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Juzgan a cuatro empleados del hospital San Bernardo por sustracción de medicamentos

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate donde se juzga a tres empleados de la Farmacia de Guardia y una enfermera por el delito de peculado. Los acusados habrían aprovechado sus funciones para sustraer medicamentos del hospital y beneficiarse de ellos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que se lleva a cabo desde el viernes 25 de octubre en la Sala 7 del Tribunal de Juicio. Allí cuatro personas – tres de ellos empleados de la Farmacia de Guardia del Hospital San Bernardo, y una enfermera de la Guardia del nosocomio- son juzgados como coautores del delito de peculado por el juez Francisco Mascarello.

En la apertura de la audiencia debate, la fiscal Salinas Odorisio señaló que los acusados, aprovechando sus roles dentro del hospital, se habrían apoderado de bienes del Estado y burlado los protocolos administrativos establecidos para la dispensación de medicamentos. Asimismo, afirmó que la Fiscalía presentará todas las pruebas reunidas, que implican en el ilícito, a Víctor Hugo García (auxiliar administrativo), María Alicia Delia (empleada administrativa en la Farmacia de Guardia), Miriam Rosana Renfijes (técnica superior en farmacia) y Sutara Elva Rosa (enfermera).

La investigación de la UDEC inició a raíz de la denuncia radicada por el apoderado del Hospital San Bernardo al notar faltante de medicamentos. Según los protocolos, el hospital provee medicación a pacientes internados y ambulatorios a través de la Farmacia Central y la Farmacia de Guardia.

En los allanamientos realizados en las viviendas de los cuatro acusados se secuestraron numerosos elementos médicos, entre ellos insumos y medicamentos. El entrecruzamiento de datos entre los informes de Stock y Logística del Hospital San Bernardo y los objetos secuestrados, permitió confirmar mediante el número de lote, presentación y fecha de vencimiento, que los materiales correspondían a adquisiciones realizadas previamente por el propio hospital.

 

Hospital San Bernardo: Imputan a cuatro empleados en la causa de los medicamentos

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Solicitan prisión preventiva para un hombre que estafó a una adulta mayor

El denunciado fue detenido el jueves pasado en Jujuy, trasladado a Salta e imputado provisionalmente por el delito de estafa. Continúan las investigaciones para identificar a los coautores.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre que fue detenido el jueves pasado en Palpalá, provincia de Jujuy, por el delito de estafa.

Durante la audiencia, el imputado fue asistido por un abogado particular, se negó a declarar y a responder preguntas de la Fiscalía. Se solicitó al Juzgado de Garantías su prisión preventiva.

La causa se originó el 16 de septiembre de 2024, cuando una mujer denunció que su madre, de 84 años, había sido estafada telefónicamente. Según su testimonio, una persona se hizo pasar por su hija y, tras manifestar que estaba en el banco, le avisó que enviaría a alguien a recoger dinero. Poco después, un hombre que se identificó como el “Doctor Pérez” se presentó en su domicilio y retiró 5.500 dólares. Días más tarde, la mujer descubrió la estafa tras comentarle la situación a su hija.

En el marco del desbaratamiento de bandas que estafan a adultos mayores, la fiscal Salinas Odorisio dispuso diversas medidas de investigación. El equipo de la Unidad de Delitos Económicos identificó al sospechoso mediante inteligencia y tecnología de rastreo. Las cámaras de seguridad captaron la imagen de un hombre en la puerta del domicilio en el horario de la estafa, y el análisis de los registros de llamadas entrantes, junto con herramientas de geolocalización, reveló que la comunicación se originó en Palpalá.

Con estos datos, se construyó el perfil del sospechoso, un hombre dedicado a la compraventa de vehículos, con presuntos vínculos con un grupo relacionado con la colectividad gitana. Los investigadores lograron conectar al detenido con al menos dos colaboradores que, organizados en roles específicos, se encargaban de coordinar las estafas telefónicas.

Desde UDEC se informó que continúan las investigaciones para identificar a los coautores.

 

Detienen en Jujuy a un hombre acusado de estafa telefónica a adultos mayores

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Detienen en Jujuy a un hombre acusado de estafa telefónica a adultos mayores

Investigadores de la Unidad de Delitos Económicos lograron identificar al sospechoso a través de tecnología de rastreo e inteligencia. En el operativo se inacutaron dos vehículos, 5.600 dólares, 8.000.000 de pesos argentinos, 18.000 pesos chilenos y 500 pesos bolivianos.

