Quiso entregar marihuana a su hermano detenido

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Lucía Mariela Giménez, de 40 años, acusada del delito de tentativa de entrega de estupefacientes a título gratuito agravado por cometerse en un establecimiento carcelario, en perjuicio de la salud pública.

Las actuaciones iniciaron luego de que el pasado 3 de febrero, se practicara una requisa a la acusada, quien iba a visitar a su hermano detenido en la Alcaidía General de la Provincia.

Durante el procedimiento se le secuestró sustancia vegetal disecada en forma de picadura, acondicionada en 8 envoltorios de papel, ocultos entre las hojas de un rollo de papel higiénico. Además, se le secuestró un teléfono celular. 

El narcotest sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para Cannabis Sativa. 

Entre los elementos colectados durante la investigación, el fiscal penal Santiago López Soto, valoró las testimoniales del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y del Servicio Penitenciario, la prueba documental, la pericia toxicológica, el informe de antecedentes penales y los datos extraídos del teléfono celular.

En sus fundamentos, el fiscal sostuvo que se trató de un intento de entrega ocasional de estupefacientes, agravada por tratarse de un lugar de detención de personas.

Covid-19: Cierran la Fiscalía de barrio Solidaridad

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso con carácter preventivo que el fiscal, las y los funcionarios y todo el personal de la Fiscalía Penal 6 del Distrito Centro, cumplirán sus funciones desde sus hogares, a partir de este miércoles 24 y hasta el martes 9 de marzo, inclusive.

El fiscal penal 6, Juan Marcos Ezequiel Molinati, será reemplazado por la fiscal penal de Violencia Familiar y Género 4, Elisa Pérez, para todos aquellos actos procesales – de carácter presencial- que resulten impostergables para la dependencia. El equipo de la Fiscalía cerrada, trabajará en forma remota.

La Resolución 1158, que repasa los protocolos sanitarios vigentes  y que confirma que una persona resultó con resultado positivo para COVID-19, dispone -con carácter urgente-, las medidas restrictivas en esa dependencia ubicada en la zona sudeste de la ciudad, y en resguardo de la salud pública comprometida. A pesar de la determinación de cierre al público hasta el 9 de marzo, se aclara que esa fecha podría ser modificada si el Servicio Médico del Ministerio Público lo recomendara.

Suman diligencias a la investigación por supuestas usurpaciones en Finca Las Costas

La Delegación Fiscal de San Lorenzo lleva adelante distintas medidas en el marco de la investigación iniciada en 2016 por supuesta usurpación en la Reserva Natural de Uso Múltiple de Finca Las Costas, por parte de particulares e integrantes de la comunidad originaria Lule. Bajo la premisa de sostener la mediación entre las partes y evitar pedidos de desalojos, el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio evaluó más de 200 denuncias existentes en torno al conflicto y ordenó distintas acciones. La investigación también contempla el impacto ambiental de la ocupación. 

Entre otras medidas, el fiscal Ramos Ossorio ordenó la realización de un censo que permita contar con un mapa de situación actualizado de la ocupación y solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que informe específicamente, sobre la situación de la Comunidad Lule, en el marco de la ley 26160, que establece la ocupación tradicional y pública del territorio de las comunidades. Según el mapa aportado por referentes de la comunidad Lule, se trata de 11.500 hectáreas, con treinta causas abiertas, todas vinculadas con Finca Las Costas. También informaron que cuentan con personería jurídica 0539, del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci).

Recientemente, el fiscal mantuvo una reunión con el administrador de la Reserva de Finca Las Costas, el jefe de la Subcomisaría local y particulares, con el objeto identificar los focos de conflicto actuales, por hechos de usurpación e impacto ambiental.  Ramos Ossorio también pidió que se realice un estudio de impacto ambiental sobre la reserva natural. Vale recordar que sigue vigente la medida de no innovar, dictada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial – Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, quien hizo lugar al amparo interpuesto por la Administración Pública Provincial, por el impacto ambiental.

Además, y según consta en las actuaciones, también existen denuncias del administrador de Finca Las Costas, referidas a supuestos contratos de arriendo a terceras personas, quienes pagarían un canon mensual o anual a la Comunidad Lule. Al tratarse de una Reserva Natural de Uso Múltiple, tanto los arrendamientos como la posible venta de la tierra están prohibidos.

