Así lo solicitaron las fiscales penales Sofía Fuentes de Pichanal y María Eugenia Guzmán, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, quienes tuvieron a su cargo la investigación penal en torno a una disputa entre los acusados por la posesión de una finca en Rivadavia Banda Sur. Asimismo, se resolvió el sobreseimiento en otros supuestos delitos.
La medida fue dispuesta como resultado de una intensa tarea procesal que se inició el 10 de julio del año pasado, a partir de una serie de denuncias cruzadas realizadas por los acusados, quienes mantienen un litigio de superposición de límites entre las fincas Las Botijas y Las Colmenas II, el que se dirime en el Juzgado Civil y Comercial de Orán.
Las distintas intervenciones de la fiscalía penal se iniciaron con una denuncia radicada por el intendente Leopoldo Cuenca, quien aduce ser el propietario del sector del terreno en disputa. El jefe comunal de Rivadavia Banda Sur denunció en el Destacamento Policial de ese municipio la intromisión ilegal en su finca, Las Botijas, por parte de empleados de la firma Tierra Vasca S.A.
La propiedad, ubicada a 30 kilómetros de La Unión, se convirtió luego en el eje de otras denuncias, tanto de parte de Cuenca, empleados y de su esposa, Paola Torres. En tanto, el apoderado legal de la firma Tierra Vasca, Diego César Mazzucheli, también radicó denuncias en contra del intendente.
Las partes en conflicto adujeron haber sido víctimas de distintos delitos, entre ellos, usurpación, robo calificado, hurto y amenazas con armas de fuego, entre otros. Las acusaciones surgieron, según lo denunciado, de supuestos incidentes que mantuvieron al disputarse la posesión del terreno en conflicto.
Por caso, Lorenzo Elías Porcel, empleado de Cuenca, denunció que trabaja en la finca del intendente y que residía en una vivienda, ubicada a unos 4 kilómetros del portón de acceso, pero que al regresar de visitar a unos familiares, el candado del portón había sido cambiado.
Agregó que igualmente ingresó y llegó a su casa, donde se despertó al día siguiente, oportunidad en la que tuvo un encuentro con tres sujetos, quienes lo intimaron a que se marche de la propiedad, ya que si no lo hacía “no sabían que podía pasar con él”. Indicó que sólo pudo llevarse su caballo, ya que el resto de sus pertenencias habían desaparecido.
Contradenuncia
Por su parte, Alejandro Bauid, empleado, y Mazzucheli, en calidad de apoderado legal de Tierra Vasca S.A., denunciaron que personas desconocidas irrumpieron en el terreno en disputa, el cual aseguran, les pertenece. Dijeron que cambiaron el candado, sacaron a la ruta dos tractores, una rastra y una heladera de la empresa, tras lo cual se apropiaron del lugar.
A partir de las denuncias, tanto de una parte como de otra, la fiscalía penal de Pichanal, llevó adelante varias diligencias e incluso imputó distintos delitos a los acusados, entre ellos, Mazzucheli y Paola Torres, encargada de la finca Las Botijas.
En vista de que entre abril y mayo de este año, las denuncias recrudecieron, la Procuración dispuso la conformación de un equipo entre las fiscales Fuentes y Guzmán, quienes desde entonces llevaron adelante una serie de medidas probatorias a fin de establecer las conductas penales de los protagonistas y, en su defecto, determinar los delitos cometidos.
Mazzucheli
A partir del análisis minucioso de las pruebas reunidas en torno a los hechos denunciados, las fiscales entendieron que corresponde llevar a juicio a Mazzucheli, apoderado de Tierra Vasca S.A., por los delitos de “usurpación” y “hurto campestre”.
Al respecto, y en relación al hecho ocurrido en julio de 2017, denunciado por Cuenca, las fiscales resaltaron varias pruebas en el requerimiento de juicio contra Mazzucheli. Entre ellas, están las testimoniales de vecinos que prueban que la propiedad del lugar, al momento de la irrupción del apoderado legal y otros empleados, era detentada por Cuenca.
