Piden la detención del exintendente de Campo Quijano

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke pidió a la Jueza de Garantías Nº 6, que libre orden de allanamiento para efectivizar la detención del exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, de 50 años. Cornejo se encuentra imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos), todos en concurso real.

Cornejo fue imputado en marzo pasado, tras irregularidades detectadas en el registro de gastos sin documentación respaldatoria para el control de legalidad de la erogación y entonces, se le atribuyó la adquisición con fondos públicos mediante el pago con cheques de una camioneta Chevrolet que no fue registrada a nombre del Municipio. En la misma causa está imputada Carmen Rosa Méndez por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todos en concurso real.

Dijo la fiscal en su pedido a la Jueza, que “si bien ambos se han presentado a prestar declaración, nos encontramos claramente ante una de las hipótesis previstas en la teoría de los riesgos procesales constitutiva del “peligro de fuga” y puso a su disposición desgrabaciones del teléfono celular del imputado Cornejo, en el que constan mensajes intercambiados con Méndez.  

El pedido de allanamiento y detención, indica que “surgen elementos suficientes para sostener que Cornejo y Méndez disponían de los fondos municipales a su antojo, sin rendir cuentas en absoluto y que además, ese dinero proveniente de fondos públicos – principalmente de la coparticipación – era utilizado en beneficio personal y no público” y agrega que “de la extracción de mensajes del teléfono celular del imputado Cornejo se permite inferir que, se utilizaban los fondos públicos con un total y absoluto descontrol, constituyendo plazos fijos, retirando el dinero en “bolsos” y sin poner en conocimiento de la existencia de la cuenta, principalmente del Banco Patagonia para llevar a cabo sus actos ilícitos”.

En tal sentido se observaron mensajes tales como: “Retira 60 mil”, “Buen día ya tengo la plata, dónde se lo entrego”; ”en Salta”; “Si yo se lo llevo”, ”Necesitamos tener efectivo para hoy”; ”Es Importante” “De donde puedas sacar”; “Los 300 ya estoy en el banco”; “Mañana le tenemos que dar 9 mil al comisario”; “Cuanto tenemos en las cuentas del Macro?”; “Que hagas un plazo por los días justos en que lo necesitemos para pagar aguinaldo”; “Se pagaría después de navidad ???”; “Supongo que sí, y yo no voy a estar”; “O después de año nuevo”; «Cuando usted esté”; “Vacía las cuentas”; ”Manda todo a la rotonda”; “Si Dr.”; “Y deposita lo del camping el lunes temprano”; ”No dejes efectivo”; “La Copa es de 1.960.000 y sueldo de permanente, contratado y judicial es de 2.720.000 y para pagar falta 830.000”; “Teneme efectivo para mí para el finde”; “Te tiene que haber entrado 600 mil Más hoy”; ”105 y 400”; “Hoy tenemos vencimiento de plazo fijo”;  “Renovamos ?”; “A 30 días estamos en 46.5% por un monto de $7.035.926,65”; “Si renovalo”; “Tenemos que transferir todo”; ”Ok”; ”lo veo después para que firme transferencia; “Llamo la gerente de la rotonda dijo que mañana retiramos de la sucursal del centro porque ella mañana no van a tener disponible esa cantidad”; “Que tasa te pasaron al final ?”; ”De la rotonda ?”; ”Me dicen que está sin fondos”; ”Buen día si hoy se acreditan los cheque que se depositaron para cubrir”; “No te olvides de preguntar la tasa”; “Y cuanto es la Copa”; “Transferila”; “Con respecto al mes anterior ingresó 600.000 menos”; “La tasa hoy está 38”; “Transferí todo a la rotonda”; “Pero déjalo así nomas”; “No digas nada”; ”Se mandó hoy 2.000.000”; “Entrante            1.000.000 en plazo fijo”; “Necesita que de las otras dos cuentas también se hagan las transferencias”; “Si por favor”; “Que no vean que tenemos en ninguna cuenta”; “Súmale separado lo que hay en el Macro”; “En el Macro por transferir 160.000 más 300.000 hace un total de 460.000 y por depositar del camping y carpa 135.000 lo que suma 595.000”; “Bueno para que lo transfieras”; “Saquemos hoy de la rotonda”; “Preguntá cuanto tienen disponible”; ”Acordate de traer el certificado del plazo que te pidieron”; “Cuanto tienen disponible en la rotonda ?”; “Dos millones tiene ahora”; “Ya está reservada la plata para mañana”; “En teoría el lunes ingresa de aguas del norte una suma similar”; “Esta última cuando ingrese hacela plazo fijo”; “Hoy se vence un plazo fijo se lo vuelve a renovar ???; “Pregunta bien la tasa”; ”42000000”; “buen día en 30 días 51,25 en 60 53% y en 90 54%, Esa es la tasa; “Si hacelo”; “A 30 días”. «Trae bolsos»; «En la mochila están los sellos».

