Roberto Víctor Moya fue detenido e imputado por el delito de lesiones tras un hecho ocurrido en la sede comunal, donde Rita Carreras sufrió lesiones luego de que estallara una bomba de estruendo en su ventana en el marco de una protesta sindical.
El hecho ocurrió el 23 de agosto pasado en el edificio municipal de Coronel Moldes, cuando se desarrollaba una protesta sindical y los manifestantes arrojaron una bomba de estruendo en la ventana de la oficina de la intendenta Rita Carreras.
La jefa comunal sufrió una descompensación y debió ser trasladada para su atención.
El fiscal penal en turno, Federico Jovanovics dio las directivas de rigor y se solicitó la detención de quien fue identificado como el agresor, quien fue imputado por el delito de lesiones y mientras se cumplían las diligencias solicitadas, se solicitó que se mantenga su detención.
El acusado recuperó su libertad en forma posterior con el cumplimiento de medidas sustitutivas.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Penal de Cerrillos, a cargo de Gabriel Portal.
Con intervención de la Fiscalía Penal se logró que una familia que ocupaba una vivienda en barrio Libertad de Campo Santo, la desaloje en forma voluntaria y sea restituida a sus propietarios. La ocupación se produjo en el mes de julio, cuando su morador se ausentó tras sufrir un ACV.
El fiscal penal de General Güemes, Pablo Rivero, informó que con intervención de esa Fiscalía, se produjo el desalojo voluntario de una vivienda de barrio Libertad de Campo Santo, la que había sido usurpada en el mes de julio.
Según consta en las actuaciones, la denuncia la radicó una mujer en nombre de sus abuelos, quienes son propietarios de la vivienda y de su tío, que allí vivía. Relata que su tío vivía en el lugar y tras ser víctima de un robo, sufrió un ACV y debió ausentarse de la propiedad, tras lo cual un grupo familiar ingresó a la vivienda violentando las medidas de seguridad y se instalaron aduciendo tener orden del IPV para habitarla.
Ante este hecho, desde la Fiscalía se imputó a Natalia del Carmen Caliva y su grupo familiar por el delito de usurpación y se solicitó al Juzgado de Garantías 8 la orden de desalojo.
En cumplimiento de la medida, personal policial se presentó en el domicilio y en forma voluntaria los moradores la desalojaron y se produjo la restitución del bien mueble a sus propietarios.
La fiscal penal 3 de Orán, Mónica Viazzi, investiga el robo calificado por uso de arma cometido en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán el jueves 15 del corriente. Hubo doce allanamientos y hay cinco detenidos.
El hecho ocurrió el jueves pasado, en un domicilio de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde bajo la modalidad de “entradera”, una mujer y su hijo fueron abordados cuando ingresaban al garaje, por tres personas encapuchadas que portaban armas de fuego. Los obligaron a entrar a la vivienda, para luego llevarse un monto estimado en tres millones de pesos.
La investigación se profundizó a partir del hallazgo de dinero en tres domicilios de los doce allanados. Hasta el momento, no se encontraron las armas.
Hay cinco personas detenidas, de las cuales una sería la que aportó los datos para acceder a la vivienda de la familia de comerciantes de la zona.
La investigación contó con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de Orán, y los allanamientos, con el aporte de la Unidad Regional 2 de la Policía de la Provincia y la asistencia del jefe de investigaciones de la Policía, Emilio Albornoz.
Ocurrió el pasado miércoles en Joaquín V. González, cuando dos hombres se presentaron en un local comercial con la intención de adquirir neumáticos y pagarlos con dos cheques apócrifos. El propietario advirtió algunos detalles que le hicieron sospechar y se comunicó con el supuesto emisor y comprobó que intentaban estafarlo.
El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Raúl Fernando Poclaba de 29 años y a Cristian Agustín Romero de 24 años por el delito de estafa en perjuicio de un comerciante de esa ciudad.
El hecho ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando dos hombres se presentaron en un comercio dedicado a la venta de neumáticos, pidieron un presupuesto e intentaron adquirir mercadería con dos cheques.
El propietario notó que los cheques eran «distintos» y pidió a su socio que se comunique con el supuesto emisor y pudo corroborar que eran cheques apócrifos, por lo que llamó a la Policía.
