Económicos Complejos

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Irán a juicio por estafar con la venta de terrenos y viviendas

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se requirió juicio para dos hombres y una mujer, que bajo el nombre de la empresa Ecovista, ofrecían a través de publicidad masiva, la posibilidad de adquirir terrenos y/o viviendas que nunca entregaron. Son 24 los damnificados que radicaron denuncia.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio para Francisco Marcelino Alfaro, Marcos Sebastián Alfaro y Justina Chaile como coautores del delito de estafa (24 hechos).

En la investigación consta que los acusados, actuando de común acuerdo y mostrándose como titulares de una empresa solvente y responsable de diversos loteos y construcción de viviendas -Proyectos Urbanístico Los Arcos y Palmares de la Isla-, ofrecían a través de publicidades masivas la posibilidad de adquirir lotes y/o viviendas.

Luego suscribían un contrato con los interesados, solicitando distintas sumas de dinero, a sabiendas de que no cumplirían con lo pactado.

El modus operandi de los acusados consistía en hacer suscribir a las victimas un plan de pagos (“Ecoplan”) o un contrato de adhesión al Fideicomiso “Los Arcos” por el cual debían pagar cuotas mensuales ajustadas a un índice de aumento salarial para la adquisición del lote.

El ardid se completaba a través del montaje de una infraestructura suficiente como para otorgar visos de legitimidad al negocio propuesto. Asimismo, para perfeccionar el engaño se certificaba la firma de los compradores por medio de un escribano que era propuesto por los imputados y se trasladaba a los interesados en autos de la empresa a distintas locaciones para mostrarle supuestos barrios que se encontraban urbanizando, lo que no era cierto.

Como evidencia del engaño desplegado por los imputados, en el requerimiento se encuentran incorporados los informes de las empresas Gasnor, Edesa y Aguas del Norte, que dan cuenta de las respuestas negativas acerca de proporcionar los servicios básicos en los lotes que los imputados ofrecían al público. En este sentido, se observa que éstos iniciaron los trámites en las mencionadas empresas a los efectos de otorgar una apariencia de viabilidad y legitimidad al futuro loteo, sin embargo éstos fueron discontinuados.

Tampoco obran registros en la Dirección General de Inmuebles acerca de loteos o urbanizaciones aprobadas con los nombres “Los Arcos” o “Palmares de la Isla”.

Se demuestra también que se trata de un mismo grupo de acción, donde figuran como titulares de la sociedad “Ecovista”, Francisco Marcelino Alfaro, Justina Chaile y Marcos Sebastián Alfaro, con distribución de tareas para lograr el cometido defraudatorio.

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Económicos Complejos, Fiscalías Interior

Cheques por más de 23 millones y contaminación ambiental: amplían la imputación contra el exintendente de Pichanal

La fiscal penal Mónica Araceli Viazzi, amplió la imputación contra el exintendente de Pichanal, Julio Antonio Jalit, quien se encontraba imputado desde 2019 por supuesto enriquecimiento ilícito. Este lunes, se le imputaron también los delitos de estafa por fraude a la administración pública; negociaciones incompatibles con la función pública; peculado de servicios, todos hechos de forma reiterada; enriquecimiento ilícito reiterado; utilización de residuos peligrosos que contaminaron de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general; omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaraciones juradas patrimoniales y fraude a la administración pública por administración infiel, en concurso real.

Jalit se presentó este lunes en la Fiscalía y anticipó que declarará por escrito. Además, la fiscal Viazzi citó a otras ocho personas, que serán imputadas por distintos delitos, entre este martes 25 de agosto y el martes 1 de septiembre próximo. De distintas manera, habrían participado en las maniobras fraudulentas que encabezó Jalit.

Viazzi decidió también imputar al extesorero municipal, Ricardo Murúa Enrique, por el delito de coautor del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública, (hechos reiterados); y a César Gómez, (propietario de Mirador Servicios), como partícipe necesario de los delitos el delito de peculado de servicios y estafa por fraude en perjuicio de la administración pública (hechos reiterados). En tanto, a  Luis Enrique Juárez (propietario de Servicios Generales Victoria); Renzo Reynaldo Ruiz (Contador Público Nacional), Sergio Daniel Castillo Jalit, (empresario); Sergio Castillo (empresario);  Leonardo Darío Macaron y Lilia Amanda Klarmann, los imputará como participes necesarios del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública (hechos reiterados).

