Paraje Santa Rosa: Investigan la muerte de un bebé de una comunidad aborigen

La fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, ordenó distintas diligencias para determinar la causa de muerte de un niño, de cuatro meses, que después de distintas atenciones en el sistema sanitario, fue derivado desde La Unión a Orán, en cuyo trayecto falleció.

Imagen Ilustrativa

Según se desprende de las actuaciones originadas a partir de la denuncia de la madre del menor, el bebé fue inoculado con las cuatro vacunas que proceden a su edad. La madre lo llevó al puesto sanitario con fiebre y se le administró un inyectable para bajarle la fiebre. Regresó luego porque el cuadro no cedía y le aplicaron otro medicamento.

Señaló la denunciante, que la enfermera del puesto sanitario de paraje Santa Rosa, realizó una interconsulta con la enfermera del hospital de La Unión. En móvil policial y ante el cuadro del niño, lo trasladaron a La Unión, donde el médico volvió a inyectarlo y precisó, en su denuncia, que presentó un cuadro respiratorio, derivándolo a la ciudad de Orán para una mejor atención.

En el camino, jurisdicción de Pichanal, el niño falleció. Al llegar a Orán, el médico legal realizó un examen cadavérico, a través del cual confirmó que el deceso estuvo vinculado a problemas respiratorios.

La denuncia de la madre fue radicada pasados algunos días del fallecimiento del niño y habiendo sido sepultado. Por ello, la fiscal interviniente solicitó la exhumación del cuerpo, que se realice la necropsia en el CIF Orán (con presencia de la fiscal) y que se tomen muestras para estudios complementarios, a fin de determinar la causa del deceso.

Entre las medidas, se recibió en sede fiscal la declaración de la madre del niño para ampliar datos, se recibieron otras testimoniales, se ordenó el secuestro de la historia clínica del hospital de La Unión y el secuestro del cuaderno de novedades del puesto sanitario.

Talavera: joven imputado por amenazar a un comunicador social

Un joven de 18 años, hijo del intendente de El Quebrachal, fue imputado por el delito de amenazas en perjuicio de un comunicador social de la localidad de Talavera.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a Isaac Rodolfo Rojas como autor del delito de amenazas en perjuicio de Néstor Domingo Pavón.

Según consta en la denuncia, a mediados de diciembre de 2020, el damnificado se encontraba en su negocio, cuando llegó el acusado a bordo de una camioneta y lo amenazó con «matarlo donde lo encuentre«. Relata que incluso sacó un arma blanca de la puerta de la camioneta, por lo que debió refugiarse dentro de su negocio.

Rojas, acompañado de un abogado particular, tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar.

Gral Güemes: irán a juicio tras un robo en Villa Tranquila

Dos hombres que permanecen detenidos con prisión preventiva, serán llevados a juicio por un hecho de robo ocurrido el pasado 5 de enero, donde entre otros bienes, sustrajeron sustrajeron un implemento médico de vital importancia para un menor de edad que padece hipoacusia bilateral.

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, requirió juicio para Saúl Oscar Anaquin y Víctor Alejeandro Huaita, imputados como coautores del delito de robo en perjuicio de una familia de Villa Tranquila de esa ciudad.

El hecho ocurrió el pasado 5 de enero, cuando los delincuentes irrumpieron en la vivienda y sustrajeron, entre otros bienes, un maletín con elementos necesarios para el mantenimiento del implante coclear de un niño que padece hipoacusia bilateral.

Como resultado de las tareas desplegadas por la Brigada de Investigaciones de esa ciudad y de la Comisaría 11 y tras realizar rastrillajes y allanamientos, se logró la detención de los dos acusados y la recuperación del maletín.

Abusó de tres de sus hijas y lo condenaron a 26 años y medio de prisión efectiva

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que el juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio, Ramón Haddad, condenó a un hombre de 41 años, a la pena de 26 años y seis meses de prisión efectiva, por ser autor voluntario y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, en perjuicio de tres de sus hijas, por varios hechos ocurridos en la ciudad de Joaquín V. González, del departamento Anta.

