, firmaron un convenio y acta complementaria que permitirán al Ministerio Público Fiscal de Salta y al Centro De Asistencia a la Víctima de Delitos (CENAVID) del Ministerio de Justicia llevar adelante acciones coordinadas que permitan la promoción, la difusión y consolidación de políticas públicas, en el marco de los lineamientos de atención integral previstos en la ley n° 27.372 y garantizar que el acceso a la justicia a las víctimas de delitos en la provincia de Salta se procure través de un abordaje integral y con perspectiva de género.
Se establece que para los casos de delitos graves en los que se encuentre en riesgo la vida de la persona, la integridad sexual, la libertad, diversidad e infancia se garantizará un abordaje integral y desde una perspectiva de género desde el CENAVID, para luego dar paso a las intervenciones correspondientes por parte del Ministerio de Justicia desde el PRONALCI o el PatrocinAr, dependiendo del caso.
Volcar la mirada hacia la víctima y sus necesidades
El procurador general Pedro García Castiella expresó su satisfacción de que la provincia de Salta sea la anfitriona de la Jornada Nacional de Asistencia a la Víctima del Delito 2022, y de la reunión del Consejo Federal de Oficinas Públicas de Asistencia a Víctimas del Delito, resaltando también la suscripción del Convenio mencionado, y señalándolo como “la coronación de un esfuerzo conjunto, una consecuencia exitosa de la primeras reuniones iniciadas en marzo de este año».
García Castiella destacó la necesidad de “abrir sendas en cuanto a hacer realidad la perspectiva victimológica en lo que es el proceso penal, y en este drama que tienen que vivir las víctimas. Primero, desde el punto de vista humanitario, donde el Estado tiene que estar presente, acompañando a la víctima que debe transitar por las dificultades de un proceso penal. En segundo lugar, es una exigencia desde el punto de vista constitucional y convencional, porque la víctima tiene que ser el centro de atención de la respuesta del Estado, y esencialmente acompañarlos a lo que es el logro de otro gran valor que hoy tiene una suprema jerarquía constitucional y convencional como lo es poder alcanzar el derecho a la verdad. También debe tenerse en cuenta la importancia de reivindicar el rol de la víctima en lo que es el marco procesal estrictamente, en el que es necesario propiciar y alentar una suerte de cambio de paradigma en el trabajo de los operadores judiciales, fiscales y jueces, para un cambio de mirada hacia la víctima, que no se la vea como una cuestión aparte del proceso que si no estás regularmente constituida como querellante o actor civil, sea tomada con algún tipo de resquemor o como una suerte de auditor que viene a controlarnos, sino asociarla, acercarse, aproximarse, acompañarla porque además desde el punto de vista criminalístico la víctima el sujeto procesal o la persona es la que está en mejores condiciones para aportar información que ingrese al proceso penal. Es por eso que hay una gran pluralidad de circunstancias que hacen fundamental volcar la mirada hacia la víctima hacia todas sus necesidades, y esencialmente hacia la respuesta que el Estado está obligado a dar a este nuevo protagonista del proceso penal que es la víctima. Enhorabuena que se vaya ensanchando cada día más ese camino«.
Recordó el Procurador: “En nuestra provincia de Salta tenemos distintos avances en ese sentido en especial en lo que refiere a Violencia Familiar y de Género, una serie de legislaciones importantes, fiscalías especializadas en Violencia Familiar y de Género, tenemos en esas fiscalias la potestad de lo que se conoce en la Ley Nacional como el Defensor Público de Victimas. Estas fiscalías tienen la potestad de querellar acompañado a las víctimas en la medida que sean de modestos recursos para que exista una igualdad de oportunidades de acceso a la justicia. Hemos impulsado en la oportunidad en la que yo era Defensor General, una Ley Provincial de Víctimas que tienda a adecuar nuestro Régimen Procesal Penal a lo que es el régimen de la Ley Nº 27.372, que si bien es de orden público, invita a las provincias a adecuar su legislación a esa norma. Esas adecuaciones están contempladas en el texto de reforma del Código Procesal que está en manos de la Comisión de Reforma de Justicia, en especial es aspectos trascendentes y fundamentales, cómo es la participación de la víctima como sujeto procesal, no necesariamente como querellante o actor civil, sino como víctima a secas, como dice el doctor Pedro Bertolino, en lo que son procesos de morigeración de condiciones de libertad, ya sea en la etapa penal preparatoria, cuando hay una restricción de libertad y el acusado va a recuperar la libertad, la participación y el anoticiamiento en esta etapa, como así también en los regímenes de morigeración del encierro contemplados y previstos por la Ley Nº 24.660 , que son la semilibertad, libertad condicional, libertad anticipada, que tenga participación la víctima, anoticiamiento, que sea escuchada. Todas estas cuestiones forman parte de los proyectos que consideramos urgente adecuar en nuestra provincia de Salta. También se ha creado una Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género, para que sea una suerte de catalizador y colaboración con las fiscalías especializadas, para que con su trabajo de sistematización de antecedentes, ayuden a una suerte de prognosis de riesgo que le llegue al fiscal, ya en condiciones de tomar determinaciones mucho mas acertadas en cuanto a los antecedentes de cada caso”.
