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Imputaron al expresidente de la Panadería Social y a su compañero por peculado

Luis Emilio Fayón Medina y Andrés Nux se presentaron en la Fiscalía con abogados particulares, pero no declararon ni respondieron preguntas de la UDEC. La exsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta no se presentó a la audiencia.

Esta mañana, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó provisionalmente a Luis Emilio Fayón Medina como autor del delito de peculado y a Andrés Nux como partícipe necesario del mismo delito.

El expresidente de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, Luis Emilio Fayón Medina, se presentó acompañado por un abogado particular y optó por no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía. Andrés Nux, siguiendo la misma estrategia, también asistido por un abogado particular, se negó a declarar.

Por su parte, la exsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta no compareció a la audiencia de imputación, motivo por el cual será citada nuevamente.

La investigación llevada a cabo por la UDEC reveló que el 8 de diciembre de 2023, Fayón y Nux se presentaron en los depósitos municipales de la avenida Durañona Nº 125, con la intención de retirar «todo el restante» y «todo el sobrante» de mercaderías y bienes allí almacenados. Alegaron estar autorizados por el señor Aroldo Tonini, pero no presentaron ninguna orden de entrega u otra documentación justificativa. Procedieron, así, a retirar todos los elementos disponibles en los depósitos.

A raíz de estos hechos y de información adicional recabada por los investigadores, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de una finca propiedad de Fayón y de la vivienda de Nux. El operativo se realizó el pasado 7 de junio.

Durante el procedimiento, se incautaron diversas mercaderías en la vivienda de Nux, situada en la zona sur, y en la finca de Fayón se encontraron camas, sillas ortopédicas, calzados y ventanas, entre otros elementos destinados a fines sociales.

 

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Incautan alimentos y bienes con fines sociales en la finca del expresidente de la Panadería Social

Por requerimiento de la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, esta mañana se realizaron allanamientos en una vivienda y en la finca del exfuncionario municipal. Fueron secuestrados mercadería, sillas ortopédicas, calzados y ventanas; entre otros bienes y productos con fines sociales.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por la sustracción de elementos con fines sociales de depósitos de la Municipalidad de Salta, esta mañana se llevaron a cabo dos allanamientos en la zona sur de la ciudad.

Se trata de la finca del expresidente del Directorio de “Pan Solidario – Panadería Social”, donde se encontraron sillas ortopédicas, calzados y ventanas, entre otros productos y bienes destinados a fines sociales. También se secuestraron mercaderías sociales en la vivienda de otro hombre.

La intervención de la UDEC inició luego de que la Oficina de Obras y Desarrollo de la Municipalidad de la Ciudad de Salta radicara una denuncia web en diciembre pasado por posibles delitos económicos relacionados con la sustracción de materiales, mercadería y otros bienes de los depósitos municipales ubicados en la calle Durañona del Parque Industrial.

La investigación se centró en reconstruir los movimientos de entrada y salida de bienes en los depósitos municipales, a través de auditorías, relevamientos, y testimonios de personal involucrado en la gestión de los depósitos.

Así, los investigadores de la UDEC detectaron irregularidades como la falta de documentación de respaldo, inexistencia de equipos informáticos, ausencia de cámaras de seguridad, y la falta de elementos de seguridad como matafuegos.

Ante la complejidad de la situación y las evidencias recabadas, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de la vivienda y la finca y el secuestro de los elementos que se pudieran encontrar y así recabar más pruebas que permitan esclarecer los hechos denunciados y determinar la responsabilidad de los involucrado, tarea llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos, dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF.

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Estimaron en más de 500 millones de pesos y 250 mil dólares el perjuicio a las víctimas de la financiera Agrivert S.A

Una perita contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales prestó testimonio en la audiencia debate que se desarrolla desde el lunes pasado en la Sala 2 del Tribunal de Juicio y calculó el monto actualizado a hoy del perjuicio ocasionado a los 27 inversores.

