El Procurador General ratificó la acusación al juez Laurenci

En el día de hoy, Pedro García Castiella se expidió sobre la necesidad de admitir la acusación oportunamente efectuada al juez Edgardo Laurenci por su actuación ante la fuga del homicida de Liliana Ledesma, Lino Ademar Moreno.

​El pasado 28 de septiembre, en ejercicio de las facultades que la Constitución y la Ley le confieren, el Procurador General acusó ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Edgardo Lauranci por considerar que su actuar constituyó mal desempeño e incumplió sus deberes como magistrado jurisdiccional, en relación con la fuga de Lino Moreno, solicitando su destitución.

​Tal como lo prevé el trámite de la Ley 7138 (art. 12, párrafo 4to.) el Jurado corrió vista al denunciado para que conteste la acusación y ofrezca pruebas, al tiempo que también corrió vista al Procurador General.

​En respuesta de esa vista, en el día de la fecha el Procurador General García Castiella ratificó su posición y se expidió sobre la admisibilidad formal de la acusación, ya que ese es el sentido de la opinión que se le requirió en esta instancia -hecho que implica solicitar la apertura formal del procedimiento de enjuiciamiento y la suspensión preventiva del acusado-.

​En el escrito que se presentó esta mañana, se destacó que la acusación formulada cumple adecuadamente con los requisitos legales, pues ha individualizado correctamente al magistrado al que se acusa, contiene una exposición clara y precisa de los hechos en que se funda, una adecuada relación entre el contenido fáctico y las normas que se enuncian, una explicación somera de las causales constitucionales y legales previstas y por las que se solicita el juicio y, por último, un adelanto de la prueba que se ofrece para la instancia de debate.

​Destacó el Procurador General que resulta relevante, pertinente y conveniente que el Jurado se expida sobre la admisión de la acusación instada por su parte, a los fines de que la sociedad salteña tenga la oportunidad de conocer, mediante la correspondiente audiencia de debate oral y pública, los graves hechos que fueron denunciados, la prueba que allí se producirá, la defensa que pueda articular el denunciado y, en definitiva, la valoración –ceñida a las pruebas que en ese acto se produzcan- sobre si el juez Edgardo Osvaldo Laurenci se encuentra o no en condiciones de seguir ejerciendo la magistratura jurisdiccional.

El Procurador General denunció ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Laurenci

Interés de todos los Poderes en el fortalecimiento de acciones para la lucha contra el Crimen Organizado

​En el marco de las actividades que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Orán y luego de la visita del procurador Pedro García Castiella a las fiscalías penales, el Gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, le comunicó que el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, asumió el compromiso de realizar acciones concretas para un abordaje integral de las alertas delictivas que se detectaron como problemática en esa región, comprometiendo el refuerzo de las estructuras federales y de logística territoriales de las agencias de seguridad nacionales para un abordaje coordinado que permita enfrentar de manera efectiva los desafíos particulares que presenta el norte de nuestra provincia, asegurando un impacto positivo en la persecución penal eficiente y sistemática e incrementar la seguridad de la zona de frontera.

​Este compromiso asumido por la autoridades nacionales, viene a reforzar la política criminal planteada, desde hace un tiempo, por este Ministerio Público Fiscal, el cual primeramente tuvo una acogida positiva por parte del Gobernador de la Provincia al transferir los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación con base en la ciudad de Orán. Ahora bien, resulta de suma importancia el acompañamiento nacional, al accionar que está desplegando la recientemente creada Unidad Fiscal Especial de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, como así también el andamiaje de la Unidad de Graves Atentados.

​El fortalecimiento del trabajo en materia de seguridad a cargo del Ejecutivo provincial y la obligación de una persecución penal estratégica a cargo del Ministerio Público Fiscal, nos lleva al desafío de articular actividades de interacción conjunta con distribución de funciones específicas en pos de un adecuada respuesta a la problemática de frontera.

​Tales acciones resultan sumamente auspiciosas para el sostenimiento de la tranquilidad y la paz social en el norte de la provincia, por cuanto el abordaje del flagelo del crimen organizado no puede jamás resultar de esfuerzos aislados e inconexos de las provincias individualmente, sino que requiere indefectiblemente de una agenda conjunta entre autoridades nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad y Ministerios Públicos Fiscales. Dicha exigencia se visibiliza más aún en nuestra provincia, atendiendo que en el Sistema Procesal Penal local y federal impera el sistema acusatorio penal, que sitúa a los fiscales como titulares de las investigación criminal.

