La Fiscalía solicitó 4 años y 8 meses de prisión para el exintendente de San Lorenzo

Luego de repasar los hechos de fraude y peculado demostrados durante casi dos meses de juicio, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió que las condenas de Ernesto Fernando “Kila” Gonza y Sergio Armando sean de cumplimiento efectivo.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la pena de cuatro años y ocho meses de prisión para el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza y tres años y seis meses para Sergio Armando. Ambas, de cumplimiento efectivo.

Salinas Odorisio mantuvo su acusación de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor, en contra de Gonza. En cuanto a Armando, la fiscal de UDEC lo acusó de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.

La fiscal Salinas Odorisio inició su alegato recalcando que en el juicio se estaban juzgando dos hechos independientes entre sí: el primero, relacionado a las casillas del Plan “Una casa para tu hogar” y, el segundo, a un puente sobre calle Belgrano. A lo largo de toda su exposición, la fiscal de la UDEC sostuvo que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa “El Montañez” que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando.

La representante del Ministerio Público Fiscal destacó que se trata de hechos de corrupción en obra pública con articulación entre el sector público (a cargo de Gonza) y el privado (Empresa El Montañez, de Armando).

Para graficar los hechos juzgados, la fiscal se valió de una pantalla gigante en los que fue resumiendo el rol de los involucrados y precisó que el inicio de las maniobras fraudulentas fue el 10 de abril de 2011, día en que tuvieron lugar las elecciones provinciales y Gonza perdió la intendencia en manos de Federico Parra.

La fiscal sostuvo que, desde ese día, se comenzó a orquestar el fraude en perjuicio del municipio de San Lorenzo y, en pantalla, presentó una copia del documento firmado por Gonza y Parra el 7 de diciembre de 2011, en el que el primero consignó que no existían contratos vigentes ni deudas ni obras sin ejecución.

Además, presentó un detalle de los cheques firmados ese día y que el 12 de diciembre de 2011, familiares y amigos de Gonza y Armando se presentaron a cobrar. Salinas Odorisio indicó que en total, los cheques sumaban la cifra de un millón de pesos, lo que actualizado a valores actuales serían unos 40 millones de pesos. “Para que se den una idea, en diciembre de 2011 la coparticipación que cobraban la Municipalidad de San Lorenzo era de 200 mil pesos. Los cheques eran por un millón de pesos”, precisó la fiscal.

En la pantalla, Salinas Odorisio también presentó un cuadro de relaciones en los que quedó en evidencia el vínculo familiar o de amistad que los testigos de la defensa mantienen con Gonza y/o Armando.

La Fiscal recordó al Tribunal que el 13 de junio de 2011 se celebró un convenio entre el Municipio de San Lorenzo -representado al momento de la contratación por Ernesto Fernando Gonza- y la empresa “El Montañez” de Sergio Armando para la construcción de viviendas prefabricadas de madera en el marco del “Plan una casa para tu hogar”. De acuerdo al testimonio de peritos y testigos, las casillas “no fueron debidamente concluidas según lo contratado, a las especificaciones obrantes y a las normas vigentes y reglas del buen arte”.

En cuanto al puente de calle Belgrano, la fiscal de UDEC demostró que fue construido con personal de la Municipalidad de San Lorenzo en horario laboral y con herramientas de la comuna.

Salinas Odorisio recordó que la Municipalidad de Villa San Lorenzo efectuó un desprendimiento de importantes sumas de dinero sin obtener a cambio el objeto de la contratación celebrada con Sergio Armando, ya que las obras cuya realización debía llevar a cabo  no se concluyeron o resultaron defectuosas.

Por todo ello, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo para Ernesto Fernando “Kila” Gonza y tres años y seis meses para Sergio Armando, también de cumplimiento efectivo.

La defensa de Ernesto Gonza solicitó su absolución lisa y llana. Subsidiariamente, pidió al Tribunal la absolución por el beneficio de la duda.

Por su parte, la defensa de Armando solicitó la absolución lisa y llana; y subsidiariamente la aplicación del principio de la duda y, subsidiariamente a esto, el mínimo de la pena de la tentativa de todos los delitos que se le imputan.