En la cuarta jornada de la audiencia debate seguida contra María Rosa Manzano, Alejandro Daniel Cedrón y Eduardo Martín Cedrón, de la financiera Agrinvert S.A., por estafas reiteradas en 27 hechos, se estimó que el monto actualizado del perjuicio ocasionado a las víctimas asciende a 535.738.845,81 pesos y 248.564 dólares.

En el requerimiento de juicio, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había estimado que, en 2019, el perjuicio ocasionado a las víctimas ascendía a $19.219.375,14 y U$S 248.564,00. Ahora, la perita contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) prestó testimonio frente a la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, brindando precisiones sobre el funcionamiento de la financiera y precisó que, tras aplicar la fórmula de actualización por inflación, el monto actualizado es de 535.738.845,81 pesos y 248.564 dólares.

Durante la jornada, uno de los acusados, Alejandro Daniel Cedrón, prestó declaración y brindó explicaciones sobre los hechos.

Cabe recordar que la intervención de UDEC inició en 2019 con distintas personas que denunciaron que habían firmado un contrato de “Mutuo pesos” con la financiera llamada Agroinvert S.A. entregando diferentes sumas de dinero con el fin de que fueran invertidas para generar ganancias. La compañía se comprometía a cancelar el crédito en determinado plazo con el reintegro del capital más los intereses pactados.

De acuerdo al relato de las víctimas, los acusados operaban desde una oficina ubicada en un hotel 5 estrellas de la capital salteña y ostentaban tener un alto poder adquisitivo. Además, en un primer momento, la financiera cumplió con el pago de los intereses lo que llevó a que los inversores recomendaran a Agrinvert, que al poco tiempo dejó de pagar. Ante los reclamos, los acusados desaparecieron, dejaron de atender los teléfonos y responder mensajes.

Inició el juicio por las millonarias estafas de la Financiera Agrinvert

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Vishing: Dictan prisión preventiva a seis implicados en estafas telefónicas desde la cárcel de Jujuy

Se los acusa de realizar estafas telefónicas persuadiendo a personas de distintas localidades de la provincia de Salta, a transferir dinero a cambio de premios que resultaron ser inexistentes. La actividad se habría llevado a cabo con la colaboración de familiares y conocidos que facilitaban la apertura de cuentas bancarias para disponer del dinero obtenido ilegalmente.

El juez de Garantías 7 Pablo Zerdán hizo lugar al pedido de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y dictó la prisión preventiva de seis personas vinculadas a una causa de estafas telefónicas realizadas desde un penal de la provincia de Jujuy.

Se trata de dos mujeres que fueron detenidas el 17 de mayo pasado y de cuatro internos alojados en el Servicio Penitenciario 1 de la provincia de Jujuy que fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas en 5 hechos, en concurso real con asociación ilícita.

De acuerdo a lo determinado por la Unidad de Investigación UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, los acusados habrían estafado a distintas personas de San Carlos, Cachi, San Lorenzo y Palermo persuadiéndolas a transferir dinero a cambio de recibir premios de empresas conocidas. Esta táctica, conocida como «vishing», implica el uso de engaños y persuasión por parte de los estafadores para cometer el fraude.

Durante la investigación realizada por UDEC, se identificó a una mujer involucrada en esta actividad, quien recibía las transferencias de dinero que luego utilizaba para recargas telefónicas, comprar equipos y servicios personales. Se observó un aumento significativo en su patrimonio, además de descubrir varias cuentas virtuales y bancarias asociadas a ella, que probablemente se utilizaban para mover el dinero obtenido de las estafas.

Además, se examinaron las llamadas entrantes y salientes de los sospechosos, así como su uso de datos móviles, con el fin de determinar su ubicación y la de sus dispositivos durante la investigación. Se verificó que mayormente se encontraban en la ciudad de San Salvador de Jujuy y se confirmó que las líneas y sus usuarios estaban próximos al Servicio Penitenciario N° 1 de Jujuy en el momento de los hechos denunciados, lo que sugiere una posible relación con actividades delictivas en la cárcel.

