Cristian Palavecino fue imputado por el homicidio de Avandillo

Está acusado de forma provisional de ser el autor material del homicidio ocurrido en la ciudad de Orán el pasado mes de mayo de 2023. Asimismo Julio Tolaba, fue imputado por el presunto encubrimiento del homicidio. 

Luego del megaoperativo realizado el pasado jueves en Orán, en el que se realizaron 11 allanamientos con la participación de más de 80 efectivos, y donde se imputaron tres personas, entre ellas dos miembros del grupo familiar mas cercano de Cristian “El Gringo” Palavecino, la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, realizó dos nuevas imputaciones.

En un importante despliegue de seguridad, se trasladó a Cristian Palavecino a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de la ciudad de Salta, donde fue imputado de forma provisional como autor del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Alejandro Jesús Avandillo.

El acusado estuvo acompañado de defensa particular y tras conocer la nueva imputación en su contra, se abstuvo de declarar. Cabe destacar que Palavecino permanece detenido con prisión preventiva por otros hechos en los que encuentra imputado.

En tanto Julio Antonio Tolaba fue imputado por encubrimiento agravado, al ser acusado de haber tenido participación en el hecho. En la audiencia prestó declaración pero se abstuvo de responder preguntas.

Cabe recordar que Alejandro Jesús Avandillo ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza el pasado 19 de mayo al hospital San Vicente de Paúl y falleció un mes después.

A través de las numerosas tareas investigativas realizadas por personal la Unidad de Investigación UGAP, dos individuos fueron identificados y detenidos como quienes trasladaron a Avandillo al hospital. Se trata de dos hombres de 30 años y 21 años, quienes se encuentran privados de su libertad y afrontan imputaciones como partícipes necesarios del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En la avanzada investigación, respaldada por exhaustivos análisis de comunicaciones, revisión de cámaras de seguridad y allanamientos, se consolidaron pruebas contundentes. Estos elementos condujeron a la solicitud y posterior ejecución de órdenes de allanamiento para 11 domicilios de Orán el pasado jueves 1 de febrero, donde se detuvo a tres personas, dos de ellas miembros del grupo familiar de Palavecino.

La imputación provisional de Palavecino como autor del homicidio de Avandillo se produce a partir de haber obtenido elementos de convicción necesarios durante la investigación para sostener que sería él quien habría efectuado efectuó el disparo que luego derivó en su deceso.

Orán: Dos personas del círculo íntimo de Cristian Palavecino implicados en un homicidio

Orán: Dos personas del círculo íntimo de Cristian Palavecino implicados en un homicidio

Están vinculados al incidente en el que Avandillo falleció tras sufrir una herida de bala en la cabeza, y las imputaciones apuntan a su participación directa en estos hechos. Durante los allanamientos se recolectaron elementos que se consideran cruciales y aportan pruebas significativas a la investigación en curso.

Tras el contundente megaoperativo llevado a cabo el pasado jueves en Orán, en el que se realizaron 11 allanamientos con la participación de más de 80 efectivos, se imputaron a las tres personas detenidas, entre ellas, dos miembros del grupo familiar íntimo de Cristian “El Gringo” Palavecino.

Cabe destacar que la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, integrada por los fiscales penales María Soledad Filtrín Cuezzo, María Luján Sodero Calvet y Pablo Cabot, investiga el homicidio de Alejandro Jesús Avandillo, quien ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza el pasado 19 de mayo al hospital San Vicente de Paúl y falleció un mes después.

A través de las numerosas tareas investigativas realizadas por personal la Unidad de Investigación UGAP, dos individuos fueron identificados y detenidos como quienes trasladaron a Avandillo al hospital. Se trata de dos hombres de 30 años y 21 años, quienes se encuentran privados de su libertad y afrontan imputaciones como partícipes necesarios del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En la avanzada investigación, respaldada por exhaustivos análisis de comunicaciones, revisión de cámaras de seguridad y allanamientos, se consolidaron pruebas contundentes. Estos elementos condujeron a la solicitud y posterior ejecución de órdenes de allanamiento en 11 domicilios de Orán el pasado jueves 1 de febrero. La operación contó con la colaboración de más de 80 efectivos policiales de diversas áreas jurisdiccionales y las ocho divisiones de la Unidad Especial de Investigación Norte.

