Condenan a la banda que estafaba a adultos mayores

Dos hombres mayores y un menor, integrantes de una misma familia, fueron sentenciados por numerosos hechos de estafa en perjuicio de adultos mayores, a los que llamaban por teléfono y, mediante engaños, hacían que les entreguen importantes sumas de dinero. Los hechos ocurrieron en agosto y setiembre de 2019 en la ciudad de Salta.

La Sala 4 del Tribunal del Juicio condenó a tres miembros de una familia que, durante 2019, realizaron estafas a adultos mayores.

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, fue la representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio que permitió la condena de Hugo Rubén Juan Juan a tres años de prisión de ejecución condicional por seis hechos de estafa agravada por intervención de un menor de 18 años; de Pablo David Juan a tres años de prisión condicional por ocho hechos de estafa agravada por intervención de un menor de 18 años y un menor de edad al momento de los delitos por ser coautor en ocho hechos de estafa en concurso real.

Hugo Rubén Juan Juan y Pablo David Juan deberán observar reglas de conducta durante el tiempo que dure la condena y el menor de edad fue puesto a disposición del Juzgado Penal Juvenil.

Además, se hizo lugar a la demanda civil efectuada por una de las víctimas y los tres hombres fueron condenados a pagar en concepto de indemnización por daño moral la suma de 200 mil pesos más intereses.

La causa

Entre los meses de agosto y setiembre de 2019, los acusados efectuaron llamados a los números fijos particulares de los damnificados y simulando ser familiares, los engañaban diciendo que debían cambiar sus billetes ahorrados porque perderían su valor y los convencían para que los entreguen a una “persona de confianza” para realizar el trámite, desapoderándolos de sumas importantes de dinero.

En uno de los casos, incluso simularon el secuestro de una supuesta hija de la damnificada, que entregó una importante cantidad de moneda extranjera.

Tras minuciosas tareas investigativas desplegadas, se logró identificar el vehículo en el que se desplazaban y con el aporte de testigos y del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, se logró individualizar a los delincuentes.

En agosto de 2020, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos solicitó la elevación a juicio de la causa.

Imputaron por 22 hechos de fraude al empleado del IPSS

El Jefe de Derivaciones de la obra social provincial, que fue detenido ayer, fue asistido por un abogado particular durante la audiencia y se abstuvo de declarar

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó este viernes a Pablo Federico Anze por fraude a la administración pública (22 hechos), concusión y falsificación de instrumento público, todo ello en concurso real.

Anze, que fue detenido ayer por pedido de Salinas Odorisio durante un allanamiento realizado en su domicilio, concurrió a la audiencia de imputación con su abogado particular y se abstuvo de declarar.

El 21 de septiembre pasado, las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta radicaron una denuncia en contra del Jefe de Derivaciones del IPSS. A partir de allí, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación que permitió detectar distintas maniobras que realizaba Anze engañando a los afiliados del IPS con dinero para provecho propio por sumas superiores a los $500.000.

Los investigadores del CIF lograron determinar que el hombre, que se desempeñaba como Jefe de Derivaciones del seguro de salud desde hace un año (aunque trabajaba en el área desde hace cinco), solicitaba a los afiliados dinero en efectivo o a través de depósitos o transferencias bancarias a su cuenta, en concepto de copago o coseguro por el servicio de traslado.

El acusado, que se ganaba la simpatía de las víctimas, les manifestaba que él se encargaría de ingresar el dinero en el IPSS y de esa manera se ahorraban tener que hacer el trámite en caja. Como prueba, les entregaba recibos con sellos apócrifos. Todos los papeles eran remitidos, firmados, a la Gerencia de Seguros Sociales, que es el área que debe controlar a ese sector.

Hasta el momento se pudo determinar que 22 personas fueron víctimas de estas maniobras y quedaron registradas en las conversaciones que Anze tenía por whatsapp con los afiliados a fin de brindarles instrucciones sobre cómo debían proceder.