El Procurador visitó la ciudad de Orán

Garcia Castiella brindó a las fiscales actuantes en distintas causas, el respaldo del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El día de hoy, el procurador general de la provincia de salta, Pedro García Castiella, llevó a cabo una visita a las Fiscalías Penales ubicadas en el distrito de Orán, donde sostuvo encuentros con las fiscales penales Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo, Daniela Murúa, Mariana TorresMaria Sofía Fuentes de Pichanal.

El Procurador expresó su acompañamiento a las fiscales en las investigaciones que actualmente están en desarrollo y enfatizó en el compromiso del Ministerio Público Fiscal en contribuir al bienestar y la confianza de la ciudadanía de Orán en el sistema de justicia.

Acompañaron al Procurador, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, el Secretario de Política Criminal de la Procuración, Gaspar Solá, el auxiliar de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado Daniel Espilocin, y el jefe del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, Juan Ramón Miranda.

Unidad Fiscal rechaza el pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa de Palavecino

La falta de arraigo, la amenaza de una pena significativa y el peligro de obstrucción a la investigación son destacados como razones para mantener la prisión preventiva.

En respuesta a la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa y al pedido del juez Francisco Oyarzú de requerir informes de factibilidad técnica para vigilancia por monitoreo del imputado Cristian Gabriel Palavecino en su domicilio, los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, miembros de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, han expresado su oposición ante el Juez de Garantías.

La Unidad Fiscal sostuvo que no existen nuevas circunstancias que modifiquen los fundamentos expuestos en el pedido de prisión preventiva formulado el 19 de octubre de 2023. Al contrario, desde esa fecha se han incorporado nuevos elementos que refuerzan la participación de Palavecino en los hechos imputados, y la sofisticada estructura criminal con la que operaba, así como la validez de los riesgos procesales previamente identificados por el Ministerio Público Fiscal.

En una audiencia celebrada el 6 de noviembre de 2023, la Unidad Fiscal presentó nuevos elementos que incrementan el conocimiento sobre la participación de Palavecino en los hechos, incluyendo audios en los que el imputado reconoce su participación en un violento robo a la empresa Abra de Sol. Esto refuerza la probabilidad de una condena de ejecución efectiva, considerando la gravedad de los delitos imputados.

Además, se destaca que el imputado carece de arraigo, como se evidencia en su período prófugo, desestimando la afirmación de desconocimiento de ser requerido por la justicia. La Unidad Fiscal subraya además que la prisión preventiva fue dispuesta en otra causa por los mismos riesgos procesales.

También se indica la existencia de un peligro actual de entorpecer la investigación, evidenciada en audios y en el material probatorio que surgen de la evidencia digital extraída de los celulares, que dan cuenta de la peligrosidad y la clara intención de Palavecino de influir en miembros de la policía, Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

Respecto al pedido de informes efectuado por parte del juez Oyarzú a la UADME a fin de evaluar la viabilidad técnica de implementar un sistema de vigilancia monitoreado para el imputado, con el objetivo de reemplazar su detención por un eventual arresto domiciliario, la Unidad Fiscal expresó su oposición sosteniendo que el arresto domiciliario, ya sea en la residencia propuesta o en cualquier otra, no constituye una medida apropiada ni adecuada para mitigar los riesgos procesales previamente expuestos.

Cabe resaltar, que Palavecino mantuvo una conducta evasiva al encontrarse prófugo por un periodo de 5 años.

Por las razones expuestas, la Unidad Fiscal sostiene la necesidad de rechazar los pedidos de la defensa.

Reunión con funcionarias del Cuerpo Diplomático y Consular de la embajada de Estados Unidos

Las representantes informaron sobre los ámbitos de injerencia en los que se vienen desempeñando. Destacaron la importancia de la colaboración mutua.

El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella mantuvo un encuentro hoy con la Vice Cónsul de los Estados Unidos, Jessica Rodríguez, y la Coordinadora de Pasaportes de la Sección Consular de Servicios al Ciudadano Estadounidense de la Embajada de los Estados Unidos de América, María Eugenia Arrube.