La fiscal recordó que el MPF tomó intervención “en lo que evidencian sendos incumplimientos injustificados e intencionales de la normativa vigente, como así también desórdenes o ausencia de documentación en el ejido Municipal de Campo Quijano relativa a la actividad contable, circunstancia que permite sostener una actividad deliberada de descontrol de los fondos municipales, ejecutando conductas abusivas contrarias a las disposiciones vigentes, excediéndose en el marco de la actuación que por ley les correspondía”.

Durante la investigación, se pudo determinar la existencia de maquinarias que pertenecerían al Municipio de Campo Quijano y que fueron sustraídas poco tiempo antes de finalizar su gestión y que el imputado Cornejo, mediante el libramiento de cheques pertenecientes a la cuenta del Municipio adquirió una camioneta que jamás patentó como bien público y sobre la cual el juzgado interviniente dispuso el secuestro

“Nos encontramos ante una investigación de actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Municipio y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo, resultando Cornejo – como máxima autoridad del ejecutivo municipal – y, Méndez – como tesorera y secretaria de hacienda, las piezas fundamentales para llevar a cabo tales actos”, dijo la fiscal Simesen de Bielke y agregó que “aún se desconoce el destino de los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es -por su naturaleza- uno de los objetivos prioritarios para los intereses generales de la sociedad”. Hasta hoy, si bien existe una inhibición general de bienes, no se ha podido hallar en su totalidad el destino que se le ha dado a los fondos públicos presuntamente desviados.

La totalidad de las circunstancias analizadas permitieron a la fiscal concluir que, en tanto se verifican en derredor de los imputados indicios de entidad suficiente como para presumir que sus libertades constituyen un riesgo para el proceso en curso, su detención resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación.

Ampliarán la imputación contra un médico

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, citó al médico Martín de la Arena para este miércoles 21, a las 10, para ampliar la imputación inicial contra el profesional, quien se encuentra acusado del delito de tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos), en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. El fiscal le imputará mañana el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, también en carácter de autor.

En el decreto de imputación, Flores repasó las actuaciones iniciadas de oficio el 26 de septiembre pasado, con la posterior imputación por la supuesta comisión del delito de fraude a la administración pública -dos hechos en grado de tentativa en concurso real y en el carácter de autor.

Y entendió que debe ampliarse la imputación contra el médico, porque en su carácter de Director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, incumplió las normativas que regulan la incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón.

Flores sumó que de la Arena, en su condición de Director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, habría intervenido simultáneamente como socio gerente de la Empresa HEMOSALTA SRL, entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público que dirigía (CRH) para la ejecución del servicio.

Es que el Centro de Hemoterapia Regional se creó en 2009; de la Arena fue designado en julio de 2010 como director del Centro Regional de Hemoterapia y en abril de 2013, el Ministerio de Salud aprobó el convenio de Suministro de Sangre Humana y Componentes Sanguíneos con Empresa HEMOSALTA SRL.

Sucesivamente, en diciembre de 2013 y luego en 2016, el imputado fue designado nuevamente en el cargo.

