Violencia familiar: detenido e imputado por amenazar e intentar agredir a su sobrina

La fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a Julio Rueda por el delito de amenazas y agresión con toda arma en concurso real, en perjuicio de su sobrina.

Según consta en las actuaciones, la denunciante convive con sus dos hijos; su abuela (madre del agresor) y Rueda. El acusado, de 51 años, amenazó a la víctima y otros familiares, durante una jornada de discusiones en las que amenazó a su propia madre, su sobrina y los hijos de ésta. Junto a la denunciante, el 3 de junio, -día de los hechos denunciados-, también se encontraban en el domicilio, una hermana y su madre (hermana del acusado).

La mujer denunció que su tío pidió que ella y sus hijos se fueran del domicilio; que al intervenir la madre del agresor (quien es abuela de la denunciante), también “la corrió”, y luego empezó a beber alcohol. Más tarde, intentó agredir físicamente a la sobrina y su propia madre, pero no pudo concretarlo gracias a la intervención de un vecino. Luego, intentó golpearla con una botella.

Antes de que llegara la policía, el hombre amenazó con quemar a su familia, al decir que  “cuando salga de estar preso los voy a quemar vivos” y roció con alcohol una puerta. Fue detenido e imputado.  

Las Lajitas: le robaron un celular y dinero a golpes

Un hombre que se encontraba estacionado en la vía pública en su motocicleta, fue sorprendido por tres hombres que lo golpearon, derribaron del rodado y le sustrajeron un celular y trescientos pesos. Reconoció a uno de ellos y la madre del delincuente, devolvió el celular.

La fiscal penal de Joaquín V. González, Yonny Zigarán, imputó a Lucas Abel Rojas como autor del delito de robo en perjuicio de un vecino de Las Lajitas, a quien le sustrajo un celular y dinero en forma violenta.

Según consta en las actuaciones, el damnificado se encontraba estacionado en la vía pública a bordo de su motocicleta, cuando fue sorprendido por tres hombres que lo golpearon hasta derribarlo y le sustrajeron de los bolsillos un celular y trescientos pesos y se dieron a la fuga.

La víctima del robo pudo identificar a uno de los delincuentes, quien fue detenido e imputado y permanece privado de su libertad, mientras continúa la investigación.

El teléfono sustraído fue entregado en forma voluntaria por la madre del acusado.

Violencia: Aumentaron a casi 20 denuncias diarias durante la cuarentena

En todo 2019, el Ministerio Público Fiscal de Salta recibió 8307 denuncias por violencia de género. En lo que va de 2020, hubo 3478 y solo entre el 20 de marzo pasado y hasta el 2 de junio inclusive, se recibieron 1476. Las causas se tramitan en las fiscalías especializadas de Violencia Familiar y de Género y en fiscalías penales del interior. Hasta el 7 de abril pasado, se había contabilizado un promedio de 15 denuncias diarias.

Un total de 1476 denuncias por violencia de género fueron radicadas en fiscalías de todo el territorio provincial, desde el 20 de marzo pasado, -cuando comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio-, y hasta el martes 2 de junio. La mayoría se concentran en el Distrito Judicial del Centro.  Durante los 74 días contabilizados desde el 20 de marzo pasado, se recibieron un promedio de 19,9 denuncias por día en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Del total, 942 corresponden al Distrito Judicial Centro;  188 al Distrito Judicial Sur; 186 al Distrito Judicial Tartagal y 160, al Distrito Judicial Orán.

En contexto de emergencia, el procurador general, Abel Cornejo, dictó una serie de medidas tendientes a garantizar la atención y respuesta a las víctimas, bajo estrictos protocolos sanitarios para el público y el personal de las fiscalías.

Hasta el 7 de abril pasado, se había contabilizado un promedio de 15 denuncias diarias.

