Suman cuatro los detenidos por fraude a una empresa de reciclaje

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la primera detención al Juzgado de Garantías esta mañana, cuando, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología, comprobó la maniobra delictiva. Durante la jornada, el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF coordinó el operativo para concretar otros tres allanamientos y tres detenciones de personas involucradas con la defraudación a la empresa.

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la detención de un hombre por el delito de defraudación a una empresa de reciclaje. A esa detención, se sumaron luego otras tres, de las cuales, una corresponde a un hermano del primer detenido y otros dos sujetos, todos mayores de edad.

Desde hace un mes, el Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaba una investigación por una denuncia que daba cuenta de diferencias en el peso de los camiones.

Los investigadores del CIF pudieron determinar que la maniobra consistía en adulterar el pesaje de las cargas que ingresaban a diario a la empresa Eco Norte SRL. A cambio de ello, el detenido recibía un rédito económico.

El personal de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos se encontraba esta mañana realizando actividades de vigilancia cuando comprobaron la maniobra delictiva por lo que la Fiscalía solicitó la inmediata aprehensión en flagrancia del primer implicado. Al momento de la detención, el hombre –que reside en un barrio de la zona Norte de la ciudad- tenía en su posesión $ 103.400, dos teléfonos celulares de alta gama y documentación relacionada a la causa. En este marco, y de acuerdo a la información con la que contaba personal del Departamento de Investigaciones y Criminología, Salinas Odorisio solicitó orden de allanamiento para otros domicilios de personas que también estarían involucradas.

El Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF coordinó un operativo en conjunto entre la UEI, UDEC y UDIS, y dispuso la afectación de investigadores, móviles y demás logística, para la realización de cuatro allanamientos en total, de los cuales, además de surgir las detenciones de los acusados, se logró el secuestro de $ 571.700 (quinientos setenta y un mil setecientos pesos argentinos), 27 reales y USD 19.639 (diecinueve mil seiscientos treinta nueve dólares estadounidenses); un camión marca Dodge 400 cabina color anaranjado, otro camión con cabina blanca, teléfonos celulares, una báscula, y cuarenta y cinco tickets de la empresa defraudada. El Juzgado Interviniente fijó control de legalidad para los detenidos, para este viernes.

Remiten al fuero federal la causa Magno

Luego de analizar las pruebas recabadas, la fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, declinó la competencia provincial en la causa que se le sigue a la empresaria por el delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. 

La fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, elevó al Juzgado de Garantías N° 4, la declaración de incompetencia material en la causa de Silvia Magno, originada a partir de la violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia en 2020.

Luego de realizar la investigación y analizar la totalidad de las pruebas recogidas, Salinas Odorisio consideró que “el hecho incriminado resulta ajeno a la jurisdicción provincial, por lo que no corresponde la continuidad de la actuación de las autoridades judiciales hasta aquí intervinientes”

En el escrito elevado al juez de Garantías, la fiscala señaló que “el hecho endilgado a la encartada Magno implica que se han violentado las formas y requisitos impuestos por las autoridades nacionales en virtud del DNU 297/20 y las excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (en particular por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Nacional y el Ministerio de Transporte de la Nación) para efectuar el transporte interjuridiccional de personas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19; siendo dichas medidas impuestas para proteger la salud pública de la población y evitar la propagación de la enfermedad a un número indeterminado de personas máxime considerando que en el presente caso se trata de transporte interjurisdiccional”.

Cabe recordar que la Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención de oficio en la causa, a partir de las noticias que tomaron estado público y que indicaron que el 9 de abril de 2020 llegaron 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba, quienes habrían abonado la suma de $ 3.500 a la empresa de Silvia Magno, y que, según denunció una madre en una entrevista radial, tras lograr una “demorada” autorización supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta, los trasladó “de regreso a casa”.

El 16 de junio de 2020, durante la audiencia de imputación, Magno se había negado a declarar aunque después presentó por escrito un descargo, acompañando copia simple de documentación consistentes en DUT y autorizaciones de la Subsecretaría de Transporte de la Nación.

