Detienen a un inspector de Tránsito y a un contribuyente

La Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga un hecho donde un inspector de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, adulteró el libro de guardia del depósito de vehículos para facilitar a un contribuyente para que retirara un vehículo secuestrado sin regularizar la infracción cometida.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, imputó este martes a un inspector de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y a un ciudadano por el delito de peculado y falsificación de documento público.

La investigación se inició a partir de la denuncia formulada por otro empleado de dicha Subsecretaría y tras diversa tareas investigativas del personal policial de la División de Delitos Económicos, la fiscal solicitó orden de allanamiento, detención y secuestro del rodado al Juzgado de Garantías en turno.

Como resultado de la medida, el pasado lunes se concretó la detención de las dos personas involucradas y se secuestró el vehículo.

Según consta en las actuaciones, el funcionario adulteró el libro de guardia del Depósito de Vehículos de la Subsecretaría de Tránsito para evitar que se registre la salida de un vehículo, cuya custodia le fue confiada en razón de su cargo. Ello con el fin de entregar el vehículo al otro imputado, quien lo retiró sin haber regularizado la infracción que originó el secuestro del rodado.

Ambos estuvieron asistidos durante la audiencia de imputación por defensores oficiales y tras conocer la acusación en su contra, decidieron no declarar. Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención.

Dos detenidos por estafar a adultos mayores

Este miércoles, dos personas fueron detenidas en el marco de una investigación realizada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos por un hecho de estafa telefónica en perjuicio de un adulto mayor.

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Una pareja fue detenida este miércoles, tras una intensa búsqueda del personal policial de la División de Delitos Económicos, que trabaja mancomunadamente con la Unidad, tras un hecho de estafa en perjuicio de un adulto mayor.

La víctima, de 83 años, denunció que recibió un llamado telefónico de una mujer con tonada porteña, quien simuló ser una familiar y lo convenció de que los billetes de pesos y dólares debían ser cambiados en el banco porque perdían vigencia, para lo cual había gestionado que un gerente o empleado del banco se presentara en el domicilio a retirarlos. A los pocos minutos, un hombre se presentó a retirar el dinero para «realizar la gestión».

Luego del análisis de cámaras de seguridad aledañas al domicilio del damnificado y la determinación del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, con tareas de patrullaje y vigilancia en distintos puntos de la ciudad, se logró la ubicación del rodado y la detención inmediata de sus ocupantes.

También, y ante la premura del caso, se solicitó al Juzgado de Garantías 8 el allanamiento del domicilio de estas personas, donde se secuestró vestimentas utilizadas en el hecho, celulares, dinero, armas blancas y el vehículo con el que habrían cometido el ilícito.

La presente investigación se suma a las numerosas diligencias que viene desarrollando la Unidad de Delitos Económicos Complejos en el esclarecimiento de hechos con modus operandi similares, por los que ya se detuviera a otras personas y se concretaran allanamientos en los Provincias de Jujuy y Tucumán.

Condenan a hábil estafadora

Una mujer de 59 años pasará 2 años en prisión por diversos hechos de estafa cometidos en esta ciudad, donde usando distintas maniobras ardidosas, obtenía dinero y otros bienes de sus víctimas con la promesa de obtener una vivienda y otros beneficios económicos. Fue declarada reincidente por cuarta vez.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, representó al Ministerio Público ante el Juzgado de Garantías 2 en la audiencia de juicio abreviado contra Susana Raquel Garnica, imputada por el delito de estafa.

El accionar delictivo de Garnica consistía en mediante maniobras ardidosas, ganarse la confianza de los denunciantes, aparentando en algunos casos vinculación con organismos públicos para que estos logren obtener una vivienda o fingiendo ser solvente y ofreciéndoles beneficios económicos, logrando así que le entregaran diversas sumas de dinero o bienes como productos de belleza o del hogar.

Varios de los damnificados llegaron a solicitar créditos en su beneficio y nunca recibieron la contraprestación prometida.

El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión de la acusada y la aceptación de los hechos imputados, la condenó al cumplimiento de la pena de 2 años de prisión efectiva y la declaró reincidente por cuarta vez.