Por último, se reveló que la persona bajo investigación tenía un total de 12 líneas telefónicas y mantenía una comunicación constante con uno de los detenidos en la prisión.

Así, la información recopilada por los investigadores reveló vínculos entre dos mujeres que presuntamente recolectaban dinero ilegalmente, un detenido que lideraba la banda delictiva y tres internos que ejecutaban el fraude a través de llamadas telefónicas. Todo esto contaba con la colaboración de familiares y conocidos que facilitaban la apertura de cuentas bancarias.

Vishing: Allanamiento y detenciones en Jujuy por estafas telefónicas

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Inició el juicio por las millonarias estafas de la Financiera Agrinvert

Desde hoy y hasta el 20 de junio, tres personas deberán responder por 27 acusaciones de estafas reiteradas. En 2019, el perjuicio a las víctimas fue estimado en $19.219.375 y U$S 248.564.

En la Sala de Grandes Juicios inició esta mañana la audiencia debate seguida contra María Rosa Manzano, Alejandro Daniel Cedrón y Eduardo Martín Cedrón, de la financiera Agrinvert S.A. El juicio es presidido por el juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, Eduardo Raúl Sángari.

El juicio comenzó con la lectura de las 27 acusaciones de estafas reiteradas que sostiene la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, en contra de los hermanos Cedrón y la pareja de uno de ellos. Además, a Alejandro Daniel Cedrón también lo acusa de un hecho de estafa en la adquisición de una motocicleta.

La Fiscalía estimó que en 2019 el perjuicio ocasionado a las víctimas ascendía a $19.219.375,14 y U$S 248.564,00; montos que deberán ser sometidos a actualización por inflación.

A lo largo de la jornada prestaron su testimonio testigos, quienes al sentarse frente al juez Sángari contaron su experiencia con la financiera Agrinvert S.A y manifestaron que querían recuperar sus ahorros, lo que deberá resolverse en instancia civil.

Cabe recordar que la intervención de UDEC inició en 2019 con distintas personas que denunciaron que habían firmado un contrato de “Mutuo pesos” con la financiera llamada Agroinvert S.A. entregando diferentes sumas de dinero con el fin de que fueran invertidas para generar ganancias. La compañía se comprometía a cancelar el crédito en determinado plazo con el reintegro del capital más los intereses pactados.

De acuerdo al relato de las víctimas, los acusados operaban desde una oficina ubicada en un hotel 5 estrellas de la capital salteña y ostentaban tener un alto poder adquisitivo. Además, en un primer momento, la financiera cumplió con el pago de los intereses lo que llevó a que los inversores recomendaran a Agrinvert, que al poco tiempo dejó de pagar. Ante los reclamos, los acusados desaparecieron, dejaron de atender los teléfonos y responder mensajes.

El juicio continuará mañana, desde las 9:30 en la Sala de Grandes Juicios.

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Nuevo imputado en una causa por fraude a la administración pública

Se trata del hermano de un hombre imputado en el mes de marzo. La causa está vinculada a una contratación abreviada del Gobierno de Salta para la adquisición de dos vehículos que nunca fueron entregados.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, sumó un nuevo imputado en la causa que investiga un fraude en la compra de dos vehículos, perjudicando a la administración pública.

El nuevo implicado es hermano del individuo acusado en marzo pasado. A medida que la investigación avanza, la UDEC ha determinado que ambos actuaron en complicidad.

La pericia contable realizada por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales actualizó el monto de adjudicación a Conde Automotores. Pasó de $24.270.000 en diciembre de 2022 a $124.713.822, ajustado según los índices del INDEC (IPC).

En cuanto a las sanciones impuestas por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia, por la no entrega de los bienes adquiridos y por la rescisión contractual atribuible al adjudicatario, las sumas de $606.750 y $2.427.000 fueron actualizadas a $2.757.800,10 y $11.031.200,40, respectivamente.