Entre otros hechos, de la investigación surgió que el exjefe comunal emitió casi 1400 cheques irregulares, que sumarían más de $23.000.000 aproximadamente. El dato se suma a lo dicho en el primer decreto de imputación, en el que se señaló que Jalit “tuvo un incremento significativo de bienes desde el inicio de su gestión hasta su cese, de los ingresos derivados de la inyección de fondos de origen espurio e ilegal”.

En base a la documentación recabada de entidades bancarias, juzgados de Minas y otras fuentes de la investigación, la fiscal entendió que Jalit incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, ya que autorizó la salida de fondos, órdenes de pago y cheques y otros, que representaban a los intereses de empresas co-contratantes (CEJOTA- FARMACIA RIVADAVIA- ASTILLERO SRL, SOCIEDAD DE HECHO JALIT- CASTILLO), y no a la entidad pública estatal que representaba.

Es que de los elementos de convicción colectados surgió que al menos durante 2014, 2017, 2018 y 2019, el exintendente Jalit, conjuntamente con el tesorero Ricardo Murúa, emitió 1.394 cheques, que totalizan la suma de $ 23.494.711,00 (veintitrés millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos once pesos). Los montos y cantidades son estimativos, porque resta ampliar la pericia contable y verificar otros años de la gestión en el Municipio de Jalit, entre 2003 y 2019, porque constan en la causa numerosos cheques que habrían sido librados de forma irregular o ilegítima.

Sobre Ricardo Murúa, se sabe que formó parte de las maniobras para beneficiar a Astillero SRL, ya que desde diciembre de 2015, firmó todos los cheques. También firmó cheques en beneficio propio o de sus familiares.

Acerca de Servicios Generales Victoria y El Mirador, de propiedad Cesar Gómez y Luis Enrique Juárez, respectivamente, la funcionaria estimó que prestaron sus nombres a fin de aparecer como dueños de empresas unipersonales que ni siquiera declaraban ingresos en AFIP, pero figuraban en libros, bancos, órdenes de pagos, de compra y facturas, como encargados de realizar obras públicas. Pero, en realidad los montos dinerarios dispuestos por Jalit y Murúa a través de cheques, eran negociados o percibidos por Astillero SRL.

Además, Juárez y Gómez cobraban haberes en relación de dependencia con el Municipio. Sin embargo, Gómez no trabajaba y solo iba a cobrar mensualmente. En cambio, sí se desempeñaba en las empresas rurales privadas de Jalit.

En el caso la maniobra pergeñada desde el Municipio a través de los coautores Murúa y Jalit con la participación de Juárez, Gómez y Renzo Ruiz, éstos permitieron que cuantiosas sumas salgan del erario municipal hacia terceros -Astillero SRL-, (cuyos representantes legales son Klarmann y Macaron) y hacia el propio Jalit, sin ningún tipo de respaldo documental, tal como lo observó la Auditoria General de la Provincia.

Por otra parte tanto Juárez como Gómez, prestaban sus nombres para que no se haga visible quiénes eran los reales beneficiarios o destinatarios de los cartulares: el propio Jalit y la firma Astillero SRL y KYM SACAGFICFTS, cuyos representantes legales son Darío Macarón y Lilia Klarmann y quienes se beneficiaron con fondos públicos, a través de por lo menos 496 cheques. Es decir que por un lado, Jalit administraba los fondos del municipio y de manera fraudulenta hacía aparecer a Servicios General Victoria y El Mirador Servicios como los destinatarios de los pagos, cuando, en realidad, no cobraron ninguno de los cheques. Del otro lado, participaban de la maniobra Macaron y Klarmann, quienes se beneficiaban con los montos de los títulos de créditos, en connivencia con Jalit. Los tres imputados eran autorizados y firmantes indistintos de las cuentas de Astillero y KyM, adónde iban destinados dichos fondos municipales.

También quedó comprobado que Jalit compraba combustible a la empresa Astillero SRL para sus fincas privadas y era proveedora del Municipio. Jalit y Murúa, con la participación de Renzo Ruiz, firmaban las órdenes de pago y cheques destinados a Macaron–Klarmann.

Además, se constató que las farmacias Rivadavia y Cejota SRL, pertenecen a la sociedad de hecho Jalit -Castillo Sergio y que recibieron pagos cuantiosos con títulos de crédito con fondos del Municipio. Hasta hoy, se contabiliza que se libraron 108 cheques a favor de Cejota SRL y 68 a favor de Farmacia Rivadavia. En este caso, Sergio Castillo y Sergio Castillo Jalit (padre e hijo) percibieron o negociaron títulos de crédito con fondos municipales y se apropiaron de ellos; el primero por ser socio y el segundo, por ser apoderado de ambos.