Prioridad en la agenda pública
Al hacer uso de la palabra, el ministro de Justicia Martín Soria, destacó la “prioridad que las políticas públicas destinadas a fortalecer el derecho y las garantías de las personas que son víctimas de delitos en nuestro país tienen dentro de la agenda de trabajo de la cartera nacional de justicia” y expuso la situación actual del Programa PatrocinAR, del Fondo de Asistencia Directo para Víctimas de Trata y el Mapa AyudAR, nuevos programas y políticas implementadas en 2022 desde el Ministerio de Justicia de la Nación.
Sobre el programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR), valoró que “a 7 meses de su creación y lanzamiento el patrocinar ya opera en 21 provincias del país y patrocina 377 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes«.
Soria destacó la consolidación del Sistema de Dispositivos Duales de Supervisión y Rastreo de Agresores por motivos de género. Subrayó “el carácter federal” que detenta ya que gracias a esa política “el gobierno nacional pone a disposición de las provincias, sin importar a que región pertenezca o de que sello partidario sea el gobierno de turno, las ya conocidas “pulseras duales”, tecnología de avanzada para hacer cumplir las restricciones dispuestas por la justicia y prevenir femicidios«.
Destacó que “en los últimos dos años logramos incorporar a todas las provincias dentro del sistema de dispositivos duales, alcanzando el 100% del territorio nacional y federalizando plenamente la política pública” y agregó que “en línea con la ampliación del sistema a todas las provincias del país hemos más que duplicado la cantidad de pulseras entregadas de forma gratuita a las provincias, pasando de 944 en 2019 a 2100 en octubre de este año”.
Martin Soria destacó la puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia Directa a la Víctimas de Trata, herramienta que permite utilizar los bienes y el dinero recuperado de las bandas criminales para asistir económica y directamente a las víctimas de trata, con el objetivo de reparar económicamente los daños sufridos y también asistirlas para que puedan salir de la situación de vulnerabilidad que generalmente se encuentran las víctimas antes de ser captadas.
Reconoció también el trabajo conjunto realizado con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para articular el funcionamiento del Fondo de Asistencia a víctimas de Trata y convocó a todos los jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores y defensoras a “hacer propio esta herramienta de vanguardia que desde el gobierno nacional hemos podido poner en funcionamiento para toda la sociedad”.
Rescatar la dimension humana de las víctimas
Durante su intervención, la presidenta del Consejo Federal de Víctimas, Matilde Alonso, hizo énfasis en la importancia de “Rescatar la dimensión humana de las víctimas, de carne y hueso, en una escucha integral, activa, participativa, atendiendo las afectaciones que le causa el delito sufrido y reparar, restaurar el daño causado, es un deber insoslayable de quienes operamos en todo el sistema a través del cual transitan las víctimas. Atender a los tiempos de las víctimas por sobre la agenda institucional es construir justicia humanizada, donde los derechos humanos se hacen realidad en su debido respeto”.
Por su parte, Azul Romero Beery, Directora Nacional de Asistencia a las Victimas del Ministerio de Justicia de la Nación, afirmó que “Seguimos trabajando para la efectiva implementación de la ley 27.372, garantizando el acceso a la justicia de quien ha sido víctima de delito, posicionándola en un lugar preponderante en el proceso penal”.
El hecho ocurrió el 30 de noviembre pasado. El trabajo en cooperación con la justicia federal por parte de procurador de la provincia, Pedro García Castiella, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio y la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la provincia, fueron claves para que los acusados fueran detenidos y la víctima rescatada.