En esas circunstancias, se efectuaron las detenciones de una mujer de 33 años, un joven de 18 años, ambos miembros cercanos al círculo íntimo de Cristian «El Gringo» Palavecino, y de un hombre de 32 años. Además de estas detenciones, el operativo se destacó por el decomiso de armas de fuego, proyectiles, un inhibidor de señal de celulares, dispositivos móviles, una motocicleta, chalecos tácticos con emblemas de la Gendarmería Nacional y otros elementos cruciales para la investigación en curso.

La Unidad Fiscal investiga a los dos familiares de Palavecino ahora detenidos, por su participación en el hecho donde Avandillo fue herido con un arma de fuego en la cabeza. Además el otro imputado, quien fue compañero de causa del fallecido ante la Justicia Federal, seria la persona encargada de recibir el automóvil (aún no encontrado) en el que los trasladaron hasta el  hospital.

Es por eso que la Unidad Fiscal imputó de forma provisional a la mujer de 33 años como coautora del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, coautora del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y como autora del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil en concurso real.
Al hombre de 18 años como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y coautor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Finalmente al hombre de 32 años se lo imputó como coautor del delito de encubrimiento agravado.

La mujer y el joven fueron asistidos por defensa particular y el otro acusado por defensa pública. Prestó declaración solo uno de ellos y desde la Unidad Fiscal se solicitó que permanezcan detenidos mientras se cumplen medidas dispuestas.

Las tareas investigativas de la Unidad Fiscal continúan adelante y se adelantó que habrá nuevas imputaciones.

 

Megaoperativo con tres detenidos para esclarecer un crimen en Orán

El hecho investigado ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando durante la madrugada ingresó al hospital local Alejandro Jesús Avandillo con una herida de arma de fuego en la cabeza y falleció un mes después. Por el hecho se encuentran detenidos e imputados dos hombres de 30 y 21 años.

La investigación inicialmente fue llevada adelante por la Fiscalía de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán y ante el avance de la misma y la posible vinculación del hecho con actividades de organizaciones criminales, pasó a manos de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia.

Del avance de las tareas desplegadas en la causa, entre las que se cuenta análisis de comunicaciones, de cámaras de seguridad, allanamientos y otras, se reunieron los elementos de convicción necesarios para solicitar orden de allanamiento para 11 domicilios en esa ciudad, los que se concretaron durante la mañana de este jueves con la colaboración de más de 80 efectivos policiales de distintas áreas de la jurisdicción y de las ocho áreas de la Unidad Especial de Investigación Norte.

Como resultado de la medida se detuvo a una mujer y dos hombres mayores de edad, quienes serán imputados en las próximas horas.

También se produjo el secuestro de distintos elementos de interés para la causa.

 

 

 

Juraron un nuevo fiscal y dos nuevos auxiliares fiscales

Este martes, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento a un nuevo fiscal subrogante y a dos nuevos auxiliares fiscales del Ministerio Público Fiscal.

El nuevo fiscal penal y los auxiliares penales se desempeñarán en fiscalías del distrito judicial Orán y del Centro y fueron elegidos mediante un concurso público de antecedentes y oposición.

Juró Carlos Alberto Salinas como reemplazante del cargo de fiscal penal de Orán en carácter temporario, mientras dure la ausencia y hasta tanto se cubra la vacancia de conformidad.

En tanto, como auxiliares de fiscalía penal, juraron Guillermo José Gutiérrez, quien se desempeñará en el distrito judicial Orán y Andrea Cecilia Cardozo como auxiliar fiscal de Fiscalía Penal Juvenil del distrito Centro.

El procurador general, Pedro García Castiella a su turno, agradeció la concurrencia de funcionarios del Ministerio Público y familiares al acto de jura.

En sus palabras, García Castiella resaltó el esfuerzo realizado por los nuevos funcionarios, quienes participaron de un proceso evaluador, del que resultaron elegidos como los mejores postulantes y su vez los invitó a reflexionar sobre la responsabilidad, el compromiso y la dedicación que la nueva función implica para llevar adelante la misión confiada al Ministerio Público Fiscal por la Constitución Provincial del ejercicio de la acción penal pública y la representación de los intereses de la sociedad.