Discriminación por Distritos

En el Distrito Judicial Centro – Salta, (que comprende los departamentos Capital, La Caldera, General Güemes, Cerrillos, Chicoana, Guachipas, La Viña, Rosario de Lerma, Cachi, Molinos, La Poma, Los Andes, y los municipios Santa Victoria Oeste y Nazareno del departamento Santa Victoria y el municipio Iruya del departamento homónimo), la discriminación por fiscalías fue la siguiente:  

  • Capital: 816
  • Cerrillos: 48
  • Rosario de Lerma: 47
  • El Carril: 17

En el Distrito Judicial Centro – Cafayate, que comprende los departamentos Cafayate y San Carlos:

  • Cafayate: 14

En el Distrito Judicial Tartagal (que comprende el departamento San Martín y los municipios Santa Victoria Este y Rivadavia Banda Norte del departamento Rivadavia), las denuncias se dividieron de esta forma:

  • Tartagal: 140
  • Embarcación: 25
  • Salvador Mazza: 21

En el Distrito Judicial Orán, (que comprende el departamento Orán, el municipio Rivadavia Banda Sur del departamento Rivadavia, el municipio Los Toldos del departamento Santa Victoria, y el municipio Isla de Cañas del departamento Iruya), las denuncias se radicaron en este orden:

  • Orán: 121
  • Pichanal: 27
  • Colonia Santa Rosa: 12

En el Distrito Judicial Sur – Metán, comprendido por los departamentos Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria:

  • Metán: 65
  • Rosario de la Frontera: 47

Finalmente, en el Distrito Judicial Sur – J.V. González, que comprende el departamento Anta, las denuncias se radicaron en este orden:

  • Joaquín. V. González: 34
  • Apolinario Saravia: 21
  • El Quebrachal: 10
  • Las Lajitas: 11

Investigan posible femicidio en Salvador Mazza

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó provisionalmente a Casiano Choque Carrillo, de 45 años, por la comisión del delito de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género (femicidio), previsto en el Art. 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, en grado de autor y en perjuicio de su pareja. Se encuentra detenido desde el lunes 1 de junio.

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, ordenó distintas diligencias tendientes a esclarecer la muerte de Plácida Meléndrez Ilafaya, de 42 años y de Salvador Mazza, ocurrida el lunes 1 de junio pasado. Según consta en las actuaciones, la víctima y Carrillo, mantenían una relación de pareja, aunque residían en domicilios separados en Salvador Mazza.

La mujer visitó al imputado la noche del 31 de mayo;  y la madrugada del 1 de junio, habrían discutido violentamente y el hombre la habría golpeado en la cabeza. De acuerdo al testimonio de un vecino que habría escuchado la discusión, también pareció que “la estaban ahorcando”. Posteriormente, Meléndrez Ilafaya se retiró del domicilio de su pareja y sufrió una caída en la vía pública, la cual fue advertida por otros testigos, quienes se dirigieron al domicilio de la pareja de la víctima para avisarle.

Carrillo, acompañado por vecinos, trasladó a la mujer a su lugar de residencia y se retiró. Regresó a las 7 de la mañana. Según dijo el imputado a una vecina, la mujer durmió toda la mañana y él la encontró sin vida y sobre la cama, cuando fue a buscarla para almorzar, en horas del mediodía. El resultado de la autopsia indica que la muerte fue causada por hemorragia subdural, producida por cuatro golpes a la altura de la cabeza.

Durante la audiencia de imputación, Carrillo se abstuvo de declarar.

Desde el 17 de junio juzgarán por torturas al diputado Orozco y otros policías

La audiencia de debate público que llevará adelante la jueza Carolina Poma Salvadores, de la Sala II del Tribunal de Juicio Unipersonal, se desarrollará los días 17, 22, 25 y 30 de junio, en Metán. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra.