Inició hoy el juicio del caso seguido contra Franco Jerónimo y Héctor Mario Campos, Héctor Joaquín Emanuel Rodríguez y Ezequiel Maximiliano Toledo, imputados por el delito de secuestro extorsivo doblemente agravado por la edad de la víctima y por la participación de tres o más personas. Además de la imputación principal, y a pedido de la fiscalía, se resolvió que dos de ellos, respondan por el delito de resistencia y atentado a la autoridad, en concurso real.
El empresario Víctor Giménez, fue secuestrado el 30 de noviembre del año pasado, cuando se dirigía a las instalaciones de su empresa ubicada en la avenida Ragone N°1, en la zona este de la ciudad.
La resolución del caso, se obtuvo gracias a un trabajo conjunto entre el Área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Salta, la Procuración General de la Provincia, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE).
La alerta que dio inicio al caso se realizó ante el procurador de la provincia, Pedro García Castiella, quien designó al fiscal Ramiro Ramos Ossorio y dispuso la intervención de la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la provincia.
A partir de lo relatado por un hijo del empresario, a quien los secuestradores contactaron para el cobro del rescate, el fiscal provincial y el titular del Área de Casos Complejos trabajaron de manera conjunta, tal como lo promueve el Código Procesal Penal Federal.
El fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, resaltó el profesionalismo de los investigadores que participaron tanto en las pesquisas como al momento de llevar adelante la persecución de los dos acusados que llevaban a Giménez al intercambio, quienes ofrecieron una tenaz resistencia y estuvieron a poco de causar una tragedia al estrellarse contra una casa. En los mismos términos destacó también la labor de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscal (CIF).
Organizadas por el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito de la República Argentina, conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delito de Nación, mañana jueves 6 de octubre se desarrollará el programa, cuyo tema será “Victimología e Institucionalidad. Avances y desafíos”.
La apertura de las Jornadas estará a cargo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Ignacio Soria (vía zoom); el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella; y la Directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVic) de la provincia de Salta, Matilde Sonia Alonso.
La conferencia inaugural, en tanto, estará a cargo de la Dra. Hilda Marchiori.
A posterior, se dará lugar al desarrollo de tres módulos, con la disertación de destacados profesionales de centros y oficinas del país, como CABA, Provincia de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Tucumán.
La temática a abordar “Victimología e Institucionalidad. Avances y Desafíos” contempla disertaciones de carácter interdisciplinario, vinculados al rol del Estado, pospandemia, los avances institucionales en materia de victimología en la Justicia, el abuso sexual infantil y juvenil, el rol de la víctima en el sistema procesal penal acusatorio, entre otros.
El fin que persiguen estas jornadas es avanzar en la capacitación y sensibilización en una perspectiva victimológica que el sistema de administración de Justicia debe implementar en todas las etapas y en todas las instituciones por las que transita una víctima.
Las Jornadas, que se extenderán desde las 9:00 hasta las 18:00, tendrán lugar en el Salón Dr. Rodolfo Urtubey de la Ciudad Judicial, en dos modalidades, virtual y presencial.
Victimología
La Victimología
como disciplina está atravesada y caracterizada por la interdisciplina, en
tanto trabaja con problemáticas complejas que requieren de diferentes
disciplinas e instituciones. De ahí que su abordaje no se agota en una
materia, sino que requiere de esa multidisciplinariedad, presente en todas las
dependencias, oficinas, centros y servicios de la República Argentina y que
integran el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima.
Como disciplina, se desprende de la Criminología, y su aparición data de principios del Siglo XX y el término tal como se lo utiliza en la actualidad, aparece por primera vez en 1945, en el libro del psiquiatra norteamericano Frederick Wertham. Ese mismo año se publica una de las primeras obras dedicadas específicamente a la teoría victimológica, escrita por el criminólogo alemán Hans VonHentig. De ahí que la Victimología sea una disciplina que viene desarrollando sus métodos y autonomía de manera paulatina y reciente y cobrando relevancia en el ámbito jurídico-forense.
Como disciplina
reciente se desarrolla a través de las investigaciones y avances normativos a
fin de encontrar los mecanismos eficientes sobre cómo concretar o hacer
realidad los derechos y garantías de las víctimas, en cada caso y dependencias
donde la víctima se acerca a pedir ayuda.
Una de las pautas
más importantes para un victimólogo y para quien trabaja en atención de las
víctimas, es desarrollar una adecuada escucha activa y participativa.