Declaraciones juradas falseadas

Por otra parte, Jalit incurrió en el delito de omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaración jurada patrimonial porque incumplió en debida forma al presentar las declaraciones juradas ante la Escribanía General de Gobierno y cuando lo hizo, las falseó. Se encontraron diferencias notorias entre las del 2014, 2015 y 2017 y 2019 al cotejarlas con el informe de UNAC, que se sirve de base de datos del R.N.P.A. y confirmaron diferencias entre vehículos, inmuebles y otros bienes declarados y reales.

Entre las numerosas acusaciones, también se encuentra la falta de rendiciones de gastos del Fondo Federal Solidario, a través del “Plan Más Cerca”; del Plan Alimentario Nutricional Provincial y del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.

Grave contaminación ambiental

Con respecto del delito de contaminación ambiental imputado a Jalit, se probó que el exfuncionario ejerció acciones claramente abusivas de su poder de intendente municipal, se introdujo invadiéndola en propiedad privada ajena y luego mandó a proceder al vertido y vaciado de la totalidad de la recolección de residuos domiciliarios, patógenos y líquidos cloacales en un sector cercano río San Francisco. Además de provocar la contaminación del suelo, aire, agua, atmósfera y en general el ambiente de un modo peligroso para la salud, puso en peligro a personas que realizan cirujeo y animales, de los cuales algunos son de consumo humano.

Es que por decisión de Jalit, se ocuparon dos inmuebles, donde se vertieron líquidos cloacales previa apertura de canales desagüe, que formaron una laguna y se originaron dos basurales. Tal acción fue demandada y tramitada en la justicia civil, que condenó al Municipio a pagar al propietario de un terreno, la suma de $ 3.500.000, al determinar que hubo negligencia del jefe comunal en las acciones realizadas sobre  una fracción de 100 has correspondiente a uno de los inmuebles. La suma total de la condena no fue cancelada, lo que significó el embargo de la Coparticipación Federal Impositiva del Municipio.

Jalit, funcionario público desde 1991

Jalit fue proclamado como concejal en noviembre de 1991 y fue jefe comunal desde 2003 a diciembre de 2019. Viazzi empezó a investigar de oficio a Jalit, a raíz de las publicaciones del diario El Tribuno, del 12 de marzo de 2019, cuando llevaba 15 años y 3 meses de gestión al frente del ejecutivo municipal y en la que el imputado contaba con un patrimonio que superaba entonces los 500 millones, el cual se multiplicó desde 2005 con vehículos de alta gama, maquinarias agrícolas y equipos varios y más de una decena de fincas. A la investigación se sumó la información brindada por la Auditoría General de la Provincia.

Durante la investigación, concejales declararon que hasta 2017, el presupuesto municipal se trató a libro cerrado, no se labraban actas y detectaron dobles imputaciones respecto de obras ya presupuestadas e inexistentes.

Como ejemplos, consta que se presupuestaron $30.000.000 destinados a gas y electricidad para el parque industrial, pero la obra no se hizo. Al terreno lo compró la Municipalidad a KyM y fue inaugurado en 2011, con solo un cartel y una casilla, pero sigue abandonado. Y surge que fueron presupuestados la feria Municipal de Pichanal -cuya obra no existe-, y el Complejo Municipal, que figuró en más de un presupuesto. En esta última obra está involucrado el agente municipal y “contratista” César Luis Gómez, quien según se verificó no tiene solvencia para ejecutar tal obra.

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Pareja a juicio por estafar con supuestas inversiones on line

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos se requirió juicio para una pareja acusada de al menos cuatro hechos de estafas reiteradas. Ofrecían a sus conocidos la oportunidad de invertir en una plataforma informática brasilera y lograr grandes ganancias en dólares o la obtención de piedras preciosas. Incluso los instaban a sumar a otros adherentes para tener mayores posibilidades.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio para Juan Carlos Nieva y Ivanna Elizabeth Correa como coautores del delito de estafas reiteradas (4 hechos).

En las denuncias, los damnificados son coincidentes en señalar que eran compañeros de trabajo en el Ministerio de Educación de Salta con el acusado y que basados en la relación de confianza, decidieron invertir importantes sumas de dinero en una empresa virtual denominada “Pay Diamond”.

