Villa Esmeralda: Se imputó a un adolescente y prestó declaración

Dada la gravedad de los hechos producidos la mañana del pasado martes 26, la fiscalía tomó inmediata intervención, impartiendo medidas y poniéndose al frente de la investigación.

La fiscal penal juvenil 1, Carolina Mateo Bellini, imputó provisionalmente a un menor de 14 años por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves, amenazas, homicidio en grado de tentativa, amenazas con arma, daños y robo agravado por el uso de arma, todo en concurso real.

Durante la audiencia, el menor prestó declaración, garantizándose el derecho que lo asiste a ser oído, conforme lo establece el artículo 8 del Régimen Penal Juvenil.

Cabe recordar que la investigación está a cargo de la fiscal Mateo Bellini, tras el incidente ocurrido en el Colegio Secundario N° 5176, donde el adolescente ingresó portando un machete, con el que habría intentado agredir a un compañero de curso, profiriendo amenazas de muerte.

Lo sucedido se suma a otros hechos delictivos que el joven habría cometido y que fueron denunciados en el transcurso del mes.

Luego de librarse la orden correspondiente, anoche se procedió a la detención del menor por parte de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF.

 

Villa Esmeralda: Se investiga un hecho de amenazas que involucra a un alumno de un colegio secundario

Villa Esmeralda: Se investiga un hecho de amenazas que involucra a un alumno de un colegio secundario

El hecho ocurrió en las instalaciones del Colegio Secundario N° 5176. El menor ingresó al aula de 1° año profiriendo insultos, en presencia de la profesora que dictaba su clase en ese momento.

La fiscal penal juvenil 1, Carolina Mateo Bellini, investiga las circunstancias en las que un adolescente de 14 años ingresó a un establecimiento educativo de nivel secundario al que asiste, portando un machete con el que habría intentado agredir a un compañero de curso, profiriendo amenazas.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención la Fiscalía, impartiendo medidas, tales como ordenar que se constituya una consigna policial en el establecimiento educativo y en protección de la víctima.

Por otro lado, se solicitaron al Juzgado Penal Juvenil en turno las medidas de protección, en resguardo de la integridad y seguridad de la víctima y de los alumnos que integran la comunidad educativa del establecimiento en cuestión.

A tales efectos, se pidió la urgente intervención de un Comité de Crisis Interdisciplinario, a través de las Dirección General de Educación Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta para que los profesionales competentes contengan a todo el alumnado del establecimiento y eleven los informes sobre lo sucedido dentro de la institución.

Además, se dio inmediata intervención a la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia y a la Asesoría de Incapaces en turno y, de forma preventiva, a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones.

El hecho sucedió durante el tuno mañana, en las instalaciones del Colegio Secundario N° 5176, de Villa Esmeralda, cuando el alumno acusado se habría tornado agresivo e ingresado al aula de 1° año profiriendo insultos, en presencia de la profesora que dictaba su clase en ese momento.

La fiscal Mateo Bellini prosigue las tareas investigativas a fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

El Procurador General tomó juramento a una nueva fiscal y dos auxiliares

El acto se realizó este viernes en el auditorio de la Escuela del Ministerio Público, con la participación de magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, familiares e invitados.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, tomó juramento a Celina Morales Torino como reemplazante del cargo de Fiscal Penal del distrito Centro, en carácter temporario, mientras dure la ausencia y hasta tanto se cubra la vacancia; y como auxiliares de fiscalía penal, a María de Lourdes Cornejo Arrechea y a Verónica Patrón Uriburu.

La nueva Fiscal Penal y las Auxiliares Fiscales se desempeñarán en el distrito judicial Centro y fueron elegidas mediante un concurso público de antecedentes y oposición.

La fiscal penal Morales Torino recibió acuerdo del Senado Provincial y fue designada por decreto 123/25 del Poder Ejecutivo Provincial, mientras que las auxiliares fiscales Cornejo Arrechea y Patrón Uriburu fueron designadas por Resolución 23196 del Colegio de Gobierno.

Acompañaron el acto de asunción el presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Martín Diez, junto a magistrados y funcionarios del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como familiares.

Encuentro entre el Procurador de la Provincia y la Ministra de Educación

El encuentro se realizó en la Procuración General, donde se analizaron diversos temas, entre ellos las iniciativas presentadas por la Ministra, orientadas a generar instrumentos y normas que impidan el acceso a ámbitos de la docencia y el trato cotidiano con niños, niñas y adolescentes a personas con condenas por delitos contra la integridad sexual.