Durante el encuentro, ambas funcionarias destacaron la importancia de la labor desempeñada por la Sección Consular, que se centra en dos áreas fundamentales. Por un lado, la emisión de pasaportes estadounidenses, y por otro, brindando asistencia consular a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en territorio argentino.

Junto al Procurador, abordaron la temática de la colaboración recíproca en un amplio espectro de servicios de asistencia, que incluyen cuestiones relacionadas con la salud, situaciones de arresto, atención a víctimas de delitos, extradiciones, sustracción internacional de menores en el marco de la Convención de La Haya, manejo de casos de fallecimiento de ciudadanos estadounidenses en territorio argentino y su repatriación a los Estados Unidos, así como cuestiones relacionadas con situaciones en la frontera.

La reunión entre el Procurador García Castiella y las representantes de la Embajada de los Estados Unidos refleja el compromiso de ambas partes para fortalecer la cooperación y garantizar la protección de los intereses de los ciudadanos estadounidenses en Argentina.

Solicitan refuerzo de seguridad en Fiscalías Penales de Orán

El pedido responde a la recopilación de evidencia en material peritado en posesión del imputado Cristian Palavecino. Diversas fotografías sugieren tareas de espionaje sobre posibles puntos de acceso a edificios de relevancia, como las Fiscalías Penales de Orán y las instalaciones del CIF.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, ha emitido una comunicación oficial dirigida al ministro Marcelo Dominguez, reiterando su solicitud de refuerzo de seguridad en las oficinas de las Fiscalías Penales del Distrito Judicial Orán, ubicadas en la calle Lamadrid al 300 y Coronel Egües al 400, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

La necesidad de esta solicitud de refuerzo de seguridad está relacionada con el material probatorio recopilado a partir de  dispositivos electrónicos incautados en el marco de la investigación del homicidio calificado de Alejandro Avandillo (A. P. 487/23). Este material incluye elementos de convicción relevantes para otros casos, incluyendo la causa denominada «Palavecino, Cristian Gabriel; Malissia, Matías; Ruiz, Dimas y otros por robo calificado en perjuicio de la empresa Abra De Sol».

El material descubierto consiste en diversas fotografías de los edificios que albergan las Fiscalías Penales, del CIF de Orán, edificios contiguos y postes de alumbrado público cercanos a los balcones de uno de los edificios, elementos que se encontraban en las extracciones telefónicas de los aparatos celulares secuestrados, lo que sugiere una posible actividad de inteligencia y seguimiento por parte de una organización criminal. Esta situación, junto con otros casos pendientes, se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte integrada por los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo y Pablo Cabot.

Ajuntamos algunas de las las fotografías mencionadas.

 

Revelaciones claves en la causa del asalto a la empresa Abra de Sol

El avance en la investigación reveló posibles conexiones claves entre imputados por el caso de robo a la empresa frutihorticola. Se trataría de integrantes de una organización criminal sofisticada.

En el marco del avance de la investigación que viene realizando la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia, integrada por los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo y Pablo Cabot, se ha obtenido información relevante -entre varios elementos de prueba- relacionada con el robo perpetrado contra la Empresa Abra de Sol (Legajo 115/22) que fortalece la sospecha sobre la participación de los imputados en el caso.

La informacion referida proviene  de la investigación vinculada a un homicidio que se tramitaba en la Unidad de Graves Atentados de Orán, donde la victima fue gravemente herida y depositada en el Hospital local ( Legajo de Investigación 16/23). En ese marco se realizó peritaje, extracción y análisis  a teléfonos celulares que previamente fueron secuestrados como resultado de los allanamientos realizados por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del CIF, encontrándose audios que implicarían la comunicación entre Cristian “Gringo” Palavecino y José Dimas “Oso” Ruiz, en circunstancias de organización en el marco del asalto y robo a mano armada a la mencionada empresa frutihorticola, y diferencias en la banda investigada que sobrevinieron con posterioridad a la detención de Brian Palavecino. 