Al ser descubierto por las autoridades del IPSS, Anze se comunicó con las víctimas e intentó devolverles el dinero, hecho que fue consumado en una sola oportunidad.

Por otra parte, los investigadores determinaron que en octubre de 2020, Anze exigió a una afiliada 2.000 dólares para que pudiera trasladar en avión sanitario a su marido desde Santa Fe a Salta. El hombre le manifestó que el IPSS exigía el pago de ese coseguro para prestar el servicio, cuando la obra social no lo requiere, por lo que incurrió en el delito de concusión y falsificación de instrumento público, toda vez que el acusado exigió sin derecho alguno una suma de dinero a la víctima, haciendo entrega en ese acto de una factura falsa.

Detuvieron a un empleado del IPS

Fue en el marco de un allanamiento a la vivienda del hombre, que había solicitado la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. Se secuestró documentación del Instituto Provincial de Salud de Salta.

En el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal por irregularidades en el departamento de Derivaciones del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), esta mañana se realizó el allanamiento de una vivienda y la detención de un empleado del seguro de salud.

El 21 de septiembre pasado, las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta radicaron una denuncia en contra del Jefe de Derivaciones del IPSS. A partir de allí, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación con el Equipo de Investigadores del CIF que permitió determinar que el empleado solicitaba a los afiliados pagar indebidamente prestaciones, coseguros y servicios de traslados sanitarios, tanto en moneda de curso nacional  como en dólares, a los afiliados.

Los Investigadores del CIF pudieron corroborar que el hombre, desde su oficina ubicada en Mitre 355, gestionaba traslados sanitarios, derivaciones interprovinciales de tipo oncológicas y diversas contraprestaciones de salud de los afiliados, cobrándoles importes en efectivo y mediante transferencias a su Clave Bancaría Uniforme (CBU) personal, haciéndoles entregas de proformas y constancias falsificadas.

Con todas las pruebas reunidas, Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías N° 7, a cargo de María Edith Rodríguez, una orden de allanamiento al domicilio del hombre y su detención, que fueron concretadas esta mañana.

Como resultado del allanamiento fueron secuestrados vehículos, dinero y documentaciones relacionados al IPSS.

Además, Salinas Odorisio expidió una orden de presentación a la titular del Instituto Provincial de Salud, para que el Instituto de Salud presente a los investigadores del CIF los expedientes de derivaciones que surgen de la investigación. También se procedió al secuestro del CPU utilizado por el acusado.

El hombre será imputado en las próximas horas.

Salvador Mazza: Ya suman doce personas imputadas

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot imputó a la contadora Liliana Cristina Centeno por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria. Se abstuvo de declarar.

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos) y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal) imputó esta mañana a Liliana Cristina Centeno por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria.

Centeno, que es contadora pública, fue quien confeccionó las declaraciones juradas que permitieron las compras de los vehículos que fueron secuestrados el miércoles pasado durante los 18 allanamientos al domicilio del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, familiares y funcionarios comunales, por los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) -con la colaboración de Policía de la Provincia de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación; y del Grupo Operativo Conjunto-NOA).

De acuerdo a la investigación realizada por los investigadores del CIF del Ministerio Público Fiscal, los fondos empleados en las compras de los cuatro vehículos (un BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a nombre de Rubén Méndez; una camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su hija Ivanna Irene Méndez; un BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de su hijo Roque Maximiliano Méndez y otra camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su expareja Susana Angelita Palacio) podrían estar relacionados con las arcas municipales.

Además, de acuerdo a lo suministrado por AFIP, lo manifestado por la contadora Liliana Centeno no concuerda con los registros obrantes en el organismo nacional, en cuando a la capacidad patrimonial y financiera de las personas mencionadas para poder realizar la adquisición de los vehículos.

Centeno se presentó con un defensor oficial y se abstuvo de declarar.

La causa

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Salinas Odorisio y Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

Hasta el momento, fueron imputadas doce personas: Rubén Méndez Salazar (Intendente), Ivanna Irene Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo), Susana Angelita Palacio (expareja), Juan Marco Méndez (hermano del Intendente), Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente), Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del Intendente),  Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza), Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza), Ángela Paola Beatriz Gijena (pareja), Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino) y Liliana Cristina Centeno (contadora).