Del informe remitido por el Instituto Provincial de Salud de Salta, surgió que la empresa Hemosalta S.R.L. es prestadora de esa obra social y que desde 2002, su titular es de la Arena. El IPSS adjuntó al informe el detalle de las prestaciones facturadas por la empresa Hemosalta S.R.L. de 2019 a 2020, con los códigos facturados de prácticas de hemoterapia (transfusión de plasma, glóbulos rojos, sangre sin leucocitos, plaquetas o leucocitos y crioprecipitados).

El fiscal de Delitos Económicos Complejos, consideró que se violentó el bien jurídico protegido, es decir la “administración pública”, y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionario, a sabiendas que estaba interviniendo en un contrato u operación como funcionario público y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada.

Plasma: Imputaron a la directora del Centro de Hemoterapia Regional de Salta

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores imputó a la médica Betina Andrea Saracino, por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en carácter de autora. La funcionaria concurrió a la audiencia acompañada de un abogado particular y presentó su declaración por escrito.

Para avanzar en la imputación, el fiscal tuvo en cuenta que en su carácter de Directora del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, Saracino no sólo incumplió la normativa que regula las incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón (Según Decreto Nº 998/08), sino que, además, habría intervenido simultáneamente como Directora de la empresa privada denominada Servicio de Medicina Transfusional Salta, -entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario-, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público (CRH) para la ejecución del servicio.      

En el decreto de imputación, consta que en el marco de la investigación iniciada de oficio como “Noticia Criminis”, se requirió informe al Centro de Hemoterapia Regional; a la Clínica Virgen de Urkupiña; al Ministerio de Salud (copia del convenio celebrado con empresa Servicio de Medicina Transfusional; copia del Expediente de dicha empresa, constitución y sus posteriores modificaciones y al Instituto Provincial de Salud de Salta.       

El Centro de Hemoterapia Regional se creó en 2009; el 8 de enero pasado se designó a Betina Andrea Saracino como Directora, por medio de memorándum Nº 02/2020; y el 1 agosto último, fue designada como Directora del Centro Regional de Hemoterapia (decisión administrativa 948/20). En su perfil de LINKEDIN, figura como Directora Médica de “Medicina Transfusional Salta”, desde agosto de 1988 hasta la actualidad. Los informes técnicos confirmaron que la empresa funciona en el establecimiento de CENESA, donde se confirmó  la responsable es Saracino.

Otro informe del Centro de Hemoterapia Regional revela que entre el 1 de agosto y el 6 de octubre de este año, el Centro Regional de Hemoterapia envió 36 unidades de plasma convaleciente Covid, de un total de 309 unidades de hemocomponentes, al “Servicio De Medicina Transfusional Salta”.      

Para imputarla, Flores consideró que “se desplegaron todos los elementos que constituyen el delito imputado, violentándose el bien jurídico protegido, que es la administración pública y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionaria, a sabiendas que se está interviniendo en un contrato u operación como funcionaria pública y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada”.

Engañó a sus abuelos para obtener derechos sobre una propiedad

La mujer de 35 años, restableció contacto con sus abuelos después de muchos años y aprovechándose de su edad avanzada y de la confianza lograda, los hizo firmar en forma engañosa, un documento donde le donaban sus derechos y acciones hereditarias sobre un inmueble. Será llevada a juicio junto a la escribana que intervino en la operación.

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El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Centro para una mujer de 35 años y una escribana pública, como coautoras de los delitos de defraudación por suscripción engañosa de documento y falsedad ideológica en concurso ideal.

La denuncia fue radicada en el mes de julio de 2019 por un adulto mayor en contra de su nieta. Allí señaló que hacía aproximadamente 14 años que no mantenía contacto con la mujer y que esta se hizo presente en noviembre de 2018 de manera sorpresiva y comenzó a frecuentarlos.

Les prodigaba atenciones y cuidados a él y su esposa, ganándose su confianza y en mayo de 2019, bajo la excusa de obtener un poder que le permitiría realizar trámites en su nombre, llevó a una escribana a su abuelo, donde le hizo firmar en forma engañosa, una cesión y donación de una parte indivisa del inmueble donde residía la pareja de ancianos.