Importantes avances en causas de estafa en perjuicio de adultos mayores

La Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de las fiscales Mónica Poma y María Eugenia Guzmán, lleva adelante la investigación de reiteradas denuncias por hechos de estafa en perjuicio de adultos mayores bajo la modalidad del cuento del tío, la que inicia con un contacto telefónico con sus víctimas, alegando una depreciación monetaria, para así lograr la entrega de bienes de valor que son retirados personalmente de sus domicilios.

En el marco de esa investigación, y luego de diversas diligencias investigativas en curso en la ciudad de Salta y en varias provincias del país, se pudo establecer la identidad y domicilios de varios imputados, por lo que se requirió al Juzgado de Garantías Nº 4, la detención de los mismos, orden que fue inserta en el Sistema Federal de Comunicaciones  Policiales, el secuestro de automóviles oficiando a los organismos pertinentes, y autorización para llevar adelante numerosos allanamientos en las Provincias de Jujuy y Tucumán.

Tales procedimientos, que demandaron 48 horas, fueron realizados con la colaboración de Gendarmería Nacional Argentina, bajo la Supervisión de Comandante Mayor Pablo  Gigena, la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, a cargo de la Comisario. María Lobo, que desde hace cuatro años trabaja mancomunadamente con la Unidad de Delitos Económicos; y las respectivas Divisiones de Investigaciones de las policiales locales, que fueron convocados a participar de la medida por los magistrados de esas jurisdicciones.

Hasta el momento, se encuentran detenidas dos personas pertenecientes a la comunidad gitana y se han secuestrado elementos relevantes para continuar con la pesquisa, tales como un rodado utilizado en la perpetración de algunos hechos, documentación de vehículos, y numerosos teléfonos celulares, que serían los utilizados para concretar las llamadas, los cuales son objeto de pericias.

Con el resultado de las medidas ejecutadas y las demás dispuestas, así como el análisis informático de los elementos secuestrados, la Unidad Fiscal continua con la labor investigativa para el esclarecimiento de otros hechos.

Pareja de gitanos imputada por estafas a adultos mayores

Un hombre y una mujer, integrantes de la comunidad gitana, fueron detenidos e imputados por el delito de estafa en perjuicio de adultos mayores, a los que mediante engaños, desposeían de sus bienes. El lunes se ampliará la imputación por dos nuevos hechos denunciados.

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La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, informó que personal de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, procedió a la detención de una pareja de gitanos involucrados en un hecho de estafa telefónica en perjuicio de adultos mayores.

La detención de estas personas se produjo a partir de una larga investigación que se lleva desde adelante ante los numerosos casos donde mediante engaños, estafan a adultos mayores para apropiarse de sus bienes.

Ambos fueron imputados por el delito de estafa y en su declaración, trataron de negar su participación. Desde la Fiscalía se solicitó la prisión preventiva de ambos y está previsto que éste lunes se amplíe la imputación de ambos por dos nuevos hechos que los involucran.

La denuncia

El hecho por el que fueron imputados fue en perjuicio de una sexagenaria que vive en el macrocentro salteño, a quien le realizaron un llamado telefónico fingiendo ser su hija y bajo engaños, le sustrajeron 67 mil dólares, 1.500 euros y 20 mil pesos.

Causa Huergo: Derivan una nueva denuncia a la Justicia Federal

La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, remitió a la Fiscalía Federal 1 una nueva denuncia vinculada con la causa caratulada “Huergo, Matías Luis (SECSA-ARCADIO), por supuesta Infracción a la Ley 24769, en trámite en el Juzgado Federal 1.

La fiscal María Eugenia Guzmán fundó la remisión de la denuncia recibida en el ámbito de la Procuración General de la Provincia; en la opinión que emitió sobre la competencia, el 16 de mayo pasado. Entonces, reintegró en devolución el oficio y la resolución remitidos por el juez federal Julio Leonardo Bavio, ambos vinculados con la misma causa.

