Zona Sur: desbaratan una banda de mecheras

Cuatro mujeres con antecedentes de delitos contra la propiedad, fueron imputadas por diversos hechos cometidos en la zona Sur de la ciudad de Salta, donde en forma organizada, cometían ilícitos bajo la modalidad de mecheras. También se imputó al responsable de un taxi que usaban las acusadas para retirarse raudamente de los negocios.

Imagen ilustrativa

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Carla Gisela del Milagro Miranda, Romina Antonela Luna y a Priscila Abigail Flores, como coautoras del delito de hurto simple (tres hechos) en concurso real con el delito de tentativa de hurto.

María Angélica Aparicio y René Ricardo Rodas fueron imputados como coautores del delito de tentativa de hurto simple.

Investigadores del Sector 3 B, realizaron una minuciosa investigación a partir de al menos cuatro denuncias radicadas por comerciantes de la zona Sur de la ciudad de Salta, donde señalan en forma coincidente que tienen comercios dedicados a la venta de indumentaria y/o perfumería, que detectaron sustracciones de prendas o productos por parte de mujeres que se presentaban en grupo y en compañía de menores y que usaban maniobras de distracción para cometer los ilícitos.

Durante la investigación, entre otras medidas, se analizaron cámaras de seguridad de los negocios damnificados y de vecinos que aportaron datos, permitiendo identificar a las acusadas, quienes tienen numerosos antecedentes de delitos contra la propiedad.

En uno de los hechos, donde intentaron sustraer prendas de vestir y debieron huir sin lograr su cometido, se logró identificar María Angélica Aparicio como una cuarta acompañante de las acusadas y se pudo individualizar al taxi que usaron para huir, que era conducido por Rodas.

En la acusación, el fiscal considera que se trata de una banda criminal organizada que se dedica a cometer ilícitos bajo la modalidad «mecheras» en diferentes comercios, realizando las mismas un estudio previo de los lugares, optando por sustraer prendas de vestir o elementos de perfumería en locales con poca seguridad.

Cinco años de prisión por asaltar a empleados de Lusal

Tres hombres fueron condenados en juicio abreviado por un hecho ocurrido en enero de este año en barrio Sarmiento, zona Oeste de la ciudad de Salta. Los acusados, portando un arma blanca, asaltaron a dos operarios de la empresa que prestaban servicio y le sustrajeron diversos elementos. Causaron además daños en el vehículo.

El fiscal penal 1, Pablo Paz, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio, en la audiencia de juicio abreviado contra Emanuel Rodrigo Menacho, Maximiliano Cachi y Esteban Gabriel Rodríguez, imputados por el delito de robo doblemente calificado por cometerse en poblado y en banda y por el uso de arma.

El hecho ocurrió el pasado 21 de enero en barrio Sarmiento, cuando dos operarios de la empresa Lusal prestaban servicio en avenida Los Pájaros. Cuando uno de los trabajadores se encontraba en las alturas, observó que aparecieron desconocidos y portando un arma blanca, asaltaron a su compañero y provocaron daños en el vehículo de la empresa.

La identificación de los tres acusados fue posible a partir del testimonio de los damnificados y vecinos y el análisis de cámaras de seguridad, entre otras medidas.

La jueza interina Gabriela González, luego de recibir la confesión de los acusados, les impuso una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Robó una cartera, hirió a la víctima y va preso cinco años y cuatro meses

La fiscal penal 5, María Gabriela Buabse, intervino en la audiencia de debate pública mediante la cual el juez del Tribunal de Juicio Sala I, Martín Pérez, condenó a José Cabrera a cinco años y cuatro meses de prisión efectiva, por el delito de robo con arma.

Según consta en el legajo de investigación tramitado por la Fiscalía Penal 5, una mujer fue víctima del robo armado en la zona oeste de la capital salteña, el 18 de abril pasado, cuando Cabrera le hirió un dedo con un elemento punzante y le propinó un golpe de puño en la espalda.

El sujeto logró quitarle la cartera que contenía diversos elementos, entre ellos, la billetera, y huyó hacia una esquina donde lo esperaba otra persona en una moto. Ambos escaparon hacia Villa Alta Tensión, hacia donde concurrieron la víctima y efectivos policiales, orientados por testigos del hecho.

En el domicilio de Cabrera, fueron recibidos por una familiar, quien los orientó al lugar donde residiría el cómplice. Allí encontraron la cartera, arrojada al techo y sin los elementos que contenía previamente.

Siete años y medio para un hombre que robó a remiseros

La fiscal penal 5, María Gabriela Buabse, intervino en la audiencia de debate pública mediante la cual el juez del Tribunal de Juicio Sala V, Marcelo Javier Rubio, condenó a Marcelo Sebastián Prieto a siete años y seis meses de prisión efectiva, por ser reincidente por sexta vez.

La condena que recayó sobre Prieto fue por los delitos de robo calificado por el uso de arma, tentativa de robo calificado por el uso de arma y amenazas con armas, todo en concurso real y en perjuicio de dos personas que se desempeñan como conductores de remises.

