Así lo establecieron los titulares de la Procuración General de la Provincia y de la Unidad Fiscal Federal Salta. La decisión surgió de la coincidencia y afinidad con la que los fiscales de ambos fueros combaten el delito, tal como lo promueve el sistema acusatorio.
A modo de balance, y en un clima ameno, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella y el titular de la Unidad Fiscal Salta, fiscal general Eduardo José Villalba, analizaron el trabajo en cooperación que llevan a cabo los fiscales de ambos organismos, resaltaron los logros alcanzados, hicieron calibraciones, ajustes, e impartieron instrucciones precisas con la finalidad de avanzar sobre otros hechos, entre ellos la ciberdelincuencia.
En el Salón de Reuniones de la Procuración General, en la ciudad judicial, los funcionarios destacaron las investigaciones llevadas adelante, y el curso de otras que se encuentran en etapa de investigación, sin entrar en detalles respecto al objeto procesal, sino más bien en cuanto a las técnicas y el uso de herramientas procesales aplicadas.
Por tal razón, participaron del encuentro investigadores y representantes de las divisiones especializadas de las distintas fuerzas de seguridad, tanto del orden federal como provincial, y entre ellas, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Los presentes destacaron el afianzamiento de las herramientas procesales que brindaron resultados exitosos, pero por sobre todo, se remarcó la afinidad lograda, tanto en los niveles de toma de decisiones, como entre los investigadores de campo, los que pudieron hacer aportes valiosos para optimizar la tarea conjunta.
Tanto García Castiella como Villalba, resaltaron el clima alcanzado, el que adjudicaron al acertado criterio cristalizado por el Código Procesal Penal Federal, en particular en sus artículos 90 y 123, que facultan y obligan a los Ministerios Públicos a trabajar en cooperación, contra el delito.
Sobre el mencionado artículo 90 cabe señalar, que impone sobre el Ministerio Público Fiscal de la Nación el deber de promover “una amplia coordinación y actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias”, para lo cual otorga la facultad de celebrar los convenios necesarios a tal efecto.
El artículo siguiente, incluso, es más expeditivo al respecto, pues insta a que las investigaciones se lleven a cabo de manera “conjunta” y en un ámbito de “cooperación”, para lo cual se faculta a los fiscales federales a formar equipos de trabajo tanto en una misma jurisdicción, como fuera de ella.
“Consideramos que este deber de trabajar codo a codo, que llegó de la mano del sistema acusatorio, se vio cumplido ampliamente. Y esto no es porque nosotros lo digamos, sino basta con mirar los casos resueltos de manera conjunta, y no sólo en materia de narcotráfico que ya fueron varias, sino también en hechos de trata de personas y el secuestro extorsivo sufrido por un empresario local”, coincidieron ambos funcionarios.
En este análisis, no se pasó por alto el trabajo previo impulsado desde 2014, cuando el gobierno provincial adhirió a la desfederalización en materia de estupefacientes, oportunidad en la que se impulsaron mesas de trabajo entre la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y la PROCUNAR NOA, lo que puso a Salta a la vanguardia en materia de investigación criminal.
“En base a ello, es que entendimos y decidimos avanzar y aplicar esta modalidad de trabajo sobre otros ilícitos, incluida la ciberdelincuencia, pues en vez de ir por detrás, debemos anticiparnos. En estos últimos tres años, desde el 10 de junio de 2019, Salta y Jujuy han demostrado que la justicia, a través de la implementación del sistema acusatorio, puede dar respuesta a la sociedad y hacerlo en niveles de celeridad nunca antes vistos”, destacó Eduardo Villalba.
Por su parte, García Castiella señaló que “la colaboración reciproca alcanzada con la interacción y aportes entre fiscales y equipos de investigación que se ha logrado consolidar ha dado resultados exitosos inobjetables, no suficientemente visibilizados y ponderados, en el esclarecimiento de numerosos hechos criminales. Tenemos el deber de anticiparnos en la potenciación de la ingeniería de investigación criminal, entendiendo que, logrando el esclarecimientos de hechos violentos y de modalidades criminales inusitadas, se evita la impunidad. Esta debe ser una respuesta contundente y sin fisuras de todas las agencias de investigación y persecución penal del Estado, ya sean federales o provinciales, ante la amenaza constante de instalación del crimen organizado” .
