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Requieren juicio por 63 estafas a una operadora de turismo

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías para Daniela Aibar por los delitos de estafas reiteradas (56 hechos), defraudación por el uso de tarjeta de crédito (7 hechos) y defraudación por administración infiel, todo en concurso real.

Daniela Aibar, exoperadora de turismo, fue detenida el pasado 19 de enero a pedido de la fiscal Salinas Odorisio, quien investigó cuatro denuncias en su contra. En noviembre, una persona la acusó de haberle cobrado 33.000 pesos en septiembre de 2022 para tramitar una visa, pero luego le informó que los turnos habían sido postergados, sin devolverle el dinero.

El 12 de enero de 2024, un hombre denunció haber pagado $4.996.000 en diciembre de 2023 por un paquete turístico que resultó no estar pagado, debiendo desembolsar 2.873,04 dólares adicionales en el hotel. La imputada prometió devolver el dinero, cosa que no hizo.

Otra denuncia, radicada el 16 de enero, involucró un paquete turístico de $18.000 dólares y $897.600 pesos para 13 personas. La familia descubrió que no había reservas registradas a su nombre y la agente no pudo proporcionar documentación verificable.

A partir de la detención de Aibar, la fiscal Salinas Odorisio recibió numerosas denuncias y, tras investigarlas, la imputó por estafas reiteradas (56 hechos), defraudación por el uso de tarjeta de crédito (7 hechos) y defraudación por administración infiel, todo en concurso real.

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Requieren juicio para dos hermanos acusados de fraude a la administración pública

La causa está vinculada a una contratación abreviada del Gobierno de Salta para la adquisición de dos vehículos que nunca fueron entregados.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa contra  Ricardo Gutiérrez Conde y José Gutiérrez Conde como coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

La intervención de UDEC inició luego de que en marzo de 2023 ingresara una denuncia en contra de Ricardo Gutiérrez Conde, representante en Salta de la empresa Conde Automotores S.R.L.

Según lo manifestado, el acusado presentó una oferta en el marco de la Contratación Abreviada Nº 235/2022, tramitada por la Secretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta para la adquisición de dos camionetas, una marca Nissan y otra Renault. A pesar de que la oferta fue preadjudicada por $24.270.000 y se emitió una orden de compra por el mismo valor, los vehículos nunca fueron entregados.

La investigación realizada por la UDEC reveló que José Gutiérrez Conde, hermano del denunciado, también había actuado en la causa. Ambos recibieron la transferencia de dinero por parte de Tesorería de la Provincia, anularon las facturas de los vehículos y realizaron transferencias a terceros, como las empresas Grandote SA y Clama SA, además de efectuar pagos a particulares.

Todo esto se llevó a cabo mientras los acusados afirmaban falsamente que uno de los vehículos estaba en proceso de patentamiento a favor de la Provincia, solicitando un pago adicional injustificado con fines de para retrasar la entrega.

Hasta el momento, las unidades no han sido entregadas y, según la pericia contable realizada por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el monto de adjudicación a Conde Automotores, pasó de los $24.270.000 en diciembre de 2022 a $124.713.822 en mayo 2024, ajustado según los índices del INDEC (IPC).

 

Nuevo imputado en una causa por fraude a la administración pública

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Requieren juicio para tres mujeres por estafa

Las acusadas engañaron a la víctima mediante una compleja trama que involucraba promesas de riqueza. La investigación reveló transferencias bancarias fraudulentas por casi medio millón de pesos.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la elevación a juicio de la causa en la que tres mujeres de 35, 38 y 42 años son acusadas del delito de estafa, en calidad de coautoras.

La intervención de la UDEC comenzó en julio de 2019 cuando una mujer denunció haber conocido a un hombre a través de Facebook. Después de varios meses de contacto, el hombre, quien afirmaba ser estadounidense y estar en Afganistán en una misión de paz, le prometió enviar un paquete con U$S 900.000 y joyas, supuestamente encontrados en un lugar abandonado. Para facilitar el envío, la denunciante proporcionó su nombre y dirección. Posteriormente, el sujeto le informó que la entrega sería realizada por un supuesto diplomático estadounidense en Salta, llamado Mark Alex.

Según lo denunciado, este último contactó a la mujer, informándole sobre problemas con la aduana y solicitando un pago de U$S 1.200 para liberar el paquete, dinero que la denunciante aportó. Posteriormente, el supuesto diplomático le pidió otros U$S 4.000 para evitar la confiscación del paquete.

Entre el 10 de mayo y el 3 de julio de 2019, la denunciante transfirió a distintas cuentas $478.940, sin que nunca le llegara el supuesto paquete enviado desde Afganistán.

A través del entrecruzamiento de datos e informes de distintos bancos, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos establecieron que las tres acusadas, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, engañaron a la mujer  y cobraron el dinero transferido.