Para tomar tal decisión, el Tribunal hizo lugar al pedido de la fiscal García Pisacic e impuso al condenado la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, además de ordenar la continuación de la detención en la Unidad Carcelaria 2, de Metán y que el condenado inicie tratamiento psicológico y sea examinado por un médico psiquiatra del hospital El Carmen.

En el mismo fallo, el Tribunal resolvió unificar una pena impuesta previamente, por abuso sexual simple.

Una vez firme la sentencia, se procederá a la extracción de material genético del condenado, por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG). Además, el Servicio Médico Forense, realizará el informe físico para su identificación integral y se tomará la fotografía actualizada del condenado y la impresión del juego de huellas dactilares.

La intervención de la Fiscalía Penal comenzó en marzo de 2018, cuando una hermana del condenado y tía de las víctimas, lo denunció. El hombre convivía con su pareja, madre de las cinco menores. Durante la investigación, se pudo comprobar a través de los exámenes médicos correspondientes, que sometió sexualmente, con acceso carnal y en distintas oportunidades, a las hijas de 17, 14 y 9 años.

El Carril: Irá a juicio por abusar sexualmente de un niño de 11 años

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 53 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de un menor.
Surgió del requerimiento que el hecho ocurrió en marzo de 2020, cuando aún había clases, en circunstancias en la que el niño jugaba en el parque de El Carril con sus amigos. Allí, el acusado aprovechó que lo conocía para que acudiera a su llamado, para luego llevarlo a su vivienda tomado del brazo y con la boca tapada. Una vez allí, cometió el abuso, por lo que el imputado violentó la integridad y libertad sexual de la víctima.
La intervención del fiscal penal Rodrigo Gonzalo Miralpeix se produjo tras un llamado telefónico a la seccional de policía, recibido el 24 de septiembre de 2020, en el que una mujer denunció que su hijo habría sido abusado sexualmente por un hombre, que en febrero realizó un trabajo de cavado en su casa. Indicó que tomó conocimiento de lo sucedido al mantener una charla sobre citas bíblicas con el menor, debido a que ambos son evangelistas. En ese momento, el menor rompió en llanto y pudo relatar el abuso sufrido a su madre.
Entre los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal valoró el informe policial, la declaración de la madre del menor, el informe realizado a la víctima por el CIF y la declaración del menor en circuito cerrado de televisión, cuyo relato fue lógico, coherente y detallado, lo que avaló la verosimilitud de los hechos narrados.

Salvador Mazza: Imputaron al ciudadano venezolano que llevó a una menor a Bolivia

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó esta tarde  a Wuisthon Antonio Díaz Solano, de 25 años, por la supuesta comisión del delito de privación ilegitima de la libertad, agravado por la minoridad, en perspectiva de violencia género, Leyes de Protección de Violencia de Género y Tratados Internacionales (como la Convención Belem do Pará y la CEDAW), en grado de autor. El ciudadano, de origen venezolano, declaró, asistido por una defensora oficial.

El miércoles 24, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, se trasladó a la localidad de Aguas Blancas, donde supervisó el operativo enmarcado en el protocolo de búsqueda de personas extraviadas, que llevó adelante personal de la Brigada de Investigaciones N° 4 de  Tartagal. Allí, fue detenido Wuisthon Antonio Díaz Solano, y la adolescente, cuya desaparición fue denunciada el 17 de febrero pasado por su madre, quedó a disposición de la jueza de Violencia Familiar y de Género, Elba Susana Menéndez.

Díaz Solano, quien era buscado desde el 17 de febrero pasado por los testimonios que lo señalaron junto a la menor desaparecida en Aguaray, declaró durante la audiencia de imputación y reconoció haber trasladado a la adolescente a las ciudades de Yacuiba, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en Bolivia. Admitió también haber salido con ella del país, el miércoles 17, a través “de pasos no permitidos” ubicados en Salvador Mazza, en el límite con Bolivia y dijo que para llegar desde Aguaray y hasta ese municipio, se trasladaron en un remis.