Es importante recordar que en diciembre del año pasado, individuos que ocultaban sus identidades tras pasamontañas, gafas, y cascos de motocicletas, entre otros elementos, ingresaron al salón principal de la empresa ubicada en la calle Arenales de la ciudad de Orán. Portando armas de fuego de grueso calibre, sometieron ejerciendo violencia física, al personal y a los directivos, apropiándose de una suma considerable de dinero en moneda nacional y extranjera, así como de pertenencias de los empleados.

En el día de hoy, y en cumplimiento a una medida ordenada por Unidad Fiscal el pasado viernes 3 de noviembre, y debidamente notificada a las defensas en aquella fecha,  se realizaron sendas audiencias para poner en conocimiento de los imputados Palavecino y Ruiz, respecto del hallazgo de los audios considerados como elementos de prueba, quienes se abstuvieron de prestar declaración indagatoria.

A través de estas conversaciones se puede inferir que Ruiz, quien se desempeñaba laboralmente en la empresa, podría haber proporcionado información crucial para llevar a cabo el robo, además de desempeñar un papel importante en el encubrimiento de la banda que lideraría Palavecino.

La supuesta organización criminal con asiento en el norte de la provincia de Salta, estaría involucrada en asesinatos por encargo, ajustes de cuentas, narcotrafico y violentos robos a mano armada. Contarían con una estructura de alto nivel que planificaba los hechos con inteligencia previa, haciendo uso de tecnología sofisticada, diversidad de armamentos, anillos de seguridad y personas encargadas de la vigilancia en los lugares objetivo. Llama poderosamente la atención que del análisis de los datos digitales surgen diversas fotografías de distintos posibles lugares de acceso a los edificios de las Fiscalías Penales de Orán y de las instalaciones del CIF, por lo que se solicitó a la Unidad Regional 2 disponga la consigna policial correspondiente. 

 

Para una mayor comprensión, adjuntamos los audios mencionados. 

 

 

 

 

Instrucciones sobre el adecuado tratamiento de presos que se encuentren internados por cuestiones de salud

El Procurador General solicitó a todas las Fiscalías que se apliquen estándares internacionales sobre derechos humanos en el resguardo de la seguridad de las personas privadas de libertad en establecimientos de salud.

El 29 de septiembre de 2023, y en el marco de las funciones constitucionales que se encuentran en cabeza de la Procuración General de la Provincia, consistes en velar por el correcto cumplimiento de las leyes, garantías y el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles y todo otro establecimiento de internación, su titular, Pedro Oscar García Castiella instruyó a las Fiscalías de toda la Provincia sobre la forma en que deben conjugarse dos principios igualmente relevantes: el tratamiento adecuado de los reclusos que requieren atención médica y las medidas preventivas de seguridad a tomarse en esos casos para neutralizar riesgos de fuga.

Así, mediante Resolución Nro. 1464, el Procurador General instruyó a todas las Fiscalías Penales para que adopten medidas concretas al momento de tomar conocimiento de que una persona privada de libertad será trasladada a un establecimiento de salud para una atención médica.

En dicho instrumento, García Castiella insta a que, en esos casos, deberá requerirse al Juez que autoriza la medida (traslado para atención médica o internación temporal), que extreme los recaudos tendientes a evitar que las personas privadas de su libertad sean sometidas a sujeciones innecesarias tanto por parte de personal de la Policía de Salta, como del personal del Servicio Penitenciario, exigiendo que dicha medida sólo sea utilizada como último recurso y únicamente con la finalidad de proteger al paciente, o bien al personal de salud y a terceros, cuando el comportamiento de la persona en cuestión sea tal que represente una amenaza a la seguridad de aquéllos, siempre que no exista la posibilidad de adoptar otras medidas de seguridad menos gravosas.

Esta disposición surge como consecuencia de la recurrencia habitual al uso de encadenamientos o esposas en situaciones en las que el privado de libertad se vea obligado por necesidades de salud, a acudir a asistencias -inclusive internaciones- en establecimientos de salud, y en determinados casos de manera innecesaria o excesiva, sin un criterio rector razonable que pondere su necesidad y proporcionalidad en relación a la peligrosidad o riesgo de fuga del enfermo, neutralizable con otros medios, como así también la ponderación del cuadro o acto médico que provoca la atención.

La resolución asienta sus fundamentos en los estándares de interpretación del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fueron delineados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente en los casos “Loayza Tamayo vs. Perú” (sentencia de fecha 17/09/1997) y “Ximenes Lopes vs. Brasil” (sentencia de fecha 4/07/2006).