Intentaron que la escribana que intervino dejara sin efecto lo actuado y ésta les dijo que era imposible.

En el requerimiento a juicio, el fiscal Flores señala que se avizora en el accionar de las dos imputadas, maniobras engañosas desplegadas a fin de ganarse la confianza del damnificado y su esposa, y así obtener la donación y cesión del 20% de la propiedad de su inmueble, lo que se logró con la participación de la escribana, quien no solo no le explicó al damnificado los alcances y efectos jurídicos del contrato celebrado, sino también no le leyó el instrumento en cuestión ni le entregó copia de este.

Cuando el anciano le requirió a la escribana que se dejara sin efecto el acto jurídico, ésta lo engañó nuevamente con promesas con el objetivo de ganar tiempo para consolidar la maniobra defraudatoria e ingresar el trámite correspondiente ante el organismo registral.

Plasma: El médico Martín de la Arena se abstuvo de declarar

El fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a Martín de la Arena, acusado por el delito de tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos), en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. El médico se presentó esta mañana en fiscalía, donde se abstuvo y pidió declarar por escrito. Tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo. El fiscal no descartó nuevas imputaciones en el marco de la investigación.

El médico Martín de la Arena, se presentó esta a la audiencia de imputación, asistido por un abogado defensor particular, se abstuvo y pidió declarar por escrito. Tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo.

En el decreto de imputación constan las medidas realizadas en el marco de la investigación, entre las cuales se encuentran las diferentes declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.

Para avanzar, se tuvo en cuenta que el imputado, en su condición de socio gerente de Hemosalta SRL, para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.

La primera presentación fue rechazada toda vez que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto, a sabiendas que al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.

Consta también en el decreto que el acusado, no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4607,88.

Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. De esa manera, la obra social y en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.

La investigación penal inició el fin de semana pasado, a partir de la noticia criminis, en función de una publicación que daba cuenta del supuesto cobro de $ 30.000 por la transfusión de plasma.

Plasma: Citan a audiencia de imputación por fraude a la administración pública

La Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, ordenó la citación a audiencia de imputación para el lunes 5 de octubre,  a un médico que será imputado  por la comisión del delito de fraude a la administración pública (dos hechos), en grado de tentativa en concurso real, en el carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. La notificación de citación se hizo bajo apercibimiento de ordenar su conducción por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada. Deberá designar abogado defensor particular u oficial.

En el decreto de imputación ya notificado al futuro imputado, constan las medidas realizadas en el marco de la investigación, entre las cuales se encuentran las diferentes declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.

Para avanzar, se tuvo en cuenta que el futuro imputado, en su condición de socio gerente de una empresa habilitada para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado. La primera presentación fue rechazada toda vez que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto, a sabiendas que al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.

Consta también en el decreto que el futuro imputado, no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4607,88.

Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. De esa manera, la obra social y en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.

Noticia Criminis

Como se sabe, la investigación penal inició el fin de semana pasado, a partir de la noticia criminis, en función de una publicación que daba cuenta del supuesto cobro de $ 30.000 por la transfusión de plasma. Entre otras medidas adoptadas, la fiscalía requirió Informe al Centro de Hemoterapia Regional y a distintos sanatorios privados; se solicitó al Ministerio de Salud Pública la copia de convenio celebrado con la empresa privada y las copias de actuaciones labradas a raíz de las noticias extraídas de los sitios web; se solicitó a la Dirección de Personería jurídica copia del expediente de la empresa en cuestión, constitución y sus posteriores modificaciones y se pidió Informe al Instituto Provincial de Seguros de Salta.

También se verificó que la persona en cuestión, se desempeñó como director del Centro de Hemoterapia Regional. Su renuncia al cargo de Profesional Asistente, Agrupamiento, Profesional Subgrupo 1 dependiente del Centro Regional de Hemoterapia, fue aceptada el 15 de febrero de 2020 y el 1 de agosto pasado, fue designada otra profesional en el cargo de Directora, formalmente, aunque estuvo desempeñándose en el cargo del despacho de Dirección, desde el 6 de enero de este año.