Los alegatos se realizaron en la Sala 1 ante el tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González. La próxima jornada de la audiencia debate será el lunes 12 de diciembre a las 15.

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, durante su alegato
Eneresto «Kila» Gonza y Sergio Armando

Juicio al exintendente de San Lorenzo: El lunes 5 de diciembre serán los alegatos

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, le imputa a Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

El lunes 5 de diciembre, a las 15, tendrán lugar los alegatos en la audiencia debate que se le sigue al ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en el juicio.

Finalizada la ronda de testimoniales y la presentación de documentación, el Tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González, fijó fecha de alegatos para el 5 de diciembre en la Sala 1 de la Ciudad Judicial.

El juicio contra Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando inició el 3 de octubre pasado y estaba previsto que se desarrollara en 20 jornadas y concluyera el 3 de noviembre pasado.

El Ministerio Público Fiscal le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.

El martes 22 continuará el juicio al exintendente de San Lorenzo

A las 15, en la Sala de Grandes Juicios testificará una contadora y luego, se prevé, se fijará la fecha de los alegatos. La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

El martes 22 de noviembre, desde la 15, tendrá lugar una nueva jornada de la audiencia debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

La audiencia se realizará en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial y está previsto que una contadora preste declaración. El informe de auditoría ya fue presentado al Tribunal.

Luego, está previsto que se fije la fecha para los alegatos. El juicio contra Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando inició el 3 de octubre pasado. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.

UDEC desbarata una importante red de venta fraudulenta de terrenos e inmuebles

Los siete acusados, entre quienes se encuentran cuatro hermanos, integraban una organización que mediante publicación en redes sociales ofrecían en venta inmuebles, usando documentación apócrifa. La UDEC realizó allanamientos, secuestro de documentación, detenciones, e inhabilitación de 21 cuentas bancarias.

La titular de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio, encabezó un importante operativo relacionado con estafas en la venta de terrenos y propiedades ofertados a través de redes sociales, en distintos puntos de la ciudad y zona metropolitana. En el procedimiento se realizó el allanamiento de ocho domicilios y el secuestro de tres vehículos, una motocicleta, además de originales de documentación entregadas a las víctimas.

En el despliegue realizado con intervención de la Unidad de Delitos Económicos del CIF,  tres de los cuatro hermanos involucrados fueron detenidos. Además se notificó la citación a imputación a otros cuatro implicados en la causa en la que se los acusa de estafas reiteradas.

Entre otras medidas, se inhabilitaron 21 cuentas bancarias y se libró oficio al Registro de Inmuebles, por propiedades adquiridas a posterior de los hechos.

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias realizadas por un gran número de damnificados, quienes a través de la oferta vía redes sociales de venta de terrenos y propiedades en distintas zonas (Barrio BM, ruta 21; Ruta 26, camino a la Isla; San Nicolas II; Don Santiago, Los gremios; Las Marías; Cielo del Valle, Cerrillos; Cielo del Sur), realizaron transacciones comerciales consistentes en depósito de distintas sumas de dinero, en concepto de seña, adelantos y cuotas. 

Los detenidos y citados a imputación, son acusados de actuar de común acuerdo, con división de tareas, mediante el ardid consistente en publicar en las redes sociales la venta de lotes y/o casas, aparentando pertenecer a una inmobiliaria seria y solvente, ofreciendo la venta de bienes, mediante la presentación de falsos instrumentos que acreditaban la adquisición de inmuebles por el vendedor, haciendo creer a los damnificados que estaban realizando una inversión regular, por lo que hicieron los pagos solicitados, causándole con ello un perjuicio patrimonial.

De la investigación de UDEC, sin perjuicio de determinarse un mayor número implicados, surge la existencia de documentaciones falsas presentadas y entregadas por los investigados, con contenido parcialmente cierto y presumiblemente modificado para evitar una posible revisión por parte de las víctimas. Cabe destacar que los peritos observaron una sucesión de estafas para lo cual se contaba con conocimiento en las gestiones inmobiliarias y acceso a información oficial. Prueba de ello, es que los boletos de compraventa consignan datos de verdaderos dueños consistentes con el número de catastro de la propiedad a la venta, que solo pueden ser suministrados desde la Dirección General de Inmuebles y/o contando con la cooperación de otra persona que tenga acceso a dicha información. 

