Crueldad animal: irá a juicio por matar a un perro de un disparo

Se requirió juico para un hombre de 60 años por un violento hecho ocurrido en junio de 2020 en barrio Belgrano de General Güemes. Está acusado de haber disparado con una escopeta al perro de una vecina, provocando su muerte. En su declaración, dijo que no tenía la intención de matarlo, que disparó al suelo para correrlo porque agredía a sus mascotas.

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del Distrito Centro, para Luis Orlando Acuña, acusado como autor del delito de violación de la ley 14346 – crueldad animal- por un hecho ocurrido en junio de 2020 en barrio Belgrano de esa ciudad, donde la propietaria de un perro, denunció a su vecino por haberle disparado con una escopeta a la mascota, provocándole la muerte.

En la denuncia, la mujer relata que anteriormente, el acusado realizó un acto similar a este pero no logró herir a su perro.

Durante la audiencia de imputación, Acuña dijo que es legítimo usuario de la escopeta con la que realizó el disparo y que no era su intención quitarle la vida al animal, que apuntó al suelo con la intención de ahuyentarlo porque “aporreaba” a sus mascotas.

En la fundamentación para requerir juicio, el fiscal González destaca que la conducta desarrollada por el encausado, la que resulta típica en los términos de la ley, resulta necesaria discutirse en el plenario no solo porque el injusto cometido, no se encuentra justificado en modo alguno, sino también porque existe hoy la necesidad de que estas conductas sean investigadas a fin de poner fin a las practicas que en su momento fueron normalizadas, y que son prácticas violentas, en una sociedad que lucha contra el flagelo y los patrones de violencia en toda su extensión. En este sentido el animal no humano, es un ser sintiente que merece la protección y tutela de los operadores con una visión holística, histórica y no antropocéntrica, que permita reconocer en estos seres vivos, la tutela del bien jurídico incorporado por el legislador hace más de 66 años que, en definitiva, nos permita avanzar mediante la investigación y sanción de estos hechos en el cambio de paradigma en cumplimiento de la ley.

Aguaray: Buscan a una menor con asistencia de fuerzas provinciales y federales

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, investiga la desaparición de la menor Agustina Fabiana Casasola, de 17 años, quien falta de su domicilio de Aguaray, desde el miércoles 17 de febrero a las 9.30 de la mañana. Distintos testimonios recabados hasta el momento, coincidieron en señalar el desplazamiento a Salvador Mazza de la menor, acompañada con un mayor, durante la madrugada del día que fue reportada como desaparecida.

El fiscal penal Armando Cazón interviene en la investigación a partir de la denuncia radicada por la madre de la menor, el miércoles último. Inmediatamente, se activó el Protocolo de Búsqueda, con comunicación a fuerzas provinciales y federales. Se incluyó a la Policía de la Provincia, a través de personal de la Brigada de Investigaciones N° 4, de Tartagal y la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Dirección General de Aduanas y Dirección General de Migraciones. También se implementaron controles en rutas nacionales, con fotografías e información brindada por familiares de la menor, a fin de ubicar su paradero.

En el plano internacional, desde el miércoles pasado la Fiscalía también trabaja en contacto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FLCC), de Yacuiba, Bolivia, cuyos efectivos colaboran en la búsqueda de la menor.

Además de la tarea conjunta con organismos del Ministerio del Interior de la Nación, la Secretaría de Búsqueda de Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autoridades judiciales de Bolivia, se avanza en una investigación sobre los antecedentes y perfil del mayor con el que se encontraría la menor de edad, con información aportada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), de la Procuración General de la Nación.

Entre las medidas tendientes a lograr la localización de la menor, la Fiscalía realizó evaluaciones ambientales, tomó declaraciones testimoniales y pidió informes sobre movimientos de pasajeros a las Terminales de Ómnibus de la zona, donde se encuentran el Paso Internacional Salvador Mazza-Yacuiba, y al menos 167 pasos ilegales. Se solicitaron intervenciones telefónicas varias y se trabaja en la verificación de distintas informaciones publicadas en medios de comunicación y redes sociales, que pudieran ser de interés para la causa.

El Cuerpo de investigaciones Fiscales (CIF), se encuentra abocado a la realización de distintas pericias e interviene en asistencia profesional a la familia.

La última vez que fue vista, Agustina vestía un jean azul, una remera blanca y una campera roja.