Luego de reunir las pruebas y tomar declaración testimonial a Juan Carlos Garrido, en su carácter de Delegado Regional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte(CNRT), Salinas Odorisio decidió elevar la declaración de incompetencia material del fuero provincial en la causa.

Condenan a un hombre por fraude al hospital de Cafayate

Luis Alberto Acosta empleaba su cargo como Jefe de Contratos y Convenios para cobrar prácticas médicas autorizadas, que luego omitía rendir. En un juicio abreviado, la fiscala de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, acordó una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, la inhabilitación especial para ejercer cargos y la devolución de la suma sustraída.

La fiscala de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, intervino en un juicio abreviado en el que Luis Alberto Acosta fue condenado por fraude a la administración pública y falsedad documental.

La Fiscalía, el representante civil de la Provincia y la defensa del acusado llegaron a un acuerdo –durante la audiencia virtual del pasado 16 de junio- para realizar el juicio abreviado en el que Salinas Odorisio solicitó la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial para ejercer cargos en el hospital que tengan vinculación con el dinero. Por su parte, la defensa técnica presentó la propuesta de que el acusado devuelva los 89.892 pesos faltantes, actualizados.

Los términos fueron aceptados por todas las partes.

Los hechos

En 2016, Luis Alberto Acosta se desempeñaba como Jefe de Contratos y Convenios del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate y solicitó acogerse al beneficio de la jubilación. Treinta días antes de que finalizara la relación laboral, su superior, le solicitó la rendición de cuentas y, al notar inconsistencias, iniciaron un sumario administrativo, que luego derivó en una denuncia penal.

De la investigación realizada por la Unidad de Investigación Delitos Económicos complejos del Cuerpo de Investigadores Fiscales surgió que Acosta obtenía -en provecho propio y en desmedro del erario público- dinero del cobro de prácticas médicas autorizadas, omitiendo efectuar las rendiciones de cuentas. Además de adulterar una factura, consignando en el original y en el triplicado montos distintos como así también la emisión de dicha facturar a distintas personas.

Venta de terrenos: imputaron a un hombre que estafó a varias personas y falsificó documentos públicos

El acusado vendía un dúplex en barrio Grand Bourg y terrenos en la zona Sur de la ciudad de Salta. Como resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Delitos Económicos y dirigidas por la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, el martes pasado se realizó el allanamiento de dos domicilios y se detuvo al acusado, un exoficial del Servicio Penitenciario de Salta.

La titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Jorge Matías González Güemes por cinco hechos de estafas y tres hechos de falsificación de instrumento público, todo en concurso real.

Del decreto de imputación surge que el acusado, de 37 años, simulando tener contactos con funcionarios de organismos públicos, ofrecía gestionar y entregar adjudicaciones de inmuebles pertenecientes a dependencias nacionales y provinciales de la vivienda, a cambio del pago de importantes sumas de dinero.

Con este mecanismo, González Güemes logró concretar tres ventas de un dúplex en barrio Grand Bourg. Además, para respaldar sus maniobras y brindarles credibilidad, el acusado confeccionó y utilizó documentos públicos con sellos y membretes de aquellas instituciones que entregaba a los damnificados como constancias del pago.

“Con este accionar ocasionó perjuicio económico a los denunciantes como también a la fe pública en razón de la falsificación efectuada”, detalla el decreto de imputación de la fiscala Salinas Odorisio.

Por otra parte, González Güemes, también ofreció la venta de un lote en barrio San Remo y/o Ampliación Barrio Parque La Vega a dos personas, quienes abonaron las sumas solicitadas a cambio de un terreno, del cual el imputado no tenía ningún derecho para disponer y les generó un importante perjuicio patrimonial.

Las investigaciones dirigidas por Salinas Odorisio se encuentran a cargo de la Unidad de Investigación Delitos Económicos complejos del CIF. A través de entrecruzamiento de datos y las pruebas aportadas por las mismas víctimas, se pudo determinar que se encontraban frente a una persona que, empleando el mismo modus operandi, había ocasionado un perjuicio económico a varias personas.