Los investigados se presentaban como asesores de ventas inmobiliarias y en varios casos invocando importantes empresas de la ciudad de Salta. Las maniobras se realizaron en tres etapas definidas: Phishing  (captación),  Ardid (interacción con víctimas) y  Cobro en escribanías (Entrega de documentación apócrifas). Se pudo determinar que si bien las transacciones se realizaban frente a escribano, las rúbricas eran distintas y la documentación falsa, y ante este hecho se labró una circular poniendo en conocimiento de las escribanías de la ciudad, la advertencia  sobre los hechos y los causantes. 

El delito consistía en simular una primera falsa venta de la vivienda o terreno a partir del documento apócrifo del verdadero dueño de la casa. Cumplido este proceso, sembraban masivamente en redes sociales y grupos y/o comunidad que mantienen altos números de integrantes, la oferta de venta en redes sociales para captar a las víctimas. En los boletos de compraventa, ninguno de los investigados consigna sus nombres reales, sino que constan como asesores de venta, quienes para atraer a las víctimas en primer lugar realizan publicaciones en redes sociales, consignado nombres de usuarios inexistentes y con poca actividad, evidencias que indican claramente que su propósito era la captación de interesados, para luego establecer contactos a través de otras aplicaciones de mensajería virtual, maniobra  que no puede dejar de considerase como una grave amenaza para la sociedad en su conjunto, toda vez que este tipo de ilícitos acarrea diversas víctimas que son burladas en su buena fe.


Juicio al ex intendente de San Lorenzo: Sólo tres personas se presentaron a testificar

El lunes vence el plazo para presentar la pericia contable y el martes 22 se retomará la ronda de testimoniales. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al MPF.

Este jueves tuvo lugar en la Sala de Grandes Juicios una nueva jornada de la audiencia debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

De las seis personas citadas para testimonio, sólo tres se presentaron; entre ellos, Ricardo Javier Diez Villa, actual titular de la Secretaría del Interior de la Provincia.

El lunes 14 se presentará la pericia contable y el martes 22, continuará la ronda de testimonios para luego dar paso a los alegatos. El juicio contra Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando inició el 3 de octubre pasado.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real

Suspendieron la audiencia, y se dilata el juicio contra el ex intendente Gonza

Este jueves, por la ausencia injustificada del abogado defensor de Sergio Armando, no se pudo realizar la audiencia debate prevista por el Tribunal de Juicio. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, intimó a la defensa a designar un defensor a fin de evitar nuevas suspensiones.

La audiencia debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, que debía realizarse ayer jueves 3 de noviembre, debió ser suspendida por la ausencia de uno de los abogados defensores.

Para la jornada se esperaba que seis personas presten su testimonio, entre los que se encontraba Ricardo Javier Diez Villa, actual titular de la Secretaría del Interior de la Provincia.

Sin embargo, el abogado de Sergio Armando no se presentó en la Sala de Grandes Juicios, en donde se desarrolla la audiencia debate desde el 3 de octubre. La defensa del empresario es ejercida por Carlos Agnostópulos, quien por problemas de salud, nombró como adjunto al letrado Zenteno, que ayer no se presentó ni justificó su ausencia.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó que se intime a Agnostópulos para designar un defensor a fin de evitar la suspensión de nuevas audiencias.

 El Tribunal de Juicio fijó como nueva fecha, el jueves 10 de noviembre a las 15.

El Ministerio Público Fiscal le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.

Nueva jornada de la audiencia de debate contra el exintendente Gonza

El jueves 3, desde las 15, prestarán testimonio ocho personas, entre las que se encuentra el actual secretario del Interior de Salta, Javier Diez Villa. Representa al Ministerio Público Fiscal la titular de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

Este jueves, desde la 15, tendrá lugar una nueva jornada del juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

La audiencia se realizará en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial y está previsto que ocho personas presten su testimonio, entre los que se encuentra Ricardo Javier Diez Villa, actual titular de la Secretaría del Interior de la Provincia.