Para concretar la maniobra, la pareja concertaba encuentros en hoteles de la ciudad y en su misma casa, donde les prometían a los damnificados, grandes rentabilidades dinerarias o su equivalente en piedras preciosas si invertían sumas de dinero, como así también si adherían a nuevos suscriptores o inversores.

Cabe señalar que nunca otorgaron recibo alguno del dinero que recibieron de los damnificados y sus familiares, quienes al intentar retirar su inversión se vieron imposibilitados ya que la plataforma desconocía el acceso a los suscritos.

El fiscal Flores sostiene en la acusación que los imputados Nieva y Correa, actuando en connivencia y aparentando la dirección u organización de una empresa virtual, lograron que los denunciantes entregaran importantes sumas de dinero en efectivo –pesos y/o dólares-, creyendo que se trataba de una operación de inversión. Actuando los acusados a sabiendas que no iban a cumplir con las promesas de ganancias, lo que perjudicó gravemente el patrimonio de las víctimas, constituyendo un caso de estafa piramidal.

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A juicio por estafar con la construcción de piletas de natación

Un hombre de 40 años será llevado a juicio por al menos seis hechos de estafa en perjuicio de personas con las que suscribió un contrato ante escribano público para construir piletas de natación. Invocaba ser ingeniero civil y en general, realizaba trabajos iniciales y luego desaparecía.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 para José Antonio Santillán como autor del delito de estafas reiteradas (6 hechos).

Según consta en el requerimiento, Santillán, invocando el carácter de ingeniero civil, publicitaba por Facebook, la venta e instalación de piscinas. Para ello, suscribió contratos de locación de obras ante escribano público y logró que los damnificados le abonaran diferentes sumas de dinero según las características de lo contratado. Una vez abonados los importes solicitados, el acusado realizó trabajos iniciales para luego abandonar de manera intempestiva las obras, y en otros casos no efectuó ningún tipo de trabajo.              

Incluso, Santillán, aportó datos personales falsos a los denunciantes, al momento de celebrar los respectivos contratos, todo lo cual evidencia su intención inicial de no ser ubicado ante los reclamos de los damnificados.      

2016
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A juicio por estafar con la venta de viviendas prefabricadas

Un hombre de 41 años será llevado a juicio por al menos doce hechos de estafa. El acusado tenía en calle Olavarría al 1000 un lugar donde comercializaba la construcción de viviendas prefabricadas que nunca realizó. A uno de los damnificados incluso llegó a coaccionarlo.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Economicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 para Juan Sebastián Segovia como autor del delito de estafas reiteradas (12 hechos) y coacción en concurso real.

En el requerimiento consta que el acusado era titular de una empresa dedicada a construir viviendas prefabricadas, utilizando distintos nombres y que se promocionaba en distintos medios de comunicación y redes sociales bajo la apariencia de una empresa seria y confiable.

Segovia suscribió con la mayoría de los denunciantes, un contrato para la construcción de viviendas prefabricadas, en los cuales consignaba la obra proyectada y el plazo de entrega, todo lo cual generaba confianza en las víctimas, quienes entregaron importantes sumas de dinero.

Las víctimas concurrían a la oficina ubicada en calle Olavarría al 1100 y al ser asesorados sobre las características de la construcción, el precio y demás detalles de las viviendas, es que concertaban las operaciones respectivas.

Pese a que los denunciantes cancelaron el precio convenido, llegado el momento de entrega de las viviendas, estas no fueron instaladas en los lugares indicados por los adquirentes, recibiendo solamente de parte del encartado excusas pretendiendo justificar la tardanza e incumplimiento de los contratos suscritos

Se pudo verificar además que los recibos que brindaba, no reunían los requisitos formales exigidos por los organismos de recaudación fiscal, por cuanto la firma no se encuentra inscripta, lo que da cuenta de que se trata de una empresa inexistente en términos tributarios y legales, y sin solvencia económica.

Incluso, uno de los damnificados denuncia que cuando interpeló al acusado para que cumpla lo pactado, lo amenazó de muerte.

699
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Llevan a juicio a una banda por estafar a adultos mayores

Se requirió juicio para dos mayores y un menor, integrantes de una misma familia, por numerosos hechos de estafa en perjuicio de adultos mayores, a los que llamaban por teléfono y mediante engaños, hacían que les entreguen importantes sumas de dinero. Los hechos ocurrieron en agosto y setiembre de 2019 en la ciudad de Salta.

