Estafas telefónicas: Investigadores del CIF detuvieron al último miembro de la organización delictiva del corralón

Se trata de una joven de 26 años que era el nexo en Salta. Fue apresada esta mañana en barrio Aráoz. Una comisión mañana viaja a Mendoza a buscar a los otros detenidos.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por estafas con materiales de construcción en Salta, los Investigadores del CIF detuvieron esta mañana a una joven de 26 años en barrio Aráoz.

Con el procedimiento de hoy, los tres miembros de la organización delictiva ya se encuentran apresados. Cabe recordar que el viernes pasado, personal del CIF realizó cuatro allanamientos en la provincia de Mendoza, uno de ellos en una celda en la Unidad carcelaria Alma Fuerte III y los otros tres en domicilios particulares, logrando la detención de dos hombres y secuestrando elementos de interés para la causa.

Mañana, una comisión del Cuerpo de Investigadores del CIF viajará a Mendoza para trasladar a uno de los detenidos a Salta. Se espera que el Servicio Penitenciario de esa provincia haga lo mismo con el hombre que actuaba desde la celda del penal Alma Fuerte III, a fin de que sean imputados.

La causa

La intervención de la UDEC inició el 18 de enero de 2022, cuando un hombre radicó una denuncia por estafas con materiales de construcción a través de redes sociales.

Los investigadores del CIF pudieron establecer que la estafa se realizó bajo la modalidad Vishing -término que combina las palabras en inglés “voice” y “phishing”-, que es un fraude basado en la ingeniería social y en la suplantación de identidad que se realiza a través de llamadas telefónicas, donde el atacante suplanta la identidad de una empresa, organización o incluso de una persona de confianza, con el fin de obtener información personal de sus víctimas.

En este caso, un recluso de la cárcel de Mendoza había suplantado la identidad de un corralón en el site Marketplace de Facebook. Desde el falso perfil, ofrecía materiales de construcción a menor precio.

Las víctimas le pasaban el listado de materiales que necesitaban para su obra. Previo a la entrega, el hombre les ofrecía un descuento del 40% si pagaban vía transferencia bancaria, a lo que los compradores accedían.

En paralelo, el suplantador de identidad, se comunicaba con un corralón verdadero y realizaba el pedido de la víctima, indicando el lugar y fecha de entrega de los materiales. Al llegar el pedido a la obra y previo a la descarga de los elementos, el corralón solicitaba el pago, a lo que la víctima respondía que ya había abonado por transferencia bancaria.

Los investigadores del CIF pudieron determinar los roles que cumplían las tres personas que participaban de la estafa: el recluso era quien creaba los perfiles falsos y tomaba los pedidos, la novia del recluso –la joven salteña detenida hoy-, recibía la transferencia de dinero de las víctimas y, luego de quedarse con una parte, transfería el resto del dinero a un ex compañero de celda del primero.

Por denuncias de delitos económicos concurrir a :

* Oficina de Orientación y Denuncias. Avenida Bolivia 4671- Ciudad Judicial – 1º Piso.

*Dependencia policial más cercana

Allanamientos y detenciones en Mendoza por estafas a través de redes sociales con materiales de construcción en Salta

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías de Mendoza el allanamiento de una celda del penal Alma Fuerte III y tres viviendas. Fueron detenidas dos personas y secuestrados elementos de interés para la causa. Solicitarán la extradición de los hombres a Salta.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por estafas con materiales de construcción en Salta, se realizaron cuatro allanamientos en la provincia de Mendoza, uno de ellos en una celda en la Unidad carcelaria Alma Fuerte III y los otros tres en domicilios particulares.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres y se logró el secuestro de teléfonos de alta gama desde los que se generaron comunicaciones relacionadas con la causa, diez tarjetas SIM, anotaciones en referencia a elementos de construcción y tarjetas de cuentas virtuales utilizadas para retirar el dinero producto de las estafas, entre otros.

La intervención de la UDEC inició el 18 de enero de 2022, cuando un hombre radicó una denuncia por estafas a través de redes sociales, con materiales de construcción.

El Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) pudo establecer que la estafa se realizó bajo la modalidad Vishing -término que combina las palabras en inglés “voice” y “phishing”-, que es un fraude basado en la ingeniería social y en la suplantación de identidad que se realiza a través de llamadas telefónicas, donde el atacante suplanta la identidad de una empresa, organización o incluso de una persona de confianza, con el fin de obtener información personal de sus víctimas.

En este caso, un recluso de la cárcel de Mendoza había suplantado la identidad de un corralón en el site Marketplace de Facebook. Desde el falso perfil, ofrecía materiales de construcción a menor precio.

