Tres condenados por estafa conocida como “El cuento de la grúa”

La operatoria fraudulenta se llevó a cabo desde la provincia de Río Negro, con la intervención de dos detenidos del Penal de General Roca. Una mujer fue detenida tras un allanamiento, junto al secuestro de elementos de prueba.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 7 del Distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), en la que Gloria Noemí Jara resultó condenada a pena e prisión condicional, mientras Brian Alejandro Monsalve y Brian Joaquín Pinto fueron condenados a pena de prisión efectiva.

La denuncia de la estafa telefónica se originó el 1 de julio cuando un vecino del barrio Roberto Romero recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por un antiguo conocido. Durante la llamada, el supuesto conocido le explicó que estaba varado en una ruta por un problema mecánico y que no podía comunicarse con su compañía de seguros. Le pidió al damnificado que lo ayudara gestionando el pedido de una grúa, proporcionándole un número de contacto.

El damnificado, sin cortar la llamada, se comunicó con el supuesto operador de la aseguradora, quien le informó que el costo del servicio era de 150 mil pesos. Convencido, realizó la primera transferencia a través de Mercado Pago. Posteriormente, el supuesto vecino le pidió más dinero para cubrir el transporte de sus familiares, lo que llevó a la víctima a transferir 450 mil pesos adicionales, sumando un total de 600 mil pesos.

Al desconfiar de la situación, el damnificado intentó obtener más información del empleado de la aseguradora quien lo transfirió a un supuesto gerente. Finalmente, tras contactar directamente a la compañía, se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa telefónica.

Del análisis de las comunicaciones se desprende que las llamadas telefónicas provenían de líneas vinculadas a internos del Penal N° 2 de General Roca, provincia de Río Negro.

Mediante los informes elevados por la Unidad de Investigación UDEC, sumados a los allanamientos realizados en el marco de las actuaciones, se logró acreditar que el dinero del engaño había ingresado a la cuenta de un hijo menor de edad de Gloria Jara, la que mantiene una relación sentimental con Brian Pinto, detenido en el Penal 2 de General Roca, donde también se encuentra Brian Monsalve, tío del menor.

El Juez Pablo Zerdán, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a Gloria Noemí Jara a la pena de 3 meses de prisión de ejecución condicional; a Brian Alejandro Monsalve  y Brian Joaquín Pinto a la pena de 3 meses de prisión de ejecución efectiva, todos por el delito de estafa, en calidad de coautores y les impuso una serie de reglas de conducta.

En cuanto a la reparación económica por el daño ocasionado, los condenados dieron cumplimiento, mediante el pago de la suma de 600 mil pesos, la que ya fue depositada en cuenta judicial y a disposición del Juzgado de Garantías interviniente y que será entregada al damnificado. Se solicitó, además, el decomiso de todos los elementos secuestrados.

Desmantelan operación fraudulenta conocida como «El cuento de la grúa»

Colonia Santa Rosa: Empleada municipal imputada por defraudación

La acusada se desempeñaba como cajera en el municipio. Pudo detectarse que entre diciembre de 2023 y enero de 2024 realizó maniobras defraudatorias entre lo recaudado para el erario y lo efectivamente depositado en la entidad bancaria. 

El fiscal penal 3 de Orán y de Delitos Económicos Complejos, Carlos Alberto Salinas, imputó de forma provisional a una mujer de 44 años como autora del delito de defraudación a la administración pública.

La denuncia fue presentada en enero por el Secretario de Hacienda Municipal de Colonia Santa Rosa, quien detectó discrepancias en los registros contables del municipio. Estas diferencias revelaron que los montos recaudados no coincidían con los depositados en la cuenta bancaria destinada a tal fin.

La investigación reveló que la acusada, quien se desempeñaba como cajera en la Municipalidad y era responsable de recibir y depositar los fondos en la sucursal bancaria, habría llevado a cabo maniobras defraudatorias para desviar más de 4 millones de pesos entre el 11 de diciembre de 2023 y el 12 de enero de 2024.