Según consta en el legajo de investigación tramitado por la Fiscalía Penal 5, los hechos que tuvieron como víctimas a los dos trabajadores del volante, ocurrieron el 4 y 15 de noviembre de 2019.

Imputaron al delegado del asentamiento de Parque La Vega

Renzo José Alderete, «Yutiel», fue imputado este jueves por la comisión de delitos como entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte y comunicación, amenazas, lesiones, coacción, retención indebida, turbación de aguas y desobediencia judicial en concurso real. La audiencia se realizó mediante video llamada. No declaró y se solicitó su prisión preventiva.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Renzo José Alderete por los delitos de entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte y comunicación (2 hechos), lesiones leves, coacción, amenazas, coacción agravada y retención indebida (4 hechos) a partir de once actuaciones iniciadas ante las denuncias radicadas por personas que participaron del asentamiento y vecinos de la zona en su contra.

También se le imputó los delitos de turbación de aguas y desobediencia judicial en concurso real a partir de la denuncia radicada por los representantes de la empresa Aguas del Norte por una excavación que realizó junto a otras personas, hasta acceder a un caño de la red pública de distribución de agua, y provocaron una rotura en el mismo, con la finalidad de efectuar una conexión clandestina para el asentamiento, en clara violación a la orden judicial y sin derecho alguno a esa conexión.

Esta situación causó un perjuicio en los demás moradores de la zona, quienes según la denuncia de los representantes de la empresa de aguas, vieron mermada su distribución y normal acceso al líquido elemento.

Ante la situación sanitaria existente, la audiencia se realizó con el imputado desde su lugar de detención, por video llamada, y el fiscal con los abogados defensores en sede fiscal.

Alderete, luego de conocer las acusaciones en su contra, se abstuvo de declarar y Córdoba Mazuranic, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva.

Investigación penal por un casamiento celebrado este fin de semana

El fiscal penal 1, Pablo Paz, inició una investigación preliminar de oficio a partir de la publicación en distintos medios de comunicación, de la ceremonia religiosa de matrimonio en la parroquia de Ciudad del Milagro, en la capital salteña y posterior festejo, al que habrían concurrido al menos unas 20 personas, según se observa en las imágenes y videos hechos públicos por asistentes al festejo.

En el marco de la investigación preliminar, el fiscal penal Pablo Rodrigo Paz ordenó distintas medidas tendientes a esclarecer responsabilidades y la posible comisión del delito de violación a las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, delito previsto y reprimido por el art. 205 del Código Penal, en perjuicio de la seguridad pública. El Equipo de Investigaciones del CIF trabaja en la individualización de quienes participaron en ambos encuentros.

Las imágenes publicadas en redes sociales por asistentes a la celebración y posteriormente expuestas por Canal 9 Multivisión Federal y otros medios de comunicación, confirman la concurrencia de al menos 20 personas (entre el matrimonio, sacerdote, invitados y fotógrafo) a la ceremonia religiosa y posterior festejo. Ambos encuentros infringirían las medidas vigentes en la provincia, establecidas por el Comité Operativo de Emergencias de la Provincia, que expresamente prohibió celebraciones religiosas y reuniones familiares, entre otras restricciones impuestas en virtud de la situación sanitaria generada por la Covid-19.

Covid-19: Labraron actas de infracción en una fiesta en San Lorenzo

El fiscal de la Unidad Fiscal Contravencional Pablo Paz, intervino en las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia de vecinos de calle Virgilio García, de San Lorenzo, municipio del departamento capital, quienes denunciaron hechos reincidentes de ruidos molestos, en un domicilio de la misma arteria.

El fiscal Paz dispuso la identificación simple de cuatro participantes; que se invite a cesar con la acción y a retirarse del lugar; que se labre la correspondiente acta de infracción Ley 8.206/20 (que prorroga la vigencia de la Ley 8.188, que declara el estado de emergencia sanitaria en el territorio de la provincia de Salta), y que se disponga una consigna policial para verificar que los presentes se retiraran del lugar.

Durante el operativo encabezado por personal de la Comisaría 100, una de las vecinas informó que oportunamente denunció supuestas amenazas a personas que se encontraban en el mismo domicilio.

Covid-19: Lo imputaron por realizar fiestas clandestinas en un barrio de zona sudeste

El fiscal penal 6, Juan Marcos Ezequiel Molinati, imputó a Exequiel Rodrigo Ayllón, por el delito de violación a las medidas sanitarias. La audiencia de imputación se realizó en la mañana del sábado.

Ayllón, de 30 años, fue detenido el pasado viernes 25 de septiembre, luego de que el Juzgado de Garantías 3, hiciera lugar al pedido de allanamiento, secuestro y detención requerido por el fiscal penal 6, Juan Marcos Ezequiel Molinati, para un domicilio ubicado en barrio Siglo XXI, donde se realizaron fiestas clandestinas con aglomeración de personas, lo que implicó una violación a las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente en el marco de la pandemia COVID-19.

El pedido del fiscal penal Juan Marcos Ezequiel Molinati, fue realizado con el objetivo de llevar a cabo la detención del denunciado y el registro del inmueble para el secuestro de distintos elementos de interés para la causa, tales como equipos de sonido, luces y reproducción de música; bebidas alcohólicas y todo elemento que haya podido ser utilizado para la realización de las fiestas.