Rosario de Lerma: Piden juicio contra un hombre que agredió a su pareja y la hija de ella

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics, requirió ante el Juzgado de Garantías N° 6 la elevación a juicio de la causa contra un hombre de 21 años, por ser autor de los delitos de lesiones leves, agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género y lesiones leves en concurso real en perjuicio de su ex pareja y una menor de 6 años, hija de la víctima.

Las actuaciones se iniciaron luego de que la víctima radicara la denuncia el pasado 7 de febrero, relatando que, ese día, se encontraba con su hija y el acusado, quien tras ofuscarse y, en estado de ebriedad, comenzó a insultarla y luego ejerció violencia física, contra ella y la menor. La mujer cursa un embarazo de cinco meses.

El pedido de elevación de juicio sumó las declaraciones testimoniales de ambas víctimas; del médico que las examinó y de la trabajadora social que elaboró el informe victimológico; además de las pruebas documentales que incluyeron el certificado médico.

Junto con el pedido de elevación a juicio, el fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics,  presentó ante el Juzgado de Garantías N° 6, la solicitud de prisión preventiva del acusado, basada en los antecedentes de denuncia de la víctima, fundada en la necesidad de asegurar la comparecencia del imputado en el proceso. Entendió el fiscal que habiendo el imputado incurrido en violencia física contra las víctimas, existe la fuerte presunción de que, en caso de otorgársele la libertad, podría entorpecer la investigación y atacar física o psicológicamente a la víctima con el fin de influir en sus declaraciones.

Hipólito Yrigoyen: detienen a dos motochorros

Los hombres, de 26 años, asaltaron a dos menores en la vía pública. Uno de ellos apuntó con un arma de fuego a una de las adolescentes para que le entregara el celular.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Ricardo Maximiliano Gómez y a Luis Ángel Cuello como coautores del delito de robo agravado por el uso de armas cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

Ocurrió el pasado martes por la noche en barrio San Pantaleón de la localidad de Hipólito Yrigoyen, cuando dos menores que circulaban en forma peatonal, fueron sorprendidas por los acusados a bordo de una motocicleta.

Uno de ellos descendió y le puso un arma de fuego en la cabeza a una de las adolescentes para que le entregara el celular, mientras su hermana logró huir.

De las tareas investigativas desplegadas, se logró identificar a los delincuentes, quienes fueron detenidos e imputados.

Las Lajitas: detenido por adquirir elementos robados

Un hombre de 35 años fue detenido e imputado por encubrimiento agravado luego de una larga investigación, a través de la que pudo establecerse que tenía en su posesión, elementos sustraídos en al menos tres hechos delictivos. En un allanamiento realizado en su vivienda, se logró recuperar parte de los elementos denunciados.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a Walter Sebastián Torres como autor del delito de encubrimiento agravado (tres hechos) en perjuicio de vecinos de Las Lajitas.

A partir de las denuncias realizadas por tres vecinos de esa ciudad, quienes fueron víctimas de la sustracción de distintos elementos con el mismo modus operandi, se inició una investigación, donde se pudo establecer que el imputado adquiría bienes mal habidos a un grupo de jóvenes a precios irrisorios.

En cumplimiento de una orden de allanamiento y detención impartida por el Juzgado de Garantía en turno, en el domicilio del investigado, se pudo recuperar algunos elementos denunciados como sustraídos por los tres damnificados.

Desde la Fiscalía, se solicitó que se mantenga la detención del acusado, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas por la fiscal para el esclarecimiento de los hechos.

Apolinario Saravia: Piden juicio para una acusada de falsa denuncia

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, elevó requerimiento a juicio de la causa en la que se encuentra imputada Yessica Yudith Yulán, de 48 años, acusada del delito de falsa denuncia en perjuicio de la administración pública, luego de concluir la investigación penal preparatoria.

Recordemos que del decreto de imputación surgió que, en septiembre de 2020, la acusada radicó una denuncia en contra de un hombre con domicilio laboral en la Municipalidad de Apolinario Saravia, por amenazas de muerte y violencia psicológica contra la hija de 17 años de la denunciante y del grupo familiar.

En aquella oportunidad, Yulán sostuvo que las amenazas llegaban mediante una cuenta de Messenger y que el denunciado actuaba en presunta venganza por una denuncia de abuso sexual en su contra.

