Cuatro efectivos policiales son juzgados por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real en relación a un hecho ocurrido en junio de 2019 en barrio Rosedal de la ciudad de Salta. Este miércoles se desarrollarán los alegatos.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra los sargentos Alberto Gabriel Figueroa, Gonzalo Robustiano Delgado y Rubén Esquivel y el cabo José Oscar Santos por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.
Este martes, al reanudarse la audiencia de debate, se finalizó la ronda de testimoniales con la declaración de médicos, peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), personal policial y dos testigos presenciales del hecho juzgado.
Según lo previsto, el juez Francisco Mascarello, dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles 13 para dar lugar a los alegatos. Se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.
El hecho ocurrió el viernes 21 de junio de 2019 en una vivienda de barrio Rosedal de la ciudad de Salta, cuando Martín Rodrigo Carreras de 23 años, se presentó en la vivienda de su expareja e hijas. La mujer realizó un llamado al Sistema de Emergencias 911 y se constituyó un móvil policial por un posible incidente de violencia familiar. Carreras ofreció resistencia a la detención y los policías convocaron a un segundo móvil y más efectivos. Una vez reducido Carreras, fue trasladado a la dependencia policial en la caja de una de las dos camionetas oficiales. En la cabina viajaban la mujer y dos de sus hijas. Al llegar a la subcomisaría de Villa Asunción, notaron que la víctima no presentaba signos vitales.
La autopsia reveló que la causa del fallecimiento fue por “delirio agitado y asfixia restrictiva por compresión torácica, la que se produjo por maniobra de sujeción con las manos en la espalda”.
En el requerimiento a juicio se cita el informe de autopsia y se analiza la conducta desplegada por los efectivos “como consecuencia del inadecuado uso de la fuerza, faltando a los principios de congruencia y proporcionalidad, la conducta imprudente y antirreglamentaria del personal actuante, que contravino expresas disposiciones legales y protocolares en orden a la prohibición de trasladar a cualquier persona en la caja de una camioneta y por haber contravenido la expresa disposición de evitar toda coincidencia física de un agresor con la víctima de violencia de género”.