Los delitos que se le imputan, y sobre los que el Ministerio Público Fiscal continuará investigando, son asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además, dado que durante la investigación realizada por los Investigadores Fiscales del CIF surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros, el Ministerio Público Fiscal dio intervención en la causa contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, a la Justicia Federal.

Salvador Mazza: Dieron intervención a la justicia federal

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal) dio intervención en la causa contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, a la Justicia Federal.

Así lo informó Salinas Odorisio durante la conferencia de prensa que realizó esta mañana el Ministerio Público Fiscal para brindar detalles de la investigación y de la que también participaron el director del CIF, Pablo Rivero; el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz; el jefe de Policía de la Provincia, José Ibarra; el jefe de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF, Omar Dávila; el inspector Juan Carlos Serna y el oficial jefe Arnaldo Esteban Machin de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La titular de la UDEC informó que desde el MPF ya se comunicó a la Fiscalía Federal de Tartagal sobre la imputación al intendente de Salvador Mazza y los procedimientos llevados a cabo el miércoles pasado en la localidad fronteriza, en virtud de distintos elementos probatorios que hacen presumir que podrían haberse cometido delitos federales.

En ese sentido, notificó que en el marco de las tareas investigativas llevadas a cabo por la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos Complejos surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros.

Asimismo, informó que el dinero incautado en los 18 allanamientos ya se encuentra depositado en cuentas judiciales.

Por su parte, Pablo Rivero destacó la celeridad con la que los Investigadores Fiscales llevaron a cabo la investigación que permitió realizar con éxito los 18 allanamientos con la participación de 240 personas.

Salvador Mazza: Imputaron a once personas por numerosos delitos

El intendente Rubén Méndez Salazar declaró brevemente, sin aceptar preguntas. Los otros diez se abstuvieron de declarar. Otra mujer será imputada en la capital salteña.

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal) imputó hoy a once personas en Salvador Mazza. Otra será imputada en la capital salteña.

Las imputaciones fueron resultado de una investigación que venía desarrollando la Unidad Fiscal con el apoyo de los investigadores fiscales del CIF y que culminaron ayer con los allanamientos realizados en la Municipalidad de Salvador Mazza, el domicilio de Rubén Méndez, intendente de esa localidad, y otros 16 inmuebles.

En los allanamientos, los investigadores del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), que contaron con el apoyo de fuerzas provinciales y federales, incautaron un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

Durante la audiencia, los once imputados se presentaron con abogados particulares. Todos se abstuvieron de declarar, menos el intendente Rubén Méndez Salazar, quien declaró brevemente sin aceptar preguntas.

Una contadora fue citada a audiencia de imputación en la capital salteña.

Once imputados

1. Rubén Méndez: Imputado por enriquecimiento ilícito; peculado (tres hechos) en calidad de coautor; peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

2. Ivanna Irene Méndez (hija): Imputada por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria y asociación ilícita.

3. Roque Maximiliano Méndez (hijo): Imputado por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesario; peculado (dos hechos) en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita

4. Susana Angelita Palacio (expareja): Imputada por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria y asociación ilícita

5. Juan Marco Méndez (hermano del Intendente): Imputado por peculado  (dos hechos) en calidad de coautor; asociación ilícita.

6. Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente): Imputado por peculado  (dos hechos) en calidad de coautor y asociación ilícita.

7. Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del Intendente): Imputado por peculado  en calidad de coautor; asociación ilícita

8. Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza): Imputado por peculado  (dos hechos) en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita.

9. Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza): Imputado porpeculado  de servicios y trabajos en calidad de coautor y asociación ilícita.

10. Ángela Paola Beatriz Gijena (pareja): Imputada por asociación ilícita

11. Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino): Imputado por asociación ilícita.