El Procurador los alentó a no escatimar esfuerzos en la búsqueda de soluciones efectivas y en la promoción de un sistema judicial más eficiente y equitativo, ya que su labor, en colaboración con otros organismos y entidades gubernamentales, contribuirá significativamente a la construcción de una sociedad más justa y transparente.

El acto se realizó en el Salón Auditorio de la Escuela del Ministerio Público Fiscal,  donde los nuevos funcionarios, luego de prestar juramento, procedieron a firmar el libro de actas.

Imputaron a un exinterno de la Unidad Carcelaria 1 y su pareja en la causa de Jefes del Servicio Penitenciario

La pareja se negó a prestar declaración. Se les acusa del delito de comercialización agravada de estupefacientes en un lugar de detención.

La Unidad Fiscal integrada por el procurador General de la Provincia de Salta Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Santiago López Soto imputó provisionalmente a un hombre y una mujer por el delito de comercialización agravada de estupefacientes por ser cometida en lugar de detención.

Durante la audiencia, ambos fueron asistidos por un abogado particular y se negaron a prestar declaración. Desde la Unidad Fiscal se solicitó la prisión preventiva de la pareja.

El hombre y la mujer fueron detenidos el jueves 25 de enero en el marco de la causa en la que el Ministerio Público Fiscal investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

Los imputados son un exinterno de la Unidad Carcelaria 1 y su pareja. Ambos se encuentran alojados en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

 

Dos nuevos detenidos en la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario

 

 

Revocan arresto domiciliario a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario y otros cuatro involucrados en una causa

Se hizo lugar a la apelación presentada por la Unidad Fiscal, que investiga las presuntas maniobras en las cuales se solicitaba dinero a cambio de conceder determinados beneficios o permitir la introducción de elementos prohibidos y sustancias estupefacientes a individuos privados de su libertad.

En el marco de la investigación por presunta corrupción en el Servicio Penitenciario, la fiscal de Impugnación en feria, Karina Holmquist Moreira fue notificada acerca de la decisión del Juez Pablo Mariño de revocar parcialmente el arresto domiciliario concedido a cinco funcionarios de dicha institución y a otros cuatro individuos vinculados con la investigación en curso. La medida comprende a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario, destacando la presencia de tres jefes. Además, se encuentra la madre de un individuo privado de la libertad, quien se presume desempeñó un papel crucial en la fragmentación y entrega de sustancias estupefacientes a un guardia carcelario. Sumado a esto, se identifican otras tres personas que habrían llevado adelante roles significativos dentro de la organización bajo investigación.

La decisión sobre otras cuatro mujeres imputadas en la causa, es que permanezcan bajo arresto domiciliario.

En su escrito, el magistrado recomienda que, dado que la prisión preventiva afecta a personal penitenciario encargado de la custodia de los internos en el penal de la UUC Nº 1, el Tribunal de origen debe tomar las medidas con el propósito de prevenir posibles afectaciones a la integridad física de los encausados. Sugiere su reubicación en una dependencia donde no tengan contacto con los internos ni con sus colegas de trabajo. En caso de no ser posible, se recomienda su alojamiento en alguna dependencia bajo la jurisdicción del Gobierno Federal. Asimismo, se insta a aplicar estas mismas precauciones para los acusados civiles.

La medida obedece a la presentación de un recurso de apelación presentado por parte de la Unidad Fiscal, conformada por el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Santiago López Soto. Este recurso fue reiterado, planteando en la decisión adoptada de conceder el arresto domiciliario, un riesgo potencial de entorpecimiento durante la fase inicial de la investigación, incluso antes de obtener las declaraciones de posibles testigos. Esto resulta esencial para el desarrollo adecuado del proceso judicial, ya que se busca garantizar que las declaraciones se realicen sin temores ni presiones, preservando así la integridad del testimonio y contribuyendo a una resolución justa de la investigación. 