La causa

La causa se originó tras una denuncia en marzo de 2023 contra el representante en Salta de la empresa Conde Automotores SRL. Según la misma, el acusado presentó una oferta en el marco de la Contratación Abreviada Nº 235/2022, tramitada por la Secretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta para la adquisición de dos camionetas, una marca Nissan y otra Renault.

A pesar de que la oferta fue preadjudicada por $24.270.000 y se emitió una orden de compra por el mismo valor, los vehículos nunca fueron entregados.

Según la investigación de la UDEC, los imputados anularon las facturas de los vehículos una vez recibida la transferencia de dinero de la Tesorería de la Provincia. Posteriormente, realizaron transferencias a terceros, como las empresas como Grandote SA y Clama SA, además de efectuar pagos a individuos particulares.

Mientras los acusados afirmaban falsamente que uno de los vehículos estaba en proceso de patentamiento a favor de la Provincia, solicitaron un pago adicional injustificado para retrasar la entrega.

Hasta el momento, las unidades aún no han sido entregadas.

Imputado por fraude a la administración pública

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Vishing: Allanamiento y detenciones en Jujuy por estafas telefónicas

Internos del Servicio Penitenciario de esa provincia son acusados de llevar a cabo un ardid telefónico, simulando ser funcionarios de organismos importantes, con el fin de recaudar dinero ilícitamente. Dos mujeres fueron detenidas en relación con esta organización.

La titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, dirigió hoy una serie de allanamientos en el marco de una causa por estafas telefónicas que involucran a internos del Servicio Penitenciario 1 de la provincia de Jujuy y personas vinculadas a estos. Los procedimientos se realizaron en la Unidad Penitenciaria de esa provincia y dos domicilios particulares, donde fueron detenidas dos mujeres presumiblemente relacionadas con una asociación ilícita que cometió reiteradas estafas.

La Unidad de Investigación U.D.E.C. del Departamento de Investigaciones y Criminología del C.I.F.,  en la investigación de estafas telefónicas, determinó una relación entre denuncias radicadas en San Carlos, Cachi, San Lorenzo y Palermo, en las que los estafadores persuadían a las víctimas con premios de empresas conocidas, llevándolas a realizar transferencias de dinero. Esta modalidad, conocida como «vishing», implica el uso de engaños y persuasión por parte de los estafadores para cometer el fraude.

En el trabajo de los investigadores de UDEC, se identificó a una mujer como parte de esta maniobra, quien recibía las transferencias de dinero que luego utilizó para recargas telefónicas, compra de equipos y servicios personales. Se constató un incremento significativo en su patrimonio y además, varias cuentas virtuales y bancarias asociadas a su persona, que serian utilizadas para circularizar el dinero obtenido de las estafas.

Ademas se analizaron las llamadas entrantes y salientes de los sospechosos, así como el consumo de datos móviles, para determinar la ubicación de los usuarios y sus dispositivos  durante el periodo investigado, identificando su presencia principalmente en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se estableció con certeza que las líneas y sus usuarios estaban en las inmediaciones del Servicio Penitenciario N° 1 de Jujuy en el momento de los hechos denunciados, lo que sugirió una asociación con comportamientos criminales carcelarios.

Finalmente se determinó que la investigada posee un total de 12 líneas telefónicas, y mantenía comunicación constante con un detenido en el establecimiento Penitenciario N° 1 de Jujuy.

La información obtenida por los investigadores reveló vínculos entre dos mujeres quienes presuntamente recaudaban dinero ilícito, con un detenido y líder de la banda delictiva, y tres internos, quienes ejecutaban el acto criminal a través de llamadas telefónicas. Todo esto contaba con la colaboración de familiares y allegados que facilitaban la apertura de cuentas bancarias.