Las imputaciones

Enriquecimiento ilícito: Rubén Méndez Salazar aumentó considerablemente sus activos patrimoniales desde que asumió como intendente de Salvador Mazza, lo cual denota una situación anormal considerando sus ingresos legales.

Adquirió a título propio y por interpuestas personas los siguientes bienes: un inmueble (matrícula Nº 23322) y cuatro vehículos: un BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a su nombre; una camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su hija Ivanna Irene Méndez; un BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de su hijo Roque Maximiliano Méndez y otra camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su expareja Susana Angelita PALACIO,

Ni los hijos ni la exmujer tienen capacidad patrimonial y financiera para realizar dichas erogaciones, por lo que fueron imputados provisionalmente por el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de partícipes necesarios.

Peculado  en calidad de coautores: Rubén Méndez Salazar,  Juan Marco Méndez; Oscar Rodolfo Gutiérrez y Jesús Manuel Gijena; y en calidad de partícipes necesarios a Roberto Justo Balverdi y Roque Maximiliano Méndez, quienes teniendo a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos conforme las funciones respectivas de cada uno ellos, sustrajeron caudales públicos percibidos en el puesto denominado “VOVE”, en el que se percibe el pago a cuenta de “Contribución que incide sobre la actividades comercial, Industrial o de servicios” (Resolución Municipal Nº 240/04)y en el puesto denominado “Guandacarenda”, en el cual se percibe el pago de la “Tasa de Reconstrucción de Pavimento – Transporte de cargas”, sin efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas durante el periodo emprendido de enero de 2020 hasta el primer semestre del presente año, causando con ello un perjuicio patrimonial al Estado.

Gijena es el inspector del puesto VOVE y cumple las directivas del Intendente respecto al funcionamiento y percepción de las contribuciones. Es el hermano de la pareja actual de Rubén Méndez y es el vigía de la recaudación y tráfico de circulación. Juan Marco Méndez (hermano del Intendente) y Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente), en su condición de empleados municipales, cumplen la función de recolectar diariamente las sumas recaudadas en el puesto VOVE y Guandacarenda, y trasladarlas al domicilio particular de Roque Maximiliano Méndez.

Las maniobras desplegadas no pudieron pasar por alto de Balverdi, quien mediante su intervención en la confección de los registros contables -dado su conocimiento en la materia por su carácter de contador y Secretario de Hacienda- permitió que las recaudaciones no sean registradas y expuestas como ingresos de las arcas municipales en las ejecuciones presupuestarias, siendo responsable de la registración de los ingresos de los fondos del Municipio y control de los mismos.

Peculado  de servicios y trabajos en calidad de coautores:  Rubén Méndez Salazar y Roberto Orellana, toda vez que ejerciendo su función de Intendente y Secretario de Obras Públicas, respectivamente, ordenaron en octubre y noviembre 2020 que personal municipal y maquinaria de la Intendencia conviertan un sendero peatonal privado en una calle transitable para que circulen vehículos de transporte de carga con fines comerciales privados y exentos de los controles formales de tránsito internacional.

Peculado  en calidad de autor: Rubén Méndez Salazar ya que utiliza la camioneta Ford Ranger en beneficio propio y de su grupo familiar con fines particulares, sustrayéndolo de la actividad de la Administración Pública Municipal.

Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de Funciones Públicas: a Rubén Méndez Salazar ya que hubo confusión de intereses públicos y privados. El intendente emitió la Resolución Nº 31/20, que autoriza el funcionamiento de la asociación de transporte de carga denominada “Asociación de Fleteros, Transportistas y Afines Emanuel”, la cual está integrada con rodados de propiedad de Méndez Salazar, quien actúa como parte interesada por su actividad comercial particular (distribución de bebidas).

Omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales: a Rubén Méndez Salazar por no presentar las declaraciones juradas ante Escribanía General de Gobierno, a pesar de las intimaciones fehacientes cursadas por el inicio y cese de gestión de 2013 al 2015, por el inicio y cese de gestión 2015 a 2019 e intimación por el inicio de la gestión del periodo 2019, conforme obra constancia de fs. 296/311

Incumplimiento de los deberes de funcionario público: a Rubén Méndez Salazar ya que, en su carácter de Intendente del Municipio Prof. Salvador Mazza, incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal. En particular, no presentó en debida forma las ejecuciones presupuestarias del periodo 2021, sumado al hecho de que no presentó la correspondiente al ejercicio 2020.