Un hombre fue detenido en la localidad de Palpalá, Jujuy, por personal de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), en el marco de una investigación de estafas telefónicas a adultos mayores que lleva adelante la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

El operativo, realizado el jueves 24 de octubre, implicó el allanamiento de tres domicilios en la vecina provincia y resultó en el secuestro de dos vehículos, 5.600 dólares, 8.000.000 de pesos argentinos, 18.000 pesos chilenos y 500 pesos bolivianos.

La causa se originó el 16 de septiembre, cuando una mujer denunció que su madre, de 84 años, había sido víctima de una estafa telefónica. Según su testimonio, una persona se hizo pasar por su hija y, tras manifestar que estaba en el banco, le avisó que enviaría a alguien a retirar dinero. Poco después, un hombre que se identificó como el “Doctor Pérez” se presentó en su domicilio, llevándose 5.500 dólares. Días más tarde, la mujer descubrió la estafa tras comentarle la situación a su hija.

En el marco de la investigación, el equipo de la Unidad de Delitos Económicos identificó al sospechoso mediante inteligencia y tecnología de rastreo. Las cámaras de seguridad captaron la imagen de un hombre en la puerta del domicilio de la damnificada en el horario de la estafa. Además el análisis de los registros de llamadas entrantes, junto con herramientas de geolocalización, reveló que la comunicación se originó en Palpalá.

Con estos datos, se construyó el perfil del sospechoso, un hombre dedicado a la compraventa de vehículos, con presuntos vínculos con un grupo relacionado con la colectividad gitana. Los investigadores lograron conectar al detenido con al menos dos colaboradores que, organizados en roles específicos, se encargaban de coordinar las estafas telefónicas.

La fiscal Salinas Odorisio indicó que los implicados actuaban en forma organizada, simulando ser familiares de las víctimas y usando la excusa de un trámite bancario urgente para inducir a los adultos mayores a entregar sus ahorros. Tras su captura, el detenido fue trasladado a Salta y quedó alojado en la Alcaidía General, donde será imputado en las próximas horas.

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El juicio contra el cajero de la Caja de Abogados será oral y público

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, optó porque la audiencia en la que se decidirá la responsabilidad de Sergio Luis López en el delito de administración fraudulenta, sea oral y pública.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, optó porque el juicio contra Sergio Luis López, cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, acusado de administración fraudulenta, se realice de manera oral y pública.

En la audiencia debate se evaluará la responsabilidad de López en el delito de administración fraudulenta. No se investigarán otros hechos, que deberán ser abordados por las vías correspondientes.

El caso se originó tras la denuncia por parte de las autoridades de la Caja de Abogados sobre irregularidades en el cobro de expedientes. Personal del área contable detectó que López recibía pagos y luego anulaba los recibos sin explicación, lo que hacía que en los sistemas informáticos quedaran como deudas pendientes, aunque se habían emitido comprobantes válidos para los clientes.

Como parte de la investigación, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) elaboró un informe pericial contable, basado en un extenso legajo de más de 800 páginas, que corroboró las irregularidades denunciadas. Teniendo en cuenta las pruebas reunidas, la fiscal Salinas Odorisio concluyó que el acusado había ejecutado maniobras fraudulentas en perjuicio de la Caja de Seguridad Social para Abogados.

 

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Contundentes condenas por delitos contra adultos mayores: Ocho y seis años de prisión

Engañaban a personas de la tercera edad con distintas maniobras delictivas. Deberán además pagar una indemnización.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, obtuvo sentencias condenatorias en el juicio oral seguido contra Joaquín Abel Agüero y Fernando Gabriel Cabrera por los delitos de extorsión y estafa, tras un arduo proceso de investigación y recopilación de pruebas.

El Tribunal de Juicio, Vocalía N° 2 de la Sala III a cargo de la jueza Carolina Sanguedolce, dictaminó la pena de ocho años de prisión efectiva para Joaquín Abel Agüero por ser coautor material y penalmente responsable de cuatro hechos de extorsión y un hecho de estafa, todos en perjuicio de distintas víctimas. Asimismo, se le revocó una condena condicional previa de un año de prisión por estafa, impuesta en mayo de 2023 en la ciudad de Rosario, y se ordenó su traslado a la Unidad Carcelaria N° 1.