El asesoramiento y la información, junto con diferentes herramientas, son esenciales a la hora de tratar con una persona que ha sufrido una victimización primaria, tanto por sus características de vulnerabilidad y su contexto ante estos hechos que han infligido un sufrimiento. En ese ámbito institucional de asistencia, es indispensable desarrollar la escucha activa y empática, con clara perspectiva victimológica.
En conferencia de prensa el Procurador General afirmó que en la causa se trabajó muy bien en la recolección del material genético probatorio en la escena primaria del crimen, lo que permite que no haya lugar para especulaciones. Destacó el trabajo realizado por parte de la Unidad Fiscal y y resaltó a los investigadores a cargo de las tareas.
El Procurador General de la Provincia Pedro García Castiella junto a los integrantes de la Unidad Fiscal Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, y acompañados por el Coordinador General de Fiscales Pablo Rivero, la Directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales Gabriela Buabse y el Comisionado coadyuvante de la Procuración, Juan Ramón Miranda brindaron detalles sobre la investigación que busca dar con los autores del homicidio calificado de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.
García Castiella destacó que la sociedad tiene derecho a estar informada dentro de los límites que permite preservar el éxito de la investigación que aún se encuentra en pleno desarrollo, trabajando en todos los elementos probatorios que hasta el momento se han reunido. «El día del procedimiento, aquel 20 de setiembre fue la conclusión de un arduo silencioso y profundo trabajo que comenzó el día 8 de abril cuando se decidió conformar una nueva Unidad Fiscal para investigar, y la designación de un equipo de investigación especial, ambos con la premisa de que ni los fiscales, ni los investigadores hayan formado parte las investigaciones anteriores para que no haya una contaminación con elementos que hasta ese momento no habían dado resultado»- remarcó.
Relató que: «El procedimiento del 20 de setiembre fue muy complejo, muy difícil de preparar porque demandó el despliegue de una gran cantidad de recursos, con mas de cincuenta y cinco personas trabajando, seis allanamientos simultáneos en dos jurisdicciones diferentes. Donde se debe reconocer el trabajo muy prolijo del equipo de investigaciones bajo la jefatura del oficial ayudante Manuel Colque y con la supervisión del Comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ramón Miranda.
El Procurador remarcó la necesidad de salir a exponer una voz oficial «porque de aquel momento hasta ahora, se escucharon especulaciones, conjeturas, versiones, frente a la que nosotros actuamos silenciosamente y en especial la Unidad Fiscal, obligada por la reserva de las actuaciones que es una condición necesaria para llevar a buen puerto una investigación. Hay una gran cantidad de elementos que no se pueden salir a anticipar y que son necesarios preservar porque, independientemente de la demanda social o periodística en el reclamo de información que es un derecho, también hay una derecho, una obligación y carga del Ministerio Público Fiscal, de llevar adelante una investigación que oportunamente será elevada a juicio, y la ultima palabra la van a tener los señores Jueces».
«Dentro de lo que se puede confirmar a la ciudadanía, confirmamos que conforme el resultado logrado hasta el día de ayer, se trata de un informe parcial realizado sobre un cotejo entre las muestras logradas en la escena del hecho, debidamente preservadas, debidamente secuenciadas que se encontraron en el expediente desde el año 2017 con conocimiento de todas las partes, que inclusive esos datos logrados indican dos perfiles genéticos diferentes uno en gran intensidad y otro en menor intensidad, y que habían sido inclusive enviados a distintos bancos genéticos del país para ver si se podía lograr algún cotejo comparativo que diera un resultado positivo, cosa que nunca se había logrado hasta el momento. Pero conforme el trabajo llevado adelante hasta ahora por el Servicio de Biología Molecular que integra el Laboratorio Forense del CIF, conjuntamente con el perito de control designado por la defensa, se ha llegado a la conclusión de que se acredita una coincidencia del perfil genético H1, con el perfil genético de unas de las personas que se encuentra detenida en este momento«- informó García Castiella.
Aclaró también: «Ésta es una prueba mas sobre la que se tiene que continuar trabajando, hay mucha información adicional que se va a sumar en los próximos días respecto del trabajo genético; y también sobre el estudio de todos los elementos hasta ahora logrados y reunidos no sólo durante los cuatro meses de la investigación que llevó adelante este equipo designado, sino también de todos los elementos colectados en los distintos allanamientos. No hay posibilidad de extravío de pruebas o manipulación de evidencia».