Asociación ilícita: en calidad de Jefe/Organizador a Rubén Méndez Salazar (Intendente), y de miembros a Ivanna Irene Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo), Susana Angelita Palacio (expareja), Juan Marco Méndez (hermano), Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas), Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado), Jesús Manuel Gijena (cuñado), Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda), Ángela Paola Beatriz Gijena, (pareja) y Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino), toda vez que forman parte de una organización con división de tareas, con permanencia y de manera organizada, encaminados a cometer indeterminados hechos ilícitos en contra de la Administración Pública.

Los roles de la asociación ilícita

Rubén Méndez Salazar, en su carácter de Jefe Comunal, dirigía la empresa criminal designando los miembros y asignando las funciones respectivas; mientras que Roque Maximiliano Méndez era quien se encargaba de controlar el cumplimiento de las directivas criminales impartidas por el Intendente y, en particular, de la recaudación de sumas de dinero.

Por su parte, Juan Marco Méndez y Oscar Rodolfo Gutiérrez eran quienes recaudan el dinero de los puestos municipales de cobro de tasas y contribuciones, para luego trasladarlos al domicilio particular del Intendente, de donde se retiraban Juan Marco Méndez y Gutiérrez con los bolsos vacíos, evidenciando un circuito espurio del dinero recaudado en los puestos señalados.

Jesús Manuel Gijena, como cuñado, era la persona de confianza del Intendente, ocupándose de controlar la recaudación y funcionamiento del puesto VOVE.

Roberto Orellana y Roberto Justo Balverdi eran quienes ejecutan las directivas en el ámbito de las Secretarías de Obras Públicas y Hacienda.

Ivanna Irene Méndez y Susana Angelita Palacio eran quienes se encargan de la actividad económica privada del Intendente y recibir los beneficios de las maniobras delictivas.

Por último, Ángela Paola Beatriz Gijena y Jesús José Antonio Reinoso Méndez como personas de confianza del Intendente (pareja y sobrino, respectivamente) participaban del circuito del dinero obtenido por la empresa criminal.

Allanan la casa del intendente de Salvador Mazza y otras 18 propiedades

Los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) -con la colaboración de Policía de la Provincia de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal Argentina y el Grupo Operativo Conjunto-NOA) secuestraron vehículos importados, dinero en efectivo (euros y dólares), documentación y un arma.

Bajo la dirección de la Unidad Fiscal integrada por la fiscala de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) -con la colaboración de Policía de la Provincia de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación; y del Grupo Operativo Conjunto-NOA) llevaron esta mañana una serie de allanamientos en el municipio de Salvador Mazza y el secuestro de vehículos y documentación.

Las actuaciones de la Unidad Fiscal se originaron tras una denuncia web por supuesto enriquecimiento ilícito contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, y familiares por la compra durante 2021 de dos vehículos importados (BMW X6 XDRIVE40I y BMX M 340I XDRIVE) y una camioneta Ford (F-150 Raptor 3.5L cabina doble 4×4) por la suma aproximada de 56.835.000 de pesos.

Según consta en la denuncia “los haberes que percibe como intendente ascienden a la suma de cincuenta mil pesos aproximadamente, lo cual torna imposible contar con capacidad económica para poder adquirir los vehículos mencionados en la presente denuncia”. Los familiares de Méndez –que figuran como propietarios de dos de los vehículos- tampoco podrían justificar la compra con sus ingresos.

Por otra parte, en la denuncia también señalaron que una organización liderada por el intendente se quedaría con la recaudación de distintas tasas municipales, como la de reconstrucción de pavimento de Salvador Mazza.