El procurador general, Pedro García Castiella y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore coincidieron en la necesidad de un trabajo coordinado que permita agilizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para resguardar el bienestar de la comunidad educativa, y en particular, prevenir situaciones de abuso de cualquier índole contra niños, considerando su natural condición de vulnerabilidad propia de la edad.

En especial, se abordó la preocupación por la situación de algunos agentes educativos con condenas o procesos pendientes por delitos contra la integridad sexual y el impacto que esto genera en la comunidad escolar.

En este marco, el Procurador destacó la importancia de articular esfuerzos entre el Ministerio Público Fiscal y la cartera educativa para garantizar entornos seguros y propiciar medidas que refuercen la prevención y el control, en procura de la protección de los estudiantes en el ámbito educativo. 

El Procurador General reafirmó el compromiso del Ministerio Público Fiscal en la lucha contra los delitos de abuso y violencia sexual, subrayando la importancia de estas acciones conjuntas para proteger a los estudiantes, prevenir el delito y garantizar que los espacios educativos sean entornos seguros y libres de violencia. En particular, destacó la necesidad de trabajar en la implementación de normas e instrucciones generales que fortalezcan las medidas preventivas necesarias para la seguridad de estos espacios, donde se forma y desarrolla la infancia.

 

Red de corrupción en el SINAR 23: Juicio para policías y civiles involucrados

La investigación reveló una red de corrupción en la que policías facilitaban la venta de drogas a cambio de dinero, brindando protección e información a las «bocas de expendio». Además, se detectó la presentación de denuncias falsas para encubrir las actividades ilícitas.

Los fiscales penales Mariana Torres de Orán y Daniel Espilocín del Distrito Centro, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito ante el Juez de Garantías 1 de Orán Francisco Oyarzu, en la que se elevó a juicio la causa contra personal policial de la Sección de Seguridad Interior y Narcotráfico (SINAR) 23, de Orán, acusado de facilitar la venta de drogas a cambio de dinero, brindando protección e información sobre allanamientos solicitados a las denominadas «bocas de expendio».

Los acusados son, Mariana Cristina Castellanos, Carla Elizabeth Jauregui, Fabián Fernando Romano y Cristian Alexander Gareca, quienes enfrentarán cargos por peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y cohecho pasico, en concurso real. Asimismo, se imputó a Mercedes Stella Marys Benicio, Ruth Alejandra Carvajal, Hernán Federico Romero, y Luisa Verónica Choque. por incumplimiento de deberes de funcionario público. Finalmente, Beatriz Leniz y Rebeca Nilsa Pereyra fueron acusadas de cohecho activo.

La investigación reveló la participación de varios efectivos policiales en hechos de cohecho y otros delitos vinculados a la facilitación de actividades ilícitas a cambio de dinero. Se determinó que los involucrados habrían llegado a acuerdos para evitar allanamientos, alertando a las personas bajo investigación, lo que permitió el ocultamiento de pruebas y la fuga de los sospechosos, frustrando así los procedimientos policiales.

Los sargentos Mariana Castellanos, Carla Elizabeth Jauregui, Fabián Fernando Romano y Cristian Alexander Gareca, habrían incurrido en en la apropiación indebida de recursos afectando la normalidad de la función policial al quedarse con dinero que secuestraban en los allanamientos consignando una cantidad inferior en las respectivas actas.

Por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión, se encuentran imputados Castellanos, Jauregui, Romano, Gareca, Ruth Alejandra Carvajal, Hernán Federico Romero, Luisa Verónica Choque y Mercedes Stella Marys Benicio, acusados de omitir investigar a las personas denunciadas por venta de estupefacientes y no denunciar irregularidades..

Finalmente por el delito de cohecho activo, están imputadas Beatriz Leniz, María Cristina del Valle Saracho y Rebeca Nilsa Pereyra, ya que según la investigación, son quienes habrían entregado dinero a efectivos policiales a cambio de protección e información para desarrollar libremente el comercio de drogas. Se resalta que éstas tres mujeres se encuentran condenadas por venta de estupefacientes, por una investigación a cargo de la Policía Federal, fuerza que fue convocada por la Fiscalía al advertir la omisión dolosa de investigarlas por parte de la policía de la provincia.

