Estafas por viviendas: Imputaron a cuatro personas

La fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a tres hombres y una mujer por los delitos de estafas reiteradas (12 hechos) y asociación ilícita. Asistidos por abogados particulares, sólo uno de ellos declaró.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó esta mañana a cuatro personas por los delitos de estafas reiteradas (12 hechos) y asociación ilícita.

Los tres hombres y la mujer fueron detenidos ayer en el marco de las investigaciones de numerosas denuncias que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por estafas, abusos y delitos relacionados a inversiones en fideicomisos inmobiliarios, ventas de casas prefabricadas y venta de inmuebles por lotes o loteo.

En este caso en particular, la firma investigada es Socco Internacional y los detenidos son el titular operativo en la empresa, su hermano, la novia de éste y otro hombre que cumplía el rol de gerente y titular de otra empresa. Dos personas más, se encuentran en condición de prófugos.

La investigación de la UDEC inició luego de recibir denuncias que daban cuenta de incumplimientos en la construcción de viviendas prefabricadas en Salta y otras provincias por parte de Socco Internacional. De acuerdo a lo detallado por las distintas víctimas, luego de la firma de un contrato, que estipulaba los tiempos de obra y entrega y tras abonar las sumas solicitadas, la empresa no cumplía con lo pactado. No entregaba la vivienda o lo hacía de forma parcial, y dejaba de atender las distintas vías de comunicación que habían proporcionado.

Al realizar un entrecruzamiento de datos, el Gabinete de Investigaciones de la UDEC detectó que el modus operandi para captar a clientes consistía en una gran actividad vinculada al marketing, creando perfiles de Facebook, Instagram y Tik Tok, con diferentes nombres comerciales como Socco Internacional, Green Energy Argentina, Nigeco, Socco Groups Consultora Inmobiliaria, Socco Inmo – Casas Prefabricadas, Plan “Vivir Mejor”, Socco Viviendas y Ngc Inversiones.

Los investigadores determinaron que, de todas estas, sólo las tres primeras se encuentran constituidas formalmente y los responsables legales varían entre los gerentes de la primera. Además, el titular de Socco habría creado una estructura societaria designando de palabra a sus empleados como socios o gerentes de la empresa, sin que exista un documento legal que los designe como tal inicialmente, pero rubricando poderes en los que asumen responsabilidades sobre las operaciones.

Durante la audiencia de imputación, los cuatro detenidos se presentaron con abogados particulares y tres de ellos, entre los que se encuentra el titular operativo en la empresa, se abstuvieron de declarar. El cuarto detenido, declaró y brindó su versión de los hechos.

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos recordaron que quienes se sientan penalmente afectados por el hecho investigado, pueden radicar sus denuncias en la Oficina de Orientación y Denuncias del MPF en la Ciudad Judicial o hacerlo a través de Denuncias Web, ingresando a www.denunciasweb.gob.ar.

Estafas por viviendas: Múltiples allanamientos y detenciones

El Ministerio Público Fiscal avanza en las investigaciones por delitos relacionados a inversiones en fideicomisos inmobiliarios, ventas de casas e inmuebles por lotes o loteos.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, encabezó esta mañana un importante operativo en la ciudad de Salta por estafas relacionadas a la construcción de viviendas.

El procedimiento se enmarca en la determinación tomada por el procurador General, Pedro García Castiella, de definir como uno de los ejes prioritarios de política criminal, la atención sobre estafas, abusos y delitos relacionados a inversiones en fideicomisos inmobiliarios, ventas de casas prefabricadas y venta de inmuebles por lotes o loteo; todo ello en virtud del alto impacto dañoso que golpea esencialmente a los sectores medios y de menores recursos.

La preocupación comprende, especialmente, aquellas operaciones en las que los ciudadanos invierten los ahorros familiares ya sea con la ilusión de la vivienda propia o con la necesidad de poner a resguardo su patrimonio. 