Luego de investigar la denuncia, la Unidad Fiscal integrada por Salinas Odorisio y Cabot, se trasladó a Salvador Mazza y solicitó al Juzgado de Garantías N°1 de Tartagal, a cargo de Nelso Aramayo, autorice los allanamientos.

Según informó la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, el operativo aún continúa pero hasta el momento se han secuestrado los dos vehículos BMW, una camioneta Ford, dinero en efectivo (dólares y euros) y documentación. También se halló un arma con municiones.

El 24 de febrero pasado, el jefe comunal de Salvador Mazza fue imputado por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor

Condenaron al abogado Monzo a cuatro años de prisión

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio en el que solicitó la condena al exfuncionario del Ministerio de Trabajo de la Nación, Facundo Monzo y la absolución por el beneficio de la duda de su madre, Rosa Olmos.

El abogado Facundo Monzo fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por los delitos de lesiones leves y estafa en perjuicio de Ezequiel Llauro, mientras que su madre, Rosa Olmos, fue absuelta por el beneficio de la duda.

Las penas impuestas por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Javier Araníbar (presidente), Federico Javier Armiñana Dohorman y Fernando Martín Pérez (vocales), son las que había solicitado la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, durante la audiencia de debate. Además, se hizo lugar al pedido de Llauro para que lleve adelante la acción civil que le permitiría la restitución del dinero.

En 2012, Llauro radicó una denuncia por estafa en contra del abogado y entonces funcionario de la Agencia Territorial local del Ministerio de Trabajo de la Nación, Facundo Monzo, en la que aseguró que, mediante engaños, se había quedado con 800 mil dólares que le pertenecían y que estaban destinados a una operación inmobiliaria.

De acuerdo al relato de la víctima, a fines de 2011 llegó a Salta con 800 mil dólares –producto de unas propiedades que vendió- con la idea de realizar operaciones inmobiliarias. Un conocido le presentó a Monzo y, de a poco, la relación se fue haciendo más cercana a tal punto que hasta había sido invitado a comer a la casa de la madre del abogado, Rosa Olmos. Allí, y en base a la confianza que les tenía, aceptó realizar una operación inmobiliaria.

Como Llauro debía viajar a Buenos Aires y, para evitar que anduviera con el dinero a cuestas, Llauro contó que Monzo le ofreció que le dejara el dinero como depósito en custodia en una caja fuerte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así lo hizo, pero al regresar a Salta Monzo se encontraba de viaje en el exterior.

Desesperado por recuperar su dinero, Llauro intentó contactar infructuosamente en numerosas oportunidades al funcionario del Ministerio de Trabajo. Por ello, se dirigió al domicilio de Monzo, pero Olmos le dijo que su hijo no se encontraba allí. Llauro no se movió de la puerta hasta que lo vio salir de la casa en un remis y comenzó una persecución que terminó en avenida Arenales, con los hombres enfrentados.

Como consecuencia, Llauro terminó hospitalizado con una fractura de cadera y politraumatismos.

Si bien Monzo fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, seguirá en libertad hasta tanto la condena quede firme.

Desbaratan organización que estafó a personas mayores por más de 13 millones

Este miércoles se realizaron cuatro allanamientos en la ciudad de Salta y están previstos operativos similares en provincias del NOA, donde operaba la organización que protagonizó al menos ocho hechos de estafa. Los acusados se habrían alzado con 35 mil dólares en efectivo, más de $ 1.500.000 (un millón y medio de pesos) y alhajas de oro por un valor aproximado a los 10 millones de pesos.

La fiscala penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, dirige la investigación penal mediante la cual logró desbaratarse una banda interprovincial que estafaba a adultos mayores, luego de convencerlos telefónicamente de que la mujer que llamaba, era un familiar. Cuando lograba la confianza de la víctima, la mujer advertía que dólares, pesos y joyas se irían a desvalorizar a partir de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que un empleado del Banco iría a retirar todo el dinero que pudiera reunir, para que no perdiera valor su patrimonio. Mientras continuaba la comunicación, se presentaba otra persona para retirar el dinero o bienes.