Mediante diferentes declaraciones testimoniales, se pudo esclarecer que el proceso de extracción de plasma y el análisis del producto extraído está a cargo del Centro de Hemoterapia; que la trasfusión está a cargo de empresas públicas o privadas con categoría de servicio de Transfusión hospitalaria y que el procedimiento tiene un costo valuado en UCP que en la actualidad es de $ 27,30 aproximadamente.

Y que si bien se hizo el estudio de costo, nunca se terminó de aprobar por resolución ministerial, por lo que siempre se entregó dicho Plasma de Convaleciente Covid-19, sin ningún costo, sumado a que es un tratamiento experimental. Además, se informó que al costo de la práctica médica que corresponde a la trasfusión, lo regulan las obras sociales.

Se supo también que hay otras empresas privadas y de carácter público que trabajan en la misma especialización; que el plasma se entrega a toda institución hospitalaria que lo solicite, siempre que se encuentre autorizado como Centro Receptor por la Comisión de investigación biomédica del Ministerio Salud y que a la fecha, se entregaron aproximadamente 350 unidades de plasma a establecimientos de toda la provincia -públicos o privados- y en forma gratuita.

Plasma: Investigan posibles negociaciones incompatibles con la función pública

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, lleva adelante la investigación iniciada de oficio el fin de semana pasado, cuando se hizo público que una empresa comunicó la decisión de facturar por las transfusiones de plasma de convalecientes, a pacientes afectados por la Covid-19.

El fiscal interino de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, solicitó informes a distintos organismos públicos y entidades privadas, para avanzar en la investigación sobre la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Las solicitudes fueron remitidas al Ministerio de Salud Pública de la Provincia y de Nación, a clínicas y sanatorios privados, a la obra social provincial Instituto Provincial de Salud de Salta, al centro privado HemoSalta SRL y al Ministerio de Economía de la Provincia, entre otras medidas ordenadas en el marco de la investigación preliminar.

A partir de esa información es que el fiscal determinará si existió la comisión de delitos provinciales, como el de negociaciones incompatibles con la función pública o, el de comercialización de plasma, contemplado en el Art. 91 de la Ley 25990, conocida como «Ley de Sangre».

Dicha normativa establece que: “será reprimido con prisión de seis (6) meses a cinco (5) años y con multa de diez mil pesos argentinos ($a 10000) a quinientos mil pesos argentinos ($a 500000) el que intermediare comercialmente y/o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, fuera de los casos autorizados en la presente ley o el que diere a la sangre, sus componentes o derivados, un destino distinto del que ella autoriza.

De verificarse que existió comercialización de plasma, la investigación correspondería al fuero federal.

Los hechos que se investigan se conocieron el sábado 26 del corriente mes, a través de redes sociales y medios de comunicación de la provincia y el país, que la empresa denominada HemoSalta SRL informó mediante una nota dirigida a sanatorios y clínicas firmada por su gerente, Martín de la Arena, que “la trasfusión de plasma del paciente convaleciente, al ser una práctica no nomenclada, se facturará al paciente por su reintegro en la obra social y/o prepaga, de acuerdo al siguiente detalle: Transfusión de plasma de paciente convaleciente de Covid-19 por aféresis, $30.000”.

Las actuaciones fueron remitidas desde la Fiscalía Penal 2 a la de Delitos Económicos Complejos, en atención a la temática.

Salta: Investigan posible comisión de delitos en transfusión de plasma

La fiscal penal 2, Mónica Poma, inició el sábado 26 una investigación preliminar para determinar si existió comisión de delito en la decisión y comunicación de una empresa, de facturar por las transfusiones de plasma a pacientes afectados por la Covid-19. Las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, para continuar la tramitación en atención a la temática.