Las víctimas le pasaban el listado de materiales que necesitaban para su obra. Previo a la entrega, el hombre les ofrecía un descuento del 40% si pagaban vía transferencia bancaria, a lo que los compradores accedían.

En paralelo, el suplantador de identidad, se comunicaba con un corralón verdadero y realizaba el pedido de la víctima, indicando el lugar y fecha de entrega de los materiales. Al llegar el pedido a la obra y previo a la descarga de los elementos, el corralón solicitaba el pago, a lo que la víctima respondía que ya había abonado por transferencia bancaria.

Los investigadores del CIF pudieron determinar los roles que cumplían las tres personas que participaban de la estafa: el recluso era quien creaba los perfiles falsos y tomaba los pedidos, la novia del recluso –una joven salteña-, recibía la transferencia de dinero de las víctimas y, luego de quedarse con una parte, transfería el resto del dinero a un ex compañero de celda del primero.

Por la estafa, además de los dos hombres detenidos por el personal del CIF en Mendoza, se encuentra prófuga la novia del recluso, que reside en Salta.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio anticipó que en las próximas horas solicitará la extradición de los detenidos en Mendoza a Salta para ser imputados.

Por denuncias de delitos económicos concurrir a :

* Oficina de Orientación y Denuncias. Avenida Bolivia 4671- Ciudad Judicial – 1º Piso.

*Dependencia policial más cercana


Fue declarado en rebeldía el hermano de la ex Secretaria General de la ADP

Luego de concluir la investigación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Poder Judicial, en septiembre de 2021, llevar a juicio a la ex titular de la ADP, su hermano, la tesorera y un asesor.

En septiembre de 2021, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDIS), Ana Inés Salinas Odorisio, elevó al Juzgado de Garantías 2 el requerimiento a juicio contra la ex Secretaria General y la tesorera de la Asociación Docente Provincial (ADP) por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras. También fueron imputados en calidad de partícipes necesarios un hermano de la ex secretaria general y un asesor por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta.

Días atrás, el Juzgado de Garantías 2 –que es quien notifica a las partes involucradas y formaliza la elevación a juicio-, comunicó a la Unidad de Delitos Económicos Complejos la imposibilidad de notificar al hermano de la ex Secretaria General, ya que el domicilio brindado por el acusado no sería en el que efectivamente reside.

Inmediatamente, Salinas Odorisio solicitó la incorporación del hombre en el sistema, solicitó sea declarado en rebeldía y envió nuevamente las actuaciones al Poder Judicial.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal, en su condición de parte acusadora en el proceso, finalizó con la etapa de investigación y decidió requerir juicio a los acusados en septiembre del año pasado. Desde ese momento, es el Poder Judicial el que decide si aceptará enjuiciar a los miembros de ADP y cuándo lo hará.

Para conocer más de la causa, se puede ingresar al siguiente link

Imputan a una mujer por estafa con planes sociales

Una referente social fue denunciada por retener el DNI, tarjeta bancaria y apropiarse del dinero del Plan Potenciar Trabajo de un hombre. La semana pasada allanaron su vivienda y secuestraron varios DNI, tarjetas y documentación. Interviene la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer de 45 años por estafa en perjuicio de un hombre beneficiario del Plan Potenciar Trabajo.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) iniciaron luego de que una mujer denunciara a otra -identificándola como puntera política y a cargo de un comedor- por quedarse con las sumas del subsidio de su marido.

En la denuncia, la mujer contó que la referente había inscripto en el plan social a su marido, abriendo una cuenta bancaria. Para ello, le solicitó el Documento Nacional de Identidad y otra documentación de carácter personal.

Según el relato, aprovechándose de la situación de precariedad y teniendo en su poder la tarjeta de débito a nombre de su marido, percibió las sumas otorgadas en virtud del subsidio (realizando transferencias a la cuenta bancaria de titularidad de la imputada), y le entregó un monto irrisorio. Ante el reclamo de ello y el pedido de restitución del DNI y de la tarjeta de débito, la denunciante aseguró que la imputada le manifestó que la diferencia era retenida “para cubrir las necesidades del partido al que representa, y en particular del Comedor que dirige”.

Por último, la denunciante aseguró que “corroboraron que el partido político únicamente retiene para su financiamiento un 2% de los haberes a los titulares, por lo que las transferencias realizadas a la propia cuenta de la acusada, fueron para su propio provecho”

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación y, tras reunir distintos elementos de prueba, solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento a la vivienda de la denunciada, medida que se concretó días atrás.

Como resultado del procedimiento fueron incautados varios DNI, tarjetas bancarias y otra documentación relacionada a la causa. La mujer fue detenida e imputada provisionalmente por estafa.