Además, se encontraron comprobantes que ella había sobrescrito manualmente con el fin de justificar sus maniobras.

El fiscal Salinas adelantó que tras la imputación, se encuentran en cumplimiento numerosas tareas dispuestas para lograr el esclarecimiento de la situación denunciada.

Condenado por alterar los pagos a proveedores del Estado

El contador público fue condenado por desviar dinero público a su cuenta bancaria personal, utilizando maniobras de ocultamiento para encubrir sus acciones.

El fiscal Penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado celebrada ante la Sala 7 del Tribunal de Juicio en la que el contador público Juan Ramón Maizares fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua por ser autor del delito de peculado.

La intervención de UDEC inició a finales de enero de 2022 cuando Lucrecia Fátima Cintioni, quien ocupaba el cargo de Administradora General del Servicio de Administración Financiera de la Gobernación, presentó una denuncia por la sustracción de caudales públicos .

La irregularidad fue descubierta cuando un proveedor reclamó no haber recibido una transferencia de pago, a pesar de que el sistema de la SAF mostraba que la misma había sido realizada en una fecha específica. Al investigar, Cintioni descubrió que el dinero había sido depositado en la cuenta personal de Maizares, quien posteriormente efectuó el pago al proveedor desde su propia cuenta, y no desde la cuenta oficial del gobierno.

La investigación reveló al menos ocho maniobras similares, todas realizadas con el mismo método y aparentemente conectadas entre sí. Todos los proveedores afectados en su momento presentaron reclamos por la manipulación de sus transferencias.

En la acusación, la UDEC sostuvo que Maizares desvió los fondos deliberadamente para su beneficio personal, manipulando un archivo de texto generado automáticamente por el sistema informático centralizado de administración contable.  Esta alteración, difícil de detectar porque Maizares mantenía registros duplicados de los archivos, permitía que las transferencias se redirigieran de manera fraudulenta a su cuenta bancaria, sin dejar rastros de la manipulación informática.

Además, la investigación reveló que Maizares, quien se desempeñaba laboralmente en la tesorería del Servicio de Administración Financiera del Gobierno de la Provincia de Salta, aprovechaba los retrasos de los bancos en procesar las transferencias para ocultar sus movimientos ilícitos.

 

Irá a juicio por peculado: Alteraba pagos a proveedores del Estado

Imputan a la líder de la financiera Ríos & Asociados por estafa relacionada con la compra de un departamento

La víctima, quien no reside en Argentina, relató que a lo largo de 2019 envió importantes sumas de dinero a Cinthia Moya a través de la financiera Western Union para concretar la adquisición de un departamento en pozo.

El fiscal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Daniel Alejandro Escalante, imputó provisionalmente a Cynthia Elizabeth del Valle Moya por ser presuntamente autora del delito de estafa.

Durante la audiencia, Moya, asistida por un abogado particular, negó cualquier implicación en el hecho.

La nueva imputación se basa en la denuncia de una mujer que afirma haber sido engañada  en la compra de un departamento en construcción. Según su relato, la acusada le ofreció la adquisición del inmueble, asegurando que trabajaba en conjunto con abogados inversionistas de una constructora.

La denunciante, quien no reside en Argentina, manifestó que a lo largo de 2019 envió importantes sumas de dinero a través de Western Union para concretar la compra. Según su testimonio, Moya la habría llevado hasta el edificio donde se encontraba el departamento, generando una carpeta de adquisición para la unidad funcional.

En el marco de la investigación, la Fiscalía solicitó un informe a la empresa indicada sobre las operaciones realizadas por la denunciante. La documentación proporcionada confirmó las transacciones y reveló  que la acusada fue quien cobró las sumas enviadas.

