Detenido e imputado por matar a su hermano

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a Luciano Esteban Olivera, de 52 años, por el delito de homicidio simple, en perjuicio de su hermano, Cristian Ismael Olivera, de 34.

El hecho ocurrió el domingo último en finca El Algarrobal, ubicada a unos tres kilómetros de la zona urbana de Joaquín V. González, donde los hermanos se encontraban junto a distintos familiares y amigos para festejar el cumpleaños de Cristian Ismael Olivera.

Según las declaraciones testimoniales obtenidas, los presentes almorzaron y luego empezaron a ingerir bebidas alcohólicas, hasta las 20 aproximadamente, cuando Cristian decidió retirarse después de discutir con su hermano Luciano. El último se dirigió hasta su domicilio, ubicado en el mismo predio de finca El Algarrobal, buscó un arma “hechiza” de 20 centímetros de largo y volvió al camino, donde atacó a su hermano menor.

Según la autopsia, el hombre falleció como consecuencia de un shock hipovolémico causado por herida de arma blanca.

El acusado no se resistió a la detención y fue imputado el lunes pasado.

Investigan posible comisión de delitos contra el ambiente y la salud pública en el cementerio de Cerrillos

La fiscal interina de Impugnación, Ana Salinas Odorisio, se pronunció a favor de continuar la investigación penal en torno a la situación de la ampliación del cementerio de Cerrillos, sus condiciones, circunstancias y detalles del enterramiento de difuntos por COVID-19, ante la posible ocurrencia de delitos contra el medio ambiente y la salud pública.

La fiscal Salinas Odorisio entendió que fue prematura la decisión del fiscal de Cerrillos, de archivar las actuaciones relativas a la ampliación de la necrópolis en cuestión  y que en cambio, la investigación debe proseguir.

Todo ello, atento a lo relatado por testigos, las constancias de la causa y los hechos definidos por el fiscal Gabriel Portal, quien deberá completar la averiguación preliminar respecto a las denuncias hechas por vecinos sobre las condiciones ambientales en las que se encuentra emplazado el cementerio de la ciudad de Cerrillos, la ampliación realizada recientemente y las condiciones, circunstancia y detalles del enterramiento de difuntos por COVID 19, ante la posible ocurrencia de delitos contra el medio ambiente.

Es que de acuerdo a los deberes que otorga la Constitución Provincial al Ministerio Público en su art. 166, está el de accionar en defensa y protección del medio ambiente e intereses difusos, teniendo la obligación las Fiscalía Penales y Civiles de actuar ambientalmente en el marco judicial (art. 45, Ley N° 7328).

Dijo también la fiscal, que debe incorporarse el resultado de los informes solicitados por el fiscal de Cerrillos al Cuerpo de Investigaciones Fiscales y especialmente, para verificar si se practicó previa y debidamente a la realización de la obra de ampliación del cementerio de la Municipalidad de San José de Cerrillos, el correspondiente estudio de impacto ambiental, cuál fue su contenido y si fue aprobado por los organismos municipales y provinciales pertinentes. Ello permitirá definir si existió una afectación al medio ambiente y la salud pública.

Además, la inspección ocular que realizará el Área de Ambiente del Servicio de Ingeniería Química del CIF, deberá evaluar la situación ambiental y social del actual emplazamiento del cementerio, la viabilidad de su ampliación y la situación de las viviendas adyacentes. También pidió que se requieran los estudios de impacto ambiental en caso de que existan, y si no estuvieran, que se soliciten a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, para establecer la viabilidad de la subsistencia actual del cementerio en la zona en la que se encuentra y la pertinencia de su reciente ampliación. En ese caso, la Secretaría deberá expedirse sobre las posibles medidas de resguardo al ambiente y la salubridad pública.