Durante el procedimiento realizado hoy por el Cuerpo de Investigadores Fiscales del CIF, fueron allanados cinco domicilios en avenida Tavella, en los barrios Jardines de San Lorenzo, Tres Cerritos e Intersindical y en avenida Circunvalación. Además, fueron secuestrados cuatro vehículos de alta gama, computadoras, celulares y documentación relacionada a la causa.

Dada la gravedad y cantidad de los hechos delictivos, la fiscal Salinas Odorisio había solicitado al Juzgado de Garantías 5 la detención de cuatro personas (tres hombres y una mujer), medida que fue concedida y concretada a lo largo de los allanamientos. Entre los demorados se encuentra el principal responsable de la empresa.

Además, se solicitó la Inhibición General de Bienes sobre todos los bienes muebles e inmuebles (registrales y no registrales) que figuran a nombre de los implicados y las empresas, como así también la inamovilidad del dinero en efectivo y o valores que hubieren acreditados o por acreditarse en sus cuentas bancarias.

La causa

Luego de recibir un elevado número de denuncias de personas que aseguraban haber sido estafadas por empresas dedicadas a la construcción de viviendas prefabricadas, la UDEC inició una investigación que permitió identificar que los detenidos, actuando en connivencia y con distinta distribución de tareas, mediante engaños y aparentando pertenecer a una empresa seria, habrían ofrecido la construcción de prefabricadas; mediante la suscripción de contratos, solicitaban importantes sumas de dinero a las víctimas para luego incumplir con la entrega de las construcciones.

A lo largo de la investigación, el personal de la UDEC detectó que en un primer momento los detenidos operaban a través de la firma Socco Internacional. Cuando los reclamos por la falta de cumplimiento, la no rendición del efectivo recibido ni la aplicación de esos fondos al destino que se había pactado, se acumularon; los detenidos habrían iniciado una nueva empresa: Green Energy Argentina, bajo el mismo rubro y con idénticas promesas a los que invertían con el propósito de obtener su casa.

Los detenidos serán imputados en las próximas horas.

Por pedido de un juzgado de Santa Fe, allanan una empresa salteña

La medida fue solicitada por la fiscal penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, al Juzgado de Garantías 7 como respuesta a un exhorto del Juzgado de esa provincia que investiga una denuncia relacionada al vaciamiento de activos por la suma de $ 4 millones de dólares.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y el Gabinete Contable del CIF allanaron esta mañana una oficina de calle Pueyerredón en el marco de cooperación con el Juzgado de Primera Instancia, Distrito 2, de la Ciudad de Rosario de Santa Fe.

La medida había sido solicitada por la fiscal penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, al Juzgado de Garantías 7 como respuesta a un exhorto del Juzgado de Santa Fe que investiga una denuncia relacionada al vaciamiento de activos por la suma de $ 4 millones de dólares, de una empresa que tiene una oficina en Salta.

La Unidad de Investigación UDEC junto con el Gabinete Contable del CIF y el Gabinete de informática Forense del CIF logran el secuestro de contratos de arrendamientos rurales y feedlot, balances contables, lista de asambleas y accionistas, tanto material como evidencias digitales vinculadas a las empresas.

La investigación de la causa está a cargo del Area de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.

Estafas en el IPSS: Amplían la imputación contra el empleado que habría cobrado copagos a los afiliados

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación contra el Jefe de Derivaciones del seguro de salud por los delitos de fraude a la administración pública (21 hechos) y falsificación de instrumento público (9 hechos), todo en concurso real.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación contra un empleado del Instituto Provincial de Seguros de Salta (IPSS) que fue detenido el 22 de octubre pasado.

Luego de avanzar en la investigación, Salinas Odorisio citó a una audiencia al hombre, que se desempeñaba como Jefe de Derivaciones del seguro de salud, y lo imputó por fraude a la administración pública (21 hechos) y falsificación de instrumento público (9 hechos), todo en concurso real.

