El acusado causó lesiones a su pareja y a la madre de ésta, además de provocar daños en un automóvil. A pesar de existir medidas judiciales que le prohibían ejercer violencia, incumplió dichas disposiciones.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó provisionalmente a un hombre de 35 años, por una serie de hechos graves ocurridos tras una fiesta en la localidad. Los cargos incluyen lesiones leves agravadas por el vínculo y por el género, desobediencia judicial (dos hechos), lesiones leves agravadas por el género y daños, todos en concurso real. El acusado permanecerá detenido.
La imputación surge a raíz de una denuncia presentada por la pareja del acusado, con quien, a pesar de tener medidas de prohibición de acercamiento, había decidido continuar la relación.
El incidente tuvo lugar el 1 de septiembre en el Sindicato del Cuero de Rosario de Lerma. Durante la fiesta, el hombre mostró signos de molestia y exigió a la denunciante que llamara a su madre para que la recogiera. Al no calmarse, la mujer se dirigió a un local cercano para solicitar un teléfono prestado. Pese a esto, el hombre le pidió que siguieran bailando y ante su negativa, le propinó un golpe en el ojo derecho.
Tras contactar a su madre, ambas mujeres se dirigieron al domicilio del acusado en el Barrio Bella Vista para recuperar pertenencias. Allí, el hombre arrojó su campera, golpeando el rostro de la madre de su pareja, y luego lanzó piedras al vehículo en el que habían llegado, rompiendo el parabrisas y causando daños.
La denunciante, molesta, ingresó en la casa del acusado y comenzó a romper objetos en su habitación. La policía llegó al lugar y, tras tomar declaración a las partes involucradas, trasladó a la mujer para formalizar la denuncia.
El certificado médico detalla escoriación en la mano izquierda y contusión en el ojo derecho para la denunciante, así como contusión en el pómulo derecho para su madre. Además, se registraron daños en el parabrisas del automóvil de mujer mayor.
El acusado, se encontraba bajo una orden judicial vigente que le prohibía expresamente ejercer cualquier tipo de violencia contra la denunciante. Esta restricción había sido dictada para garantizar la seguridad y el bienestar de la víctima, en cumplimiento con las normativas de protección establecidas por el sistema judicial.
El Fiscal Daniel Escalante, subrayó que el incumplimiento flagrante de esta orden judicial por parte del imputado, así como su conducta violenta, constituyen una grave transgresión que denota un desprecio absoluto hacia las autoridades judiciales y el marco legal diseñado para proteger a las víctimas de violencia.