La imputada también aseguró que durante la madrugada del 9 y del 10 de ese mes, intentaron ingresar a su vivienda ubicada en barrio San Roque, aclarando luego que, por una ventana de su domicilio, cerrado con tapia y rejas, pudo ver a dos hombres, a quienes no pudo reconocer. Según la mujer, vecinos también pudieron verlos sin reconocerlos y ella sospechó que el acusado tenía que ver con este hecho y que lo hacía responsable por su integridad física y la de su familia.

Se sumó además a la causa una denuncia de Yésica Yudith Yulán, del 24 de septiembre, en la que sostenía que recibió mensajes con amenazas de usuarios de Facebook y que personas encapuchadas llegaban al frente de su domicilio a golpear las manos y se retiraban velozmente.

Según consta en el requerimiento elevado por la fiscal García Pisacic, al concluir la etapa de investigación penal preparatoria y después de un análisis exhaustivo de lo actuado, Yésica Yudith Yulán fue imputada el 11 de diciembre de 2020, por la presunta comisión del delito de Falsa Denuncia en perjuicio de la Administración Pública.

La imputada ejerció su derecho a prestar declaración a través de su abogado defensor particular, y entonces, la Fiscalía formuló el requerimiento de elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías interviniente, tomando en cuenta la existencia de elementos que permiten sostener como probable la participación de Yulán en los hechos que le fueran intimados.

R° de la Frontera: imputado tras apuñalar a un perro

Un hombre de 27 años fue detenido e imputado por lesionar gravemente con un arma blanca a un perro que atacó a su mascota. Lo hizo en presencia de la dueña y de una menor de edad. Se abstuvo de declarar y dijo que lo hará por escrito.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó a Mario Federico Ávila, como autor del delito de actos de crueldad contra los animales.

El hecho fue denunciado por una vecina del barrio Ramón Abdala, quien relata que días atrás, cuando llegó a su domicilio, su mascota, un perro cruza con pitbull, escapó hacia la calle e inició una pelea con el perro del vecino.

La mujer, junto a su hija y una nieta de ocho años, intentaban separarlos, cuando el dueño del otro perro, portando un cuchillo tipo carnicero, atacó a su perro, ocasionándole numerosas lesiones.

Desde la Fiscalía se solicitó la detención del acusado, quien fue imputado este lunes. Acompañado de un defensor oficial, Ávila se abstuvo de declarar y dijo que lo hará por escrito.

Donaciones: Imputan a dos mujeres en Tartagal

El fiscal interino en la fiscalía penal 1 de Tartagal, Rafael Medina, imputó este lunes a Paola Alejandra Díaz, de 43 años, y a Rosa Fabiola Díaz, de 40, por la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras. La primera se encuentra detenida y optó por declarar, mientras que para la segunda, quien fue imputada y se abstuvo de declarar, el fiscal solicitó el allanamiento de inmunidad al Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, por tratarse de una defensora oficial. Ambas cuentan son asistidas por una defensora oficial.

El fiscal penal Rafael Medina imputó este lunes a las dos mujeres, en el marco de la actuación preliminar iniciada de oficio el jueves último, ante la noticia criminis de posible venta de donaciones destinadas a comunidades originarias de la provincia. Lo hizo al conocer una entrevista periodística a la denunciante, transmitida por Video Tar de Tartagal y otros medios. Ese mismo día, el fiscal dispuso una serie de medidas, entre las cuales estuvo la de fijar una consigna permanente en el lugar en el que se encontraban las donaciones en cuestión, provenientes de distintas fundaciones. También ese día invitó a la denunciante a radicar una denuncia formal. La mujer hizo la correspondiente denuncia el jueves 4, en la Comisaría 45 de la norteña ciudad y realizó una ampliación el viernes 5, en sede fiscal.

Según esa denuncia, en enero de 2020, las acusadas Paola y Rosa Díaz, habrían recibido de distintas fundaciones la donación de mercaderías perecederas, ropas, zapatillas, alcohol en gel, agua mineral y pañales, entre otras cosas.