Por instrucción del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, la fiscal penal 2 Mónica Poma, ordenó desde el sábado pasado distintas medidas tendientes a esclarecer la posible comisión de delito en una práctica sanitaria, que de acuerdo a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), está prohibida.

Aclara ANMAT que: “Frente al contexto de pandemia y la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, es importante aclarar que, por tratarse el plasma de una fracción de la sangre, está enmarcado en la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990”. La aclaración del organismo regulador, fue hecha a través del documento titulado “Uso de plasma de convalecientes en pacientes con COVID 19”.

Entre otros puntos, dicho documento destaca que el Art. 4, de la Ley Nacional de Sangre Nº 22990, establece la prohibición “de la intermediación comercial y el lucro en la obtención, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, con las excepciones que se contemplan en la presente ley. Será obligación por parte de las autoridades sanitarias promover y asegurar la utilización y empleo racional de la sangre, sus componentes y derivados”.

Es que este sábado, se conoció a través de redes sociales y medios de comunicación de la provincia y el país, que la empresa denominada Hemosalta SRL informó  a través de una nota dirigida a sanatorios y clínicas firmada por su gerente, Martín de la Arena, que “la trasfusión de plasma del paciente convaleciente, al ser una práctica no nomenclada, se facturará al paciente por su reintegro en la obra social y/o prepaga, de acuerdo al siguiente detalle: Transfusión de plasma de paciente convaleciente de Covid-19 por aféresis, $30.000”. 

Las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos para continuar la tramitación, en atención a la temática.

Estafó al vendedor de una camioneta con un cheque

El fiscal penal Leando Flores, imputó a Adrián Antonio Vera por videoconferencia por el delito de estafa. En el mes de marzo, adquirió una camioneta con un cheque cuya cuenta se encontraba cerrada desde 2017. El acusado se encuentra detenido en Buenos Aires por una causa federal vinculada al robo de caños de un gasoducto en el Norte de la provincia de Salta.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, formalizó el pasado miércoles 9 de setiembre, la audiencia de imputación mediante videoconferencia de Antonio Adrián Vera por el delito de estafa.

La denuncia fue radicada por un hombre que estaba encargado por un amigo, de la venta del vehículo. Relata que publicó la oferta mediante la red social Facebook y fue contactado por Messenger por Vera, quien demostró interés y ofreció pagarla con un cheque que estaba a nombre de una empresa con solvencia.

Tras un intercambio de mensajes por Whatssapp, el vendedor verificó que la misma no presentaba cheques rechazados y concretaron la operación en su domicilio con un boleto compra venta .

Al presentarse a cobrar el cheque en la entidad bancaria, se dio con la noticia que la cuenta a la que pertenecía, había sido cerrada en 2017.

Tras la denuncia y tareas investigativas, el vehículo fue localizado en la localidad de General Mosconi y se procedió a su secuestro.

Se investiga la organización de bingos virtuales ilegales

A partir de la denuncia realizada por el presidente del Directorio del Ente Regulador de Juegos de Azar, la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició una investigación sobre un grupo de personas que organizaban a través de Facebook, la realización de un bingo virtual. Se realizaron 10 allanamientos con secuestro de elementos de interés para la causa.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, encabeza una investigación iniciada a partir de la denuncia realizada por Aníbal Osvaldo Caro, como presidente del Directorio del Ente Regulador de Juegos de Azar sobre un grupo de personas que estaría organizando un bingo virtual en forma ilegal.

La División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia inició tareas investigativas y pudo comprobar que a través de Facebook, un grupo de personas estaba organizando un bingo virtual ofreciendo premios en efectivo, violando las regulaciones fiscales, administrativas y penales relativas a la realización de juegos de azar

En las publicaciones indicaban diversos números de CBU como medio de pago para participar y números de teléfono de contacto para reservar “las líneas”.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal Flores solicitó al Juzgado de Garantías 1, orden de allanamiento y secuestro para 10 domicilios vinculados a los sospechosos y como resultado de la medida, se logró secuestrar diversos elementos de interés para la causa.