En su dictamen, la fiscal Salinas Odorisio también sostuvo que corresponde requerir al Comité Operativo de Emergencia de la Provincia de Salta, que indique la normativa, protocolos y/o regulación vigente para el manejo, traslado de cuerpos y entierros en situación de pandemia con enfermedad virósica COVID 19; al tiempo que consideró pertinente recabar datos en la Municipalidad de San José de Cerrillos,  para que las personas que trabajaron en la obra expongan sobre las condiciones de bioseguridad bajo las que cumplieron el trabajo encomendado. Esto es, si les brindaron elementos de protección, cómo efectuaron el entierro de los cuerpos, si estos estaban en féretros, o bolsas y cómo fueron transportados, entre otros aspectos. La comuna también deberá informar si se efectuaron entierros en la ampliación y otros datos sobre el tema.

Salinas Odorisio remitió copia del dictamen a la Secretaría de Derechos Humanos con competencia en Medio Ambiente de la Procuración General de la Provincia, a los fines de su conocimiento y eventual intervención.

Imputaron al exintendente de Aguaray por malversación de caudales e incumplimiento de los deberes

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón imputó al exjefe comunal de Aguaray, Jorge Enrique Prado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. La audiencia de imputación se celebró este miércoles en forma remota debido a que Prado se encuentra en la capital provincial. Por esa vía, el exjefe comunal se presentó con abogado particular y se abstuvo de declarar. Sobre ello, se dejó constancia en un acta que firmó el fiscal Cazón.

El fiscal penal inició de oficio la investigación penal, a partir de las declaraciones públicas del comisionado interventor del Departamento Ejecutivo del Municipio de Aguaray, Adrián Ariel Zigarán, referidas al déficit y endeudamiento generado en ese ámbito por el exintendente Jorge Enrique Prado.

Para ello, tuvo en cuenta distintas publicaciones hechas en medios de comunicación, entre las que se precisa que a través de un informe dado a conocer por el interventor del municipio de Aguaray, Adrián Zigarán, el exjefe comunal, Jorge Enrique Prado “recibió en diciembre de 2019 un municipio totalmente saneado y con depósitos bancarios en las cuentas del municipio que alcanzaban  los 7.900.000. Diez meses más tarde y al ser intervenido,  el déficit es de 19 millones de pesos sin que aún se haya determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos que tendrán vencimiento en los próximos meses”.

Y agregan las publicaciones que motivaron la actuación noticia criminis del fiscal, que “por el momento solo se tiene certezas de que el exintendente de Aguaray se fue dejando una deuda de unos 5 millones de pesos con los 300 planilleros y que corresponden a los meses de agosto y setiembre, a los que se suma ya el mes de noviembre con lo que el municipio deberá conseguir en forma más que urgente unos 7 millones y medio de pesos”.

Zigarán también reveló sobre gastos de combustible que “no se puede gastar más de $240.000 pesos por mes; pero la gestión anterior nos arroja que en 10 meses  gastaron 4 millones de pesos en  combustibles. Pero eso corresponde solo al pago con cheques y todavía no sabemos si no se han hecho transferencia bancarias  por ese mismo concepto”. Prado también habría dejado deudas salariales con personal de planta permanente; personas contratadas y concejales del municipio. 

Entre algunos datos contemplados en la investigación, consta que “más de la mitad de la deuda tiene carácter de delicada y urgente”, compuesta por: un descubierto bancario (cubierto con adelanto de coparticipación); plan Aguaray Trabaja (debería cancelarse con urgencia, el mes de agosto se pagó en octubre); retroactivos de sueldos no pagados de febrero a abril; saldos impagos por sueldos de septiembre; remuneraciones adeudadas a concejales (en algunos casos de marzo); retenciones laborales de ATE, UPCE y SOEM y proveedores de bienes y servicios esenciales sin órdenes de pago, con cheques emitidos y rechazados por valores entregados con pocas probabilidades de pagos en el corto plazo, entre otras irregularidades.

Metán: funcionario municipal imputado por organizar una fiesta

Un hombre de 25 años, que se desempeña como secretario de Cultura de esa ciudad, y su hermano de 23 años, fueron imputados por incumplir las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Organizaron una fiesta de cumpleaños en su domicilio y se tomó conocimiento a través de las redes sociales.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Sergio Fabián Salinas y a su hermano Augusto Emanuel Salinas por el delito de incumplir las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia, previsto en el artículo 205 del Código Penal.

