Una médica y su pareja serán juzgados por falsificación de certificados

El apoderado del Hospital San Bernardo denunció el hecho en 2019. La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías la elevación a juicio de la causa.

Una médica y su pareja serán juzgados por los delitos de falsedad de instrumento público (dos hechos) y fraude a la administración publica en grado de tentativa, todo en concurso real.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías la elevación a juicio de la causa.

La intervención de la UDEC inició a raíz de una denuncia efectuada por el apoderado legal del Hospital San Bernardo en septiembre de 2019 en la que refirió que una médica, que no trabajaba en el nosocomio, se encontraba en posesión de recetarios oficializados del hospital sin corresponder, con el peligro que ello implica por la fe y la salud pública, además de convertir a la institución en responsable solidario, por los hechos de sus trabajadores.

El apoderado del hospital contó que tomó conocimiento de la situación a través de una nota de la Directora de Medicina Ambulatoria de Salta (MAS) en la que le informaba que la médica emitió el 7 de junio de 2019 un certificado con membrete del hospital a favor de su esposo –y empleado de MAS- para justificar su inasistencia al lugar de trabajo, pero que según le había informado la Dirección de Personal, la médica no trabajaba en el San Bernardo.

Por otra parte, la directora médica de MAS había iniciado un sumario administrativo pues el 19 de abril de 2019, el empleado también había presentado un certificado médico confeccionado por su esposa médica con membrete del Hospital Papa Francisco, pero según había constatado, la mujer no había trabajado ese día en el nosocomio, conforme surge de los datos biométricos de registro de ingreso de personal de ese día y del listado de personas atendidas por dicho establecimiento.

Tras analizar la documentación presentada y requerir informes, la UDEC imputó a la médica y su marido por falsedad de instrumento público (dos hechos) y fraude a la administración publica en grado de tentativa, todo en concurso real.

La causa Saulo Capital SRL fue remitida al fuero Federal

La Sala II del Tribunal de Impugnación declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la firma Saulo Capital SRL, por falta de legitimación activa.

La Sala II del Tribunal de Impugnación resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la firma Saulo Capital SRL, por falta de legitimación activa.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías 7 que se declare la incompetencia material, resolviéndose favorablemente y remitiéndose la causa Saulo SRL al Juzgado Federal de Salta en turno. Los abogados Facundo Martín Burgos, Gabriel Esteban Acosta y Francisco Alejandro Aparicio habían presentado un recurso de apelación contra el resolutivo del 21 de junio pasado.

En junio pasado, Salinas Odorisio solicitó que la causa fuera derivada al Fuero Federal, argumentado que la financiera se encuentra bajo investigación del Banco Central de la República Argentina por llevar adelante sin autorización actividades que son reguladas por la Ley de entidades financieras.

En el escrito, la fiscal consideró que Saulo SRL realizó por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es el Mercado de Valores y AFIP. Además, esto se agrava por la realización de publicidad por distintos medios de comunicación.

En efecto, el artículo 110 del Código Penal Argentino establece que “…será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente” y “en igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente…”.

Imputan por prevaricato a un abogado de la causa Ríos & Asociados

El 3 de agosto, el abogado se presentó como apoderado de 74 denunciantes. El 24 de agosto pasado, renunció a la querella y asumió como representante de Cynthia Moya, la principal sospechosa en la causa. Además, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, dio intervención a la Fiscalía Penal 2 por la posible comisión del delito de coacción.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un abogado del fuero local por prevaricato.

El 3 de agosto de 2022, el abogado se presentó ante el Juzgado de Garantías 3, como apoderado de 74 denunciantes de la causa Ríos & Asociados, que es investigada por la fiscal Salinas Odorisio por estafas.

El 24 de agosto pasado, el abogado ingresó por mesa de entrada virtual del Ministerio Público, una presentación manifestando que renunciaba a la querella y a los poderes otorgados por los damnificados. En el mismo escrito, el abogado asumió la defensa de Cynthia Moya -quien está sospechada de ser la organizadora de la falsa financiera-, Alejandra Párraga y Antonella Leal, tres de las imputadas en la causa.

El artículo 271 del Código Penal establece que “será reprimido con multa (…) e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada”.

Además, la fiscal Salinas Odorisio dio intervención a la Fiscalía Penal 2 por la posible comisión del delito de coacción y/o intimidación por parte del abogado.

La decisión de Salinas Odorisio se sustenta en la recepción de un escrito del Tribunal de Garantías 3 en la que se informa sobre una presentación del abogado en la que informa la celebración de un acuerdo conciliatorio con los denunciantes. Allí se consigna que los acreedores prestan conformidad a la libertad de los imputados, entre ellos Moya.

El documento presentado por el abogado agrega que “se solicita que no se ejecuten medidas de allanamiento y que se suspendan las investigaciones de la UDEC”.

Requieren juicio para la ex directora del colegio secundario de La Poma

La ex directiva habría omitido efectuar rendiciones de gastos por más de 107 mil pesos en el período 2012 – 2015. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio de la causa que se sigue a la ex directora del Colegio Secundario N°5069 de La Poma por el delito de peculado.