Luego del operativo efectuado hoy, y tras mediar el correspondiente control de legalidad, la fiscal Salinas Odorisio imputará a los involucrados.

 

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Causa Saulo Capital SRL: Rechazan revisión de prisión preventiva para tres acusados

Se encuentran alojados, desde enero de 2023, en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta. Enfrentan cargos por 520 hechos de estafas reiteradas, asociación ilícita y vaciamiento de empresa, en concurso real, en calidad de coautores. 

El juez de Garantías 7 del Distrito Judicial Centro, Pablo Zerdán, rechazó el pedido de revisión de prisión preventiva formulado por las defensas técnicas de Nelson Javier Cabana, Nelson Rogelio Ramos y Marcelo Alfredo Morales, quienes se encuentran detenidos, desde el 5 de enero de 2023, en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta por su vinculación en la causa denominada Saulo Capital SRL.

Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Pablo Nieva, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, argumentó en contra de la medida al considerar que la liberación de los detenidos entorpecería el avance de la causa. Además, señaló que aún no se ha recuperado el dinero proveniente de la actividad ilícita y que existe un riesgo de fuga por parte de los implicados.

En diciembre pasado, tras recopilar diversas pruebas, la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó cargos formales contra los tres hombres y también contra Sabrina Florencia Resina, quien se encuentra con prisión domiciliaria. Los delitos imputados son estafas reiteradas en 520 hechos, asociación ilícita y vaciamiento de empresa, en concurso real, en calidad de coautores. La fiscal solicitó que sean juzgados.

La intervención de UDEC comenzó en mayo de 2022, luego de que se presentaran cientos de denuncias por estafas contra Saulo Capital SRL. Paralelamente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares por parte de la empresa, informando que Saulo Capital había realizado actividades de intermediación financiera por cuenta propia sin la autorización correspondiente de la Comisión Nacional de Valores.

El equipo de UDEC determinó que el dinero recibido por los denunciantes en Saulo Capital SRL se destinaba a negocios locales y que las ganancias obtenidas se utilizaban en muchos casos para reembolsar los intereses a los inversores, al menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, se agravó la situación debido a la publicidad utilizada para atraer inversores a través de diversos medios de comunicación.

Según la información recopilada por el Gabinete de Delitos Económicos del CIF, los denunciantes realizaron inversiones por un total de $188.193.393,70; USD 2.357.973,13 y BUSD 2.300, con la mayoría de los contratos realizados entre los meses de marzo de 2021 y marzo de 2022 (principalmente entre enero y marzo de 2022).

Además, la investigación reveló que Saulo Capital S.R.L. administraba un total de once comercios.

En el requerimiento de juicio presentado, la fiscal Salinas Odorisio afirmó que los acusados «desempeñaron roles diferentes y en distintas etapas, con el objetivo de cometer actos ilícitos relacionados con la captación de inversores a través de su sitio web o mediante la promoción de altos rendimientos de capital en las inversiones, simulando ser una empresa seria y solvente, proporcionando recibos que respaldaban la seriedad de sus acciones».

Según la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Nelson Rogelio Ramos actuaba como «Gerente Titular», Nelson Javier Cabana como «Gerente Suplente» y Morales, en su calidad de profesional en Ciencias Económicas, se encargaba de la administración, custodia del dinero, así como de la gestión contable y financiera de la sociedad. Por último, Resina se dedicaba a captar a las víctimas para que invirtieran su dinero en Saulo Capital SRL, explicándoles los beneficios de las inversiones, los requisitos y las formas de inversión.

 

Saulo Capital SRL: UDEC acusó de 520 estafas a cuatro personas y elevó el pedido de juicio

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Elevan a juicio una causa por peculado contra Sergio Ramos

El Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, hizo lugar al pedido de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, que había solicitado la prosecución de las causas contra el exlegislador, quien ya no cuenta con inmunidad parlamentaria.