 

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Condenado a 5 años de prisión por estafas en la construcción de piletas

Al conocer las pruebas que la Fiscalía había reunido en su contra, el acusado, un jujeño de 44 años, admitió ante el juez Leonardo Feans ser autor de los seis delitos de estafa, en concurso real, de los que se lo acusaba.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado que tuvo lugar en la Sala 1 del Tribunal de Juicio del distrito judicial Centro y en la que José Antonio Santillán fue condenado por ser autor de seis delitos de estafa, en concurso real.

Santillán también había sido condenado en la provincia de Jujuy por delitos similares por lo que, por acumulación de penas, ahora pasará cinco años en prisión.

La intervención de la UDEC inició luego de que ingresaran distintas denuncias en contra de Santillán, quien publicitaba sus servicios en la red social Facebook para la construcción de piletas de natación. El acusado se presentaba como ingeniero y llegaba a un acuerdo económico con las víctimas, concretando los contratos en presencia de escribanos, lo que daba un aire de legitimidad a las transacciones. Sin embargo, tras recibir los pagos iniciales, Santillán sólo realizaba mínimas excavaciones y luego desaparecía, dejando a sus clientes sin dinero y sin piscina.

La primera de sus víctimas fue una mujer que a inicios de septiembre de 2019 firmó un contrato para la construcción de una piscina en su propiedad. Entregó dos cheques por un total de $280.000. Sin embargo, la obra quedó inconclusa después de que Santillán sólo entregara 200 ladrillos y comenzara a cavar un pozo. Días más tarde, el 2 de octubre de 2019, otro hombre pagó al acusado $160.000 por adelantado. Santillán únicamente excavó el terreno antes de perder contacto.

El 25 de octubre de 2019, un sujeto contrató al acusado para la construcción de una pileta. Abonó $115.000 como adelanto, pero Santillán sólo realizó la excavación inicial y nunca completó el trabajo pactado. Otro hombre suscribió su contrato el 6 de diciembre de 2019, entregando $150,000. Nuevamente, solo se realizó la excavación del terreno.

El 3 de enero de 2020, una mujer le abonó $175.560 como parte de una pileta. Al igual que en los otros casos, Santillán apenas inició la obra antes de desaparecer. El 6 de enero de 2020, otra persona le pagó $145.000 en presencia de una escribana, para la construcción de una pileta. La obra nunca comenzó.

Tras la lectura de la sentencia, Santillán será alojado en la Unidad Carcelaria 1 de Salta.

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Vishing: Fueron condenados los seis responsables de perpetrar las estafas

Se trata de una maniobra fraudulenta, utilizada para obtener dinero mediante llamadas telefónicas en las que prometían la obtención de premios que nunca existieron. Los damnificados recibirán una compensación dineraria.

La fiscal de la Un idad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2, en la audiencia de juicio abreviado contra seis personas, vinculadas a una causa por estafas telefónicas que se realizaban desde una unidad carcelaria de la provincia de Jujuy.

Las dos mujeres y cuatro internos alojados en el Servicio Penitenciario 1 de la provincia de Jujuy fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas en 5 hechos, en concurso real con asociación ilícita.

La maniobra, conocida como “vishing”, por la que resultaron damnificadas distintas personas de San Carlos, Cachi, San Lorenzo y Palermo consistió en persuadirlas para que transfirieran dinero, a cambio de recibir premios de conocidas empresas.

El vishing, término derivado de la unión de dos palabras (voice y phishing) es una amenaza que resulta de la combinación de dos maniobras: la llamada de telefónica fraudulenta con información que se extrae, previamente, de internet y que, en la práctica, implica el uso de engaños y persuasión por parte de los estafadores para cometer el fraude.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a las dos mujeres a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional y les impuso el cumplimiento de reglas de conducta; otros tres imputados fueron condenados a la pena de 4 meses de prisión de ejecución efectiva; en tanto, el último acusado recibió la pena de 8 meses de prisión de ejecución efectiva.

En el mismo acto, los 5 condenados se comprometieron a cumplir con una reparación económica, consistente en el pago de la suma de $1.977.518,37, actualizada conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la que será distribuida entre los damnificados.

Vishing: Dictan prisión preventiva a seis implicados en estafas telefónicas desde la cárcel de Jujuy

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Agrinvert: Primera condena a prisión efectiva por estafa piramidal en Salta

Alejandro Daniel Cedrón fue condenado a cinco años y 3 meses de prisión y María Rosa Manzano, a cinco años de prisión. El juez Eduardo Sángari ordenó su inmediata detención y traslado a la Acaidía. También ordenó una indemnización para las 27 víctimas de estafa.

El juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, Eduardo Raúl Sángari, halló culpables del delito de estafa a los directivos de la financiera Agrinvert y ordenó la inmediata detención de la pareja compuesta por Alejandro Daniel Cedrón y María Rosa Manzano.

Alejandro Daniel Cedrón fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor de 27 hechos de estafa. María Rosa Manzano recibió una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por 26 hechos de estafa. Además, Eduardo Martín Cedrón fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor de 26 hechos de estafa.

En sintonía con lo solicitado por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, el juez Sángari ordenó una indemnización para las víctimas, debiendo volver las cosas al estado anterior de la realización de los hechos. Para esto, se dispuso la emisión de oficios al Banco Central de la Nación Argentina, al Registro de la Propiedad Inmueble de todas las provincias y a la Dirección Nacional del Registro Automotor. En caso de resultados positivos, se ordenarán embargos sobre los bienes informados hasta cubrir la suma de capital e intereses adeudados a las 27 víctimas, con montos actualizados.

Asimismo, el juez hizo lugar a la demanda civil interpuesta por una de las víctimas, ordenando a los tres sentenciados a pagar $338,000 y US$20,000 más intereses, además de $350,000 en concepto de daño moral, una vez que la sentencia sea firme.

Tras la lectura de la sentencia, la fiscal Salinas Odorisio destacó la importancia del fallo, señalando que se trata del primer juicio por estafas con el sistema piramidal en la provincia de Salta.

La causa

La intervención de UDEC comenzó en 2019, cuando varias personas denunciaron haber firmado contratos de «Mutuo pesos» con la financiera Agroinvert S.A., entregando diversas sumas de dinero con el propósito de que fueran invertidas para generar ganancias. La compañía se comprometía a devolver el crédito en un plazo determinado, incluyendo el reintegro del capital más los intereses acordados.

Según el testimonio de las víctimas, los acusados operaban desde una oficina ubicada en un hotel de cinco estrellas en la capital salteña y presumían de tener un alto poder adquisitivo. En un principio, la financiera cumplió con el pago de los intereses, lo que llevó a que los inversores recomendaran a Agroinvert. Sin embargo, poco tiempo después, la financiera dejó de pagar. Ante los reclamos, los acusados desaparecieron, dejando de atender los teléfonos y responder mensajes.

 

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La Fiscalía solicitó condenas de más de 7 años para los directivos de la financiera Agrinvert

En su alegato, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, sostuvo que durante el juicio quedó demostrado que se trata de una estafa piramidal que perjudicó a numerosas personas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del distrito judicial Centro, Eduardo Raúl Sángari, la condena de cumplimiento efectivo para María Rosa Manzano, Alejandro Daniel Cedrón y Eduardo Martín Cedrón, de la financiera Agrinvert S.A. por el delito de estafa.

En su alegato, la fiscal Salinas Odorisio presentó pruebas que sostienen la responsabilidad de los acusados en la estafa a distintas personas a través de Agrinvert. La Fiscal argumentó que la operación realizada por los hermanos Cedrón y Manzano encuadra en una estafa piramidal, un esquema que capta víctimas prometiendo significativas ganancias a corto plazo mediante la reinversión continua y la incorporación de nuevos participantes. Este tipo de fraude se sostiene mientras ingresen nuevos inversores; sin embargo, cuando se agota la entrada de nuevos fondos y los inversores desean retirar su dinero sin reinvertirlo, el esquema colapsa.

En el caso de Agrinvert, las víctimas firmaron contratos de préstamo en pesos, entregando diversas sumas de dinero para su inversión con la expectativa de obtener beneficios. La financiera se comprometía a devolver el capital con intereses en un plazo determinado. Sin embargo, según los testimonios de las víctimas, los acusados promovían su negocio principalmente entre personas de alto poder adquisitivo, generalmente amigos y conocidos, quienes a su vez referían a otros familiares, extendiendo así el alcance del fraude. Inicialmente, la firma cumplía con el pago de intereses, pero posteriormente dejó de hacerlo, defraudando a los inversores.

Por ello, la fiscal Salinas Odorisio solicitó para María Rosa Manzano la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarla autora de 26 hechos de estafa; para Alejandro Daniel Cedrón solicitó la pena de siete años y tres meses por ser autor de 27 hechos de estafa; y para Eduardo Martín Cedrón, tres años de prisión por ser partícipe necesario de 26 hechos de estafa.

Además, requirió la inmediata detención y la indemnización a las víctimas con el monto actualizado.

 

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El próximo lunes serán los alegatos en la causa Agrinvert

La acusada María Rosa Manzano testificó en dos oportunidades durante el juicio, pero se negó a responder preguntas de la Fiscalía especializada en delitos económicos.

El juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, Eduardo Raúl Sángari, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 24 de junio a las 8:30, para dar lugar a los alegatos de las partes en la causa seguida en contra de María Rosa Manzano, Alejandro Daniel Cedrón y Eduardo Martín Cedrón, de la financiera Agrinvert S.A por los delitos de estafas (27 hechos). La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

Desde el inicio del juicio el 3 de junio pasado y hasta esta tarde, prestaron testimonio los damnificados y peritos, entre ellos la contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien estimó que el monto actualizado del perjuicio ocasionado es de 535.738.845,81 pesos y 248.564 dólares.

En cuanto a los acusados, Alejandro Daniel Cedrón prestó declaración el 4 de junio pasado, pero no aceptó preguntas ni de la Fiscalía ni de los abogados de los damnificados. Por su parte, María Rosa Manzano solicitó en dos oportunidades prestar testimonio y, al igual que su pareja, en ambas oportunidades se negó a contestar preguntas de las partes.

Eduardo Martín Cedrón optó por no testificar.

Cabe recordar que la intervención de UDEC inició en 2019 con distintas personas que denunciaron que habían firmado un contrato de “Mutuo pesos” con la financiera llamada Agroinvert S.A. entregando diferentes sumas de dinero con el fin de que fueran invertidas para generar ganancias. La compañía se comprometía a cancelar el crédito en determinado plazo con el reintegro del capital más los intereses pactados.

De acuerdo al relato de las víctimas, los acusados operaban desde una oficina ubicada en un hotel cinco estrellas de la capital salteña y ostentaban tener un alto poder adquisitivo. Además, en un primer momento, la financiera cumplió con el pago de los intereses lo que llevó a que los inversores recomendaran a Agrinvert, que al poco tiempo dejó de pagar. Ante los reclamos, los acusados desaparecieron, dejaron de atender los teléfonos y responder mensajes.

 

 

 

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Sustracción de bienes de asistencia social: Imputan a exsecretaria de Desarrollo Humano

Silvia Varg asistió a la audiencia acompañada por su abogado particular y escuchó el decretó de imputación. Optó por no declarar ni responder preguntas de la fiscalía.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó esta mañana a Silvia Varg por el presunto delito de malversación imprudente, en el marco de la causa que investiga la sustracción de materiales y mercadería destinada a fines sociales desde los depósitos municipales. Con esta nueva imputación, ya son tres los involucrados en el caso.

La exsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta no se presentó ayer a la citación para la audiencia de imputación y tampoco justificó su ausencia, lo que motivó a la UDEC a emitir una nueva convocatoria para hoy. Asistió acompañada por un abogado particular, pero no declaró, no aportó documentación a la causa y optó por no responder preguntas de la fiscalía.

El 8 de diciembre de 2023, fecha en la que Fayón y Nux retiraron una significativa cantidad de mercadería y bienes de los depósitos municipales, Varg ocupaba el cargo de Secretaria de Desarrollo Humano. En virtud de su posición, era la responsable de la custodia y administración de estos bienes, destinados a la atención de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, conforme a la Ordenanza Nº 15832.

En el decreto de imputación, la fiscal Salinas Odorisio sostiene que Varg no implementó los controles necesarios sobre los bienes sociales bajo su custodia. Además, permitió la entrega de los mismos sin la documentación correspondiente y la intervención de funcionarios de otras áreas sin respaldo legal adecuado. También se identificaron deficiencias en la gestión administrativa, como la falta de inventarios permanentes, control de stock y la ausencia de un acta de cierre de gestión al 10 de diciembre de 2023.  Estas irregularidades propiciaron la comisión del delito de peculado por parte de Luis Emilio Fayón Medina y Emiliano Nux, ambos imputados en la misma causa.

 

Imputaron al expresidente de la Panadería Social y a su compañero por peculado

 

 

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Condenan a un hombre que estafaba con viviendas prefabricadas

Recibía dinero a cambio de la construcción de viviendas prefabricadas que nunca se entregaron. Se lo acusó de seis delitos de estafa. 

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Fabián Enrique Ramos Escalera fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional.

Minutos antes del inicio de la audiencia, y tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el acusado admitió ante la Sala 4 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro ser el autor del delito de estafa por seis hechos.

El hombre fue denunciado por varias personas entre 2016 y 2018, quienes afirmaron haberle entregado dinero para la construcción de viviendas prefabricadas que nunca se realizaron.

Los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) detectaron patrones comunes en las denuncias. Todas las víctimas relataron haber conocido a Ramos Escalera a través de la red social Facebook, donde se presentaba como representante de La Cañada, una supuesta empresa dedicada a la construcción de viviendas prefabricadas.

Tras ganarse la confianza de las víctimas, les ofrecía viviendas a precios accesibles, lo que las motivaba a entregarle sumas de dinero en efectivo. Con el tiempo, al no recibir noticias sobre las viviendas adquiridas, las personas afectadas comenzaron a presentar sus denuncias.

 

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