En su resolución, referida a la nueva denuncia radicada por Guillermo Mauricio Alberto, contra Matías Huergo, Gustavo Sáenz y otros; la fiscal Guzmán advirtió que los hechos presentan parámetros objetivos idénticos a los acontecimientos ya denunciados y que se tramitan a través de la causa caratulada “Huergo, Matías Luis (SECSA-ARCADIO), por supuesta Infracción a la Ley 24769, en trámite en el Juzgado Federal 1.

Además, sostuvo que existiendo identidad de la persona perseguida, del objeto de persecución y la de la causa de persecución, corresponde la remisión de la denuncia, a los efectos de “no violentar el principio de “ne bis in eadem”, al ser el mismo suceso delictivo, objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes”.

Imputan a empleado municipal por cobrar planes sociales de terceros

Un hombre que se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, fue imputado por los delitos de fraude a la administración pública en concurso real con falsedad de instrumento público tras comprobarse que mediante maniobras fraudulentas, cobró beneficios sociales a nombre de terceros. La investigación inició a partir de un periodista local que detectó la situación.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, en actuación conjunta con la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, llevaron adelante una investigación respecto a maniobras fraudulentas que se denunciaron en la ciudad de Rosario de la Frontera respecto al cobro de planes sociales en nombre de supuestos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.

La investigación se inicia a partir de la denuncia de uno de los damnificados, quien dice que tomó conocimiento por parte de un periodista local de que existía registrado a su nombre un plan social, siendo que nunca percibió dichos montos ni beneficio alguno, incluso desconoció las firmas insertas en la documentación.

Luego realizó la denuncia el intendente Gustavo Solis Mónico, quien al tomar conocimiento de la denuncia anterior, que tomó estado público por los medios de comunicación, pidió que se investigue el hecho e informó que desde la Municipalidad se iniciaron las averiguaciones internas tendientes a verificar la veracidad de lo denunciado.

Se suman las denuncias de otro damnificado y de su hija, quienes relatan situaciones similares a la del primer damnificado.

Del trabajo conjunto de ambos fiscales, se dispusieron diversas medidas probatorias, entre las que se cuenta el pedido de informes a las distintas áreas involucradas y el análisis de dicha documentación por peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

De los elementos probatorios recogidos, los fiscales decidieron imputar a Matías Tomás Antonio Iturre, quien se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, al acreditar que durante el periodo 2016-2018, con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violó los deberes a su cargo al efectuar maniobras fraudulentas y ardidosas consistentes en presentar copias de documentación personal perteneciente a distintos vecinos de la Comuna de Rosario de la Frontera –sin estar autorizado por éstos para tal fin- a los efectos de solicitar se les efectúe pago del beneficio del Programa Salta Solidaria – Salta Trabaja, sin que el dinero librado por tal concepto haya sido destinado a los supuestos beneficiarios ni la contraprestación laboral fuera efectuada, perjudicando de esta manera los intereses que le habían sido confiados y al erario público. Siendo que para lograr ese cometido se llegó incluso a insertar firmas apócrifas en la documentación que acreditaba el pago del beneficio.

Tras conocer los hechos que se le imputan, Iturre decidió no prestar declaración.

Ippis: Las audiencias de imputación comenzarán la semana próxima

Los imputados Romelia Durán, Samuel Centeno y Alejo Gallardo deberán presentarse en la sede de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. La primera se desempeñó como presidenta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y los segundos, como vocales.


La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, imputó a Romelia Durán, Samuel Centeno y Alejo Gallardo; por la supuesta comisión del delito de peculado y subsidiariamente, de fraude a la administración Pública, en carácter de coautores.

La fiscal los imputó provisionalmente, porque “surge evidenciado que Durán, Centeno y Gallardo, integrantes del Consejo Directivo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), durante el periodo 2017-2018 y siendo los firmantes autorizados de las cuentas bancarias pertenecientes a dicho Instituto, con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violaron los deberes de administración a su cargo al efectuar distintas maniobras fraudulentas, perjudicando los intereses que le habían sido confiados y pertenecientes al erario público”. El Ippis es una entidad autárquica y descentralizada vinculada al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.