Fruto del trabajo de la Unidad especializada en este tipo de delitos, el martes pasado se realizó el allanamiento de dos domicilios y se detuvo al acusado, un exoficial del Servicio Penitenciario de Salta. El imputado tenía una condena previa, de 2019, por el delito de estafa, y desde que fue puesto en libertad, continuó con su actividad ilícita.

Los hechos

La Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención a partir de una denuncia que daba cuenta de que González Güemes había ofrecido en marzo del año 2017 una casa del IPV en Barrio Grand Bourg, expresando que tendría la adjudicación directa de la misma sin la necesidad de ir a sorteo, pidiéndole al denunciante la suma $50.000  en concepto de comisión y que luego de esto, una vez adjudicado el inmueble, debía las cuotas del mismo, las que rondarían los $10.000. El denunciante aceptó y le entregó los $50.000, recibiendo un contrato a cambio.

En el 2018, a través de los medios de comunicación, el damnificado se entera de que los preadjudicados de esas viviendas se reunirían para reclamar por la demora de las entregas. Al intentar sumarse al grupo, se percató de que no aparecía en la lista de los preadjudicados.

El hombre se presentó en varias oportunidades en el domicilio del acusado, ubicado en el macrocentro de la capital salteña. Allí siempre era atendido por la madre de González Güemes, quien le expresaba que su hijo estaba en Buenos Aires cuidando a su hermano que estaba muy enfermo. Finalmente, la mujer lo mandó a hablar con la expareja del acusado, quien le informó que el imputado se encontraba alojado en Alcaldía General.

Caso 2

En marzo de 2020 ingresó una denuncia en la que un hombre acusaba a González Güemes de estafarlo en la compra de un dúplex del barrio Grand Bourg.

En esta oportunidad, una mujer –identificada como Gloria Gutiérrez- ofrecía los inmuebles y puso a la víctima en contacto con González Güemes (que aquí se hacía llamar Luis González) pues se trataba de “un emprendimiento privado que no pertenece ni a Nación, ni a la Provincia” y el “único representante en Salta” era González.

A la víctima le pidieron $120.000 para ser adjudicatario y, en abril de 2018, se juntaron con el denunciado en la plaza de la Legislatura, en donde le entregó de una carpeta con sello del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Nación, con número de expediente y dirección exacta del dúplex comprado en Barrio Grand Bourg.

Luego de ello, y al ver que la vivienda no le era adjudicada, le escribió a González Güemes, quien le aseguraba que “ya te lo van a adjudicar”.

Caso 3

En junio de 2019, un hombre radica una denuncia por estafas. De acuerdo a lo narrado por el damnificado, en 2017 tomó contacto con una persona que, a través de una página de ventas on line, ofrecía realizar trámites para la adjudicación inmediata de viviendas. A tal fin se encontró con un hombre que se presentó como licenciado Peretti, quien aseguró que se desempeñaba como Secretario de la Gobernación de la Provincia de Salta, llegando en un vehículo color blanco polarizado marca BMW. Le ofreció realizar una carpeta de adjudicación inmediata de una casa a cambio de un pago en efectivo de $50.000 correspondientes a gastos administrativos.

Luego de realizado el pago, el acusado le entregó una carpeta con tapa transparente con documentaciones en referencia a que fue beneficiado con la adjudicación de una vivienda en el barrio Grand Bourg.

Un año más tarde, y ante la ausencia de novedades por parte del “licenciado Peretti”, el damnificado se presentó en el Centro Cívico Grand Bourg, donde consultó sobre las viviendas dúplex y exhibió los documentos a los empleados, quienes le informaron que los papeles eran falsos.

Luego, a través de la red social “Facebook”, conoció sobre un estafador llamado “Matías González Güemes”, a quien reconoció como el licenciado Peretti.

Caso 4

El heredero de una finca en barrio Virgen del Rosario San Nicolás radicó una denuncia en 2020. En el escrito aseguró que, en diciembre de 2019, encontró en un poste de un terreno de su propiedad un cartel de “Se vende” con un número de celular. Al comunicarse lo atendió una persona que se identificó como el “licenciado Güemes” y le ofreció la venta del terreno de su propiedad. El denunciante se identificó como el propietario del inmueble y le exigió a Güemes que retire el cartel inmediatamente y que pare con el intento de vender propiedades que no le pertenecían.