Los dos «compradores» fueron detenidos en el lugar y se pudo comprobar que se trata de dos personas oriundas de la ciudad de Libertador General San Martín en Jujuy.
Fueron sorprendidos por un control vehicular cuando transportaban carne en dos bolsas a bordo de una motocicleta. Huyeron y fueron perseguidos por el personal policial hasta su domicilio. Se secuestró el producto cárnico, cuchillos, un arma de fuego y el rodado en el que se desplazaban.
El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Héctor Dario Figueroa de 29 años y a César Rubén Figueroa de 28 años por el delito de abigeato por un hecho ocurrido el pasado sábado en inmediaciones de la localidad de Coronel Mollinedo.
Personal policial que realizaba un control vehicular sobre la ex ruta provincial 5, conocida como «ruta vieja», detectó una motocicleta en la que viajaban dos personas y que al detectar su presencia, realizaron maniobras evasivas y huyeron.
Se inició una persecución que finalizó en la vivienda de los sospechosos en Apolinario Saravia, donde se logró su aprehensión y el secuestro de dos bolsas que contenían productos cárnicos, cuchillos, un arma de fuego, la motocicleta en la que se desplazaban y otros elementos de interés para la causa.
Asimismo, en una finca cercana se logró encontrar una tercera bolsa con carne que habían dejado oculta para retirar luego.
Desde la Fiscalía se solicitó el cumplimiento de diversas medidas probatorias y el decomiso de la carne secuestrada en el matadero municipal.
La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera organizó una capacitación para efectivos policiales sobre cómo abordar la preservación del lugar del hecho ante la primer intervención. Hubo una activa participación.
El fiscal penal Oscar López Ibarra, junto al Grupo Técnico Criminalístico de la Policía en Rosario de la Frontera, estuvieron a cargo de abordar la importancia de la preservación de un lugar del hecho a fin de que el personal de Criminalística, al arribar pueda recolectar las muestras y evidencias necesarias para la investigación.
La capacitación se llevó a cabo en la Escuela Infantil de la Policía de la Provincia en esa ciudad y contó con la participaron personal policial de la Dirección de Seguridad Urbana (DSU), Brigada de Investigaciones, División Rural y Ambiental, Comisaría N°31, subcomisarías El Mirador y El Tala, destacamentos El Jardín, La Candelaria, Antillas, El Potrero, El Naranjo y San Felipe.
El fiscal López Ibarra destacó el acompañamiento de las autoridades policiales de la jurisdicción y señaló la importancia del trabajo mancomunado y en equipo para mejorar el servicio de justicia a los ciudadanos.
Dos adultos y un menor fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido la noche del sábado en Rosario de la Frontera, cuando dos efectivos policiales que patrullaban en motocicleta, fueron atacados con elementos contundentes en la vía pública. Producto de los disturbios, un vecino también sufrió daños en su vivienda.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Mario Raúl Molina de 23 años, a Julián Alcides Padilla de 19 años y a un menor de 16 años por los delitos de lesiones leves agravadas, daños agravados y daños en concurso real.
El hecho ocurrió la noche del sábado en barrio Beba de esa ciudad, cuando dos efectivos policiales patrullaban en moto y fueron interceptados por los acusados en la vía pública y fueron agredidos con elementos contundentes y uno de ellos resultó lesionado. Los policías se refugiaron detrás de una pared y pidieron refuerzos porque en el tumulto, se produjeron varias detonaciones de arma de fuego.
Al llegar los móviles policiales, los jóvenes huyeron y dejaron abandonados un parlante portátil y bebidas alcohólicas.
Un vecino denunció también haber sufrido la rotura de los vidrios de su vivienda por el impacto de un proyectil de arma de fuego, que quedó incrustado en la pared del comedor.
Los acusados fueron detenidos casi en forma inmediata y la audiencia de imputación se concretó este lunes.
Dos hombres fueron condenados por un hecho ocurrido en esa ciudad en el mes de octubre de 2018, cuando interceptaron a un menor de edad e intentaron despojarlo de sus pertenencias a punta de cuchillo. Lo persiguieron y amenazaron.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Metán en la audiencia de debate contra Pablo Ariel Orellana de 21 años y Damián Ernesto Villalba de 24 años por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa en perjuicio de un menor de edad.