Imagen ilustrativa

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 8, para Hugo Rubén Juan Juan de 52 años, Pablo David Juan de 28 años y un menor de 17 años al momento de los hechos.

Hugo Rubén Juan Juan está imputado como autor de seis hechos de estafas reiteradas y sus hijos, Pablo David Juan y el menor de 17 años al momento de los hechos, como autores de ocho hechos de estafas reiteradas.

Según consta en el requerimiento a juicio, entre los meses de agosto y setiembre de 2019, los acusados efectuaron llamados a los números fijos particulares de los damnificados y simulando ser familiares, los engañaban diciendo que debían cambiar sus billetes ahorrados porque perderían su valor y los convencían para que los entreguen a una «persona de confianza» para realizar el trámite, desapoderándolos de sumas importantes de dinero.

En uno de los casos, incluso simularon el secuestro de una supuesta hija de la damnificada, que entregó una importante cantidad de moneda extranjera.

Tras minuciosas tareas investigativas desplegadas, se logró identificar el vehículo en el que se desplazaban y con el aporte de testigos y del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, se logró individualizar a los delincuentes.

476
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Imputaron al exintendente de Animaná por peculado

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó al exintendente de Animaná, Ignacio Vicente Condorí, por la comisión del delito de peculado. El acusado se abstuvo de declarar y manifestó que hará su descargo por escrito.

Condorí fue imputado por el delito de peculado, por haber retirado la suma de $ 549.938,89 (quinientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos), que consistían en fondos girados por el Ministerio de Desarrollo la Nación, directamente a la cuenta de ese municipio y a los que no les dio el fin específico asignado por convenio con ese ministerio.

La investigación comenzó a partir de la denuncia formulada por el actual jefe comunal del municipio ubicado en el departamento San Carlos, José Rolando Guaimás, por un hecho ocurrido durante 2015, cuando Condorí ejercía el cargo de intendente.

Según consta en las actuaciones, Guaimás fue intimado en marzo de 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para informar sobre el subsidio institucional, destinado a financiar el equipamiento del  Centro de Integración Comunitaria. Debía remitir documentación respaldatoria de la inversión.

Ante la inexistencia de los fondos o constancias, Guaimás citó a Condorí, quien primero desconoció el dinero referido, luego aceptó la existencia de constancias de retiro del Banco y sugirió al denunciante que “el problema podía solucionarse contablemente, sin que saliera a la luz de los medios o se hiciera una denuncia penal, devolviendo el dinero y asentando como que nunca había salido del municipio”, lo que fue rechazado por el actual intendente. Finalmente, Condorí reintegró el dinero, para lo cual se labró un acta.

En el caso, intervino previamente una fiscalía federal, la que tipificó el hecho como “malversación de caudales públicos”, pero la imputación no se concretó porque el Juez Federal 1, se declaró incompetente.

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El MPF remite a la Fiscalía Federal la investigación sobre funcionarios que habrían cobrado el IFE

La fiscal interina de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, se declaró incompetente en razón de la materia, en la investigación sobre posibles cobros irregulares del Ingreso Familiar de Emergencia y remitió las actuaciones para su intervención a la Fiscalía Federal 1. Es que las sumas que habrían sido percibidas por las personas investigadas, corresponden a fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En el escrito dirigido al Fiscal Federal Nº 1, la fiscal Simesen de Bielke relató que la Unidad Fiscal intervino a partir de la noticia periodística respecto a los funcionarios públicos provinciales y municipales que habrían accedido a la gestión y cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, inició las actuaciones y despachó las diligencias correspondientes.

Vale recordar que en mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal de Salta tomó intervención a raíz de la publicación en la que se mencionó que el concejal de Guachipas, Héctor Cari, habría cobrado personalmente el beneficio nacional conocido como IFE. Al advertir tal situación, se dispuso la intervención de oficio y se logró determinar que efectivamente el edil había accedido a tal subsidio. Se dispuso su imputación y actualmente, el caso se encuentra con requerimiento de juicio ante el Juzgado de Garantías 4.

Y ante la presunta existencia de hechos ilícitos de similares características al de Cari, se dispuso la intervención fiscal.