De acuerdo al Decreto ley 3741, de 2007, el inmueble de Finca Las Costas fue declarado Reserva Natural de Uso Múltiple y se enmarca en la Ley 7107, que en 2000 creó el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, entendido como el conjunto de espacios naturales y seminaturales que se encuentran regulados mediante la gestión institucional participativa, con el objeto de planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales de la Provincia.

Por otra parte, la Fiscalía mantiene diálogos con autoridades del municipio de San Lorenzo y el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, con el fin de que se adopten medidas que permitan regularizar la situación de las familias y definir un protocolo de buenas prácticas.

La intervención de la Delegación Fiscal de San Lorenzo, a cargo de la auxiliar fiscal Analía Alisio y con dependencia orgánica del fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, forma parte de la puesta en marcha de distintas acciones de  descentralización propuestas por la gestión del Procurador, Abel Cornejo. La Delegación fue habilitada en octubre de 2020.

Más de 2800 contravenciones por Covid en lo que va del año

Son contravenciones registradas en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 7 de febrero del corriente año. El sistema discrimina entre las contravenciones registradas contra personas físicas y establecimientos comerciales, tanto en la Unidad Fiscal Contravencional como en las fiscalías penales de toda la provincia. Mientras tanto, sigue pendiente la creación de Juzgados Contravencionales.

Durante ese período, las fiscalías de toda la provincia recibieron 2840 actuaciones por contravenciones, de las cuales, 1227 fueron derivadas a la Unidad Fiscal Contravencional. Luego de recibir la notificación, las y los contraventores, tienen la opción de hacer el descargo o pagar una multa en forma voluntaria. Si optan por la última, deben dirigirse con el recibo emitido por la Fiscalía Contravencional, a la sede bancaria y contra presentación del ticket de pago de la infracción, se cierra la actuación. Tal como lo establece la normativa vigente, los pagos se realizan directamente en la cuenta dispuesta para tal fin por la Policía de la Provincia. Es decir que la recaudación en concepto de multas, va directamente a la fuerza de seguridad provincial.

Las multas por contravenciones van desde los $ 800 (ochocientos pesos) y hasta más de $ 100.000 (cien mil pesos). La sanción impuesta dependerá de la contravención y la cantidad de infracciones cometidas por la misma persona física o establecimiento comercial.

Para el período comprendido entre el 1 de enero y el 7 de febrero de 2021, las Contravenciones registradas en el sistema informático son:

Contravenciones por “COVID – Personas” a todas las Fiscalías MPF: 2743

Contravenciones por “COVID – Establecimientos” a todas las Fiscalías MPF: 97

Contravenciones por “COVID – Personas” a UFICON: 1160

Contravenciones por “COVID – Establecimientos” a UFICON: 67

Es decir, que las fiscalías de toda la provincia, recibieron actuaciones por contravenciones 2840, de las cuales, 1227 fueron derivadas a la Unidad Fiscal Contravencional.

UFICON

Las contravenciones son los delitos de menor cuantía o faltas, lo que las diferencia de los delitos. El Código Contravencional de la Provincia es eminentemente preventivo.

En 2011, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, fue coautor de la iniciativa legislativa de la Corte de Justicia, que propuso la creación de cinco juzgados contravencionales en toda la Provincia. Es que la ley 7145 prevé la creación e instalación de los juzgados específicos en materia contravencional y hasta que ello ocurriera, la ley 7154 dejó la competencia al Jefe de Policía o su reemplazante legal.

En junio de 2019, Cornejo dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Contravenciones, en virtud de la dispersión de causas originadas en infracciones al Código Contravencional, que se encontraban en distintas fiscalías. Todo ello, a partir de la modificación de la ley que entró en vigencia en 2016.

En 2020, la Legislatura otorgó estado parlamentario a una iniciativa legislativa, que prevé la creación de cinco Juzgados Contravencionales, pero la cuestión no prosperó.

El Procurador reiteró la necesidad de contar con jueces especializados en la materia, porque al margen de la recaudación destinada a la Policía, que se genera, por ejemplo, a través de las infracciones sanitarias en el marco de la pandemia, “hay muchas otras causas paralizadas en el Poder Judicial, sin trámite y sin realización de los remates establecidos por la ley vigente”, afirmó Cornejo.