El imputado, que es asistido por un abogado particular, se abstuvo de declarar y se encuentra con medidas sustitutivas.

La causa

El 21 de septiembre de 2021, las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta radicaron una denuncia en contra del Jefe de Derivaciones del IPSS. A partir de allí, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación que permitió detectar distintas maniobras que realizaba engañando a los afiliados del IPS con dinero para provecho propio por sumas superiores a los $500.000.

Los investigadores del CIF lograron determinar que el hombre, que se desempeñaba como Jefe de Derivaciones del seguro de salud desde hacía un año (aunque trabajaba en el área desde hace cinco), solicitaba a los afiliados dinero en efectivo o a través de depósitos o transferencias bancarias a su cuenta, en concepto de copago o coseguro por el servicio de traslado.

Según surge de las declaraciones de 21 víctimas, el acusado se ganaba su simpatía y les manifestaba que él se encargaría de ingresar el dinero en el IPSS y de esa manera se ahorraban tener que hacer el trámite en caja. Como prueba, les entregaba recibos con sellos que, según las pericias, son apócrifos. Todos los papeles eran remitidos, firmados, a la Gerencia de Seguros Sociales, que es el área que debe controlar a ese sector.

Hasta el momento se pudo determinar que 21 personas fueron víctimas de estas maniobras y quedaron registradas en las conversaciones que el empleado tenía por whatsapp con los afiliados a fin de brindarles instrucciones sobre cómo debían proceder.

Además, desde el IPSS denunciaron que tomaron conocimiento de que el hombre continuaba comunicándose con los afiliados a fin de instruirlos respecto a trámites vinculados con diferentes prestaciones que requieren de la obra social, resaltando que el empleado se encontraba suspendido de sus funciones, y por ende inhabilitado para realizar trabajos en nombre de la obra social.

“La financiera ilegal tenía un capital invertido de 2.200 millones de pesos y más de 3 millones 200 mil de dólares”

Levantada la reserva de actuaciones sobre la investigación, la fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, brindó detalles de la organización, roles y vías legales para los damnificados. Además, informó que dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos

“La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2.219.000.0000 de pesos y 3.265.280 dólares”, informó esta mañana la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio

En conferencia de prensa, la fiscal Penal brindó detalles sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal sobre esta asociación delictiva destinada a cometer estafas en la que ya no rige la reserva de actuaciones.

Detalló que en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $ 23.213.960; U$s 60.388; 12 automóviles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; cédulas verdes; cédulas parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.

Además, como resultado de los procedimientos, se secuestraron 4529 contratos (o carpetas, como eran denominadas) y 1739 personas habrían concurrido a la financiera como inversores. La Fiscal Penal recalcó que el número de carpetas y/o de inversores podría variar ya que el número informado responde a lo recuperado en los distintos allanamientos.

En cuanto a las personas implicadas, Salinas Odorisio comunicó que son 21. Quince se encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos.

Entre los 15 privados de su libertad, la Fiscalía analiza otorgar cuatro pedidos de medidas sustitutivas de detención.

Por otra parte, la UDEC trabaja, en base a la documentación secuestrada, en la definición de los roles y en la determinación de los damnificados o víctimas.

Hasta el momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es la mujer detenida días atrás, quien contaba con antecedentes por estafas. La líder era secundada por algunos de los civiles detenidos y, en un tercer escalón de la pirámide, actuaban algunos de los policías como captadores.

La fiscal fue determinante al explicar que el éxito de un Esquema Ponzi radica en la captación de nuevos inversores. En este caso, a través de distintas pruebas reunidas, es posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los miembros de la Fuerza Policial, así como la implicación de la comisaria de la División Cobranzas Adicionales.

En cuanto a los cuatro policías imputados pero no detenidos, tres cumplían el rol de seguridad de la financiera y un cuarto es quien habría advertido a la cabecilla sobre los allanamientos que se realizarían, permitiendo así que se diera a la fuga con una importante suma de dinero.