La causa que llega a juicio, es la caratulada como “Orozco, Gustavo Orlando; Orellana, Víctor Hugo; Suárez, Andrés Fernando; Reynoso, Javier Sebastián; Coronel, Denis Arnaldo; Medina Rubén Darío, Díaz, Andrea Alejandra; Luna Víctor Alejandro y Pérez, Dardo Ezequiel, por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales (colegiado)”. Los imputados y testigos fueron notificados bajo apercibimiento de ley.

El inicio de la audiencia de debate estaba previsto para el 27 de marzo pasado, pero se suspendió ante la declaración de feria extraordinaria, dictada a raíz de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Covid 19.

Las audiencias previstas para los días 17, 22, 25 y 30 de junio, comenzarán a  las 9:30.

Campo Santo: detienen a tres hermanos violentos

Dos mayores y un menor fueron detenidos e imputados tras un hecho ocurrido el pasado domingo en esa localidad, donde atacaron a un negocio porque no les vendieron vino, causando daños y amenazando a su propietario. Cuando se presentó personal policial se pusieron más violentos y los agredieron con elementos contundentes y los amenazaban con un machete.

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, imputó a Benjamín Moisés y Braian Martín Albornoz como coautores de los delitos de amenazas con armas, daños, atentado contra la autoridad, lesiones leves, daños calificados, violación de las medidas dispuestas para impedir la propagación de una pandemia y resistencia a la autoridad, agravado por la participación de un menor. En tanto, un menor de 16 años, hermano de los acusados, fue imputado como autor de los delitos de delitos de amenazas con armas, daños, atentado contra la autoridad, lesiones leves, daños calificados, violación de las medidas dispuestas para impedir la propagación de una pandemia y resistencia a la autoridad en concurso real.

Según consta en las actuaciones, el pasado domingo por la madrugada, los tres hermanos se presentaron en un local comercial que estaba cerrado y pedían que se les venda vino. Al manifestarle el propietario que no estaba atendiendo, se retiraron pero volvieron y comenzaron a arrojar elementos contundentes, amenazando al dueño del local y causando daños.

Al hacerse presente el personal policial, se mostraron belicosos y los agredieron con elementos contundentes y un machete.

Al momento de la aprehensión, opusieron violenta resistencia y amenazaron a los efectivos intervinientes.

El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno que se mantenga la detención de los acusados al encontrarse en desarrollo la investigación.

Orán: El MPF restringe totalmente la atención al público

El procurador general, Abel Cornejo, resolvió restringir la atención al público en todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial de Orán. La medida acompaña las dispuestas por la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, a partir de la detección de un caso positivo de COVID 19 en esa ciudad.

Las medidas restrictivas adoptadas por el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Pablo González, a raíz de la detección de un caso positivo de COVID 19 en esa ciudad, se extenderán desde este domingo y por un plazo de quince días.

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido por el Decreto 297/2020,  la Procuración General de la Provincia dispuso diversas medidas tendientes a preservar la salud de su personal. Lo hizo para evitar el riesgo de contagio y propagación del nuevo Covid-19 y por el otro, para seguir garantizando la prestación del servicio de justicia. Con el mismo temperamento es que adhirió a los criterios de seguridad y salubridad dispuestos por el gobierno municipal de San Ramón de la Nueva Orán: para resguardar al personal, pero fundamentalmente, a toda la comunidad oranense.

En consecuencia, a partir del día de la fecha y hasta tanto no se ordene lo contrario, se dispuso la medida de restricción total para la atención al público en todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial de Orán.

Quien lo requiera podrá recurrir a las dependencias de la Policía de la Provincia, institución que funcionará como nexo con las fiscalías correspondientes.

Condenado por intentar asaltar armado a dos menores

Un hombre fue condenado este jueves a cuatro años de prisión efectiva en el Distrito Judicial Tartagal por un hecho ocurrido en setiembre del año pasado, cuando armado con un cuchillo, sustrajo algunos bienes a dos menores y fue detenido cuando huía. Fue declarado reincidente por segunda vez.