Los investigadores del CIF establecieron vinculaciones entre siete hechos con el mismo patrón de conducta delictiva, y a través del estudio de telecomunicaciones, que seis de las ocho víctimas recibieron las llamadas de una misma línea telefónica con prefijo de Tucumán. Las restantes fueron hechas desde teléfonos celulares que durante la investigación, ubicaron como autores de las estafas a sus propietarios.

Los patrones de selección de sus víctimas y modus operandi revelaron que: en todos los hechos, las mujeres cumplieron el rol de captadoras; que todas las víctimas recibieron llamadas a sus teléfonos fijos y que también la totalidad de ellas, son personas de entre 70 y 80 años. Las comunicaciones se originaban en Salta y Jujuy y su entrecruzamiento permitió identificar a parte de la organización con residencias en esas provincias y Mendoza.

En Salta, las llamadas se originaban en un inmueble de barrio Santa Ana y tuvieron como víctimas a adultos mayores del municipio de Joaquín V. González, de la misma provincia. Otras víctimas son de Chaco y Santiago del Estero. En Jujuy, fueron estafadas víctimas de la capital jujeña, a través de comunicaciones iniciadas en barrio San Pedrito, de San Salvador de Jujuy. La investigación también demostró que las mujeres actuaban con sus parejas, quienes retiraban el dinero o elementos cedidos por las personas mayores.  

La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos solicitó al Juzgado de Garantías 5 las órdenes de allanamiento para cuatro inmuebles de Salta capital y el exhorto para otras provincias, que posibilite el allanamiento y detenciones de otros sospechosos.

El trabajo de la Fiscalía e investigadores del CIF se desarrolló en conjunto con las Policías de Chaco y Santiago del Estero; y de efectivos de Gendarmería Nacional para el cumplimiento de medidas en Jujuy.

Durante los allanamientos, se secuestraron vehículos robados que se encontraban en galpones, donde sus integrantes se dedicaban a la compra y venta de camionetas y camiones. Las estafas denunciadas suman un total de 35 mil dólares en efectivo y más de $ 1.500.000 (un millón y medio de pesos) y alhajas de oro equivalentes a un valor de 10 millones de pesos.

Piden elevación a juicio contra Martín De La Arena

El Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías N°4, la elevación a juicio contra el médico, acusado por tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos) y por tentativa de estafa, todo en concurso real

La fiscala de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías N°4, la elevación a juicio contra Martín De La Arena, acusado por tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos) y por tentativa de estafa, todo en concurso real.

Además, Salinas Odorisio solicitó el sobreseimiento de De La Arena por el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función dado que “de los datos colectados durante el devenir de la investigación penal preparatoria no pudo acreditarse que el obrar del mencionado médico haya estado efectivamente direccionado a la confección o ejecución de algún contrato o negociación en el cual haya intervenido interesándose en miras a un beneficio propio o de un tercero”.

En cuanto a los dos hechos de fraude a la administración pública, Salinas Odorisio se basó en la declaración testimonial de distintas funcionarias y funcionarios, además de evaluar los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales y la investigación realizada por el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).

Entre los argumentos brindados por la fiscala en el pedido de elevación a juicio, se encuentran las pruebas de que De La Arena -como socio gerente de Hemosalta SRL- para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, solicitó en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.

La primera presentación fue rechazada ya que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto a sabiendas de que, al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.

Salinas Odorisio explicitó que De La Arena no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS era de $4607,88.

Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. La obra social en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.

En cuanto a la tentativa de estafa, la investigación llevada adelante por la UDEC demostró que De La Arena, como socio gerente de la Empresa HEMOSALTA SRL, entidad habilitada para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, realizó transfusión de plasma a una paciente que se encontraba internada en el Hospital Santa Clara de Asís. Luego solicitó a la ART Prevención, el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado. La ART rechazó el pago de los $75.992,12.

Según consta en el requerimiento de Salinas Odorisio, “el ardid desplegado consistió en intentar que la ART realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo, de esta manera la ART, en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía”.