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Se aguarda que el Tribunal de Juicio de Tartagal fije la fecha de inicio de la audiencia debate contra Rubén Méndez

El Ministerio Público Fiscal requirió juicio para el exintendente y otras diez personas el 25 de octubre de 2022. El 31 de julio de 2023, el Juzgado de Garantías de Tartagal elevó la causa a juicio. Las defensas técnicas de los acusados presentaron reiteradas suspensiones de plazos. Ahora, el Tribunal de Juicio de Tartagal deberá fijar la fecha de la audiencia debate.

La Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, aguarda que el Tribunal de Juicio de Tartagal fije la fecha de inicio de la audiencia de debate contra el exintendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez y otras diez personas a las que acusa de enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal había elevado el requerimiento de juicio el 25 de octubre de 2022 (leer más), y tras numerosas oposiciones de las defensas técnicas de los acusados y las respuestas de la Unidad Fiscal, finalmente el Juzgado de Garantías decidió, el 31 de julio de 2023, elevar la causa a juicio (leer más).

Vencidos los plazos de la etapa procesal del ofrecimiento de pruebas –que sufrió numerosas suspensiones por pedido de las defensas técnicas de los acusados-, desde el Ministerio Público Fiscal se aguarda que el Tribunal de Juicio de Tartagal fije finalmente la fecha de la audiencia de debate.

La Unidad Fiscal acusa a:

  1. Rubén Méndez Salazar (exintendente de Salvador Mazza) de los delitos de peculado; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; incumplimiento de los deberes de funcionario público; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; peculado de servicios y trabajos; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; fraude a la administración pública, todo en concurso real.
  2. Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  3. Juan Marco Méndez (hermano del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor) y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  4. Oscar Rodolfo Gutiérrez (Exsecretario privado del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  5. Roberto Justo Balverdi (Exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); incumplimiento de los deberes de funcionario público (coautor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  6. Roque Maximiliano Méndez (hijo del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesario); peculado (partícipe necesario); asociación ilícita (miembro), todo en concurso real
  7. Carolina Antonella Morena (Tesorera) de los delitos de peculado (partícipe necesaria); incumplimiento de los deberes de funcionaria pública (coautora); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  8. Ivanna Irene Méndez (hija del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  9. Susana Angelita Palacio (expareja del exitendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  10. Liliana Cristina Centeno (contadora del exitendente) del delito de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria).
  11. Roberto Orellana (Exsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza) del delito de peculado de servicios y trabajos (coautor)

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre de 2021 contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350 (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

 

 

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Condenan a un empleado de Vialidad por peculado

El agente sustrajo importantes cantidades de combustible destinado para el uso de los vehículos oficiales de la Dirección de Vialidad de Salta y lo trasportaba a domicilios particulares para provecho propio.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Rodrigo Sebastián Cruz, agente de la División de Recursos Humanos de la Dirección de Vialidad, fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

Además, el sentenciado deberá abonar $100.000 a la Dirección de Vialidad de Salta, cuyo monto será abonado en un solo pago, sin perjuicio de las acciones civiles que el organismo público lleva adelante.

La intervención de la UDEC en la causa inició en 2018, cuando la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta informó que vecinos de barrio El Círculo 4 denunciaron que vehículos oficiales de la Provincia de Salta eran vistos reiteradamente descargando bidones de combustible en distintas casas para posteriormente ser ofrecidos a la venta a la gente del lugar.

A través del entrecruzamiento de datos efectuado por los Departamentos de Mantenimiento Vial y Contable Financiero con los equipos de GPS de vehículos a cargo del agente, la UDEC estableció que en el período comprendido entre el 04/05/2018 al 31/10/2018, realizó 84 visitas al barrio El Circulo y 110 visitas al barrio Los Ceibos, en horario laboral y sin autorización del superior jerárquico.

En el mismo período, uno de los vehículos a su cargo, registró un recorrido de 10.273,128 kilómetros, lo que representa un consumo promedio total de 856 litros de gasoil tomando en consideración un consumo medio (ruta-ciudad) de 12 km/litro. Sin embargo, la camioneta registró la carga de 3.714 litros de gasoil, de los cuales sólo habrían sido utilizados 856 litros para recorrer los 10.273.128 kilómetros que marca el equipo de GPS. Lo expuesto relevó un excedente de 2.858 litros y una potencialidad de 34.296 kilómetros que se podrían haber recorrido con dicha cantidad y sobre los cuales no existe ningún tipo de registro.