 

Por una nueva amenaza se reiteró el pedido de revocatoria al arresto domiciliario otorgado a los jefes del Servicio Penitenciario.

Dos nuevos detenidos en la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario

Se trata de un exrecluso y su pareja. Es en el marco de la investigación sobre facilitación de beneficios a cambio de dinero. 

Esta mañana se llevaron a cabo dos nuevas detenciones en el contexto de la investigación relacionada con funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de conceder beneficios o facilitar la introducción de elementos prohibidos y estupefacientes a personas privadas de la libertad.

Los detenidos son un exinterno de la Unidad Carcelaria 1 y su pareja, quienes fueron trasladados y alojados en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

La solicitud de allanamiento y detención fue presentada al Juzgado de Garantías interviniente por la Unidad Fiscal a cargo de la investigación, integrada por el procurador General de la Provincia de Salta Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto.

En las próximas horas, tanto el hombre como la mujer serán imputados.

 

Imputaron a los detenidos en la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial

 

Por una nueva amenaza se reiteró el pedido de revocatoria al arresto domiciliario otorgado a los jefes del Servicio Penitenciario.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta recibió una denuncia de amenazas a una persona vinculada a la causa. Cabe destacar que el 29 de diciembre pasado, la Unidad Fiscal interviniente ya había presentado un recurso de apelación al Juzgado de Garantías 3 solicitando la revocación de las medidas sustitutivas.

Pedro García Castiella, procurador General de la Provincia de Salta; Ana Inés Salinas Odorisio y Santiago López Soto, integrantes de la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas, interpusieron ante el Juzgado de Garantías 3, una reiteración  del recurso de Apelación en contra de las Resoluciones adoptadas por el Juez de Garantías 4, quien ordenó la medida sustitutiva de detención domiciliaria de 13 de los involucrados.

Así, desde la Unidad Fiscal se ratificaron y ampliaron los fundamentos del pedido de revocatoria de arresto domiciliario ya solicitado en fecha 29 de diciembre de 2023 y se requirió se ordene la detención de los imputados.

En la mañana de hoy, la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta recibió una denuncia de amenazas a una persona vinculada a la causa. Además se destacó que se logró advertir que las lineas telefónicas pertenecientes a los teléfonos secuestrados fueron activadas en otros aparatos telefónicos, ocasionando con ello el entorpecimiento de la investigación.

En el escrito, también precisaron que “no se pueden detallar los nombres y apellidos de los testigos citados, toda vez que los mismos son interceptados días antes de declarar, en sede de esta Unidad Fiscal”.

Con todo ello, y dado el estado de la investigación, consideraron que “existe riesgo de entorpecimiento previsto por el Art. 389 del C.P.P., en tanto aún no se le ha recibido declaración a los posibles testigos de los hechos, siendo necesario cautelar su testimonio tanto en esta etapa como en el plenario, en donde en definitiva se constituirán en prueba” y que “deviene imprescindible asegurar que los testigos concreten su declaración de manera segura, libre, y veraz, en el transcurso del presente proceso”.

 

El Ministerio Público Fiscal apeló la decisión del juez que negó la prisión preventiva y otorgó el arresto domiciliario a los jefes del Servicio Penitenciario

Comunicado tras el brutal ataque contra el fiscal César Suárez en Ecuador

En respuesta al reciente y brutal ataque llevado a cabo por miembros de grupos vinculados a organizaciones narco criminales contra el fiscal César Suárez, encargado de investigar graves atentados contra instituciones de la República de Ecuador, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, junto con el Consejo Federal de Política Criminal, expresaron su más enérgico repudio.

Con las firmas del presidente del Consejo Federal de Política Criminal Jorge Luis Miquelarena, y el presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina Jorge Omar Canteros,  reiteraron, mediante un comunicado,   la convocatoria realizada hace años a las distintas administraciones de los tres poderes del Estado Nacional, con el objetivo de planificar estrategias que se erijan como verdaderas políticas de estado, con el fin de prevenir que organizaciones criminales atenten contra las autoridades democráticas, comprometiendo la gobernabilidad y la paz social.