Por ello, las fiscales entendieron que “se halla suficientemente acreditado, con el grado de convicción necesario en esta etapa del proceso, la existencia de los sucesos endilgados y la responsabilidad penal del imputado”. Por ende, agregaron, “corresponde conformar la acusación en la presente contra Diego César Mazzuchelli, quien en razón de lo expuesto no puede alegar desconocimiento de quien era el poseedor de las tierras en cuestión al momento de su ingreso para realizar trabajos”.
“De esta forma, quedó probado que el encausado con su accionar desplazó de la posesión del inmueble a quien la detentaba repeliendo su ingreso a la finca y de esta forma impidiendo que aquél (Cuenca) continúe realizando los actos propios de su ocupación tal como los venía ejecutando”.
En vista de ello, las fiscales solicitaron el enjuiciamiento de Mazzucehli por el delito de usurpación. Además, descartaron la calificación de robo agravado, ya que las pruebas reunidas desestimaron el uso de la fuerza respecto a la sustracción de elementos que Porcel, -empleado de Cuenca-, adujo que le fueron sustraídos. No obstante, la investigación sí probó la sustracción de dichos elementos, en su mayoría herramientas de trabajo agrícola, por lo que al delito de “usurpación”, se sumó el de “hurto campestre”.
La esposa del intendente
Respecto al accionar de Torres, las fiscales señalaron que “de las constancias de la causa se infiere, sin hesitación, que el predio en cuestión estaba siendo poseído por Mazzucchelli en representación de Tierra Vasca S.A.”, y que “surge palmario el conocimiento que debió tener Torres respecto que la posesión del predio estaba siendo detentada por otras personas”.
También señalaron que “debe tenerse presente que conforme surge de la denuncia efectuada por Leopoldo Cuenca, a la sazón pareja de la imputada Torres, el nombrado Cuenca fue despojado de la posesión que detentaba sobre el inmueble cuestionado por el denunciante Mazzucchelli. Se tiene así que a la fecha de los hechos aquí investigados, y tal como se expuso, la posesión de dicho predio era ejercida por el apoderado de Tierra Vasca S.A., lo que era sabido tanto por Cuenca como por la incoada Torres”.
Las pruebas, testimoniales y otros informes sumados a la causa, según las fiscales, prueban esta hipótesis, por lo que resaltaron que “la conducta desplegada” por la causante evidencian claramente “la intencionalidad de su accionar”. “Quedaron desvirtuadas las manifestaciones defensivas efectuadas por la encausada en su descargo por escrito donde refiere que su marido tomó conocimiento que la finca había sido abandonada por quienes la estaban poseyendo”.
Por otra parte, se estableció que “fue la nombrada Torres quien habría contratado los servicios de diversas personas a los efectos de cuidar la finca y repeler posibles ingresos no autorizados de personas”. En vista de ello, “se vislumbra evidente que Paola Torres efectivizó la conducta ejecutiva del ilícito que se le atribuye al invadir y permanecer en el inmueble en cuestión no dejando ingresar al representante de Tierra Vasca S.A., quien detentaba la posesión”.
“Debe tenerse presente que la intención final de la nombrada Torres era permanecer en el inmueble ocupándolo sin que se haya retirado del mismo ni manifestado su voluntad a hacerlo a pesar de la intervención policial.”. En vista de estos elementos, las fiscales solicitaron juicio contra Torres por el delito de “usurpación”.
Sobreseimientos
En cuanto a los otros delitos por los que los acusados principales y algunos empleados fueron investigados e imputados, las fiscales solicitaron el sobreseimiento de Paola Torres y Alberto Martínez, por el delito de amenazas con armas de fuego. En los mismos términos, se resolvió el sobreseimiento de José Eduardo Montenegro, Carlos Alberto Quinteros y Rafael Roberto Sales por los delitos de usurpación y robo calificado. Tal decisión obedeció a la ausencia de pruebas que demuestren las conductas oportunamente imputadas a los acusados.