El juez de Garantías 2 del distrito Centro, Ignacio Colombo, hizo lugar al pedido de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y elevó a juicio una causa contra Sergio Omar Ramos, como autor del delito de peculado.

El 30 de noviembre de 2023, Salinas Odorisio presentó el requerimiento a juicio,  al considerar que Ramos al finalizar su mandato como senador provincial ya no contaba con los fueros otorgados por la Constitución de la Provincia de Salta, implicando que el proceso de desafuero iniciado por la Cámara de Senadores de Salta quedaba sin efecto.

La causa

A raíz de una denuncia efectuada en 2017, desde UDEC se requirió ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro en junio de 2020, la elevación a juicio contra Ramos por considerarlo autor del delito de peculado, acusándolo de desviar fondos públicos transferidos en 2013 por la Provincia de Salta al Municipio de Rosario de Lerma, en relación a su gestión ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo.

El 25 de abril de 2022, el Juzgado de Garantías interviniente pese a no compartir la interpretación efectuada por el Juez Interino de la Sala IV del Tribunal de Impugnación  tuvo que dar cumplimiento a lo resuelto y suspender la remisión de la causa a juicio  hasta tanto la Cámara de Senadores de la provincia de Salta se expidiera respecto del desafuero del senador Sergio Omar Ramos. 

Es importante recordar que Ramos fue intendente de Rosario de Lerma desde 1995 hasta 2015 y senador provincial en el período 2017-2019. En las elecciones generales provinciales del 14 de mayo de 2023, Ramos fue elegido Intendente de la ciudad de Rosario de Lerma, asumiendo el cargo el 10 de diciembre pasado.

 

 

Solicitan la prosecución de las causas contra Sergio Ramos

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Nueva imputación contra el abogado Martín Poma Ovejero

Es por una operación inmobiliaria efectuada en General Güemes. El acusado habría engañado al denunciante falsificado firmas, incluyendo las de una escribana fallecida en 2010. 

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al abogado Martín Poma Ovejero por los delitos de estafa y falsificación de documento, en concurso ideal.

Esta imputación surge de una denuncia presentada en enero de 2020, donde se acusó a Poma Ovejero de cometer una supuesta estafa en una operación inmobiliaria en General Güemes. El denunciante relató que encontró la oferta de terrenos en la página de Facebook «Martina Loteo Residencial» y se comunicó con el anunciante, quien afirmó tener terrenos disponibles para la venta.

Una vez acordada la operación, el afectado se reunió con Poma Ovejero y le entregó la suma de $187.000. El ahora imputado se comprometió a realizar el boleto de compra-venta ante un escribano público, en presencia del supuesto dueño del terreno.

Tras algunas demoras, el comprador fue citado en una Escribanía de la calle Lerma, donde firmó el contrato en presencia de la secretaria. Debido a la ausencia del propietario del terreno, Poma Ovejero pactó la entrega del documento en su domicilio. Días más tarde, el abogado entregó al comprador el contrato de compraventa firmado y la correspondiente Actuación Notarial.

Posteriormente, el denunciante descubrió irregularidades y al contactar al propietario del terreno, este negó haber autorizado la venta y afirmó que la firma en los documentos no era la suya.

Tras una investigación de la UDEC, se determinó que Poma Ovejero habría engañado al denunciante y falsificado firmas, incluyendo las de una escribana fallecida en 2010. Basándose en esta evidencia, la fiscal Salinas Odorisio decidió imputar a Poma Ovejero por estafa y falsificación de documento, en concurso ideal.

Cabe destacar que el abogado también enfrenta cargos por estelionato por la venta de un terreno en 2020 que ya había sido vendido en 2011. Además, en marzo pasado, la fiscal solicitó juicio para Poma Ovejero por su presunta participación en delitos como peculado, resistencia a la autoridad, lesiones, robo, daño agravado, y falsedad de instrumento público, entre otros.

Requieren juicio para Martín Miguel Poma Ovejero, Julio Conte y César Eduardo Acosta

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