El fiscal penal 2 de Tartagal, José Rafael Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, en la audiencia de debate contra Manuel Hugo Castro, imputado como autor del delito de tentativa de robo calificado por el uso de armas en perjuicio de dos menores de edad.

El hecho ocurrió el 20 de setiembre de 2019 por la mañana en la costanera del río Tartagal, donde dos adolescentes de 15 años fueron sorprendidos por el acusado, que portaba un cuchillo y les sustrajo algunos bienes bajo amenaza. Fue demorado en las inmediaciones por la Policía, cuando intentaba huir y se le secuestró el cuchillo y otros elementos.

El juez Anastasio Vázquez Sgardelis lo condenó a la pena de cuatro años de prisión efectiva y lo declaró reincidente por segunda vez.

Mathieu Martin: absuelven a policías acusados de apremios ilegales

Los dos acusados del homicidio del turista francés denunciaron al momento de su detención en diciembre de 2018, a ocho efectivos policiales por apremios ilegales agravados por el uso de violencia. Fueron absueltos en forma lisa y llana.

El fiscal penal Marcos Ezequiel Molinatti, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Matías Canchi, Emilio Raúl Vera, Fabián Roger Sánchez, Ángel Ariel Gallardo, José Ariel Paz, David Díaz, Teodoro Omar Bustamante y Saúl Humberto Sánchez, imputados por el delito de apremios ilegales agravados por el uso de violencia en perjuicio de los hermanos Juan y Froilán Cuevas.

Juan y Froilán Cuevas se encuentran imputados y requeridos a juicio por el homicidio del turista francés Mathieu Martin y al momento de ser detenidos en el mes de diciembre de 2018, denunciaron al personal policial que intervino por supuestos apremios ilegales.

El juez Martín Pérez, tras el alegato de las partes, dio a conocer el veredicto este miércoles, donde absuelve en forma lisa y llana a los ocho acusados.

Robo millonario de una antena: declaran la incompetencia provincial

El juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, hizo lugar a la solicitud del penal de Salvador Mazza, Armando Cazón y declaró la incompetencia material y territorial de la fiscalía, en la causa que tiene a cuatro imputados que permanecen detenidos y 279 caños secuestrados tras el robo millonario de una antena. La antena de alta tensión, de 40 metros de altura, formaba parte del acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia. Por ello, la causa pasa al fuero federal.

La intervención del fiscal provincial, se produjo a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones de Tartagal y Salvador Mazza, luego de que el administrador de un proyecto de obras de compensación tomara conocimiento a través de un puestero y denunciara que el pasado 23 de febrero, un grupo de personas desconocidas, volteó una torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas de Aguaray. También indicó que en el lugar había una camioneta negra con siete hombres a bordo.

En la ampliación, el denunciante manifestó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares y que el costo total del daño sufrido fue de cuatro millones de pesos.

De los informes se desprende que el personal policial tomó conocimiento que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena.

Al llegar al lugar los efectivos policiales fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero, quien informó sobre los nombres de los propietarios del lugar. También observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena.

Ninguno de los propietarios pudo justificar la procedencia de los materiales y solo uno de ellos adujo que fueron comprados por dos mil pesos a unos paisanos de Yacuy.

En total, 279 caños fueron secuestrados con hierros color gris galvanizados, con código alfanumérico y logo de la empresa damnificada.

Teniendo en cuenta las denuncias, testimonios, informes policiales, imágenes fotográficas, inspecciones oculares y elementos secuestrados, el fiscal penal Armando Cazón entendió que los elementos fueron suficientes para imputar provisionalmente a cuatro personas por la comisión del delito de robo calificado en grado de coautores, quienes permanecen detenidos.

La antena de alta tensión formaba parte del Corredor de Intercambio Juana Azurduy, instalada por la contratista y encargada del proyecto ESE&CC para el abastecimiento de energía al sistema local desde Bolivia.