Por otro lado, encomendó a la Fiscalía de Derechos Humanos que, dentro de su rol de supervisar los centros de detención de personas, también debe abarcar el monitoreo de los establecimientos médicos en los que se encuentren internadas temporalmente personas privadas de su libertad y/o con medidas de seguridad definitivas, lugares en donde deberá verificar la aplicación de las recomendaciones establecidas en la mentada Resolución 1464.

Se creó la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia.

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso la conformación de una Unidad Fiscal especial de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, integrada por Fiscales de distintos distritos judiciales, con el objeto de atender diversos hechos de criminalidad organizada que se suscitaron en Orán, pero con la posibilidad de ampliar su intervención a otros casos vinculados o que respondan a fenómenos criminales similares.

Destacó el Procurador que la preocupación de la sociedad se encuentra marcada por el fenómeno del crimen organizado, que involucra no solo la narcocriminalidad, delitos contra la vida, el tráfico de estupefacientes, sino también la ejecución de ilícitos contra la propiedad con alto nivel de planificación y organización. En tal sentido, sostiene que la problemática se vuelve sumamente compleja cuando se advierte que en la ejecución de los hechos intervienen organizaciones criminales con mediano o elevado nivel de logística, sofisticación en su estructura, utilización de armas de fuego de alto poder, aumento de los niveles de violencia para obtener sus resultados y, principalmente, cuando exista la sospecha de corrupción en cualquiera de las agencias estatales.

Teniendo en cuenta que ese tipo de accionar, especialmente grave, viene en sostenido crecimiento en el norte de nuestra provincia y el flagelo y gravedad de ese impacto en los comprovincianos de esa región, García Castiella estimó apropiado disponer la creación de una Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, que esté integrada por fiscales de distintos distritos judiciales, de forma tal de reforzar la investigación de los casos, al tiempo que consideró que la concentración de los mismos bajo la dirección y análisis de un mismo equipo de trabajo, permitirá un mayor y más efectivo abordaje, evitar dispersión de investigaciones separadas que puedan reconocer algún factor de denominador común, conectando y unificando la información que surja de cada investigación y elementos de prueba que se hayan colectado o que se puedan encontrar en lo sucesivo; favoreciendo así el análisis criminal concentrado que permita arribar a investigaciones exitosas.

La Resolución Nº 1478 dispone que dicha Unidad Especial estará integrada por la Sra. Fiscal Penal UGAP, Dra. Claudia Carreras; la Sra. Fiscal de Violencia Familiar y de Género, Dra. Soledad Filtrin Cuezzo, ambas del Distrito Judicial Orán; el Sr. Fiscal Penal Nº 1 del Distrito Judicial Tartagal, Dr. Pablo Cabot y la Sra. Fiscal Penal UDIS 3, Dra. Luján Sodero Calvet, del distrito judicial Centro.

A su vez, dichas magistradas y magistrados del Ministerio Público Fiscal, contarán con la asistencia de un Auxiliar de Fiscalía especialmente abocado a la atención de esos casos y al cumplimiento de los objetivos de la Unidad Especial, así como también contará con la colaboración de la Unidad Especial de Investigaciones del Norte, la Unidad Especial de Graves Atentados a las Personas de Orán y la Unidad Especial de Investigaciones de Salta, del Departamento de Investigaciones del CIF, a los fines de garantizar la profesionalidad y objetividad de la labor investigativa y de análisis.

Desde el 1 de noviembre se pondrá en marcha el Sistema Único de Denuncias de Violencia Familiar y de Género

En un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, se han producido modificaciones al sistema informático de denuncias, que implican la detección automática de los casos de violencia familiar y de género, así como también la inmediata notificación a los organismos que tienen que actuar en cada caso. Se realizó una nueva jornada de capacitación

Este viernes, en el salón Rodolfo Urtubey de la Escuela de la Magistratura, se desarrolló una nueva jornada de capacitación sobre “El Nuevo Sistema Informático de Denuncias de Violencia Familiar y de Género”. Allí se presentaron los cambios producidos al sistema, principalmente para mejorar la detección y gestión de los casos de violencia familiar y de género, y que serán implementados desde el próximo 1º de noviembre.