Dictaminan a favor de seguir investigando un siniestro vial

El fiscal de Impugnación, Guillermo Akemeier dictaminó en contra del archivo y favor de seguir investigando el hecho que tuvo como protagonista a Facundo Gabriel Escobar, quien sufrió lesiones como consecuencia de la colisión entre dos vehículos. Consideró que la Fiscalía interviniente omitió la realización de actividades necesarias e idóneas, destinadas a colectar mayor información tendiente a determinar si el hecho encuadra en un tipo penal.

El fiscal de Impugnación Guillermo Akemeier consideró que fue prematura la decisión de la Fiscalía Penal 4, de archivar las actuaciones y que en cambio, corresponde que prosiga la averiguación preliminar. Por ello, devolvió las actuaciones a la Fiscalía de origen para que se acredite si el denunciante Facundo Gabriel Escobar, sufrió lesiones como consecuencia de la colisión entre dos vehículos el 30 de abril de 2018, sobre Avda. Bicentenario de la Batalla de Salta al 700, a la altura del centro comercial. También, si los conductores no observaron el deber objetivo de cuidado que le correspondía para evitar el siniestro. El fiscal también espera que se acredite si existió un obrar susceptible de ser encuadrado en figura penal por parte de los profesionales del SAMEC que atendieron al damnificado, pero se retiraron cuando éste pidió ir a los sanitarios del centro comercial.

Akemeier entendió que al completar la averiguación, se podrá tomar una decisión que traduzca un mayor grado de conocimiento de los hechos. Por ello, recomendó a la Fiscalía Penal 4, convocar a la médica legal que atendió a Escobar en el lugar del hecho; requerir a la División Medicina y Química Legal de Policía de la Provincia el resultado de la revisación médica practicada y al SAMEC, el registro de atención y además, tomar distintas declaraciones testimoniales, entre ellas, a los efectivos policiales que intervinieron esa noche.

El 30 de abril de 2018, Escobar se trasladaba en un remis cuando otro vehículo lo embistió. El joven, quien presenta una discapacidad neuromotriz previa al incidente vial,  resultó expulsado del auto y con distintas lesiones. Denunció que el conductor que embistió al remis se dio a la fuga y que no tuvo la voluntad de ayudarlo ni auxiliarlo, como tampoco lo hizo el remisero.

Vaqueros: detenido por robar materiales de construcción

El acusado sustrajo barras de hierro de un terreno en construcción en esa localidad y lo transportó a barrio 1° de Mayo, donde luego se realizó un allanamiento.

El fiscal penal 1, Pablo Paz, imputó a Marcos Marcelo Montenegro de 27 años, como autor del delito de robo en poblado y en banda en perjuicio de un vecino de la localidad de Vaqueros.

El damnificado señala en la denuncia que le sustrajeron barras de hierro de un terreno de su propiedad, donde se encuentra construyendo y del trabajo investigativo realizado, se pudo identificar al acusado mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

En el allanamiento realizado en el domicilio de Montenegro, se secuestraron elementos de interés para la causa.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de detención del acusado.

Amenazó al conductor y dañó el auto porque no le pagó lo que pidió

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó provisionalmente a Josías Emanuel Camacho, de 21 años, acusado de los delitos de daños y amenazas, en concurso real.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 6 de febrero, en la zona del corredor turístico Paseo Güemes, donde al acusado –dedicado al cuidado de vehículos estacionados-, le quisieron pagar $20 cuando pedía $50. Entonces, arrojó una piedra al auto de la víctima.

Del decreto de imputación, surgió que al subir el damnificado a su vehículo, se acercó el imputado para cobrarle. El conductor le entregó $20, pero el acusado le dijo que cobraba $50 por cuidar el vehículo. Al decirle la víctima que no tenía más dinero, ambos comenzaron a discutir, hasta que el acusado insultó al conductor, quien se bajó del vehículo. En ese momento, Camacho arrojó una piedra que dañó la puerta del vehículo y escapó corriendo.

El agresor regresó con una baldosa en la mano, con la intención de golpear al conductor, lo que fue impedido por clientes de un local comercial. Lo retuvieron entre tres, hasta la llegada de efectivos policiales.

También surgió que el acusado ya cuenta con antecedentes por robo y hurto.