Luego de la ronda de testimoniales, en las próximas jornadas está prevista la presentación de la pericia contable, para luego dar paso a los alegatos.

Requieren juicio para Rubén Méndez Salazar

El 25 de octubre pasado, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, elevaron el pedido de juicio al ex intendente de Salvador Mazza y otras diez personas.

La Unidad Fiscal compuesta por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y el Fiscal Penal de Tartagal, Pablo Cabot, requirió juicio el 25 de octubre al Juzgado de Garantías 1 contra once personas por enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Por enriquecimiento ilícito están acusados, en calidad de autor, Rubén Méndez Salazar y, como partícipes necesarios a sus hijos Ivanna Irene Méndez y Roque Maximiliano Méndez, su ex pareja Susana Angelita Palacio y la contadora Liliana Cristina Centeno.

En el extenso decreto de requerimiento de juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal, los fiscales consideraron que Rubén Méndez Salazar aumentó considerablemente sus activos patrimoniales mediante la adquisición de un inmueble en Salvador Mazza y diversos rodados de alta gama, todos ellos 0 km; siendo dichas adquisiciones posteriores a la asunción de su cargo, lo cual denotaría una situación anormal considerando sus ingresos legales. La Unidad Fiscal pudo establecer que Méndez Salazar adquirió a título propio y por interpuestas personas los siguientes bienes: 1) vehículo marca BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a nombre de Rubén Méndez Salazar, 2) vehículo marca Ford, modelo Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de Ivanna Irene Méndez, 3) vehículo marca BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de Roque Maximiliano Méndez, y 4) vehículo marca Ford, modelo Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de Susana Angelita Palacio.

En cuanto a Centeno, para la Unidad Fiscal, confeccionó las declaraciones juradas que permitió a los encausados Rubén Méndez Salazar, Ivanna Irene Méndez, Roque Maximiliano Méndez y Susana Palacio, adquirir la titularidad registral de los rodados.

Por peculado están acusados, en calidad de autor, Rubén Méndez Salazar; y como partícipes necesarios Jesús Manuel Gijena,  Juan Marco Méndez, Oscar Rodolfo Gutiérrez, Roberto Justo Balverdi, Roque Maximiliano Méndez y Carolina Antonella Moreno.

De acuerdo a las pruebas reunidas por los investigadores de la UDEC, los acusados teniendo a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos conforme las funciones respectivas de cada uno ellos, sustrajeron caudales públicos percibidos en los puestos denominados “VOVE” y “Guandacarenda”, en los que se percibe el pago a cuenta de la “Contribución que incide sobre la actividad comercial, Industrial o de servicios” y el pago de la “Tasa de Reconstrucción de Pavimento – Transporte de cargas” durante el periodo comprendido desde el 01/01/2020 hasta el 13/10/2021, cuyos destinos de las sumas recaudadas e ingresadas a la Tesorería Municipal se desconoce, causando con ello un perjuicio patrimonial al Estado Municipal.

La Unidad Fiscal pudo establecer que Rubén Méndez Salazar dispuso exclusivamente de los fondos municipales recaudados en las unidades de cobro “VOVE” (Arenales) y “Guandacarenda”, que ingresaron a Tesorería, los cuales ascienden a un total de $ 250.509.489,28.

Para concretarlo, designó personas de su confianza en cada uno de los cargos y de las etapas del circuito de ingreso de fondos en los puestos VOVE y Guandacarenda (Juan Marco Méndez como Supervisor de VOVE, Oscar Rodolfo Gutiérrez como Secretario Privado, Roberto Justo Balverdi como Secretario de Hacienda, Roque Maximiliano Méndez como beneficiario, Jesús Manuel Gijena como cobrador del VOVE y Carolina Antonia Moreno como Tesorera). La UDEC estableció que, en función de ello, Rubén Méndez recibió desde el 01/01/2020, hasta el 13/10/2021, fondos provenientes de los puestos VOVE y Guandacarenda por un total de $339.167.373,00, que fue ingresado a Tesorería, y, de ese monto se corroboró que se depositó en la cuenta bancaria de la Municipalidad un 26%, quedando un 74% sin depositar, lo que equivale a $250.509.489,28.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y el fiscal Pablo Cabot también acusaron de peculado, en calidad de autores, a Rubén Méndez Salazar, Juan Marco Méndez, Roberto Justo Balverdi y Oscar Rodolfo Gutiérrez porque, del entrecruzamiento de datos, documentación secuestrada, informes de AGP y de la pericia contable realizado desde la UDEC se pudo establecer que, desde el 01/01/2020 al 13/10/2021, sustrajeron caudales estatales de la recaudación de las unidades de cobro y de la caja del Municipio Profesor Salvador Mazza, sin efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas, causando con ello un perjuicio patrimonial al Erario Municipal.