Salinas Odorisio advirtió que, dados los importantes retornos que prometía la financiera -que alcanzaban al 100% de la inversión- y ante la sospecha de que existiría una inyección de dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado dinero, dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos.

Damnificados

En un punto aparte, Salinas Odorisio se dirigió a los aportantes, damnificados y/o víctimas para orientarlos en cómo actuar en la causa si consideran que fue vulnerado su interés.

Expresó que la Fiscalía cuenta con una causa penal sólida, por lo que no es necesario radicar denuncia para probar el delito de estafa; pero quien se sienta damnificado o víctima de Ríos & Asociados puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima.

Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación. Por otra parte, alguno considera que la financiera le debe dinero, puede constituirse en actor civil dentro del Proceso Penal o iniciar las acciones civiles por el fuero correspondiente.

La titular de la UDEC fue categórica al señalar que “no es obligación de la Fiscalía la restitución de todo lo debido, sino que el objetivo es volver las cosas al estado anterior al hecho delictivo” y precisó que “si una persona entregó 100 mil pesos de buena fé, debe recibir 100 mil pesos; no el millón al que se había comprometido la financiera ilegal”.

En la conferencia de prensa, la titular de UDEC, estuvo acompañada por la directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), Gabriela Buabse.

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Financiera ilegal: Ya son nueve los policías imputados en la causa

Esta mañana, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a tres miembros de la División Robos y Hurtos por abuso de autoridad y asociación ilícita y a un suboficial por violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a los cuatro miembros de la Policía de la Provincia de Salta que fueron citados el jueves durante los allanamientos realizados en ocho domicilios de la capital.

Tres de los cuatro policías imputados esta mañana pertenecen a la División Robos y Hurtos, mientras que el cuarto es un suboficial que fue acusado provisionalmente de violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal. Se abstuvo de declarar y fue asistido por un defensor público.

En cuanto a los suboficiales de Robos y Hurtos fueron imputados provisionalmente por los delitos de abuso de autoridad y asociación ilícita. Los tres contaron con defensa pública y dos de ellos declararon, negando su participación en los hechos. El último imputado eligió mantener silencio y no declarar.

La fiscal Salinas Odorisio no solicitó la detención de ninguno de los cuatro ya que considera que su libertad no entorpece la investigación por el rol que habrían cumplido en la organización.

Hasta el momento, son 21 los implicados en la causa de la financiera ilegal: 15 se encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos.

Se negaron a declarar los tres policías detenidos ayer

De los 21 implicados en la causa, 15 están detenidos. Otros cuatro fueron citados a audiencia de imputación el próximo martes, mientras que dos permanecen prófugos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a los tres miembros de la Policía de la Provincia de Salta que fueron detenidos anoche en los ocho allanamientos realizados.

El comisario de la División Robos y Hurtos, que estuvo asistido por un Defensor Público, fue imputado por asociación ilícita y abuso de autoridad.

Por su parte, la comisaria de la División Cobranzas Adicionales fue imputada por asociación ilícita y peculado, mientras que el oficial principal fue imputado por asociación ilícita. Ambos contaban con abogados particulares.

Los tres miembros de la Policía optaron por no prestar declaración y quedaron detenidos en la Alcaidía General de la Provincia.

Hasta el momento, son 21 los implicados en la causa: 15 se encuentran detenidos, siendo 5 de ellos miembros de la Policía de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales y un cabo). Además, tres miembros de la División Robos y Hurtos y un suboficial fueron citados a audiencia de imputación el próximo martes 12. Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos.

La causa

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio investiga a una entidad financiera que, bajo una identidad tributaria falsa, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura, ofrecía a través de redes sociales, la participación en operaciones de inversiones con la promesa de importantes ganancias (de 300.000 a 1.000.000 de pesos) en el corto plazo. Para llevar a cabo la operación, los clientes debían firmar un contrato de inversión.