En cuanto a Fernando Gabriel Cabrera, el tribunal lo sentenció a seis años de prisión efectiva por su participación como coautor en tres hechos de extorsión.

Además, respecto a la demanda civil interpuesta, el tribunal dispuso que Joaquín Agüero deberá abonar 120.000 dólares en concepto de daño material y 40.000.000 de pesos por daño moral, más los intereses correspondientes desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago.

La detención de los imputados fue el resultado de una minuciosa investigación que logró desbaratar un esquema delictivo dirigido principalmente a adultos mayores. Los acusados utilizaban métodos como engaños telefónicos, simulación de secuestros y otras maniobras fraudulentas para manipular a las víctimas y apropiarse de sus bienes.

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Juzgan a dos mendocinos por extorsionar a adultos mayores

Los acusados fueron detenidos el 20 de junio de 2023 tras extorsionar a una mujer haciéndose pasar por su hijo secuestrado. La investigación de la UDEC encontró vínculos con otros casos similares, revelando un patrón de extorsión reiterado.

La Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate que se lleva a cabo en la Sala 3 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, a cargo de la jueza Carolina Sanguedolce. En esta instancia, se juzga a Fernando Daniel Cabrera y Joaquín Abel Agüero por los delitos de extorsión, en cinco hechos distintos, y estafa.

Los acusados fueron detenidos el 20 de junio de 2023, luego de que una mujer presentara una denuncia por extorsión. Según relató la víctima, recibió una llamada en la que los imputados se hicieron pasar por su hijo para hacerle creer que había sido secuestrado, exigiéndole una suma de dinero como rescate.

Las investigaciones realizadas por la UDEC revelaron similitudes significativas entre este caso y otras denuncias en curso, evidenciando un patrón de comportamiento similar. Consistían en contactar a adultos mayores de 80 años, haciéndose pasar por un familiar, y comunicándoles que habían sido secuestrados o que enfrentaban problemas económicos.

La táctica generó una profunda desesperación en las víctimas, llevándolas a poner en riesgo sus bienes con el fin de evitar un daño mayor. Una vez que los captores lograban ejercer control sobre la persona, las inducían a entregar el dinero a un tercero, ya sea de manera directa o indirecta.

Durante las averiguaciones se comprobó que el IMEI del teléfono móvil desde el cual se realizaron las llamadas a las víctimas, todas personas adultas mayores, coincidía con el dispositivo incautado al momento de la detención de los acusados.

 

Rechazan el pedido de libertad de dos mendocinos imputados por extorsionar a adultos mayores

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Siete condenados por venta fraudulenta de inmuebles

Mediante maniobras de simulación de negocio inmobiliario, con ardid y engaño, los acusados cometieron varios actos de estafa. Entregaban documentación apócrifa y recibían dinero de las víctimas a cambio de recibos firmados por distintas personas.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante  la Sala III del Tribunal de Juicio, Distrito Judicial Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra cuatro hermanos y otras tres personas, todos por el delito de estafas reiteradas.

En el acuerdo de juicio abreviado, los acusados reconocieron su participación y se declararon responsables de los delitos imputados. Además, aceptaron la responsabilidad penal y la calificación legal de los hechos.

Según la investigación de la Fiscalía, los imputados actuaban de común acuerdo y se dividían las tareas para llevar a cabo maniobras fraudulentas. Publicaban anuncios en redes sociales y clasificados de un diario local, ofreciendo la venta de lotes y casas bajo la apariencia de ser una inmobiliaria seria y solvente.

Las operaciones se concretaban mediante la presentación de documentos falsos que supuestamente acreditaban la titularidad de los inmuebles por parte del vendedor, haciendo creer a las víctimas que estaban realizando una transacción legítima. De este modo, lograban que las personas realizaran los pagos solicitados, generándoles un perjuicio patrimonial significativo.

El modus operandi de los acusados consistía en captar a sus víctimas a través de la red social Facebook, donde publicaban imágenes de terrenos y ofrecían planes de financiación con una entrega inicial en efectivo y el saldo en cuotas. Todo esto lo hacían bajo el nombre de  “L&E Asociados”.

Una vez que los interesados veían las publicaciones, enviaban mensajes al chat de la red social para pedir más información. Los imputados respondían, concertaban una reunión y se encontraban con los posibles compradores en los supuestos terrenos en venta. Luego, simulaban un negocio jurídico legal y certificaban los actos con documentación falsificada que incluía firmas apócrifas de propietarios y escribanos.