Durante la audiencia, la mujer –que fue asistida por un abogado particular-, se abstuvo de declarar. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se mantenga su detención mientras continúa con la investigación.

Coronel Moldes: Imputan a un hombre por 58 estafas

El acusado se habría quedado con el dinero en efectivo del cobro de facturas de Edesa que realizaba en su local comercial. Habría abonado la electricidad con tarjetas de créditos de terceros, que luego desconocían el pago. Ayer allanaron su vivienda y secuestraron documentación relacionada a la causa. Se encuentra detenido.

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por 58 estafas reiteradas (58 hechos) en concurso real.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 16 de noviembre de 2021, el abogado apoderado de EDESA -concesionaria en Salta de la Desarrolladora Energética S.A. (DESA), que distribuye energía eléctrica en el país- denunciara que un local comercial de cobro de servicios de la localidad de Coronel Moldes “habría realizado diferentes cobros de facturas a usuarios de Edesa sin que los pagos efectuados hayan alcanzado a cancelar el pago del servicio, por lo que se habría producido un desvío del dinero abonado, en perjuicio de la firma y los usuarios”

Según precisó el abogado de Edesa, la maniobra delictiva fue descubierta a raíz del reclamo de los usuarios damnificados, que advirtieron la carga de una nota de débito en sus respectivas facturas del servicio, justamente por no haberse registrado los pagos realizados.

Al entrevistar a varios de los damnificados, los investigadores del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) pudieron establecer similitudes en todos los casos: los usuarios abonaban en efectivo el servicio de electricidad en un “Pago 24” de Coronel Moldes; todos habrían sido atendidos por un hombre, al que identificaron como el dueño y, a todos, luego les llegó una nota de Edesa por la factura impaga.

Al continuar con la investigación, desde el Gabinete de Delitos Económicos del CIF descubrieron que el acusado habría empleado tarjetas de créditos de terceros, ajenos a dicha operación, para obtener la cancelación de la factura que fuera abonada en efectivo por el usuario, operación que luego era desconocida por el titular de la tarjeta, generando un contracargo a la firma EDESA.

Reunidas las pruebas necesarias, la fiscala Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de la vivienda del hombre, medida que se concretó ayer. Como resultado del operativo, el hombre fue detenido y se secuestraron seis posnet, un motovehículo Bajaj Rousser NS 125, un celular y documentación relacionada a la causa.

Durante la audiencia de imputación, el acusado –asistido por una abogada particular- se negó a declarar. La fiscala Salinas Odorisio solicitó se mantenga su detención.

Imputan al ex Intendente de Iruya por peculado

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al ex titular del Ejecutivo de Iruya. Durante la audiencia, se abstuvo de declarar y presentará su descargo por escrito.

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al ex Intendente de Iruya por el delito de peculado (dos hechos).

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

La funcionaria aseguraba que, según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del ex Intendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.

El análisis efectuado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) estableció la existencia de tres cheques librados por el Intendente a favor de la Municipalidad de Iruya por $970.000 y que fueron cobrados por él mismo. No existiría una rendición de cuentas.

Por otra parte, en el período 2015/2019, la Municipalidad de Iruya recibió de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero un importe total de $14.594.982,93, de los cuales sólo habrían sido rendidos $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente a rendir de $5.878.073,43.

De las investigaciones realizadas, surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. Por ello, la fiscala Salinas Odorisio imputó al Intendente por dos hechos de peculado.

Durante la audiencia, el ex mandatario de Iruya se presentó con un abogado particular y se abstuvo de declarar, aunque presentará su descargo por escrito.

Orán: Imputado por estafas reiteradas

La fiscala penal 3 de Orán con competencia en Delitos Económicos Complejos, Mónica Viazzi, imputó provisionalmente a un hombre de 53 años por el delito de estafas reiteradas en concurso real. El acusado fue detenido el pasado 7 de febrero en Jujuy, luego de que el Juzgado de Garantías interviniente hiciera lugar al requerimiento formulado por la Fiscalía.

Del decreto de imputación se desprendió que el imputado habría utilizado un entramado de falsas promesas aprovechando la situación socioeconómica del país y sobre todo de la zona, con altos niveles de desocupación.

De la investigación surgió que la modalidad habría consistido en ofrecer trabajo a las víctimas en una supuesta empresa de origen nacional, previo a exigirles el pago de $1200 para un examen preocupacional y trámites de orden administrativo.