El imputado permanece detenido.

Metán: agredió y amenazó a un hombre que estaba con su expareja

Un hombre de 21 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido el pasado 19 de febrero, cuando golpeó y amenazó con un arma blanca a un hombre que se encontraba en el domicilio de su expareja. «A donde te vea, te voy a matar», expresó mientras atacaba al damnificado.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Jesús Alberto Orellana como autor de los delitos de lesiones y amenazas con arma blanca en concurso real en perjuicio de un hombre.

La denuncia fue realizada por el damnificado, quien relata que se encontraba en la casa de la expareja de Orellana, cuando éste irrumpió en el lugar y sin mediar palabras, le dio un golpe de puño, haciéndolo caer al suelo, donde lo atacó con un cuchillo, tratando de apuñalarlo y amenazándolo con quitarle la vida.

Fue detenido e imputado y desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención mientras se cumplen diversas medidas solicitadas.

El Procurador recibió a familiares de Yolanda Vargas y dirigentes de organizaciones políticas y sociales

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió este miércoles a familiares de una mujer detenida en el norte provincial, a quienes acompañaron mujeres referentes de organizaciones sociales y políticas. Describieron el contexto económico-social de la mujer detenida y sus hijos, antes del fallecimiento y solicitaron profundizar el informe socioambiental y que se sumen nuevos testimonios a la investigación penal iniciada el 9 de febrero pasado.

El Procurador se reunió con Eduardo y Alejandro Vargas, ambos familiares de Yolanda Vargas; la diputada mandato cumplido, Gabriela Jorge y la abogada Laura Torrez, de Católicas por el Derecho a Decidir Salta, de quienes recibió la copia de una “Declaración de apoyo para que liberen a Yolanda”, que contiene las firmas de adhesión nacionales e internacionales; de activistas y organizaciones del movimiento de mujeres; de organizaciones barriales, de Derechos Humanos, sociales, de estudiantes y políticas y de organizaciones sindicales, además de adhesiones personales para pedir que se otorgue la libertad a la mujer, de 26 años.

Familiares de Vargas, dirigentes y el Procurador

Al pedido de libertad que vienen realizando en distintas marchas y manifestaciones públicas los familiares de Vargas y las dirigentes que los acompañaron, agregaron que la mujer detenida, solo accede a visitas restringidas y que hasta el momento, no recibió asistencia psicológica. En ese sentido, el Procurador les informó sobre las potestades de los distintos Poderes del estado y sus organismos; y las del Ministerio Público Fiscal y les orientó sobre aquellos que tienen facultades para avanzar en los planteos realizados este miércoles.

En el caso interviene la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, quien imputó a Mercedes Yolanda Vargas como autora del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo en perjuicio de sus hijos de 6 y 4 años, quienes fallecieron tras un incendio de su vivienda. Interviene el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzún, quien oportunamente rechazó el pedido de libertad de la mujer.

Finalmente, las y los presentes, solicitaron que los organismos que correspondan, examinen la responsabilidad estatal, dada la situación en la que vivían los menores, con estricta dependencia de la madre, quien realizaba trabajos temporarios para subsistir y mantenerlos.

El procurador Abel Cornejo ratificó que si bien los fiscales son autónomos y definen sus actuaciones a partir de los elementos que colectan, su sugerencia como autoridad del Ministerio Público Fiscal, es que las investigaciones se lleven adelante desde una perspectiva de género. También se mostró consternado por la muerte de los menores, al tiempo que expresó que instancias previas de acercamiento de los distintos poderes del Estado a una familia de alta vulnerabilidad, podrían haber evitado el desenlace conocido, cuya investigación lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

El Tala: paciente violento agredió a un médico

El gerente del hospital Santa Teresa de esa localidad, cumpliendo guardia médica, fue agredido por un paciente que llegó lesionado. El acusado fue detenido e imputado por el delito de lesiones graves.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Erik Leonardo Valdez como autor del delito de lesiones graves en perjuicio del gerente del hospital Santa Teresa de la localidad de El Tala.