Convencidas por la apariencia de legalidad, las víctimas entregaban el dinero sin recibir el inmueble prometido, ya que pertenecía a terceros ajenos.

Los lotes ofrecidos se encontraban en distintas ubicaciones: uno en Ruta 21, camino a San Agustín, cerca del barrio San Benjamín (vendido en diciembre de 2018); otro en Ruta 26, camino a La Isla (mediados de 2019); un lote en el barrio San Nicolás II (octubre de 2019), que fue vendido en varias ocasiones y es propiedad de una cooperativa; un terreno en barrio Don Santiago (Los Gremios), comercializado en junio de 2020; otro en barrio Las Marías, zona sur (agosto de 2022); y un último terreno en barrio Cielo del Sur, Cerrillos (agosto de 2022).

Los lotes tenían diferentes ubicaciones, uno en Ruta 21, camino a San Agustín, cerca del barrio San Benjamín, vendido en diciembre de 2018; otro en Ruta 26, camino a La Isla, vendido a mediados de 2019; un terreno en el barrio San Nicolás II, comercializado en octubre de 2019 y que fue vendido en varias oportunidades, perteneciente a una cooperativa; otro lote en el barrio Don Santiago (Los Gremios), cuya transacción se concretó en junio de 2020; otro en el barrio Las Marías, zona sur de la ciudad, vendido en agosto de 2022; y finalmente, un terreno en el barrio Cielo del Sur, en la localidad de Cerrillos, también vendido en agosto de 2022.

La jueza Carolina Sanguedolce condenó a Luz Florencia Analía Córdoba y Noelia Maribel Milagros Córdoba a 3 años de prisión de ejecución condicional. Carlos Mauricio Córdoba, Jesús Esteban Córdoba y Celina Frías recibieron 2 años de prisión condicional, mientras que María Elizabeth López Segovia y Nicanor José Facundo Figueroa Sánchez fueron condenados a 6 meses de prisión condicional.

Los condenados también se comprometieron a realizar una reparación económica que incluye la entrega de un inmueble, dos automóviles, seis sumas de dinero de $270.000, $280.000, $290.000, $330.000 y dos de $915.000, además de cuatro teléfonos celulares, una motocicleta, una bomba de piscina, dos televisores Smart TV de 55 pulgadas y un aparato de cocina.

Las sumas de dinero fueron abonadas al finalizar la audiencia de juicio abreviado.

 

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Condenan a un empleado municipal por falsificar su título secundario

El hombre cobró de manera indebida la bonificación que el Estado otorga a los agentes que han completado ese nivel educativo. Deberá realizar una reparación económica y no podrá ocupar cargos relacionados con el manejo de documentación o sueldos.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia de juicio abreviado. El juez Marcelo Rubio, de la Sala 5 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, condenó a Edgardo Jovito Guaymás a dos años de prisión en suspenso, y dispuso, además, una reparación económica actualizada a favor de la Municipalidad de Salta.

Guaymás admitió haber cometido los delitos de falsificación y uso de instrumento público, así como fraude a la administración pública en concurso real, por los cuales fue acusado por la Fiscalía. Como resultado, se acordó con su defensa técnica la realización de un juicio abreviado.

Como parte de la condena, se le impuso al acusado la inhabilitación especial perpetua para desempeñar funciones en áreas relacionadas al manejo de documentación y de Liquidación de sueldos de la Municipalidad de Salta.

La causa se inició luego de que se descubriera que Guaymás había presentado un título secundario falso ante la Dirección de Personal con el fin de acceder a una bonificación salarial. La situación se agravó al comprobarse que, gracias a este documento fraudulento, Guaymás cobró indebidamente durante un período considerable un monto mensual adicional destinado exclusivamente a los empleados que acreditan haber alcanzado ese nivel educativo, lo que generó un perjuicio económico significativo para la administración pública.

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Ocho condenados por el robo de combustible a la Municipalidad de Salta

Participaron de una maniobra coordinada para desviar combustible destinado a vehículos oficiales. La nafta era cargada en una estación de servicio y luego trasladada a una finca privada en Laguna Escondida.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, en la audiencia en la que ocho personas fueron condenadas por ser autores del delito de fraude a la administración pública.