De acuerdo al dictamen de la fiscal Poma, “los nombrados habrían librado numerosos cheques a sus propios nombres y al de otros beneficiarios, sin la debida documentación respaldatoria del gasto, ello con el fin de cobrar dinero que pertenecía al Ippis, lo que permitiría tener por configurada la calificación secundaria”.

La fiscal también verificó “desorden en el manejo de las chequeras – las que no estaban en resguardo del área contable-, emisión de cheques por altos montos a nombre de sí mismos sin que aparezca justificado el fin del libramiento de los mismos (lo que permite inferir una intención de ocultar el destino final de los fondos de origen público cuyo manejo y custodia les confería las funciones que desempeñaban en el organismo mencionado), y que, por consiguiente, permiten tener por acreditados los extremos legales exigidos por la normativa penal citada como principal”.

Las actuaciones del caso se originaron en la remisión hecha por el Secretario General de la Gobernación de copias certificadas de Informe Especial de Auditoría, llevada a cabo por Sindicatura General de la Provincia, en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta.

SAETA: detienen a un joven que falsificaba certificados escolares

La Unidad de Delitos Económicos Complejos concretó la detención de una persona que falsificaba constancias de alumno regular y las comercializaba para que sean presentadas para obtener el beneficio del boleto estudiantil gratuito. La maniobra fue detectada por una auditoría realizada por la empresa. En el allanamiento realizado se secuestró documentación de interés para la causa y otros elementos que serán analizados.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, informó que en el marco de la investigación que lleva adelante por maniobras fraudulentas detectadas a través de una auditoría realizada por la empresa SAETA, se logró la detención de un hombre que falsificaba constancias escolares y las comercializaba por internet.

SAETA detectó cientos de casos donde se había solicitado tarjetas estudiantiles gratuitas mediante la presentación de esta documentación falsa y con la tarea de personal de la División Delitos Económicos, se logró individualizar a quien desplegaba la actividad delictiva.

Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, Poma solicitó al Juzgado de Garantías 1 la orden de allanamiento y detención para el domicilio del sospechoso.

La medida se cumplió ayer y se logró secuestrar documentación de interés para la causa y otros elementos informáticos que serán objetos de pericias.

Respecto al acusado, fue imputado hoy por el delito de falsificación de instrumento público en concurso real con el delito de fraude a la administración pública en número indeterminado de casos. Estuvo acompañado de un abogado particular y decidió no declarar. Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.

Causa Huergo: la fiscal de Delitos Económicos devolvió una resolución al Juez Federal

La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, reintegró en devolución el oficio y resolución remitidos por el juez federal Julio Leonardo Bavio, vinculados con la causa caratulada “Huergo, Matías Luis (SECSA-ARCADIO), por supuesta Infracción a la Ley 24769, en trámite en el Juzgado Federal 1.

La fiscal María Eugenia Guzmán fundó la devolución en el hecho de que el pronunciamiento del juez Bavio del 9 de mayo pasado y que declara la incompetencia parcial en la tramitación de la causa en cuestión, no se encuentra firme y consentida.

La fiscal agregó que en caso de que la investigación que el juez Bavio atribuye a la competencia local, quedara firme; correspondería que se remitiera la totalidad de los antecedentes al Juzgado de Garantías en turno de la justicia provincial. Ello, en razón de determinar el hecho y a los fines de resolver las cuestiones de competencia en razón de ese hecho determinado. El juez de Garantías, con vista al Ministerio Publico Fiscal, deberá acceder tanto a las actuaciones como a la documentación vinculada con la causa, para analizar si corresponde su intervención en el caso. Y dijo la Fiscal que “si bien el Fiscal es el encargado de promover la actuación en la justicia es el juez el que tiene el ejercicio de la jurisdicción, siendo improcedente la resolución por quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, resuelva por sí una cuestión propia de la jurisdicción”. 

Guzmán advirtió en su escrito dirigido al juez Bavio que “en caso de iniciarse la investigación por este Ministerio Fiscal, sin estar firme la sentencia que declara la incompetencia parcial emitida por Ud., se vulneraría el principio del ne bis in idem, al ser el mismo suceso delictivo, objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes”.