Tras analizar las distintas pruebas recabadas por los investigadores, Salinas Odorisio consideró que el empleado, en los periodos 2017 y 2018, sustrajo importantes cantidades de combustible destinado para el uso de los vehículos oficiales de la Dirección de Vialidad de Salta y lo trasportaba a domicilios particulares para provecho propio, por lo que lo acusó de delito de peculado.

 

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Requieren juicio para Martín Miguel Poma Ovejero, Julio Conte y César Eduardo Acosta

La causa se originó en un accidente de tránsito, que desencadenó una serie de eventos que incluyeron la presentación de documentos falsos y  otras maniobras en el  intento de recuperar una camioneta. La denuncia formal fue presentada por los titulares de organismo municipales. 

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene como acusados a Martín Miguel Poma Ovejero, Julio Conte y César Eduardo Acosta.

La Fiscalía considera que Poma Ovejero es responsable de ser partícipe necesario del delito de peculado y coautor del delito de resistencia a la autoridad, lesiones, robo y daño agravado, en concurso ideal. Además, lo acusa de ser autor de los delitos de daño agravado, falsedad de instrumento público en dos hechos, todo en concurso real.

Conte se encuentra imputado por el delito de peculado en calidad de autor, mientras que Acosta, como coautor de los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones, robo y daño agravado, en concurso ideal, todo en concurso real.

La causa

El 5 de enero, una camioneta Amarok estuvo involucrada en un accidente de tránsito. Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial llegó al lugar y al constatar que el conductor no tenía la documentación del vehículo, se decidió secuestrarlo y trasladarlo. Sin embargo, un abogado del fuero local, posteriormente identificado como Martín Miguel Poma Ovejero, se opuso al traslado. Tras dialogar con los agentes de Tránsito, acordó llevar él mismo la camioneta hasta la Comisaría de barrio Santa Lucía.

Transcurridas unas cuadras alegó problemas mecánicos, por lo cual los agentes solicitaron la grúa. Sin embargo, el abogado se subió a la camioneta e intentó llevársela, provocando un altercado con el agente denunciante quien colocó su motocicleta delante, resultando agredido y amenazado por dos hombres, uno de ellos identificado como César Acosta. En la Comisaría de Santa Lucía, Poma Ovejero provocó daños en el Libro de Guardia, y por este hecho fue demorado y trasladado al Centro de Contraventores.

Días después, según las pruebas recopiladas por los investigadores de la UDEC, el abogado presentó un Poder General para Juicios y Asuntos Administrativos ante el Tribunal de Faltas municipal para solicitar la restitución de la camioneta, que estaba registrada a nombre de una empresa, pero resultó ser falso. También presentó una cédula verde adulterada. Sin embargo, no se le concedió la liberación del vehículo secuestrado.

El 18 de enero, el conductor de la camioneta en el siniestro vial, Poma Ovejero y otro hombre llegaron al Canchón Municipal en un Renault Logan. Se puede observar en las cámaras de seguridad cómo, tras mantener un diálogo con el empleado de la Municipalidad de Salta Julio Conte, Poma Ovejero se encuentra tras el volante de la camioneta mientras el otro hombre la empuja. Ya en la calle, los tres sujetos cambian de lugar. El que se encontraba en el Logan pasa a conducir el vehículo de mayor porte, el abogado pasa al lugar de acompañante y el otro hombre ingresa al automóvil blanco.

Finalmente, el 20 de enero, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta realizó una denuncia penal por la sustracción de la camioneta. Manifestó que no se puede efectuar la liberación de un vehículo sin el oficio del Juzgado de Faltas municipal y el trámite interno correspondiente, algo que era de conocimiento del agente Conte.

 

Detienen a un abogado y a un agente de la Secretaría de Tránsito municipal

 

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Irá a juicio por peculado: Alteraba pagos a proveedores del Estado

Está acusado de desviar dinero público a su cuenta bancaria personal, utilizando maniobras de ocultamiento para encubrir sus acciones. La denuncia fue realizada por una funcionaria provincial.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías en turno la elevación a juicio de la causa que tiene acusado al contador público Juan Ramón Maizares, como autor del delito de peculado, habiendo presuntamente sustraído caudales públicos cuya administración le fue confiada por razón de su función.