Las pruebas reunidas, incluyen conversaciones telefónicas grabadas, mensajes de WhatsApp y testimonios, que evidencian la connivencia policial y la estructura delictiva que operaba dentro de la fuerza.

Durante un allanamiento en el domicilio de María Cristina del Valle Saracho se encontraron sustancias estupefacientes fraccionadas, lo que evidenció la intención de comercializarlas. Saracho ya cumplía prisión domiciliaria por un delito similar concedida por el ex Juez Parisi de manera irregular, siendo ésta conducta una de las causales de su destitución.

 

Efectivos policiales detenidos e imputados en una causa por comercialización de estupefacientes

 

El Procurador General acompañó en las acciones de refuerzo de la seguridad fronteriza y asistencia a víctimas de delitos

Este avance refleja el compromiso de los distintos niveles del Estado Nacional y Provincial en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de las víctimas de Trata, asegurando presencia y acción concreta en una de las zonas más sensibles del país.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, acompañó a la ministra de Seguridad de la Nación Argentina, Patricia Bullrich, al gobernador de Salta Gustavo Sáenz y demás autoridades en la inauguración del Sitio Seguro para Víctimas de Trata, que funcionará en la Oficina de Migraciones de Puerto Chalanas, en Aguas Blancas.

“Hace tres años instalamos en la agenda pública la urgente problemática del narcotráfico y el crimen organizado en el norte de la provincia. Desde entonces, llevamos este reclamo a cada espacio de debate, incluso desde el Concejo Federal de Procuradores, exigiendo una estrategia coordinada que involucre a Nación, Provincia y a las fuerzas federales y provinciales”, expresó el Procurador General.

“La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es un desafío global que exige respuestas concretas y articuladas. Luego de dos décadas, por primera vez en la provincia se logra que el gobierno nacional y provincial, junto con sus respectivas fuerzas de seguridad y fueros provincial y federal, trabajen de manera coordinada. Ver este esfuerzo convertido en una realidad es una enorme satisfacción y un paso fundamental en la construcción de una respuesta efectiva contra este flagelo”, destacó García Castiella.

En el marco de la visita, las autoridades participaron en la inauguración del Sitio Seguro para Víctimas de Trata de Personas o delitos conexos en el predio de Migraciones de Aguas Blancas.. Asimismo, hicieron entrega de equipamiento donados por una empresa de Estados Unidos, que incluyó dispositivos BITMAP para la identificación biométrica de personas con antecedentes de delitos transnacionales. Posteriormente, recorrieron el Puesto 28 de Gendarmería Nacional, donde supervisaron el funcionamiento de los nuevos escáneres y equipamientos recibidos.

Trabajo conjunto de fuerzas especiales para localizar a policía desaparecido durante la búsqueda de Rosmery Aramayo Torres

El comisario Leonel Flores formaba parte del operativo en la ruta provincial 54, en Santa Victoria Este, como parte de la búsqueda de la mujer denunciada como desaparecida el pasado 17 de enero. Tenía previsto reunirse con su equipo de rastrillaje a las 14:30 horas, específicamente en la zona de la Curva del Juan.

En el marco de la intensa búsqueda de Rosmary Aramayo Torres, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 17 de enero, se desplegó un operativo coordinado por la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal y todas las Unidades Investigativas del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF). Esta misión, que involucró a diversas fuerzas, contó con la colaboración de diferentes áreas de la Policía de Salta, SIFEBU, la Policía Federal Argentina, el Ejército Argentino y la Subsecretaría de Defensa Civil, quienes trabajaron en conjunto para rastrear y esclarecer el paradero de la mujer.

El comisario Leonel Flores integraba desde las 6 de la mañana, un equipo compuesto por efectivos de la Policía Federal Argentina, acompañados de canes entrenados en la detección de restos humanos. La misión de este equipo era inspeccionar puntos estratégicos previamente identificados durante los relevamientos realizados.

La dotación, compuesta por cuatro miembros de la Policía Federal, un perro especializado y personal del Ejército, se dirigió a la zona de interés y, tras horas de arduo trabajo en el terreno, completó la diligencia sin novedades, regresando al punto de encuentro.