En diciembre de 2020, una prima del damnificado que vive en el lugar, observó a un hombre que vendía los terrenos a un grupo de cinco personas. Cuando la mujer lo enfrentó, el hombre aseguró que “yo estoy vendiendo los terrenos en representación de la Sra. N.L.”, a lo que la mujer respondió “yo soy N.L”.

De la investigación surgió que los terrenos se ofrecían en las redes sociales bajo dos perfiles: Carmen Felicidad González y Felicidad Del Carmen De Tercera Edad, en donde brindaban un número telefónico de contacto que se determinó que pertenecía a Jorge Raúl Güemes,  domiciliado en el macrocentro, pero que en el Registro aparece como fallecido.

Caso 5

En enero de 2020, un hombre radicó una denuncia contra Jorge Matías Esteban González Güemes. Aseguró que, a través de Facebook, tomó conocimiento de la venta de un terreno en el barrio San Remo. Se contactó con el vendedor y fueron a ver el terreno. Luego, el damnificado fue a la oficina de Güemes en donde le entregó $250.000, recibiendo un boleto de compraventa y una foja de actuación especial para certificar firmas. Según consta en la denuncia, todo esto sucedió en presencia de una escribana.

Horas más tarde, el damnificado buscó el nombre del acusado en google, obteniendo como resultado varias publicaciones en donde este es acusado por estafas en la venta de viviendas. Lo llamó para que le devolviera su dinero, sin obtener respuesta.

Caso 6

En enero de este año, un hombre radicó una denuncia por estafa en la compra de una vivienda. Según consta en el escrito, a través de Facebook se enteró de la venta de un terreno en el barrio Parque La Vega. Al llamar al número que aparecía, le atendió una persona que se identificó como Jorge Matías G. Güemes.

Concertaron una entrevista en la casa del acusado, quien le solicitó 300 mil pesos. El denunciante entregó en ese momento $60.000 y acordaron que entregaría 10 cuotas de $20.000. Güemes le hizo entrega de un “previo acuerdo a boleto de compra venta”. Un mes más tarde, la víctima realizó el pago de la primera cuota por la suma de $20.000 mediante una transferencia por homebanking a la cuenta de de la madre de Güemes.

Luego, por algunas sospechas, concurrió a la Dirección General de Inmuebles a fin de solicitar el estado del terreno, donde le informaron que la propiedad no estaba inscripta. Ante ello, le solicitó a Güemes que le devolviera el dinero, algo que nunca sucedió.

Incumplimiento, fraude y cohecho: rechazan planteos de la defensa del Intendente de Rosario de la Frontera

El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur – Metán, resolvió no hacer lugar a la solicitud planteada por la defensa técnica de Gustavo Solís Mónico, en la causa requerida a juicio por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke y en la que el jefe comunal de Rosario de la Frontera está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.

Del fallo se desprendió que si bien el imputado, en su descargo por escrito, solicitó al Ministerio Público Fiscal que tuviera presente hechos relatados y se ordenara la evacuación de citas sobre sus manifestaciones, lo hizo de manera genérica y sin especificar las diligencias que resultaran pertinentes y útiles, conforme a la tesis defensiva planteada respecto de la hipótesis de la Fiscalía.

Es que la defensa adujo que esas diligencias consistían en la verificación de una batería de circunstancias, al menos 43, a las que se refirió el imputado en su declaración.

Sin embargo, el Juez interviniente consideró que en el ejercicio del derecho de defensa, el imputado y sus defensores pudieron proponer y ofrecer pruebas de manera detallada y no genérica como lo hicieron; de manera que el órgano acusador hubiera podido evaluar si las medidas solicitadas resultaban pertinentes y útiles a la investigación y en caso de denegatoria, peticionar la revisión ante el Juzgado de Garantías, por hacerse ostensible un agravio.