Tras la detención de los comisarios ayer, la fiscal Salinas Odorisio informó que desde UDEC se investiga si el dinero invertido en la financiera se encuentra vinculado con el cobro de adicionales de la Policía de Provincia.

Desde UDEC se libró una orden de presentación de documentación a la Dirección de Administración en Jefatura de Policía, medida que fue llevada adelante anoche con la colaboración pertienente.

Financiera ilegal: Detienen a dos comisarios y un oficial principal de la Policía

Los jefes policiales estaban a cargo de las divisiones Robos y Hurtos y Cobranzas Adicionales. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio investiga si el dinero invertido en la financiera se encuentra vinculado con el cobro de adicionales de la Policía.

En el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) por el funcionamiento de una financiera ilegal en Salta, esta tarde se produjeron ocho nuevos allanamientos y la detención de tres miembros de la Policía de la Provincia. Además, fueron citados a audiencia de imputación otros cuatro policías.

La medida fue solicitada al Juzgado de Garantías por la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, tras el análisis de la documentación secuestrada y el aporte de información de testigos reservados.

Los tres nuevos detenidos son un comisario de la División Robos y Hurtos, una comisario de la División Cobranzas Adicionales y un Oficial Principal.

Además, tres miembros de la División Robos y Hurtos y un suboficial -que no fueron detenidos pues su libertad no entorpece la investigación- fueron citados a audiencia de imputación por el rol que habrían cumplido dentro de la organización.

Como resultado de los allanamientos fueron secuestradas grandes sumas de dinero, documentación vinculada a la financiera Ríos & Asociados y otros elementos de interés para la causa. Por otra parte, desde UDEC se libró una orden de presentación de documentación a la Dirección de Administración en Jefatura de Policía, medida que fue llevada adelante con la colaboración pertienente.

La fiscal Salinas Odorisio informó que desde UDEC se investiga si el dinero invertido en la financiera se encuentra vinculado con el cobro de adicionales de la Policía de Provincia.

Realizan inspección ocular en obras de casas prefabricadas

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga denuncias en contra de una empresa de construcción de viviendas prefabricadas.

Personal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y del CIF realizan inspecciones oculares en obras contratadas por particulares a una empresa de construcción con el objetivo de constatar el estado de avance.

Esta y otras medidas fueron dispuestas por la fiscal Penal de Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, a fin de determinar la existencia de delito en el marco de una investigación iniciada a partir de las denuncias de posibles damnificados por una empresa con sede en la provincia de Salta dedicada a la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.

La empresa, que ofrece la construcción de viviendas prefabricadas a través de redes sociales, recibió numerosas denuncias por estafa en diferentes puntos de la provincia de Salta y del resto del interior del país, por no haber cumplido con lo pactado con sus clientes.

Entre las medidas dispuestas, la fiscal Salinas Odorisio ordenó la realización de inspecciones oculares en algunas de las obras contratadas en la ciudad de Salta con el objetivo de constatar el estado de avance de las mismas, se ofició a distintas entidades bancarias y se citó a prestar declaración a los damnificados.

Imputaron a otras dos personas por la financiera ilegal

Asistida por un abogado particular, la mujer declaró aunque no aceptó preguntas de la Fiscalía. El hombre, por su parte, se abstuvo de declarar. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre y una mujer por los delitos de estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautores.

Durante la audiencia de imputación, que se desarrolló este mediodía, la mujer prestó declaración asistida por un abogado particular, aunque se negó a responder preguntas de la Fiscalía.

El hombre, por su parte, asistido por el mismo abogado que la mujer, se negó a declarar.

Ambos imputados fueron detenidos ayer en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Salinas Odorisio sobre una financiera ilegal que actuaba en Salta y que ya cuenta con 12 imputados y detenidos.

La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos trabaja en establecer el rol y responsabilidad que le cabe a cada uno en la estructura de la falsa financiera.