Al llegar al lugar previsto, el equipo advirtió la ausencia del comisario Flores. Inmediatamente, comenzaron a buscarlo en la cuadrícula asignada, un área de monte denso y vegetación seca. Ante la falta de contacto y sin señales de su paradero, se activó el protocolo de emergencia por desaparición.

Inmediatamente se dio inicio a un operativo de búsqueda multifuerzas, involucrando a diversas unidades de la Policía de Salta, efectivos del Ejército, la Policía Federal y SIFEBU, con el apoyo de la Subsecretaría de Defensa Civil, que dispuso el uso de drones para el monitoreo aéreo de la extensa zona, intensificando los esfuerzos de rastreo.

En el lugar se encuentran el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, el fiscal penal Pablo Cabot junto al ministro de Seguridad y Justicia Gaspar Solá Usandivaras, y el jefe de Policía Comisario General Diego Antonio Bustos.

Solicitan juzgar a los imputados por el violento robo a la empresa Abra del Sol

El hecho ocurrió en diciembre de 2022 y entre los acusados se encuentran Cristian Gabriel Palavecino, José Dimas Ruiz y Brian Gabriel Palavecino. La acusación incluye robo agravado, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita, respaldada por evidencia digital clave obtenida durante la investigación.

La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte presentó el requerimiento de elevación de la causa a juicio contra Cristian Gabriel Palavecino, José Dimas Ruiz, Brian Gabriel Palavecino, Marcelino Daniel Cruz, Matías Ezequiel Malissia, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero. Según la investigación, se reunieron elementos de cargo suficiente que indican que fueron los autores del robo a la empresa Abra del Sol. 

El hecho objeto de la investigación ocurrió el 16 de diciembre de 2022, alrededor de las 20 horas, cuando un grupo de al menos ocho personas ingresó a la empresa Abra del Sol con los rostros cubiertos con pasamontañas para ocultar su identidad. Portaban armas de fuego, tanto largas como cortas, y ejercieron violencia física contra el personal de seguridad y demás empleados. Maniataron a las víctimas utilizando precintos de plástico, impidiéndoles salir del lugar, les quitaron sus teléfonos celulares y sustrajeron la suma de $13.000.000 (trece millones de pesos) y US$160.000 (ciento sesenta mil dólares).

Además, al retirarse del lugar, lo hicieron en la camioneta Toyota SW4, propiedad de uno de los socios gerentes de la empresa. A este último, mediante violencia y amenazas con armas de fuego, lo obligaron a subir al vehículo, que era conducido por uno de los autores del hecho. Lo trasladaron con el rostro cubierto junto al resto del grupo a un lugar alejado de donde cometieron el robo, donde finalmente fue abandonado. El empresario fue auxiliado por transeúntes, quienes lo llevaron a una dependencia policial para radicar la denuncia.

La investigación enfrentó diversas dificultades, no solo por la gravedad del hecho, sino también porque uno de los imputados, quien ocupaba el cargo de gerente comercial de la empresa, el contador José Dimas Ruiz, simuló ser una víctima mientras mantenía contacto con los investigadores para colaborar. Sin embargo, posteriormente proporcionaba información a los autores del hecho para que pudieran eludir la pesquisa.

Esta situación se agravó debido a que, a pesar del evidente entorpecimiento de la investigación, José Dimas Ruiz fue beneficiado con arresto domiciliario por el exjuez Claudio Parisi, presuntamente a cambio de una suma de dinero. Este hecho derivó en la imputación del exmagistrado por el delito de cohecho pasivo agravado y fue uno de los motivos que llevaron a su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento.

 Otro obstáculo para la investigación fueron las sistemáticas negativas del juez Francisco Oyarzú a las autorizaciones solicitadas por la Unidad Fiscal interviniente para extraer datos de los teléfonos celulares y otros dispositivos de almacenamiento secuestrados a los imputados. Esta decisión fue corregida por el Tribunal de Impugnación, como consecuencia de la actividad recursiva desplegada por el Ministerio Público Fiscal, un trámite que demandó casi seis meses. Este hecho fue uno de los motivos de la denuncia presentada por el Procurador General Pedro García Castiella ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el mencionado magistrado, en la que se reclamó su destitución.