La causa fue requerida a juicio a finales de febrero por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, quien sostuvo en sus fundamentos que está acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado, quien fue imputado el 21 de diciembre de 2020.

Las actuaciones iniciaron tras la publicación de una noticia criminis el 26 de febrero de 2020, de la que surgió la falsificación de facturas en el municipio. A partir de allí y mediante un pedido de informe a la Auditoría General de la Provincia, se informó que el área de control realizaba en ese momento una auditoría financiera y de legalidad en el Departamento Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera, por el período 2017, del que posteriormente surgieron irregularidades.

Detienen a una pareja que estafó por más de 200 mil pesos al titular de una tarjeta de crédito

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputará en las próximas horas a un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos este jueves, luego de un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente y a partir del cual también se secuestraron elementos de interés para la investigación.

La intervención de Salinas Odorisio inició a partir de la denuncia de una persona que resultó afectada por compras con su tarjeta de crédito, por una suma superior a los $ 200.000 (doscientos mil pesos), en comercios de la provincia. También fue utilizada para pagos en dólares estadounidenses para compras realizadas en el exterior.

Las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Delitos Económicos Complejos del CIF del Ministerio Público Fiscal, permitieron identificar a los autores del delito, al confirmar que valiéndose de información obtenida en las empresas en las que trabajan, la pareja utilizó números de tarjetas de crédito ajenas y realizó compras online.

La estafa, bajo la modalidad “hormiga” fue verificada a través de compras realizadas mediante una aplicación de pedidos a domicilio, para la cual utilizaron nombres de terceros durante un año y medio. El denunciante sufrió débitos de su cuenta de caja de ahorros, en moneda argentina y extranjera, y además, contrajo una deuda por los intereses sumados por compras realizadas en moneda extranjera.

Ambos detenidos cuentan con antecedentes, ya que fueron denunciados en 2018 cuando él trabajaba en una concesionaria y una firma crediticia. Actualmente, el hombre se desempeña como asesor comercial de una empresa de alarmas y valiéndose de su conocimiento en el uso de tarjetas de créditos y débitos, habría robado datos del denunciante, quien a su vez, fue captado por la esposa del primero, quien trabaja en una empresa de telefonía celular.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos reiteró la necesidad de radicar la denuncia pertinente ante casos de estafas, porque la modalidad registra gran cantidad de víctimas que no dan a conocer los hechos defraudatorios. Es que la mayoría, como primera medida, desconoce la compra ante la entidad bancaria, que absorbe la responsabilidad financiera sobre el cliente. En consecuencia, muchas víctimas desisten de denunciar al no verse afectadas en su patrimonio y ello propicia la impunidad de quienes utilizan sus datos crediticios con fines ilícitos.

Un juez impidió que un exintendente se declare culpable en juicio abreviado por hechos de corrupción

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio, Ángel Amadeo Longarte, rechazó el juicio abreviado contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos) en concurso real y en carácter de autor.

En la misma causa, se encuentra imputada la exsecretaria de Hacienda de ese municipio, Carmen Rosa Méndez, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, en concurso real y en calidad de autora.

En el inicio del juicio abreviado, en el que la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke representó al Ministerio Público Fiscal, ambos exfuncionarios reconocieron su responsabilidad penal en los hechos que le fueron imputados, por omitir dar cumplimiento a los deberes propios de sus funciones, al desplegar conductas contrarias a las leyes y ordenanzas y determinando la disposición de fondos apartada de los principios contables, bajo los cuales se rige el gasto público.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke solicitó para Cornejo la pena de tres años y dos meses prisión de ejecución efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos) en concurso real y en carácter de autor.

En tanto, para la exsecretaria de Hacienda de ese municipio, Carmen Rosa Méndez, solicitó la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, en concurso real y en calidad de autora.

Luego de que la querella, los imputados y su defensa acordaran la pena, el magistrado sostuvo que “resulta fundamental un mejor conocimiento de los hechos y de la plataforma fáctica” planteada y consideró que la causa debe ser juzgada en un proceso oral y público y no en un juicio abreviado.