Esta nueva acusación se suma a una serie de imputaciones previas, entre ellas, 850 estafas relacionadas con la falsa financiera «Ríos & Asociados» y seis estafas vinculadas a «Norte & Asociados».

Imputado por venta ilegal de productos destinados a asistencia social

Los alimentos eran comercializados en un local de villa San Antonio. Algunos de ellos tenían la etiqueta que indicaba “Prohibida su venta” y otros estaba sobrescritos. 

El fiscal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Daniel Escalante, imputó provisionalmente a un hombre por el delito de encubrimiento por receptación dolosa, tras un operativo realizado el lunes 26 de agosto, en el que se incautó mercadería que presuntamente pertenecería al área social de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Los productos etiquetados con la leyenda “Prohibida su venta”, eran ofrecidos en un local comercial propiedad del imputado.

Durante la audiencia, el acusado, asistido por un abogado particular, negó las acusaciones y brindó su versión de los hechos.

La intervención de la Fiscalía especializada en delitos económicos se originó el 17 de julio, cuando el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Salta, reportó que un vecino había alertado sobre la comercialización de alimentos no perecederos con prohibición para la venta, en un almacén situado en Villa San Antonio.

A raíz de esta notificación, el área de Control Comercial de la Municipalidad de Salta llevó a cabo una inspección el 12 de julio de 2024, labrando actas que incluyeron infracciones y decomisos, al confirmarse la existencia de productos con rotulación alterada.

Tras la investigación llevada a cabo por la UDEC,  se solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento para el local comercial y la vivienda del propietario, así como el secuestro de la mercadería involucrada.

En el operativo se secuestraron 29 cajas de leche Vidalac con la leyenda «Prohibida su venta», 13 cajas de leche Vidalac sobrescritas y 2 cajas de leche abiertas con leyenda sobrescrita, y documentaciones varias (tickets, remitos, facturas) relacionadas a la actividad comercial y de interés para la causa.

 

Imputan por fraude a la administración pública al expresidente de la Panadería Social

También fueron imputadas dos familiares. Se detectó un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social, lo que podría haber causado un perjuicio económico al erario municipal de aproximadamente $100 millones.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a Luis Emilio Fayón Medina por el presunto delito de fraude a la administración pública. En el caso de la esposa y cuñada del expresidente de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, fueron imputadas como participes necesarias del mismo delito.

Las tres personas asistieron a la audiencia de imputación asistidos por un abogado particular, se abstuvieron de declarar y no aceptaron responder preguntas de la Fiscalía.

La intervención de la UDEC se produjo tras una denuncia realizada el 24 de mayo pasado por el Procurador General de la Municipalidad de Salta, quien señaló serias irregularidades en la administración de la Sociedad del Estado Municipal «Pan Solidario». La auditoría, que se centró en el periodo de julio a diciembre de 2023, reveló presuntos sobreprecios, compras direccionadas y un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social, lo que podría haber causado un perjuicio económico al erario municipal de aproximadamente $100 millones.

De acuerdo a la investigación, la Panadería Social habría favorecido a ciertos comercios sin justificación, en particular a los negocios de la esposa y la cuñada de Fayón Medina, quienes habrían facturado a la Panadería Social sumas superiores a los $50 millones por la venta de fiambres y embutidos. Según se desprende del informe de los investigadores, resultó, “cuanto menos extraño, que un ente de las características de la Panadería Social, haya adquirido insumos en comercios de tan pequeña escala, sin historial en el rubro, sin una relación de provisión previa, y sin un procedimiento de selección que al menos promueva la eficiencia y la transparencia en el gasto”.

Por otra parte, la investigación reveló la presunta existencia de sobreprecios en la adquisición de insumos. En varias facturas, el precio de la margarina adquirida era hasta diez veces mayor que el precio de mercado. A modo de ejemplo, un proveedor facturó «Margarina Premium por 10 kg.» a $161.150, cuando el precio real rondaba los $16.560. La diferencia representó un daño patrimonial superior a los $3.300.000 sólo en este rubro.