El pasado sábado 19 de septiembre, personal policial tomó conocimiento sobre una fiesta clandestina, con gran cantidad de gente, música y bebidas. A raíz del hecho, fueron infraccionadas 29 personas.

Pese a la actuación policial, en el mismo domicilio se llevó a cabo otra fiesta clandestina el martes 22 de septiembre, lo que motivó nuevas denuncias vecinales y otra actuación policial, que permitió constatar una nueva violación a las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno en el marco de la pandemia.

En sus fundamentos, el fiscal penal Molinati sostuvo que la reiteración delictiva, denotó un mayor desprecio por la norma penal y en especial, por las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente.

Sobre la posibilidad de valorar los antecedentes del imputado para disponer una medida de coerción personal, sostuvo que debe tenerse presente que “el Estado tiene derecho a procurar seguridad frente a individuos que reinciden persistentemente en la comisión de delitos; a fin de cuentas, la custodia de seguridad es una institución jurídica”.

Más aún, los ciudadanos “tienen el derecho a exigir que el Estado que tome las medidas adecuadas; es decir, tienen un derecho a la seguridad”.

Covid-19: Lo allanaron y detuvieron por realizar fiestas clandestinas en un barrio de zona sudeste

Un hombre de 30 años fue detenido este viernes, luego de que el Juzgado de Garantías 3 hiciera lugar al pedido de allanamiento, secuestro y detención requerido por el fiscal penal 6, Juan Marcos Ezequiel Molinati, para un domicilio ubicado en barrio Siglo XXI, donde se realizaron fiestas clandestinas con aglomeración de personas, lo que implicó una violación a las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente en el marco de la pandemia COVID-19. El detenido será imputado en las próximas horas, acusado del delito de violación a las medidas sanitarias.

El pedido del fiscal penal Juan Marcos Ezequiel Molinati, fue realizado con el objetivo de llevar a cabo la detención del denunciado y el registro del inmueble para el secuestro de distintos elementos de interés para la causa, tales como equipos de sonido, luces y reproducción de música; bebidas alcohólicas y todo elemento que haya podido ser utilizado para la realización de las fiestas.

El pasado sábado 19 de septiembre, personal policial tomó conocimiento sobre una fiesta clandestina, con gran cantidad de gente, música y bebidas. A raíz del hecho, fueron infraccionadas 29 personas.

Pese a la actuación policial, en el mismo domicilio se llevó a cabo otra fiesta clandestina el martes 22 de septiembre, lo que motivó nuevas denuncias vecinales y otra actuación policial, que permitió constatar una nueva violación a las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno en el marco de la pandemia.

En sus fundamentos, el fiscal penal Molinati sostuvo que la reiteración delictiva, denotó un mayor desprecio por la norma penal y en especial, por las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente.

Sobre la posibilidad de valorar los antecedentes del imputado para disponer una medida de coerción personal, sostuvo que debe tenerse presente que “el Estado tiene derecho a procurar seguridad frente a individuos que reinciden persistentemente en la comisión de delitos; a fin de cuentas, la custodia de seguridad es una institución jurídica”.

Más aún, los ciudadanos “tienen el derecho a exigir que el Estado que tome las medidas adecuadas; es decir, tienen un derecho a la seguridad”.

Salta: Fue detenido el agresor de un periodista

El Juzgado de Garantías 5 hizo lugar al pedido de la fiscal penal 4, María Eugenia Guzmán y ordenó la detención de Oscar Alejandro Martínez, acusado de agredir a un periodista el 13 de septiembre pasado, mientras realizaba la cobertura de una marcha realizada en el monumento al General Martín Miguel de Güemes.

Martínez fue imputado por la comisión de los delitos de coacción agravada, lesiones leves e incumplimiento de las medidas sanitarias y prestará declaración cuando se formalice -en las próximas horas-, la audiencia de imputación y bajo las medidas sanitarias correspondientes a las restricciones vigentes.

La detención se produjo en el marco de la investigación iniciada de oficio el domingo 13, a través de distintas medidas ordenadas por la fiscal interviniente y después de hacerse públicos los hechos en perjuicio de dos trabajadores de prensa.

Luego radicaron denuncias el periodista Alexis Miranda, quien fue agredido mientras realizaba una cobertura para el canal América 24 y el fotoperiodista Javier Corbalán, quien cubría para el diario El Tribuno y recibió agresiones verbales y un escupitajo. En este segundo caso, el agresor, identificado como Miguel Ángel Caminos, fue detenido y alojado en el hospital de Salud Mental “Miguel Ragone”, por orden del Juzgado Interviniente.

Según consta en la denuncia de Miranda, se encontraba realizando la cobertura mencionada sobre la denominada marcha de “Rebelión Republicana” y desde el inicio, fue víctima de agresiones verbales, hasta que en determinado momento, recibió un golpe de puño en la cara, de parte de un hombre que llevaba un barbijo identificado con “Partido Libertario”.