Simesen de Bielke remitió al Fiscal Federal la averiguación Preliminar que contiene el informe de la División Delitos Económicos y distintos elementos probatorios; junto al listado agregado con datos de funcionarias y funcionarios que habrían accedido al pago del IFE. La maniobra defraudatoria sería, prima facie, en perjuicio de un organismo nacional, por lo que el hecho resulta de competencia federal, conforme las previsiones de la Ley 48.

Ingreso Familiar de Emergencia

A raíz de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID 19, se dispusieron distintas medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos ante la imposibilidad de trabajar y para aquellos ciudadanos que no contaban con un ingreso efectivo por encontrarse relegados del sistema legal de trabajo.

Fue así que se dispuso este Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, de entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Pero como toda medida de carácter excepcional, se establecieron para el acceso requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

Pero también se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al acceso aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.

Y tratándose de funcionarios públicos el desconocimiento de la normativa no deviene en una excusa que permita eximirlos de responsabilidad penal, máxime en el contexto actual en el que nos encontramos a raíz de la declaración de emergencia económica. Se vislumbran como posibles hipótesis de investigación, las de aquellos que se inscribieron en el IFE siendo funcionarios públicos y que no accedieron al beneficio como aquellos que cobraron el beneficio.

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Económicos Complejos

Investigan a funcionarios que habrían accedido al IFE

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura de una investigación para determinar si funcionarios públicos de la provincia accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia. La Fiscalía interviene de oficio, ante la notitia criminis.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, dispuso dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.

El Art. 241 del Código, establece que “conocida la noticia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho”.

A raíz de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID 19, se dispusieron medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos ante la imposibilidad de trabajar y para aquellos ciudadanos que no contaban con un ingreso efectivo por encontrarse relegados del sistema legal de trabajo.

Fue así que se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Como toda medida de carácter excepcional, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

También se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al mismo, aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.

En Salta, 322.416 personas perciben el ingreso de los $10.000, cuyo tercer pago comenzará el 10 agosto.

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 Económicos Complejos

Condenaron al municipal que estafó en nombre del Tribunal de Faltas

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que el Juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional a Ramiro Gustavo Rivero, por el delito de estafa y falsificación del instrumento público, todo en concurso real. El magistrado también lo inhabilitó por seis meses para ejercer cargos públicos.

Surgió de la investigación que el acusado invocó tener contactos en el Tribunal de Faltas y requirió al denunciante una suma de dinero para solucionar la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado, por lo que el damnificado abonó la suma solicitada por el imputado, quien entregó un oficio para retirar el rodado del organismo municipal.

El instrumento resultó ser falso tras ser rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial a la víctima.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras en su carácter de Jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación, quien refirió que escuchó una sumariante decir “¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?” lo cual le llamó mucho la atención y la llamó inmediatamente.

Al chequear el documento se dio con que las firmas y sellos impresos en la documentación no eran los reales e hizo constar que el oficio en cuestión posee el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019 y que al corroborar en el sistema con el número de acta observó que pertenece al Juzgado de Primera Nominación y que no tiene resolución.

En tanto, el denunciante también radicó una denuncia en la que refirió que es personal del área de Infantería de la Municipalidad e indicó que el 18 de enero, en inmediaciones del Pasaje Zorrilla Y Juramento de la Ciudad de Salta, su vehículo Volkswagen Power colisionó con otro vehículo, por lo que personal de Tránsito Municipal dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.

El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó por ante el Tribunal de Faltas y le informaron que su deuda era aproximadamente de $30 mil. Fue entonces que se comunicó con el imputado que se desempeña en el CCM para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo y si tenía conocimiento de si había planes o descuentos por pago voluntario.

Fue así que el imputado le comunicó que tenía un compañero que trabaja para el tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de $5500 y que podría retirar el vehículo en dos semanas.

El dicente aceptó y pactó una reunión en una empanadería que queda frente al Centro Municipal, donde entregó el efectivo y las copias de cédula verde, licencia de conducir, título del vehículo, el formulario 08 y el comprobante de lo adeudado emitido por el ente.

Posteriormente recibió un mensaje por “whatsapp” del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó afuera de las instalaciones de Tránsito Municipal, en calle Santa Fe N° 545.

El denunciante se presentó y el imputado le entregó un oficio donde refería que su vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del diligenciamiento y fue allí que cuando consultó, se dio con la novedad que el oficio en mención no existía en la base de datos del Tribunal y que atento a lo ocurrido se presentó por ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido.

Dejó constar que fue víctima de un estafa y que actuó con desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa y que por esa razón busco asesoramiento.

Un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.

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