El pasado 20 de febrero, cumpliendo guardia, el profesional fue agredido por un paciente que llegó al nosocomio con heridas en uno de sus brazos. Cuando se disponía a atenderlo, el joven reaccionó violento y le propinó un golpe de puño en el rostro, provocando que cayera el suelo, donde intentó patearlo.

El médico fue auxiliado por un empleado del hospital, mientras el herido continuaba con su actitud violenta, llegando incluso a morder a un efectivo policial.

El damnificado resultó con heridas en su rostro y solicitó medidas de protección ya que teme por su integridad física.

El acusado fue detenido y el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga su detención, mientras se cumplen distintas medidas solicitadas.

El Intendente de Salvador Mazza incumplió con la Carta Orgánica y malversó caudales públicos

Así lo establece el decreto de imputación firmado por el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, quién acusó provisionalmente a Rubén Méndez Salazar, de 57 años, de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor. El jefe comunal se presentó este martes a la audiencia de imputación, asistido por su defensa particular y se abstuvo de declarar. Presentará su declaración por escrito.

Del decreto de imputación, surgió que la intervención del fiscal penal Armando Cazón, se produjo tras la denuncia radicada el 26 de octubre de 2020 por el presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Blademir Villalba.

En la denuncia, Villalba hizo constar que el Municipio de Salvador Mazza cuenta con su Carta Magna Municipal desde 2018, ratificada por la Legislatura Provincial y promulgada por la Ley 8111, la que fija las pautas obligatorias para el representante del Ejecutivo. Sin embargo, el Intendente no puso en funcionamiento ninguna de las áreas establecidas por la normativa.

Villalba dijo en su denuncia que la Carta Orgánica jamás fue puesta en marcha, por lo que el Concejo Deliberante dictó varias normas al respecto, entre ellas, la ordenanza 47/19, que crea un Juzgado Administrativo de Faltas y que fue vetada por el Ejecutivo ese mismo año, mediante la resolución 124/19. En consecuencia, Méndez incurrió en el incumpliendo de sus deberes de funcionario público y privó a los habitantes de una correcta administración pública.

Además, mediante la ordenanza 46/19, se creó el Tribunal de Cuentas del Municipio de Salvador Mazza, pero también fue vetada por el Ejecutivo. Su aprobación fue posteriormente insistida mediante la resolución 123/19, sin que se diera cumplimiento, conforme establece la Carta Orgánica Municipal.

Mediante la ordenanza 48/19, fue creada la Procuración Municipal, que también fue vetada por el Ejecutivo e insistida por resolución 125/19, sin que se diera cumplimiento a la puesta en marcha, conforme a lo previsto en la Carta Orgánica y la ordenanza que exige su cumplimiento.

Malversación de fondos públicos

Según consta en el decreto de imputación, el Intendente también incurrió en el delito de malversación de fondos públicos, ya que hace dos períodos incumple con lo establecido por la Carta Orgánica, al no enviar el presupuesto de gastos para el año de ejercicio al Concejo Deliberante, lo que fue solicitado en diversas oportunidades mediante pedidos de informe.

Por otra parte, mediante la ordenanza 49/19, se exigió a Méndez que enviara el presupuesto al Concejo Deliberante y también fue vetada por el Ejecutivo, por lo que fue insistida mediante la resolución 126/19.

En tres pedidos, se reiteró solicitudes de informes sobre Secretarías Administrativas y la entrega de mercaderías. También, mediante la resolución 129/20, fueron requeridos el segundo y tercer corte trimestral del 2019, sin que se recibiera respuesta.

Tampoco fueron respondidos el pedido de informe 92/2020, que requirió la primera ejecución trimestral de ese año y de la Cuenta General del Ejercicio 2018 vencida, el pedido 68/2020 que requirió informes sobre los fondos provenientes de Nación para combatir el dengue.

Por último, fueron requeridos los gastos por los corsos 2020, el desabastecimiento de agua potable en El Sauzal y la rendición de cuentas de la Cooperadora Asistencial de 2019.