El requerimiento fiscal afirma que, mediante maniobras de ocultamiento, Maizares desviaba a su propia cuenta bancaria dinero que debía transferir a diferentes proveedores del Estado en pago de sus servicios.

Según la fiscal Salinas Odorisio, el imputado Maizares llegó a ingresar ilegalmente a su cuenta-sueldo la cantidad de $3.665.630,11 pertenecientes al erario, maniobra que intentaba ocultar encubriendo la deuda contraída con unos proveedores, con el pago extemporáneo a otros.

La denuncia de los hechos fue formulada a finales de enero de 2022 por la entonces Administradora General del Servicio de Administración Financiera de la Gobernación, Lucrecia Fátima Cintioni.

A raíz de la queja de un proveedor que afirmó no haber recibido una transferencia de pago, a pesar de que la misma figuraba como emitida por la SAF en una fecha determinada, la funcionaria descubrió que el dinero había sido ingresado a la cuenta personal de Maizares, que unos días después transfirió el pago al proveedor, pero desde su propia cuenta, no desde la cuenta oficial del gobierno.

La investigación fiscal puso de manifiesto al menos ocho maniobras similares, todas ellas ejecutadas con la misma modalidad y, aparentemente, encadenadas unas con otras. Todos los proveedores perjudicados reclamaron en su momento la manipulación de sus transferencias.

Según el escrito de requerimiento de juicio, Maizares desviaba el dinero de forma intencional, para beneficio propio, adulterando para ello un archivo de texto emitido automáticamente por el sistema informático centralizado de administración contable. La adulteración -impercetible, porque Maizares guardaba registros duplicados de los archivos- permitía que las transferencias se redirigieran fraudulentamente a su propia cuenta bancaria, sin dejar huella de la manipulación informática.

La investigación reveló también que el empleado de la tesorería del Servicio de Administración Financiera del Gobierno de la Provincia de Salta, aprovechaba la demora de los bancos en acreditar las transferencias para ocultar sus movimientos ilegales.

Salinas Odorisio solicitó que Maizares sea juzgado y propuso como testigos a la denunciante y a varios de los proveedores afectados.

 

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Requieren juicio para el intendente de La Merced y tres concejales

El Ejecutivo Municipal realizó en 2020, una transferencia a las cuentas bancarias personales de los tres ediles sin justificación. Además, en septiembre de 2020, los concejales percibieron dos sueldos, uno del Ejecutivo Municipal y otro del Concejo Deliberante.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 8 juicio para el intendente de La Merced, Javier Rafael Wayar, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, en concurso real; y para los concejales Dina Francisca Pastrana, Pedro Daniel Gutiérrez; Daniel Jesús Coreico, por el delito de peculado, en calidad de partícipes necesarios.

Además, solicitó el sobreseimiento parcial de Wayar respecto del delito de retención indebida e incumplimiento a los deberes de funcionario público, en dos hechos.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, denunciara al intendente en la Fiscalía Penal de Cerrillos.

Las causas fueron derivadas a la UDEC, en donde se realizó una investigación, estableciendo que la Municipalidad de La Merced efectuó el 3 de septiembre de 2020 una transferencia por $171.243, mediante la utilización del Convenio de Acreditación Salarial N° 10330, que se acreditó en partes iguales de 57.081,00, en las cuentas bancarias personales de Gutiérrez, Coreico y Pastrana, sin existir justificación suficiente para efectuarla, sustrayendo con su accionar caudales de la Municipalidad cuya administración y custodia estaban a cargo de Wayar en función de su calidad como Intendente de La Merced.

A través del entrecruzamiento de datos, los investigadores de la UDEC corroboraron que en septiembre de 2020, los concejales Coreico, Gutiérrez y Pastrana percibieron dos sueldos, uno abonado por el Ejecutivo Municipal, mediante la transferencia realizada el 03 de septiembre de 2020, por un monto de $57.081,00 y otro por el propio Concejo Deliberante, mediante la transferencia realizada el o de septiembre de 2020, por un monto de $40.599,96.

En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público del que acusa la fiscal Salinas Odorisio a Wayar,  la investigación demostró que el intendente de La Merced confeccionó, suscribió y aprobó, mediante Resolución 113/2022, un contrato de Comodato entre la Municipalidad de La Merced y la Asociación Civil por el Trabajo, la Cultura y la Producción, mediante el cual cedió el uso de un inmueble ubicado dentro de las instalaciones del matadero municipal, haciendo caso omiso a lo establecido en la Carta Orgánica de la Municipalidad de La Merced, es decir sin licitación y sin autorización del Concejo Deliberante.