La investigación se inició por una publicación realizada por un portal digital local, realizada el pasado 13 de octubre, donde se daba cuenta de una fiesta donde había participado el funcionario municipal, su hermano y otras personas pese a las restricciones vigentes por la situación sanitaria.

Según declararon las personas identificadas como participantes, se trató del festejo de cumpleaños de uno de los imputados, se desarrolló en la casa familiar el pasado 11 de octubre desde el mediodía hasta la tarde y según manifestaron, no superaron las 20 personas.

Gómez Amado explicó que resta la imputación de una tercera persona, que por razones laborales no se encuentra en esa ciudad y que se concretará a la brevedad.

Luis Burela: agredió a su expareja en presencia de sus hijos

Una mujer de 27 años fue agredida por su expareja cuando caminaba junto a su madre y a sus hijos hacia la casa de un familiar. La golpeó y por la fuerza, la arrastró hacia el monte, donde intentaba sofocarla con ambas manos, mientras la amenazaba con quitarse la vida con un cable. Tenía además un arma blanca existían antecedentes de violencia en la pareja.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a un hombre de 28 años como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por mediar relación de pareja preexistente en concurso ideal con desobediencia judicial (dos hechos) en perjuicio de su expareja.

El hecho principal fue denunciado por la víctima, quien relata que el pasado 22 de octubre, en la localidad de Luis Burela cuando caminaba junto a su madre y sus hijos hacia la casa de un hermano y fueron sorprendidas por su expareja, quien comenzó a agredirla físicamente y la arrastró hacia el monte, donde la amenazaba con un cuchillo, luego la tomó del cuello con ambas manos, mientras amenazaba con quitarse la vida.

Dos de los hijos de la víctima, corrieron a la dependencia policial a pedir auxilio y cuando los efectivos llegaron, el acusado huyó.

Se verificaron las lesiones en la mujer y se procedió a la detención del acusado, quien ya había sido denunciado por hechos de violencia y existían medidas de restricción en su contra.

Rº de la Frontera: detenido por abusar sexualmente de su expareja

Un hombre de 47 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido el fin de semana, donde tomó por la fuerza a su expareja, le propinó golpes y la sometió sexualmente, pese a existir medidas de restricción en su contra. El fiscal solicitó que se mantenga su detención.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó a un hombre de 35 años como autor de los delitos de abuso sexual sexual con acceso carnal en concurso ideal con desobediencia judicial.

La denuncia fue radicada por una mujer en contra de su expareja, de quien se encuentra separada hace dos meses y tienen una hija menor de edad en común. Según relata la víctima, el pasado sábado se encontraba en casa de un familiar y se presentó el acusado en aparente estado de ebriedad y por la fuerza la obligó a subir a un vehículo y la llevó a una zona despoblada.

Una vez allí, la golpeó y la forzó a mantener relaciones sexuales, mientras consumía alcohol y sustancias estupefacientes. Luego la dejó abandonada en la ruta, amenazándola para que no realice la denuncia.

Señala la damnificada que por hechos anteriores de violencia, existen medidas de restricción en contra de su expareja, impartidas por un juez de Violencia Familiar y de Género.

Rodríguez López solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que el acusado se mantenga detenido, mientras se cumplen medidas solicitadas y señaló que en el examen médico realizado a la damnificada, se pudieron constatar lesiones.

Metán: detenido por grooming

Un hombre de 33 años fue detenido e imputado por contactar a una menor de edad a través de una red social, acosarla y enviarle videos pornográficos. Al momento de ser detenido, se le secuestró un teléfono celular donde constaban los mensajes enviados a la víctima.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Cristian Iván Oliva Zapana por el delito de grooming y solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga su detención.

La investigación se inició por la denuncia de la madre de una menor de edad, que señalaba que su hija recibía a través de Messenger, mensajes de una persona identificada con un perfil masculino, donde al principio abundaba en elogios y a los que la adolescente no respondió. Luego le empezó a enviar videos pornográficos y le pasó un número de celular para que acordaran una reunión.