El hecho ocurrió en octubre del año pasado, cuando el damnificado circulaba en forma peatonal junto a un amigo por la ciudad de Rosario de la Frontera y fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta y le requirieron que les entregara «todo lo que tenía».
El adolescente les entregó bajo amenazas dinero, logró escapar y fue perseguido por uno de los delincuentes que portaba un cuchillo y que pretendía quitarle una guitarra y el celular que llevaba.
Las intenciones de los delincuentes se vieron frustradas porque el damnificado logró ocultarse.
Personal policial logró detenerlos en forma posterior y tras ser identificados como los autores del hecho, fueron imputados.
Tras tres jornadas de audiencia, la jueza Carolina Poma condenó a Villalba a la pena de 3 años de prisión de ejecución efectiva y a Orellana a la pena de 3 años de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.
Tres hombres fueron detenidos e imputados por abigeato el pasado viernes. Uno de ellos fue sorprendido transportando 350 kilos de carne vacuna envuelta en bolsas de consorcio en la caja de su camioneta. Aducen haber ultimado con arma de fuego a los animales de una finca vecina porque dañaban sus sembradíos.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Oscar Alberto Pozzo de 26 años, a Adrián Armando Azani de 29 años y a Nicolás Imanol Martínez de 19 años por el delito de abigeato en perjuicio de dos productores de La Candelaria.
La investigación se inició cuando en un control policial, se detectó a Pozzo trasladando carne vacuna en la caja de su camioneta en unas bolsas de consorcio.
Personal policial pudo determinar por la marca, que la carne era de un animal pertenecía a una finca en La Candelaria. Los propietarios de la finca indicaron que no se trata de un hecho aislado, sino que desde la finca vecina ya ultimaron otros animales con disparos de arma de fuego y luego los faenaron para consumo.
Los acusados adujeron haber «capturado» a los animales porque ingresan a la finca donde trabajan y dañar sembradíos.
La fiscal penal 4, Gabriela Dávalos, participó en la audiencia conciliatoria que se llevó a cabo este lunes en el Juzgado de Garantías 4, en el marco de una causa que allí se tramita a raíz de un conflicto entre la Comunidad Indígena Centro Comunitario Finca El Potrero y la municipalidad de Iruya. Las partes se comprometieron a cesar el conflicto, hasta conocer los informes técnicos sobre la propiedad de la tierra. El 22 habrá audiencia en Iruya.
La fiscal penal Gabriela Dávalos participó en la audiencia fijada con fines conciliatorios en el marco de una causa que tramita el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien dispuso el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas oportunamente. Lo hizo en base a la manifestación y acuerdo de las partes de cesar el conflicto y permitir la continuidad de las obras hasta tanto se cuente con los informes técnicos solicitados a los organismos correspondientes. En ese marco, la fiscal Dávalos informó que todas las actuaciones se encuentran acumuladas en el Legajo de Actuación.
Según consta en el acta firmada este lunes, las partes también acordaron “mantener un buen trato y respeto mutuo para permitir las obras en el lugar”.
El conflicto comenzó cuando se iniciaron obras de construcción de viviendas en tierras cuya titularidad pertenecería a la Comunidad Indígena Centro Comunitario Finca El Potrero, según sus representantes.
Por su parte, el municipio de Iruya, dice que la cédula catastral indicaría que las tierras están dentro de su jurisdicción.
Los informes periciales que aportarán los organismos pertinentes se analizarán en la nueva audiencia fijada para el 22 del corriente, a las 15, en el Centro Comunitario Finca El Potrero.
En la audiencia celebrada en la sede del Juzgado, participaron el juez Rodríguez Pipino, la fiscal Gabriela Dávalos, los representantes de la comunidad, Aldo Marcelo Montellanos y Aniceto Bernabé Montellanos; la técnica del territorio de la Comunidad, ingeniera Marisa del Valle Sánchez (en representación de la Comunidad Indígena Centro Comunitario Finca El Potrero); la abogada América Alemán, como patrocinante de Aldo y Aniceto Montellanos; el abogado Pablo Cuellar, en representación de la Fiscalía de Estado; el intendente de Iruya, Alfredo Soto; la abogada Iris Cecilia Roldán y la abogada Ana Virginia Barrero, en representación del Instituto Provincial de la Vivienda.