La intervención de la UDEC inició a raíz de la remisión en 2016 de un expediente sobre la situación académica y administrativa de la institución educativa por parte del ministro de Educación Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta de ese entonces, Roberto Dib Ashur.

Tras realizar distintos análisis y entrecruzamiento de datos, el Gabinete Económico de UDEC logró determinar una serie de irregularidades en la gestión administrativa de fondos del programa “Centro de Actividades Juveniles” (CAJ) por parte de la ex directora, quien se desempeñó al frente del colegio secundario desde el 28 de julio de 2007 hasta el 10 de agosto de 2015 y, como tal, tuvo a su cargo la administración y custodia de los fondos de los programas “Plan de Mejora Institucional” (PMI) y CAJ.

En el marco del programa PMI, desde el 3 de julio de 2012 hasta el 6 de octubre del 2014, se acreditó en una cuenta del Banco de la Nación Argentina de la Unidad Educativa, la suma de $109.408, y en el marco del programa CAJ, desde el año 2012 hasta el día 26 de febrero de 2015, se acreditó la suma de $119.983.

Según los investigadores, la ex directora habría omitido efectuar rendiciones de gastos del programa PMI por un monto de $70.992,80; y del programa CAJ, $36.714.

La fiscal Salinas Odorisio consideró que la ex directiva, como administradora y custodia de los fondos que le fueron remitidos en los programas PMI y CAJ, omitió efectuar rendiciones de gastos y, por lo tanto, no justificó erogaciones realizadas con dichos fondos, sustrayendo un total de $107.706,80; perjudicando así el patrimonio y el normal funcionamiento de la Administración Pública.

Financiera ilegal: Imputaron a una abogada de Metán

Está acusada de formar parte de la organización delictiva previa y posteriormente a la investigación y allanamientos realizados. Es pareja de uno de los imputados detenidos.

En el marco de la audiencia de formalización de la acusación, la titular de la Unidad de Delitos Económicos complejos Ana Inés Salinas Odorisio imputó por el delito de falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, en concurso real, a una abogada de la ciudad de Metán. 

Respecto a la participación de la acusada quien se negó a declarar, se determinó que previo a producirse los allanamientos intervino activamente en la confección de contratos, la recepción de dinero e inyección de capital en la falsa financiera. Con la particularidad de que su intervención no fue incauta ya que se trata de una profesional del derecho y bajo esta condición se presentaba y representaba la actividad ilegal que llevó adelante la jefa operativa de la asociación ilícita Cynthia Moya.

Con posterioridad y a partir de producirse los allanamientos la imputada toma un rol protagónico en la defensa de algunos de los imputados, como así también en el contacto con los damnificados solicitando la remisión de contratos, bajo falsa promesa de realizar trámites ante la fiscalía interviniente, para la devolución del dinero invertido. 

De la investigación llevada adelante por la UDEC y declaraciones testimoniales, la imputada se encuentra sindicada como parte de la organización dedicada a concretar hechos ilícitos dirigidos a inducir a error a distintas personas captadas para realizar operaciones de inversiones y luego distribuir entre los miembros de la estructura, el producto de dicha actividad.

Un nuevo imputado en la causa de la financiera ilegal

Se trata de un hombre que estaba prófugo de la Justicia. La pareja de Cyntia Moya, que tiene pedido de detención, se dio a la fuga.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó esta mañana por el delito de estafas reiteradas, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita a un hombre en el marco de la investigación a la financiera ilegal Ríos & Asociados.

Durante la audiencia, el hombre –que fue detenido ayer por personal de la UDEC– fue asistido por un defensor oficial y negó los hechos.

Para el día martes fue citada a audiencia de imputación una abogada y se solicitó la búsqueda con la fuerza pública de otra mujer que se encuentra prófuga de la Justicia.

En el día de ayer, por pedido de la fiscal Salinas Odorisio, los jueces del Juzgado de Garantías 3, Antonio Pastrana; Juzgado de Garantías 1 de Metán, Mario Teseyra; y Juzgado de Garantías 1 de J.V. Gonzalez, Sebastián Guzmán, autorizaron la realización de un importante operativo que contempló el allanamiento de ocho domicilios y el pedido de detención de dos personas.

Fueron allandas dos viviendas en Villa Costanera y barrio El Huayco en capital; tres domicilios en Joaquín V. González y tres en San José de Metán. Como resultado fueron secuestrados 44.530 pesos, 200 dólares, un automóvil Toyota y dos autos marca Fiat, contratos de Ríos & Asociados, documentos, tarjetas de créditos, varios productos muebles en estado nuevo y celulares.

El hombre detenido durante el procedimiento en Metán, es hermano de otro de los imputados en la causa y se encontraba prófugo de la Justicia. De acuerdo a la investigación de la UDEC; ambos tenían el rol de tazadores, operadores y captadores, para la compra y venta de vehículos, como así el resguardo en galpones, traduciendo dichas operatorias en la confección de carpetas de contratos y recepción del dinero por parte de los damnificados.

La mujer que hoy se encuentra prófuga, sería pareja de Cinthya Moya y también tendría incidencia en el manejo de la financiera.