Imputaron por lesiones graves al guardia que empujó a un abogado en Ciudad Judicial

El fiscal penal 1, Pablo Paz, imputó provisionalmente al guardia de seguridad Oscar Bonifacio Arias, acusado del delito de lesiones graves, en perjuicio del abogado David Leiva. Arias se presentó este viernes a la audiencia asistido por un defensor oficial y optó por declarar.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2020, cerca de las 8, cuando la víctima pretendía ingresar a la Ciudad Judicial por la entrada principal, sin advertir los controles requeridos para el ingreso y luego de ser retirado del hall principal por otro guardia de seguridad.

Leiva concurrió ese día a tribunales para presentar escritos sobre dos causas laborales, después de nueve meses de ausencia en el lugar, debido a las restricciones sanitarias dictadas por las autoridades por la pandemia de COVID-19 y porque pertenece a la población de riesgo, debido a su edad.

Al desconocer los nuevos protocolos de ingreso, Leiva entró por donde lo hacía habitualmente antes de las restricciones y fue increpado por el personal de seguridad privada.

En ese momento, se produjo un altercado en una de las puertas de acceso destinada a los abogados, donde la víctima, luego de ingresar nuevamente y empujar a un guardia, recibió un empujón por parte del imputado, lo que ocasionó que cayera pesadamente sobre su lado izquierdo.

Las lesiones sufridas por Leiva, fueron constatadas mediante un informe médico, que indicó, entre otras, la fractura de radio a nivel muñeca izquierda, lo que actualizó la figura penal mencionada.

Investigan si hubo delito en el desmantelamiento de una casona histórica

La fiscal penal 5, Gabriela Buabse, interviene en la investigación originada a partir de la posible demolición de una casa histórica ubicada en calle Caseros 1401, esquina Lamadrid, de la capital salteña. Ordenó distintas medidas y el caso pasó a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, por la temática.

La Fiscalía penal inició la averiguación preliminar, de oficio, y en virtud de las distintas publicaciones en medios de comunicación referidas a la posible demolición de la casona histórica ubicada en el macrocentro de la ciudad.

Entre las medidas ordenadas, tendientes a valorar la existencia de un hecho delictivo, la fiscal Buabse libró distintos oficios a la Municipalidad de Salta, Área de Desarrollo Urbano, de Fiscalización de Obras y de Edificios Históricos. Otro oficio fue dirigido a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia, para que remita a la Fiscalía el informe de dominio del inmueble en cuestión, con todos sus antecedentes registrales.

Por otra parte, ordenó una inspección ocular a cargo del personal de Criminalística del CIF.

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas, el inmueble, de arquitectura neocolonial y donado oportunamente a la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei, no se encuentra catalogado como bien patrimonial contextual, arquitectónico ni monumental en el Registro de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta.

La Ley 7418, de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta establece que la CoPAUPS define el otorgamiento de cualquiera de esas categorías a los inmuebles correspondientes y que debe velar por su protección.

Autódromo: dos ladrones detenidos e imputados

Dos hombres, de 25 y 18 años, fueron detenidos tras protagonizar dos hechos en los que atentaron contra la propiedad de vecinos de barrio Autódromo. Huyeron y luego fueron aprehendidos. Se solicitó el mantenimiento de la detención de ambos.

La fiscal penal 4 en feria, María Eugenia Guzmán, imputó a Ignacio Sebastián Coitiño y a Pablo Exequiel Verón, como coautores de los delitos de robo y tentativa de robo en concurso real.

Ambos hechos ocurrieron este miércoles, cuando ambos ingresaron primero en un negocio de avenida Asunción al 1600, de común acuerdo y con división de roles, y se apoderaron ilegítimamente del celular del padre de la propietaria, mediante el uso de violencia sobre el damnificado, quien ante el temor de que atentaran contra su integridad física, salió afuera de su local, lo que fue aprovechado por los delincuentes para apoderarse del teléfono y huir.

Momentos más tarde, intentaron robarle a la hija del anterior damnificado en una propiedad contigua, pero al ver que se acercaba el padre de la mujer, desistieron y continuaron la huida.

El damnificado los persiguió y al darles alcance, logró recuperar el teléfono con la ayuda de familiares y vecinos, aunque los dos delincuentes huyeron y fueron detenidos luego por efectivos policiales de la zona.

Tras la audiencia de imputación, la fiscal Guzmán, solicitó al Juzgado de Garantías en turno, que se mantenga la detención de ambos.