Señaló también el Procurador: «Ante las versiones que desestiman el trabajo investigativo y señalan a los detenidos como «perejiles», debo decir que hay preguntas en torno a estas personas que no podemos contestar en este momento porque estamos en pleno proceso de investigación, pero las acciones realizadas son impecables».
Ademas reconoció el trabajo llevado adelante por los integrantes de la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel Gonzalez, el trabajo desplegado por la Unidad Especial de Investigadores y todas las personas que han colaborado dentro del Cuerpo de Investigadores Fiscales. «No es una cuestión menor después de todo lo que pasó por esta causa, toda la angustia, zozobra e incertidumbre que ha provocado, no solo dentro de los familiares, sino en el contexto social el que una causa durante cinco años no haya podido llegar todavía a una aproximación a lo que se llama el derecho a la verdad, que es una obligación constitucional y convencional de la provincia de Salta y el Estado Argentino. Estamos ante una aproximación que no es menor, pero todavía queda mucho por trabajar»- agregó el Procurador.
Finalmente destacó Pedro García Catiella: «En lo personal, siento una gran satisfacción en el sentido que nos hemos propuesto y que insisto, no lo hemos terminado. En el caso de alcanzar este anhelo, se alcanzará la verdad que va a poder dar paz y honra a la memoria de Jimena Salas, de su familia, de sus hijas. Esas chiquitas algún día van a querer saber que pasó con su mamá y esa, es una obligación y deuda del Estado, por eso esperemos estar a la altura de las circunstancias y poder satisfacerla.
La formación, que se llevó adelante en el edificio del Ministerio Público Fiscal en el Polo Judicial Penal, estuvo focalizada en Investigación y Persecución de Delitos Transnacionales Complejos en el Sistema Acusatorio.
El Procurador General de la Provincia Pedro García Castiella asistió en Mendoza a una capacitación para fiscales provinciales y federales de todo el país sobre Investigación y Persecución de Delitos Transnacionales Complejos en el Sistema Acusatorio organizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.).
Los talleres fueron organizados en conjunto por el Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé quien es además el Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y la Asesora Legal Residente de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) de la embajada estadounidense en nuestro país, Josephine Thomas.
“La OPDAT capacita en todo el mundo temática de delitos transnacionales y sistema acusatorio. Tuvimos la oportunidad de escuchar a jueces y fiscales de EE.UU. que tienen una vasta experiencia en esta temática”, remarcó el titular del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, Alejandro Gullé.
Los fiscales de todo el país, pudieron escuchar al Magistrado del Distrito de Utah, Jared Bennett, exponiendo sobre la organización de los casos complejos en el sistema Acusatorio y también su ponencia sobre Investigaciones Transnacionales.
En tanto, la Fiscal General del Distrito Medio de Florida y Coordinadora del área de delitos de Cuello Blanco, Oficina Ejecutiva de Fiscales Federales del Departamento de Justicia de los E.E.U.U., Amanda Riedel expuso en complejidades en los juicios por jurados y el uso de la prueba extranjera en juicio.
Los magistrados federales de Mendoza, Fernando Alcaraz y Manuel Pizarro, disertaron sobre la investigación de delitos complejos y la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal mendocina.
En la segunda jornada de capacitación, el encargado de brindar su disertación fue el Juez del Distrito de Puerto Rico, Marshal Morgan, quién expuso en tópicos como el rol del juzgador en el sistema penal acusatorio: etapa de investigación y audiencia inicial, y también en la discusión sobre la admisibilidad de evidencia electrónica en el sistema acusatorio mediante el estudio de casos de trata de personas y tráfico de armas en Puerto Rico.
A diferencia de las otras disertaciones se hizo hincapié en la etapa investigativa lo que provocó un feedback e interacción entre los asistentes para conocer más como es funcionamiento del sistema norteamericano.
También se pudo escuchar en este taller a Daniel Petrone juez de la Cámara Federal de Casación Penal y Federico Zurueta fiscal federal de la provincia de Jujuy.
Gullé evaluó que “este intercambio de información y esta capacitación en trabajo conjunto es fantástica y positiva. Las organizaciones delictivas se mueven con una capacidad de desplazamiento muy grande, y una organización importante y la manera de combatir las bandas delictivas es organizándose y prestando cooperación entre los diferentes organismos federales o provinciales. Tenemos que actuar de manera conjunta para desarmar las estructuras del delito”.