Personal de la Comisaría 30 y de la Brigada de Investigaciones 3, lograron identificar al acusado y al momento de su aprehensión, se pudo secuestrar un teléfono celular desde donde enviaba los mensajes a la víctima.

Colonia Santa Rosa: mujer detenida por delitos contra la propiedad

La acusada estuvo involucrada en al menos dos hechos delictivos, donde se apoderó de una motocicleta en la vía pública y en compañía de un hombre, asaltaron con un machete a un adulto mayor, provocándole lesiones.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Erika de los Ángeles Alvarado de 22 años, como autora de los delitos de hurto calificado y robo calificado por el uso de arma en concurso real.

En el primer hecho, la mujer junto a un hombre, interceptaron a un adulto mayor que circulaba por la vía pública en Colonia Santa Rosa y lo golpearon y lesionaron con un machete para desapoderarlo de su celular. Luego huyeron en una motocicleta.

Días después, Alvarado sustrajo de la vía pública, sin ejercer violencia, una motocicleta que estaba estacionada.

En ambos casos, fue identificada por testigos y un familiar de la acusada, hizo entrega voluntaria del rodado sustraído.

Interponen habeas corpus en favor de los detenidos de la Comisaría 24

La fiscal penal Claudia Carreras, interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán, interpuso ante el Juzgado de Garantías 2, una acción de habeas corpus en favor de los detenidos de la Comisaría 24 de barrio Los Lapachos de esa ciudad por las malas condiciones de detención. Hay antecedentes de otras presentaciones realizadas en 2016 y 2017 por la misma situación, efectuadas por una Defensoría Penal y una ONG.

La fiscal penal Claudia Carreras, interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán, interpuso ante el juez de Garantías 2 Claudio Parisi, una acción de habeas corpus colectivo en favor de los detenidos de la Comisaría 24 de barrio Los Lapachos de esa ciudad.

En la acción, la fiscal solicita que se haga cesar la situación de agravamiento de las condiciones de detención de los internos de la dependencia, puesto que las mismas importan un trato cruel, inhumano y degradante.

La fiscal cita como antecedente de esta situación la interposición de idéntica medida realizada en diciembre de 2016 por la Defensora Penal 3 y otra de enero de 2017 interpuesta por el abogado David Leiva, presidente la ONG “Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia de Salta”.

Ambas acciones de habeas corpus fueron interpuestas por las condiciones de hacinamiento y deficientes condiciones de salubridad y alimentación de los detenidos y fueron resueltas favorablemente en su momento por el Juzgado de Garantías 2.

Expone que a partir de la fuga de un detenido el pasado 20 de octubre y el posterior intento de motín en la Comisaría 24, se pudo verificar que había en ese momento, 37 detenidos y de acuerdo a la inspección ocular realizada por la Fiscalía, se pudo constar las condiciones de hacinamiento, problemas de humedad en paredes y techos y otros problemas de seguridad y salubridad.

Ante esta situación, denuncia la persistencia y agravamiento comparativo de las situaciones de hecho que motivaron las acciones de 2016 y 2017, ya que en diciembre de 2016 había 30 detenidos, en enero de 2017 había 34 detenidos y en la actualidad hay 38 personas privadas de su libertad, excediendo ampliamente su capacidad.

Hipólito Yrigoyen: asaltó a una mujer a punta de cuchillo

Un hombre de 20 años, fue detenido e imputado por un hecho ocurrido el pasado lunes en esa ciudad, cuando una mujer que realizaba actividad deportiva y fue asaltada por el acusado y amenazándola con un arma blanca, le sustrajo el celular.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Daniel Alberto Corbalán Barreiro como autor del delito de robo con arma blanca en perjuicio de una vecina de Hipólito Yrigoyen.

La damnificada denunció que mientras realizaba actividad deportiva en cancha de la Salamanca, fue sorprendida por un hombre que tenía una máscara blanca y que amenazándola con un cuchillo, tipo puñal, le arrebató el celular.

Los investigadores identificaron al acusado por su descripción física y procedieron a su detención.