La apertura del acto estuvo a cargo del ministro de Seguridad y Justicia, Dr. Marcelo Domínguez y de la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Dra. Teresa Ovejero, quienes destacaron la importancia de las mejoras efectuadas, así como también la necesidad de coordinar y trabajar mancomunadamente entre las distintas instituciones estatales sobre una problemática social tan sensible y compleja como lo es la violencia hacia las mujeres y la violencia que se perpetra dentro del seno familiar.

Los disertantes fueron el secretario relator de la Procuración General, Dr. Aldo Saravia; la secretaria coordinadora de la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial, Dra. Amelia Fuentes Marrupe; la jefa de la División Operadores VIF de la Policía de la Provincia, Comisaria Cintia Mastrandrea y la Coordinadora de Informática del Ministerio Público Fiscal, Lic. Patricia Aballay.

Implicancia de los cambios implementados

  •  Reducir los tiempos de las y los operadores que cargan denuncias. Actualmente, cada vez que se toma una denuncia por un hecho ocurrido en un contexto de violencia familiar y de género, se ven obligados a realizar dos actos: una denuncia VIF que tendrá como destino un Juzgado de Violencia Familiar y de Género, y una denuncia penal que será remitida a una Fiscalía Penal. Con el nuevo modelo de gestión que se implementará, sólo será necesario redactar una denuncia y cargarla al sistema informático, el que se ocupará de notificar a los organismos pertinentes.
  •  Simplificar los trámites posteriores a la presentación de la denuncia. La duplicidad de denuncias que se da en la práctica actual, sumada al hecho de que cada una tiene una numeración diferente, dificulta que los distintos fueros judiciales que luego intervienen puedan identificar el trámite que se le ha dado a cada una y las medidas protectorias que se puedan haber dispuesto. El desarrollo de un Sistema Único de denuncias facilitará  el seguimiento del caso en cada fuero que interviene por un mismo hecho.
  •  Reducir el error humano en la calificación de los hechos violentos. A través de la introducción de una serie de algoritmos meticulosamente diseñados, el nuevo Sistema de Denuncia puede interpretar cuándo el hecho denunciado podría constituir violencia de género o violencia familiar para así remitir la denuncia a los órganos avocados a esa materia. En cambio, hoy en día esa calificación primigenia depende del buen tino del o la oficial de policía que recibe la denuncia, quien tiene que advertir la situación y tildarla en el sistema informático. Con los cambios producidos, entonces, se pretende reducir al mínimo los errores u omisiones en la comunicación instantánea a las y los funcionarios judiciales que trabajan en la temática.
  •   Garantizar la notificación inmediata de los operadores judiciales competentes para actuar en cada caso. Como consecuencia de los avances en la identificación de los casos, se aprovechó la oportunidad para pre-diseñar los flujos adecuados de notificación, de esa forma, basta que él o la operadora que toma la denuncia la cargue al sistema para que éste dispare las comunicaciones necesarias a las Fiscalías Penales que resulten competentes, a la Oficina de Violencia Familiar y de Género y al Ministerio Público Pupilar, cuando así corresponda. Una vez cargada la denuncia, las y los funcionarios que tienen que actuar en el caso reciben inmediatamente la comunicación y se encuentran en condiciones de dar directivas y/o tomar decisiones.

La capacitación estuvo dirigida principalmente al personal policial de toda la provincia, al personal de la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial, al personal del Servicio de Asistencia a la Víctima y de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal. También asistieron magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios y personal administrativo del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Entre el público se contó con la presencia de los jueces de Corte Fabián Vittar, Adriana Rodríguez Faraldo, Guillermo Catalano, Maria Alejandra Gauffin y Gabriel Chibán.

Participaron además la asesora General, Mirta Lapad; Lic. Ana Pérez Declercq, Dra. María del Pilar González Sastre y Lic. Natalia Fuentes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Lic. Itatí Carrique; Subsecretaria de Politicas contra la Violencia por Razones de Género, Rosaura Gareca; Coordinador General del Ministerio de Seguridad, Fernando Acedo; Coordinadora Administrativa del Ministerio de Seguridad Nelly Giménez; la Coordinadora Técnico Jurídica Soraya Dip y la diputada provincial Mónica Juárez.