Además, se detectaron inconsistencias en el uso de la materia prima comprada por la Panadería Social. Las cantidades de insumos adquiridos superaban significativamente las necesarias para la producción registrada, lo que sugiere un grave faltante de stock sin explicación aparente. Según los cálculos de la auditoría, estas irregularidades podrían haber causado un daño económico de alrededor de $100 millones.

 

Desmantelan operación fraudulenta conocida como «El cuento de la grúa»

El damnificado es un vecino de la ciudad de Salta. Hoy se llevó a cabo un allanamiento en la provincia de Río Negro dando como resultado la detención de una mujer y el secuestro de elementos de prueba. 

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó a los jueces de garantías en turno la autorización para llevar a cabo allanamientos en tres domicilios y en tres pabellones del Establecimiento de Ejecución Penal Nº 2, en la provincia de Río Negro. Esta solicitud se enmarca en una causa por estafa y asociación ilícita, en la que están imputados tres hombres privados de la libertad y una mujer, pareja de uno de ellos, quienes formarían parte de un grupo delictivo.

Como resultado del procedimiento, se detuvo a la mujer imputada. Además, se secuestraron sustancias estupefacientes y elementos de prueba, como teléfonos celulares, chips y cuadernos con anotaciones de domicilios y números telefónicos, que revisten importancia para la causa.

La  investigación inicia a partir de una estafa telefónica denunciada por un ciudadano en Salta el pasado 1 de julio. La víctima informó haber recibido una llamada telefónica de un hombre que se hizo pasar por un conocido, solicitando ayuda para gestionar una grúa a través de su aseguradora debido a un supuesto problema mecánico. 

Durante la conversación, intervinieron tres personas que se hicieron pasar por un conocido, un supuesto operador de seguros y un supuesto gerente de la aseguradora. A través de esta maniobra, lograron que el denunciante transfiriera un total de $600.000 mediante Mercado Pago y su cuenta bancaria, supuestamente para cubrir el servicio de grúa del automóvil averiado y el traslado de familiares que, según el engaño, habían quedado varados en el trayecto.

Al sospechar de la situación, el damnificado contactó a la aseguradora, quien le confirmó que había sido víctima de una estafa.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales determinaron que este modus operandi ya tiene antecedentes en todo el país. Se identificó un caso similar en la provincia de Río Negro, donde un grupo delictivo fue condenado por utilizar este mismo ardid, conocido como el «cuento de la grúa». En este caso, se detectó que los responsables de la estafa actuaban desde el Penal N° 2 de General Roca.

El análisis de las comunicaciones reveló que las llamadas realizadas al denunciante provienen de líneas telefónicas vinculadas a internos del penal. La investigación también identificó que el dinero transferido fue enviado a una cuenta perteneciente a un menor de edad, vinculado a uno de los internos sobre la cual se solicitó la inmovilización de fondos.

Requieren juicio por 63 estafas a una operadora de turismo

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías para Daniela Aibar por los delitos de estafas reiteradas (56 hechos), defraudación por el uso de tarjeta de crédito (7 hechos) y defraudación por administración infiel, todo en concurso real.

Daniela Aibar, exoperadora de turismo, fue detenida el pasado 19 de enero a pedido de la fiscal Salinas Odorisio, quien investigó cuatro denuncias en su contra. En noviembre, una persona la acusó de haberle cobrado 33.000 pesos en septiembre de 2022 para tramitar una visa, pero luego le informó que los turnos habían sido postergados, sin devolverle el dinero.

El 12 de enero de 2024, un hombre denunció haber pagado $4.996.000 en diciembre de 2023 por un paquete turístico que resultó no estar pagado, debiendo desembolsar 2.873,04 dólares adicionales en el hotel. La imputada prometió devolver el dinero, cosa que no hizo.