Los fiscales integrantes de la Unidad destacaron la importancia de la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares, computadoras y pendrives secuestrados en los domicilios de Cristian Gabriel Palavecino. Entre los elementos obtenidos se encontraron videos, fotografías y llamadas telefónicas grabadas que acreditaron la logística empleada para cometer el hecho, así como conversaciones entre Palavecino y José Dimas Ruiz. En dichas comunicaciones, no solo reconocían ser los autores del delito y las acciones realizadas para entorpecer la investigación, sino que Palavecino también le reclamaba a Ruiz por la detención de su hijo.

La acusación incluye los delitos de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, y mediante el uso de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita.  

Confirman la prisión preventiva del exjuez Claudio Parisi y el abogado Ortega Serrano en una de las causas por cohecho

El ex juez es acusado de recibir dinero a cambio de otorgar arresto domiciliario a César Martínez, acusado de tentativa de femicidio. Junto a Parisi, también cumplen prisión preventiva el abogado Roberto Ortega Serrano, el empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Alderete y otros involucrados, investigados por actuar como intermediarios en el beneficio procesal.

La Sala III del Tribunal de Impugnación, en feria y a cargo de la jueza María Edith Rodríguez, dio por rechazados los recursos interpuestos por la defensa del exjuez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Manuel Alderete, confirmando así la prisión preventiva impuesta por sentencia del titular del Juzgado de Garantías 1 de Orán, Raúl López.

En la causa mencionada, el recientemente destituido juez de Garantías Claudio Parisi está siendo investigado por haber recibido dinero para beneficiar con el arresto domiciliario a César Daniel Martínez (a) Oreja, en la causa en la que se encontraba acusado de tentativa de femicidio de su ex pareja.

También se encuentran imputados y cumpliendo prisión preventiva el abogado de la matrícula Roberto Ortega Serrano, el empleado de la Defensoría de Violencia de Género de Orán, Manuel Alderete, y el ex Secretario del Juzgado de Garantías 2 de Orán, Maximiliano Germán Correa (quien cumple arresto domiciliario por problemas de salud). Según la imputación, los acusados actuaron como intermediarios para que el ex juez Parisi recibiera la suma de dinero a cambio del beneficio procesal concedido.

Cabe recordar que César Daniel Martínez fue acribillado con 12 balazos en la puerta del domicilio donde cumplía la prisión domiciliaria concedida por Parisi. Posteriormente, el exjuez negó la autorización para allanar los domicilios solicitados por la Fiscalía, con el objetivo de identificar a los autores del crimen, lo que fue uno de los motivos de su destitución.

César Daniel Martínez (a) Oreja era hermano del ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez (a) Conejo, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de entorpecer la investigación del homicidio de su hermano, utilizando información facilitada de manera irregular por el ex magistrado Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano.

El Tribunal de Impugnación consideró que la Unidad Fiscal interviniente había reunido suficientes elementos de cargo para vincular en ese estado del proceso, a los imputados, con el paso de sumas de dinero a cambio de favores procesales en los expedientes que se encontraban a cargo del entonces juez, destacándose la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares secuestrados. Además, se consideró que existían riesgos procesales, debido a la probabilidad de que los imputados reciban una pena de cumplimiento efectivo, lo que genera el peligro de fuga.

La prisión preventiva fue solicitada por la Unidad Fiscal interviniente, compuesta por los fiscales Mariana Torres, Daniela Murúa, Carlos Salinas y Daniel Espilocín.

Juraron nuevos auxiliares fiscales para Cafayate y Orán

Al mediodía de este jueves, se tomó juramento a los seis nuevos funcionarios del Ministerio Público Fiscal, quienes fueron elegidos mediante un concurso público de antecedentes y oposición.

El defensor general y presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Martín Diez, junto fiscal ante la Corte, en representación del Procurador General, Eduardo Sylvester, presidieron el acto de juramento de los auxiliares fiscales Juan Pablo Miralpeix, quien se desempeñará en la Fiscalía Penal de Cafayate y Romina Liliana Arias, Ricardo Martín Nicolás Resuche; Rafael Alberto Ariel Gallo, Andrés Ezequiel Arias y María Andrea Tejerina Frías para el distrito judicial Orán.

El acto se realizó en el salón de la Escuela del Ministerio Público,  donde los nuevos funcionarios, luego de prestar juramento, procedieron a firmar el libro de actas.

El Defensor General, al finalizar, agradeció la presencia de funcionarios del Ministerio Público, invitados especiales y familiares de los nuevos auxiliares.