El informe de la Auditoria General de la Provincia, dio cuenta de la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, del incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos, además de la falta de registración contable que permitiera establecer el destino real de los fondos asignados durante su gestión y además, controlar la legitimidad del gasto.

De la documentación aportada por el denunciante y actual intendente, Carlos Héctor Folloni, surgió la falta de registros contables de fondos municipales de los períodos 2017-2019.

Acuerdo de la reparación integral del daño

A raíz de las exigencias de la fiscala penal, Verónica Simesen de Bielke, las partes habían acordado la devolución de los bienes y dinero, en beneficio de la comunidad. Con el asentimiento del Ministerio Publico Fiscal, acordaron como reparación del daño la entrega de bienes, entre ellos, un camión Ford Cargo 1730, dominio EUK 327, que se encuentra secuestrado y la entrega del formulario 08 respectivo para su transferencia al Municipio de Campo Quijano.

También acordaron la firma del formulario 08 para la inscripción a nombre del Municipio de una camioneta Chevrolet S10, dominio AC840GK, que se encuentra en poder del Municipio de Campo Quijano en carácter de depositario judicial y con entrega definitiva.

En el acuerdo también debían firmar un boleto de compraventa, para la entrega al Municipio de Campo Quijano, de un terreno con catastro N° 13.445 del departamento de Rosario de Lerma.

Por último, Cornejo debía abonar la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos) en el plazo de 48 horas, en una cuenta judicial para su posterior transferencia al nombre y cuenta del Municipio de Campo Quijano.

Con el fallo del Juez interviniente, el acuerdo fracasó.

Múltiples allanamientos y detenciones por robo de combustible a la Municipalidad de Salta

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputará este miércoles a seis personas, por la comisión del delito de defraudación a la administración pública. Cuatro de ellos son empleados municipales.

Salinas Odorisio tramitó ante el Juzgado de Garantías Nro. 3 las órdenes de allanamiento, para lograr la detención de las seis personas acusadas de sustraer gasoil que luego comercializaban. Los cuatro primeros son choferes de la Municipalidad, mientras que un hombre y una mujer, serían los propietarios del lugar donde se reducía el combustible.

Las tareas desplegadas por personal de la Unidad Especial de Investigaciones, dependiente del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF, permitieron establecer las maniobras ilícitas perpetradas por los empleados municipales y las dos personas externas a la comuna.

Así determinaron que entre los días lunes y viernes, arribaban distintos camiones del municipio a un domicilio particular situado en la zona sudeste de la capital salteña, cuyos choferes  descargaban gasoil de los tanques de combustible. Allí, el diésel -habitualmente utilizado para grandes vehículos o maquinaria-, era adquirido por los propietarios de esa vivienda. Se corroboró que luego, las mismas personas vendían el combustible mal habido a terceros.

Imputaron a “Los intocables”, personal del Registro Civil y un permisionario por la venta de actas

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio imputó este viernes por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y concusión -en un número indeterminado de hechos-, en concurso real y en calidad de coautores a Marcelo Gerardo Romero, Aldo Daniel Gómez y Mauro Cristóbal Paz, José Antonio Daruich y en carácter de partícipe necesario, a José Waldo Mercado. También fueron imputados provisionalmente por el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores.

Según consta en el decreto de imputación, Mercado, quien se desempeñaba como permisionario (cobrador de estacionamiento medido), procedió a captar en la vía pública, a un número indeterminado de personas y les solicitó dinero, para que a través de funcionarios del Registro del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en calle Almirante Brown Nº 160, se realice el trámite de obtención de actas de ese organismo.

Así, lo imputados Romero, Gómez, Paz y Daruich, abusando de la función desempeñada como funcionarios públicos del Registro Civil y actuando en connivencia con el imputado Mercado, expidieron instrumentos del Registro Civil con la leyenda “trámite oficial”. Todo ello, sin abonar los tributos para el trámite, lo que generó un importante perjuicio patrimonial a la Hacienda Provincial.