Otra denuncia, radicada el 16 de enero, involucró un paquete turístico de $18.000 dólares y $897.600 pesos para 13 personas. La familia descubrió que no había reservas registradas a su nombre y la agente no pudo proporcionar documentación verificable.

A partir de la detención de Aibar, la fiscal Salinas Odorisio recibió numerosas denuncias y, tras investigarlas, la imputó por estafas reiteradas (56 hechos), defraudación por el uso de tarjeta de crédito (7 hechos) y defraudación por administración infiel, todo en concurso real.

Requieren juicio para dos hermanos acusados de fraude a la administración pública

La causa está vinculada a una contratación abreviada del Gobierno de Salta para la adquisición de dos vehículos que nunca fueron entregados.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa contra  Ricardo Gutiérrez Conde y José Gutiérrez Conde como coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

La intervención de UDEC inició luego de que en marzo de 2023 ingresara una denuncia en contra de Ricardo Gutiérrez Conde, representante en Salta de la empresa Conde Automotores S.R.L.

Según lo manifestado, el acusado presentó una oferta en el marco de la Contratación Abreviada Nº 235/2022, tramitada por la Secretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta para la adquisición de dos camionetas, una marca Nissan y otra Renault. A pesar de que la oferta fue preadjudicada por $24.270.000 y se emitió una orden de compra por el mismo valor, los vehículos nunca fueron entregados.

La investigación realizada por la UDEC reveló que José Gutiérrez Conde, hermano del denunciado, también había actuado en la causa. Ambos recibieron la transferencia de dinero por parte de Tesorería de la Provincia, anularon las facturas de los vehículos y realizaron transferencias a terceros, como las empresas Grandote SA y Clama SA, además de efectuar pagos a particulares.

Todo esto se llevó a cabo mientras los acusados afirmaban falsamente que uno de los vehículos estaba en proceso de patentamiento a favor de la Provincia, solicitando un pago adicional injustificado con fines de para retrasar la entrega.

Hasta el momento, las unidades no han sido entregadas y, según la pericia contable realizada por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el monto de adjudicación a Conde Automotores, pasó de los $24.270.000 en diciembre de 2022 a $124.713.822 en mayo 2024, ajustado según los índices del INDEC (IPC).

 

Nuevo imputado en una causa por fraude a la administración pública

Requieren juicio para tres mujeres por estafa

Las acusadas engañaron a la víctima mediante una compleja trama que involucraba promesas de riqueza. La investigación reveló transferencias bancarias fraudulentas por casi medio millón de pesos.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la elevación a juicio de la causa en la que tres mujeres de 35, 38 y 42 años son acusadas del delito de estafa, en calidad de coautoras.

La intervención de la UDEC comenzó en julio de 2019 cuando una mujer denunció haber conocido a un hombre a través de Facebook. Después de varios meses de contacto, el hombre, quien afirmaba ser estadounidense y estar en Afganistán en una misión de paz, le prometió enviar un paquete con U$S 900.000 y joyas, supuestamente encontrados en un lugar abandonado. Para facilitar el envío, la denunciante proporcionó su nombre y dirección. Posteriormente, el sujeto le informó que la entrega sería realizada por un supuesto diplomático estadounidense en Salta, llamado Mark Alex.

Según lo denunciado, este último contactó a la mujer, informándole sobre problemas con la aduana y solicitando un pago de U$S 1.200 para liberar el paquete, dinero que la denunciante aportó. Posteriormente, el supuesto diplomático le pidió otros U$S 4.000 para evitar la confiscación del paquete.

Entre el 10 de mayo y el 3 de julio de 2019, la denunciante transfirió a distintas cuentas $478.940, sin que nunca le llegara el supuesto paquete enviado desde Afganistán.

A través del entrecruzamiento de datos e informes de distintos bancos, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos establecieron que las tres acusadas, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, engañaron a la mujer  y cobraron el dinero transferido.