 

 

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El exintendente de Iruya fue condenado a cuatro años de prisión

El Tribunal que juzgó a Alfredo Daniel Soto consideró que el Ministerio Público Fiscal demostró la autoría del exfuncionario en dos hechos de peculado. Tras el fallo, se ordenó su inmediata detención.

De acuerdo a lo planteado por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio en su alegato, el exintendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto, fue condenado a 4 años de prisión efectiva.

El Tribunal colegiado integrado por los jueces Javier Aranibar, Martín Pérez y Leonardo Gabriel Feans, en la audiencia realizada en la localidad de Iruya, consideró que el Ministerio Público Fiscal probó la autoría de Soto en los delitos de peculado en dos hechos, en calidad de autor y en concurso real. Tras leer la sentencia, ordenó su inmediata detención.

La fiscal Salinas Odorisio sostuvo que el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya, emitió tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró.

Además, Daniel Soto recibió del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43.

De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existe un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. La Fiscal estimó que los montos, actualizados al valor de hoy, alcanzarían aproximadamente los 100 millones de pesos.

La Fiscalía solicitó 4 años de prisión para el exintendente de Iruya

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La Fiscalía solicitó 4 años de prisión para el exintendente de Iruya

En su alegato, que se realizó en el Salón de Usos Múltiples de Iruya, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que se encuentra probada la autoría de Alfredo Daniel Soto en dos hechos de peculado. Hoy se conocerá la sentencia.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la pena de cuatro años prisión para el ex intendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto.

Salinas Odorisio mantuvo su acusación de los delitos de peculado (dos hechos), en calidad de autor y en concurso real y consideró que la autoría de Soto se encuentra probada. Además, estimó que el perjuicio al municipio, a valores actualizados, alcanzaría los 100 millones de pesos.

Los alegatos se realizaron en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Iruya, hasta donde se trasladaron los jueces Javier Aranibar, Martín Pérez y Leonardo Gabriel Feans; la representante del Ministerio Público Fiscal, Ana Inés Salinas Odorisio, la querella y la abogada defensora.

La abogada de la Municipalidad de Iruya, Eliana Verchán, coincidió con la fiscal Salinas Odorisio y solicitó también la pena de cuatro años de prisión para Soto.

La causa

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal Salinas Odorisio sostiene que el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya, emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por siguiente gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya.

En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC considera que el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43.

Según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del exintendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.

De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. La Fiscal estimó que los montos, actualizados al valor de hoy, alcanzarían aproximadamente los 100 millones de pesos.

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Realizarán la inspección del celular del operador de seguros imputado

El bróker habría emitido pólizas apócrifas de seguro para una empresa del que era apoderado legal en Salta. Con su accionar perjudicó tanto a la compañía de seguros y a la empresa que contrató los seguros.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó que el lunes 11 de marzo se realice la inspección ocular del celular del productor de seguros imputado provisionalmente por los delitos de estafa, administración infiel y falsificación de documento; en concurso ideal.

Durante la audiencia de imputación, realizada el 14 de febrero pasado, el hombre fue asistido por un abogado particular y se abstuvo de declarar, manifestando que luego presentaría por escrito su versión de los hechos, instancia que hasta el momento no fue concretada.

La intervención de la UDEC comenzó en julio de 2023 con una denuncia presentada por la representante de la Unión Transitoria Mariana Solar – FCS SRL – Los Arcángeles SA, respecto a dos pólizas de seguro contratadas y emitidas por el imputado falsamente a nombre de Alba Compañía Argentina De Seguros S.A.

Estas pólizas apócrifas fueron detectadas por Litio Minera Argentina SA, que notificó a Alba Compañía Argentina De Seguros SA sobre la situación, que inició una investigación interna, detectando que las pólizas habían sido emitidas por el apoderado de Alba Compañía Argentina de Seguros en Salta, pero que las mismas no se encontraban registradas.

La Unión Transitoria emitió pagos por las sumas de $20.693.444,80 y $5.919.568,62 por las dos pólizas, respectivamente, utilizando cheques de su cuenta en el Banco Macro.