 

COMUNICADO

Ante el brutal ataque perpetrado por integrantes de grupos pertenecientes a organizaciones narco criminales en contra del fiscal César Suárez, quien investigaba graves atentados contra instituciones de la República de Ecuador, el Consejo de Procuradores ,Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, asociaciones integradas por los Procuradores y Fiscales Generales de todas las Provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresan su más enérgico repudio y reiteran la convocatoria efectuada hace años atrás a las distintas administraciones de los tres poderes del nuestro Estado Nacional , con el objeto de planificar estrategias que se erijan en verdaderas políticas de estado, a fin de evitar que organizaciones criminales atenten contra las autoridades democráticas y comprometan la gobernabilidad y la paz social.

Desde tiempo atrás, nuestras organizaciones vienen reclamando colocar en agenda nacional la situación por la que atraviesan algunas provincias argentinas en razón del avance de la distribución de drogas en sus territorios.

Visualizamos el flagelo del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad y corruptor de todos sus estamentos.

Es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de estado que sean generales, fuertes y sustentables en el tiempo. Las medidas coyunturales que se adoptan de manera espasmódica, se erigen en soluciones paliativas temporales que sólo retrasan un resultado indefectiblemente negativo.

Es necesario un abordaje integral del conflicto mediante la creación de un sistema inclusivo de lucha que abarque tres aspectos: prevención, asistencia médica – social y punición del fenómeno criminal. Atacar directamente las consecuencias sin actuar sobre las causas no soluciona el problema.

Venimos advirtiendo que la situación que atraviesa hoy Rosario es de máxima gravedad y que puede desembocar en hechos lamentables como los que está viviendo el país hermano de referencia. Las muertes de este último año y las amenazas a fiscales, funcionarios y hasta al propio gobernador constituyen un triste reflejo de lo que exponemos.

Quede claro que este panorama, con diferentes matices, no es patrimonio exclusivo de esta importante ciudad argentina. Lamentablemente estamos percibiendo que, con distintas modalidades, se está extendiendo hacia otros horizontes de nuestro país.

Es necesario e imperioso articular y armonizar los recursos materiales y el capital humano del Estado Nacional y los Estados Provinciales, trabajandode manera conjunta sin escatimar esfuerzos, y optimizando la tarea de todos los organismos que asumen las investigaciones y el combate de las actividades que desarrollan estas organizaciones narco criminales .

Es propósito de nuestros Ministerios expresar la absoluta disponibilidad para toda convocatoria encaminada a la concreción de estos fines. Creemos que nuestra Nación está a es tiempo de enfrentar esta modalidad delictiva de manera ordenada y conjunta, en pos de sostener nuestro sistema democrático de gobierno, asegurando la paz social y una sana convivencia de todos los argentinos.

 

El Procurador General se reunió con el intendente Durand

Durante el encuentro se abordó la problemática de la contaminación en río Arenales y sus consecuencias para la salud de la población, la posibilidad de realizar trabajo coordinado del Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad a través de los Centros Integradores Comunitarios y en la agilización de los trámites pertinentes para que el municipio pueda dar cumplimiento a la tarea de eliminar baldíos en terrenos privados.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, mantuvo este lunes una reunión con el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, donde se abordaron distintos temas vinculados a problemáticas  del ejido municipal.

En relación a la problemática de contaminación del río Arenales y a cuyos fines se creó una Unidad Fiscal Ambiental, el intendente Durand fue puesto en conocimiento de las tareas que se llevan adelante y se planteó la posibilidad de que la Municipalidad, a través del área de Bromatología, pueda realizar controles administrativos de los productos (frutas y verduras) que se venden en el mercado local.

En relación a las problemáticas barriales, se analiza la posibilidad de mediante convenios, realizar un trabajo integrado entre el Ministerio Público Fiscal con la Municipalidad para que en los Centros Integradores Comunitarios, se brinde asistencia a víctimas de violencia familiar y de género y los jóvenes en relación a la comisión de delitos menores, a fin de realizar un abordaje socioeducativo.

Finalmente se planteó la necesidad de agilizar los trámites judiciales para lograr el ingreso del Municipio a terrenos baldíos particulares en función de la higiene y el orden público que se requiere, a lo que el Procurador comprometió su colaboración.