El acusado aparentaba solvencia con supuestos trailers, sillones y muebles para la oficina en la que trabajarían los administrativos de dicha empresa, con elevados sueldos y permanencia en la ciudad de Irigoyen o en la zona; maniobras ardidosas que se extendieron de acuerdo a las múltiples denuncias radicadas, incluso en la ciudad de Tartagal y alrededores.

Surge prima facie elocuente el montaje armado por el acusado y de eventuales partícipes de dichas maniobras, al lograr que las víctimas lo trasladaran sin cargo en sus vehículos particulares para reunirse en lugares públicos como campings municipales o salones de sindicatos azucareros.

En sus fundamentos, la fiscala penal Mónica Viazzi sostuvo que las maniobras “revelan a las claras el ardid o engaño desplegado para lograr que las víctimas fueran inducidas al error, con abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, o empresa para lograr la disposición patrimonial prejudicial”.

Imputan al Intendente y a tres concejales de La Merced

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al titular del Ejecutivo de La Merced por retención indebida, incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, imputó a tres ediles como partícipes necesarios del delito de peculado.

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al Intendente de La Merced por los delitos de retención indebida, incumplimiento a los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, imputó a tres concejales como partícipes necesarios del delito de peculado.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, denunciara al jefe comunal en la Fiscalía Penal de Cerrillos.

Las causas fueron derivadas a la UDEC, en donde se realizó una investigación y, luego de reunir las pruebas necesarias, la fiscala Salinas Odorisio tomó la determinación de imputar al Intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público pues habría presuntas irregularidades en las transferencias al Concejo Deliberante correspondientes a los meses de diciembre 2019, enero a julio 2020 y septiembre del 2020, y habría omitido aplicar la nueva alícuota de 6,92% establecida por el art. 21 de la Ordenanza 33/18.

En cuanto a la imputación de retención indebida, según surge de la investigación, el Intendente habría efectuado transferencias presupuestarias correspondientes a diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020 y septiembre 2020 a favor del Concejo Deliberante, aplicando una alícuota del 4,5%, omitiendo aplicar la que correspondía según lo establecido por el artículo 21 de la Ordenanza 33/18 (modificado por la Ordenanza 02/2019), que era del 6,92%. De esta forma habría afectado nuevamente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, en particular el del Concejo Deliberante de La Merced.

Respecto al delito de peculado, de la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, surgió que desde cuentas bancarias de la Municipalidad de La Merced se efectuaron, en septiembre de 2020, tres transferencias de $57.081 cada una a las cuentas de tres concejales.

Por último, Salinas Odorisio imputó al Intendente por incumplimiento a los deberes de funcionario público ya que suscribió la Resolución 535/21, que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso “Cristo de la Hermandad” habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario n° 1319/18.

Durante la audiencia, los imputados se presentaron con abogados particulares y se abstuvieron de declarar, aunque anticiparon que presentarán su descargo por escrito.

La UDEC ordenó una pericia contable en la causa del Exintendente de Salvador Mazza

Es para determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control y el dinero secuestrado en la causa. De la medida, que tendrá lugar en febrero de 2022, podrán participar los peritos de las defensas de los distintos imputados.

La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ordenó la realización de una pericia contable con la posibilidad de participación de peritos de las defensas en la causa que se sigue contra el Exintendente de Salvador Mazza y otras 11 personas.

Según informó Salinas Odorisio, el objetivo de la medida es determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control y el dinero secuestrado en la causa. De la pericia, que tendrá lugar en febrero de 2022, podrán participar los peritos de las defensas de los distintos imputados.

La causa

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el entonces Intendente de Salvador Mazza, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

El Exintendente fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante la investigación surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros, por lo que el Ministerio Público Fiscal dio intervención en la causa a la Justicia Federal.

Imputan a una pareja por estafa y administración fraudulenta

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por la posible comisión de los delitos de estafa y administración fraudulenta en calidad de autor, y a su actual pareja por los mismos delitos, en calidad de partícipe necesaria, todo en concurso real.

Durante la audiencia de imputación, la acusada declaró asistida por su abogado particular, mientras que el acusado –que también estaba acompañado por su defensa particular- se negó a hacerlo. Además, la fiscala Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga la detención del hombre, ante la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y para la protección de su expareja y madre de sus tres hijos, víctima de violencia de género.

El imputado fue detenido el pasado miércoles durante los allanamientos realizados por personal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) en relación a una investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

Salinas Odorisio informó que la Unidad Fiscal a su cargo continúa la investigación para determinar la cantidad de dinero recaudado para el tratamiento de un niño enfermo de cáncer, hijo del imputado, a través de donaciones en dinero en efectivo, ya que de la colecta solidaria habrían participado fundaciones e instituciones de bien público, además de la desarrollada de manera virtual.