Con la información recabada, Alba Compañía Argentina de Seguros SA revocó el poder del bróker y denunció que las dos pólizas no corresponden a clientes de la aseguradora ni a sus registros. La empresa inició una investigación y denunció al acusado por estafa, abuso de confianza y falsificación de documento privado.

Los investigadores de la UDEC determinaron que el imputado, aprovechándose de su función de productor de seguros y apoderado de la Firma Alba Compañía Argentina de Seguros SA, procedió a hacer incurrir en error a la firma UT Mariana Solar FCS – SRL, quien libró los cheques por un total de $ 25.999.932,60 de dos de sus cuentas del Banco Macro a los fines de ser asegurados por dicha compañía, confeccionando el encartado, dos pólizas que no presentó en la Compañía Alba, motivando que la denunciante no sea asegurada por la compañía aseguradora, obteniendo el encausado un beneficio económico indebido, quedándose con el dinero de la firma UT.

Por todo ello, la fiscal Salinas Odorisio requirió el allanamiento de la vivienda y de la oficina del productor de seguros, secuestrándose en ese momento documentación de interés para la causa.

 

Allanamientos en el marco de una causa que investiga estafa en la contratación de seguros

 

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Declaró el exintendente de Iruya en el juicio que afronta por peculado

Las actuaciones  iniciaron luego de que la apoderada de ese municipio, radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal. Las audiencias continuarán mañana, martes 5, y el miércoles 6 en Iruya.

En la segunda jornada de la audiencia debate, el exintendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto, acusado de los delitos de peculado en dos hechos, en calidad de autor y en concurso real, prestó declaración.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, realizó preguntas sobre los hechos juzgados y el exintendente brindó su versión, negando la acusación en su contra.

En la audiencia también brindó testimonio una contadora del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien detalló los pasos seguidos durante la investigación penal y las inconsistencias encontradas en el manejo de fondos públicos en el municipio de Iruya durante la gestión del exintendente, tal como se refleja en el Informe Pericial del CIF. Por último, declararon otros testigos ofrecidos por la defensa.

Las audiencias continuarán mañana 5 de marzo y el miércoles 6 en Iruya.

La causa

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

Según lo expuesto por la fiscal Salinas Odorisio, el acusado, en su calidad de Intendente, emitió el 6 de diciembre de 2019 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $970.000, los cuales cobró personalmente el 9 de diciembre de 2019. No existe constancia del destino de estos fondos y, según la denuncia de la gestión municipal que lo precedió, no se ha realizado una rendición de cuentas ante la Municipalidad.

En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC considera que el exintendente acusado omitió rendir la cantidad de $5.878.073,43, de los casi 15 millones que la comuna había recibido en su momento del Ministerio de Desarrollo Social y que correspondían a los programas sociales AIPAS (Asistencia Crítica y Pan Casero).

Por otro lado, la auditoría interna de la Municipalidad de Iruya puso de manifiesto la existencia de un faltante de casi 8 millones de pesos y un informe de cheques rechazados reveló que, un día antes de la finalización del mandato del exintendente, este había librado títulos por un importe equivalente a $ 5.397.032,62.

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Detuvieron a otro hombre vinculado a la sustracción de una camioneta del canchón municipal

El hombre fue imputado provisionalmente por los delitos de peculado, resistencia a la autoridad, lesiones, robo y daño agravado, en concurso ideal. En la causa también están detenidos e imputados un abogado del fuero local y un agente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por el delito de peculado, en calidad de partícipe necesario, y de autor de los delitos resistencia a la autoridad, lesiones, robo y daño agravado, en concurso ideal.

El hombre fue detenido ayer  en el marco de la investigación que lleva adelante UDEC por la sustracción de una camioneta que se encontraba a resguardo de la Municipalidad de Salta en el canchón municipal de calle Artigas.

Por este hecho, ya se encuentran detenidos e imputados un abogado del fuero local y un agente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta.

El nuevo imputado fue identificado como quien empujó la camioneta Amarok fuera del canchón municipal, mientras el abogado se encontraba tras el volante; todo ello sin haber regularizado la infracción que originó el secuestro del rodado.

Además, el nuevo detenido también fue imputado provisionalmente por agredir de manera verbal y física a los Inspectores Motoristas de la Secretaría Tránsito y Seguridad Vial el día de la colisión.

 

Imputan a dos hombres por la sustracción de una camioneta

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