En cuanto a la abogada, que sería pareja del detenido ayer, registra denuncias en su contra por la participación en la falsa financiera que describen hechos vinculados a la confección de contratos y recepción del dinero a invertir por parte de los damnificados

Financiera Ilegal: Nuevos allanamientos en Salta, Metán, J.V González y Olleros

Bajo la dirección de la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, se realizan allanamientos en distintas localidades de la provincia. Un hombre fue detenido y una mujer se encuentra prófuga.

En el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en la causa Ríos & Asociados, se realizan nuevos allanamientos en la ciudad de Salta, San José de Metán, Joaquín V. González y Olleros.

El procedimiento, que inició ayer a la tarde, arrojó como resultado la detención de un hombre y el secuestro de documentación. Una mujer se encuentra prófuga.

La medida fue solicitada al Juzgado de Garantías 3 por la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, tras obtener nueva información de interés para la causa.

Personal de la UDEC durante uno de los allanamientos

Ordenan el cierre preventivo de Socco Internacional SAS

El Juzgado de Garantías 5 hizo lugar al pedido de la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. La medida procura evitar mayores daños.

De acuerdo a lo solicitado desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Garantías 5 ordenó hoy el cierre preventivo de la firma Socco Internacional SAS.

El 3 de agosto pasado, la titular de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado el cierre preventivo de la financiera precisando que que la medida requerida se sustenta en la necesidad de evitar que Socco continúe operando, con la probabilidad de que se cause un daño mayor que el provocado por los delitos cometidos hasta la fecha.

Esta mañana, la jueza interina de Garantías 5 Ada Zunino hizo lugar al pedido de la Fiscalía y designó a personal policial de la UDEC especializado en la materia, para efectivizar la medida.

La causa

Luego de recibir denuncias que daban cuenta de incumplimientos en la construcción de viviendas prefabricadas en Salta y otras provincias por parte de Socco Internacional da inicio la correspondiente investigación. De acuerdo a lo relatado por las víctimas, tras la firma de un contrato, que estipulaba los tiempos de obra, entrega y abonar las sumas solicitadas, la empresa incumplía lo pactado y cerraba todo tipo de comunicación con los demandantes.

El Gabinete de Investigaciones de la UDEC detectó que el modus operandi para captar a clientes consistía en una gran actividad vinculada al marketing bajo diferentes nombres comerciales como Socco Internacional, Green Energy Argentina, Nigeco, Socco Groups Consultora Inmobiliaria, Socco Inmo – Casas Prefabricadas, Plan “Vivir Mejor”, Socco Viviendas y Ngc Inversiones.

De todas estas, sólo las tres primeras firmas se encuentran constituidas formalmente y los responsables legales varían entre los gerentes de la primera, según lo determinó la investigación. Además, el titular de Socco habría creado una estructura societaria sin documentación legal correspondiente, rubricando poderes en los que asumen responsabilidad sobre las operaciones.

Causa Méndez: Concluyó la pericia contable

El Gabinete de Contabilidad del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) elevó ayer el informe final a la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

El Gabinete de Contabilidad del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) concluyó la pericia contable efectuada en el marco de la investigación que sigue la Unidad de Delitos Económicos Complejos en la causa contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y otras 13 personas.

El informe fue entregado ayer a la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, que en diciembre de 2021 había ordenado la realización de una pericia contable con la posibilidad de participación de peritos de las defensas.

La fiscal de UDEC también cuenta con el informe de los Peritos informáticos del CIF de los dispositivos electrónicos y teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

Salinas Odorisio ordenó que hoy miércoles, personal del Gabinete de la UDEC se traslade a Salvador Mazza para requerir, mediante una orden de presentación, documentación a la Municipalidad y a fin de tomar declaración testimonial a personas vinculadas a la causa.

Salinas Odorisio solicitó el congelamiento de cuentas empleadas para estafas virtuales a salteños

Los investigadores de la UDEC lograron identificar a “cibermulas” que operaban desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos requirió el congelamiento de más de medio millón de pesos producto de las estafas.

Investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) identificaron una red de criminales digitales que estafaron a través de la aplicación Whatsapp a varios salteños, por lo que fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías el congelamiento de las cuentas bancarias.

Los delincuentes contactaron a distintas personas a través de Whatsapp y, suplantando la identidad de algún conocido, lograron que las víctimas les transfirieran dinero. A través del análisis de redes y el entrecruzamiento de datos, personal de la UDEC logró identificar a “cibermulas” que operaban desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Las “cibermulas” son personas que lavan dinero de actividades criminales. La operatoria consiste recibir pagos en cuentas personales y luego enviar el mismo a otras cuentas bancarias que le son indicadas. A cambio reciben una comisión.

La UDEC pudo identificar no sólo a los titulares de las cuentas bancarias, sino también determinar 17 cuentas virtuales utilizadas para depositar el dinero producto de las estafas de las que fueron víctimas varios salteños.

Salinas Odorisio solicitó el bloqueo e incautación del dinero en cuentas virtuales, logrando el congelamiento de más de medio millón de pesos producto de las estafas.