Precisa que las mujeres las habrían mantenido ocultas las donaciones durante todo el año y hasta la actualidad, con el objetivo de comercializarlas a negocios de la zona y también, mantenerlas guardadas, hasta tanto Paola Díaz se postulara como diputada, “lucrando con dichas mercaderías para un beneficio propio, ya que tenían a su cargo la administración y cuidados de los bienes provenientes de las Fundaciones, llevando a cabo una administración fraudulenta de los bienes asignados, perjudicando intereses ajenos con su accionar infiel, ya que la mercadería tenía un fin especifico, el de ser donada entre personas de escasos recursos y de las misiones aborígenes de la etnia Wichi”, sostiene el decreto de imputación.

El fiscal solicitó al juez de Garantías interviniente la autorización para allanar distintos espacios donde se guardaron las donaciones, medida que se concretó durante la mañana del domingo. Tras el allanamiento, iniciada con el uso de la fuerza pública, se secuestraron bidones y botellas de agua, ropa nueva y usada y zapatillas, todo distribuido en distintos ambientes.

De la cocina de un inmueble, se secuestraron dos cajas con mercadería variada. De una habitación, se secuestraron 10 bultos en bolsas de consorcio; 25 bolsas de arpillera blanca, una bolsa de cartón, dos bolsos, cinco cajas de cartón blanco, seis bolsas de plástico y dos de tela ecológica, todas con ropa y calzados usados. Por otra parte, de un ambiente que funciona como depósito en el mismo inmueble, se secuestraron diez bultos en bolsas de consorcio negra, otra transparente y una de arpillera, todas con ropa nueva y usada. Por último, de la planta baja y del interior de una cámara frigorífica en desuso, se secuestraron 38 bultos contenidos en bolsas de consorcio negras, 14 cajas de cartón, 10 bolsas plásticas, una bolsa de tela y otra de arpillera, todas con ropa nueva y usada.

Finalmente, de un salón de eventos cuya requisa domiciliaria fue autorizada por Rosa Díaz, se secuestraron 39 bidones de 5 litros de agua; seis botellas de 2 litros; tres de 1,5 litros y dos fardos de seis unidades de medio litro cada una.

Violencia: Prisión efectiva por agredir a su pareja y su propia hija

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, condenó a un hombre de 31 años, a la pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor voluntario y responsable de los delitos de lesiones leves, lesiones leves agravadas por el vínculo y desobediencia judicial (tres hechos). En el mismo fallo, el magistrado absolvió al acusado por el delito de amenazas, por el beneficio de la duda.

La causa fue requerida a juicio en enero de 2019, cuando se atribuyó al acusado la comisión de los delitos de lesiones leves en perjuicio de una menor, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y desobediencia judicial en perjuicio de una mujer y la administración pública.

La denuncia fue radicada en noviembre de 2018 por la víctima y pareja del imputado, en la que expresó que al llegar al domicilio, el acusado le dijo, ofuscado, “vos te querés reir de mi, te pensás que vas a andar con otro. Andá, denunciame ahora. Te voy a buscar y te voy a matar primero. Ahí me va a llevar la policía”, mientras la tomaba fuertemente del pelo.

Luego, la hija menor, de 10 años en ese momento, tomó una piedra y se la lanzó al acusado, quien tomó la misma piedra y golpeó a la menor en la pierna, lo que produjo que cayera al piso. El imputado intentó patear a la niña, pero la denunciante logró frenarlo. Luego, el agresor se retiró del lugar.

Al radicar la denuncia, la mujer pidió que se tomaran las medidas legales necesarias, ya que no era la primera vez que sucedían hechos de violencia. También indicó que había retomado la relación con el acusado, al pensar que cambiaría su conducta.

Condenado y reincidente, a prisión efectiva

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que el Juzgado de Garantías 1 de Metán, condenó a Luciano Leonel Matorras, alias “Manzanero”, a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal lo condenó por el ser autor voluntario y responsable del delito de tenencia de estupefacientes, en perjuicio de la salud pública, en un hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2019 en Las Lajitas, en el que se le secuestró sustancia vegetal disecada, sobre la cual el narcotest arrojó positivo para cannabis sativa.

El magistrado interviniente declaró reincidente por primera vez al condenado y ordenó el decomiso de los elementos secuestrados que fueron alojados en el sector de Depósito y Secuestro del Poder Judicial.

Por último, remitió la causa al juez del Tribunal de Juicio de Tartagal para la unificación de la pena y ordenó el alojamiento del condenado en la Unidad Carcelaria 2.