La fiscala también los imputó provisionalmente por el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores, por haber formado parte de una organización con división de tareas, con permanencia y de manera organizada, encaminados a cometer indeterminados hechos ilícitos en contra de la Administración Pública Provincial

La intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, inició a partir de la denuncia de una funcionaria del Registro Civil, quien tomó conocimiento que personas desconocidas se estarían beneficiando con la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y otra documentación. Además, los documentos se comercializaban en negocios no autorizados, colindantes al edificio del Registro Civil. Una fotocopiadora fue uno de los comercios apuntados y a su vez, habría cobrado una tasa, cuando el acta que se entrega podría estar siendo proporcionada por personal del Registro Civil con sello de trámite oficial (es decir, un trámite sin arancel) o con un valor menor al cobrado. A la investigación se agregó la denuncia radicada el 25 de marzo pasado, por la directora General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, María Verónica Saicha Ibáñez.

En algunos de los casos advertidos durante la investigación, por ejemplo, una mujer pagó $1500 (mil quinientos pesos) por dos actas de nacimiento, cuando el costo real de la expedición de los actas online de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio y otras, tienen un costo de $ 250 (doscientos cincuenta pesos); y de $ 117,17 (ciento diecisiete con diecisiete centavos pesos) cuando se tramitan en forma presencial.

Según se advirtió de las tareas de vigilancia desplegadas por la División de Investigaciones y Criminología del CIF, en promedio, en un día de vigilancia, el permisionario entregó de 10 a 15 actas, a un costo de 520 pesos cada una.

También se supo que a los abogados Romero y Gómez, se los denominaba “Los intocables”. El primero, se desempeñaba como subdirector del Registro Civil, y el segundo, como asesor jurídico, mientras que Paz y Daruich, eran personal de la oficina de Archivo del Registro Civil. Ello permitió establecer que no solo por la función que desempeñaron sino el rol que cumplió cada uno de ellos en las actividades ilícitas y defraudatorias que tienen como damnificado al Estado Provincial y a los ciudadanos que abonan aranceles exigidos fuera de las tasas previstas, obteniendo de este modo un beneficio económico para sí, mediando la captación de los civiles a través de la intervención de un permisionario, que a sabiendas del origen ilícito actuó como nexo para obtener las partidas (nacimiento, matrimonio y defunción), a cambio de montos discrecionales que luego entrega a los funcionarios provinciales.

Todos los imputados declararon, pero no aceptaron preguntas y siguen detenidos.

Con 25 millones de pesos de una concesionaria, viajó al exterior y compró vehículos y propiedades

Tras la realización de tres allanamientos, se logró la detención de una mujer encargada del área administrativa de una concesionaria. La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó este miércoles a María José Schlegel, de 44 años, por el delito de administración fraudulenta. Así, obtuvo la suma de $ 25.000.000 (veinticinco millones de pesos argentinos), que luego destinó a compra de propiedades y viajes.

Las investigaciones, dirigidas por la Unidad de Investigación Delitos Económicos Complejos y con la cooperación de la Unidad Especial de Investigaciones y el Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), iniciaron a partir de la denuncia del apoderado de la firma Fiani Automores, concesionaria de marca Nissan y en contra de María José Schlegel, quien aumentó considerablemente su patrimonio y cambió su estilo de vida.

Según se desprende de las actuaciones, la acusada trabajaba para la empresa en cuestión y generó ordenes de pagos diferidos a través de 34 operaciones de venta de vehículos y logró obtener físicamente y a su favor, la suma de $ 25.000.000.

De las tareas investigativas realizadas por personal de la Unidad de Investigación UDEC, se logró establecer que Schlegel, con el dinero obtenido de dichas operaciones, concretó la compra de un departamento y cinco vehículos (entre ellos, dos camionetas) y que además, viajó al exterior con familiares, entre otros cambios que hicieron muy notable el crecimiento de su patrimonio.

Previo a los allanamientos, el registro de tres domicilios y la detención de la mujer que fueron solicitados al Juzgado de Garantías de 1º Nominación, el titular del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, Omar Alfredo Dávila, dispuso distintas medidas tendientes a garantizar el éxito de los operativos. Se recuperaron dos camionetas, dos automóviles y una motocicleta. La mujer, quien se abstuvo de declarar hoy, permanece detenida.