El juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, hizo lugar al pedido del fiscal penal 1 del mismo Distrito, Pablo Cabot, de detención de la defensora oficial Rosa Fabiola Díaz, pero ordenó que antes de hacerla efectiva, se inicie y solicite el allanamiento de su inmunidad ante el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento. En este caso, pesa sobre Díaz una nueva imputación por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autora.
El viernes 16 de abril, la defensora
oficial Civil Nº 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz fue imputada por el fiscal
Pablo Cabot por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de
funcionario público, en grado de autora. Esto, a partir de la intervención de la
Fiscalía Penal Nº 1 originadas en las actuaciones remitidas por la Procuración
General de la Provincia de Salta. Dichas actuaciones se basaron en la denuncia
hecha por el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, ante el
Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia, en relación a diversos hechos detectados
en el ámbito de la Defensoría Oficial Civil Nº 1, del Distrito Judicial
Tartagal. En esa presentación, García Castiella atribuyó a Díaz la presunta
comisión de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes
a su cargo. De allí surgió la reiteración de situaciones penalmente relevantes,
y encuadrables prima facie en el tipo penal de Incumplimiento de los deberes de
funcionario público, cuando se advirtió una cantidad desmedida de trámites
pendientes de inicio, y en otros casos, de un sensible abandono e inacción que
se tradujo en una ausencia de respuesta a sus asistidos.
Del relevamiento efectuado por la
Defensoría General, se obtuvo que entre 2017 y 2020, la Defensoría dejó sin
atender más de 250 casos que se encontraban en condiciones de haber sino
iniciados.
En su presentación, García
Castiella reseñó 150 casos en un listado parcial, ya que el general es de 262,
con la descripción de los hechos, su estado y demás información. De los 150
casos de abandono por parte de la defensora Díaz, el fiscal Cabot puntualizó
sobre 29, en los que se advierte la inacción en distintas situaciones de
gravedad, tales como la falta de respuesta al pedido que una mujer realizó en
2018, para que se inicie un proceso judicial para obtener el cuidado personal
unilateral de su hija menor de edad y la supresión del apellido paterno, porque
la niña fue víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico. O el caso
en el que Díaz ignoró en 2016, el pedido de un integrante de una comunidad
originaria que intentó iniciar trámites para la tutela de sus sobrinas huérfanas
ante el fallecimiento de su madre, ocurrida en condiciones de extrema pobreza.
Por la inacción de Díaz, el hombre no pudo acceder a una asignación, subsidio o
plan nacional para solventar el cuidado de los niños.
Es decir, la defensora Díaz no
inició o postergó casos de cuidado personal, peticiones de guardas judiciales,
tutelas, casos de restricción de la capacidad, medidas de protección, pedidos
de alimentos o ejecución de alimentos ya regulados, interdictos de recuperar la
posesión, promociones de divorcio unilateral y bilateral, peticiones de
inscripción de nacimientos y defunciones, rectificaciones de partidas, juicios
por cobro de pesos, informaciones sumarias, casos de filiación, de régimen de comunicación,
impugnaciones a la paternidad, juicios sucesorios, intervenciones en
expedientes de violencia familiar, juicios laborales, medidas
autosatisfactivas, pedidos de desalojos, cambios de apellidos y homologaciones.
En todos los casos, se contaba con el poder otorgado por el asistido y con la
totalidad de la documentación requerida.
En su resolución, el juez
Aramayo consideró acreditado el peligro
de entorpecimiento, de acuerdo a los argumentos del fiscal y coincidió en lo
sostenido por Cabot, quien expresó que la Defensora Oficial Civil del Distrito
Judicial Tartagal puede hacer valer las relaciones de amistad o interés
surgidas a partir del cargo que desempeña, con la finalidad de obtener favores
personales por parte de otro y en consecuencia, entorpecer la investigación,
sea telefónica o personalmente. Vale
mencionar que oportunamente, un funcionario de la Defensoría reveló durante su
declaración testimonial que la defensora le pidió extraer documentación de la
oficina, cuando la investigación sobre su accionar ya estaba en marcha. La
funcionaria ya se encontraba suspendida en sus funciones, en el marco de las actuaciones
administrativas iniciadas por la Defensoría General de la Provincia.
Cabe recordar que el 8 de febrero pasado, Rosa Fabiola Díaz, de 40 años, fue imputada por la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautora. Por el mismo delito y también como coautora, fue imputada su hermana, Paola Alejandra Díaz, de 43 años.