Tras conocer las pruebas reunidas en su contra, los acusados admitieron su responsabilidad. Como resultado, Marcelo Daniel Cavalli Cabrera, Héctor Aníbal Torres, Raúl Marcelo Sanguino, Orlando Antonio Portales, Jorge Luis Lezcano y Jose Daniel Bordón fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional. Claudio Rafael Gutiérrez y Lorena de los Ángeles Fabián fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional. Por su parte, la Fiscalía retiró la acusación contra Aldo Rodolfo Barrientos, por lo que fue sobreseído

Los hechos juzgados fueron denunciados en marzo de 2021 por el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, quien sospechaba que se estaba consumando un accionar ilícito contra la comuna con los camiones que prestaban servicio en la Planta Hormigonera de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

La investigación realizada por la UDEC determinó que choferes de esa área municipal, cargaban combustible en una estación de servicio ubicada en avenida Bicentenario de la Batalla de Salta, durante sus horario laboral. Luego, los camiones se trasladaban a una finca en Laguna Escondida, al sudeste de la ciudad. En este lugar, los trabajadores extraían el combustible sin que existiera justificación ni tarea que beneficiara al Municipio.

La división de funciones quedó claramente establecida en la investigación: los choferes Cavalli, Torres, Sanguino, Portales, Lezcano y Bordón eran los encargados de trasladar los camiones sin registrar los desvíos en las hojas de ruta oficiales hasta Laguna Escondida. En este lugar, Claudio Rafael Gutiérrez y Lorena de los Ángeles Fabián acopiaban el combustible en su propiedad.

 

Múltiples allanamientos y detenciones por robo de combustible a la Municipalidad de Salta

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Tres condenados por estafa conocida como “El cuento de la grúa”

La operatoria fraudulenta se llevó a cabo desde la provincia de Río Negro, con la intervención de dos detenidos del Penal de General Roca. Una mujer fue detenida tras un allanamiento, junto al secuestro de elementos de prueba.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 7 del Distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), en la que Gloria Noemí Jara resultó condenada a pena e prisión condicional, mientras Brian Alejandro Monsalve y Brian Joaquín Pinto fueron condenados a pena de prisión efectiva.

La denuncia de la estafa telefónica se originó el 1 de julio cuando un vecino del barrio Roberto Romero recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por un antiguo conocido. Durante la llamada, el supuesto conocido le explicó que estaba varado en una ruta por un problema mecánico y que no podía comunicarse con su compañía de seguros. Le pidió al damnificado que lo ayudara gestionando el pedido de una grúa, proporcionándole un número de contacto.

El damnificado, sin cortar la llamada, se comunicó con el supuesto operador de la aseguradora, quien le informó que el costo del servicio era de 150 mil pesos. Convencido, realizó la primera transferencia a través de Mercado Pago. Posteriormente, el supuesto vecino le pidió más dinero para cubrir el transporte de sus familiares, lo que llevó a la víctima a transferir 450 mil pesos adicionales, sumando un total de 600 mil pesos.

Al desconfiar de la situación, el damnificado intentó obtener más información del empleado de la aseguradora quien lo transfirió a un supuesto gerente. Finalmente, tras contactar directamente a la compañía, se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa telefónica.

Del análisis de las comunicaciones se desprende que las llamadas telefónicas provenían de líneas vinculadas a internos del Penal N° 2 de General Roca, provincia de Río Negro.

Mediante los informes elevados por la Unidad de Investigación UDEC, sumados a los allanamientos realizados en el marco de las actuaciones, se logró acreditar que el dinero del engaño había ingresado a la cuenta de un hijo menor de edad de Gloria Jara, la que mantiene una relación sentimental con Brian Pinto, detenido en el Penal 2 de General Roca, donde también se encuentra Brian Monsalve, tío del menor.

El Juez Pablo Zerdán, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a Gloria Noemí Jara a la pena de 3 meses de prisión de ejecución condicional; a Brian Alejandro Monsalve  y Brian Joaquín Pinto a la pena de 3 meses de prisión de ejecución efectiva, todos por el delito de estafa, en calidad de coautores y les impuso una serie de reglas de conducta.

En cuanto a la reparación económica por el daño ocasionado, los condenados dieron cumplimiento, mediante el pago de la suma de 600 mil pesos, la que ya fue depositada en cuenta judicial y a disposición del Juzgado de Garantías interviniente y que será entregada al damnificado. Se solicitó, además, el decomiso de todos los elementos secuestrados.

Desmantelan operación fraudulenta conocida como «El cuento de la grúa»

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