Un tercer hecho de peculado también fue endilgado a Rubén Méndez Salazar ya que, según las pruebas reunidas, utilizó el rodado Ford Ranger, perteneciente a la Municipalidad Profesor Salvador Mazza, en beneficio propio y de su grupo familiar con fines particulares, sustrayéndolo de la actividad de la Administración Pública Municipal.

A Méndez Salazar y Roberto Orellana también se les imputa, en calidad de coautores, el delito de peculado de servicios y peculado dado que, según se pudo establecer, ejerciendo su función de ex Intendente y ex Secretario de Obras Públicas, ordenaron en octubre y noviembre 2020 que personal municipal y maquinaria de la Intendencia conviertan un sendero peatonal privado en una calle transitable para que circulen vehículos de transporte de carga con fines comerciales privados, exentos de los controles formales de tránsito internacional.

Por otra parte, Rubén Méndez Salazar, en calidad de autor, e Ivanna Irene Méndez, en calidad de participe necesaria, también están acusados por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, ya que el Municipio efectuó compras de suministro por $ 594.196 con la Carnicería “El Rey», propiedad de Ivanna, según las pruebas reunidas.

En el requerimiento de juicio presentado por la Unidad Fiscal –que tiene una extensión de 154 páginas- el ex intendente también fue acusado como autor del delito de fraude a la administración pública. De acuerdo a lo registrado por los investigadores de la UDEC, Méndez Salazar suscribió la Resolución Nº 31/20 que autoriza el funcionamiento de la asociación de transporte de carga denominada “Asociación de Fleteros, Transportistas y Afines Emanuel”, integrada con rodados de su propiedad. En función de ello, se detectó que los camiones pertenecientes a Méndez Salazar, pasaban por el puesto de recaudación VOVE, sin pagar la tasa; ello por orden expresa del propio ex Intendente, bajo el pretexto de que luego compensaría esos montos impagos con su liquidación de haberes mensuales.

Méndez Salazar también está acusado de omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, ya que no cumplió en debida forma con la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales por ante la Escribanía General de Gobierno, a pesar de las intimaciones fehacientes cursadas por el inicio y cese de gestión de 2013 al 2015, por el inicio y cese de gestión 2015 a 2019 e intimación por el inicio de la gestión del periodo 2019.

En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, también le fue endilgado a Méndez Salazar, Balverdi, y Moreno, en carácter de coautores, ya que según pudo determinar la Unidad Fiscal, los acusados, teniendo a su cargo la administración, custodia, cuidado y disposición de bienes y fondos públicos conforme las funciones respectivas que cada uno ellos realizaba en Salvador Mazza, incumplieron en forma reiterada normativa que regula el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal.

Por último, la Unidad de Investigación entiende que se halla suficientemente acreditada la existencia del delito de asociación ilícita en calidad de organizador de Rubén Méndez Salazar; y en calidad de miembros de Ivanna Irene Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo), Susana Angelita Palacio (ex pareja), Juan Marco Méndez (hermano), Oscar Rodolfo Gutiérrez (ex secretario privado), Jesús Manuel Gijena (cuñado), Roberto Justo Balverdi (ex Secretario de Hacienda), y Carolina Antonella Moreno (Tesorera).

En detalle

1. Rubén Méndez Salazar: Enriquecimiento ilícito (autor); Peculado (tres hechos) en calidad de autor; Peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en calidad de autor; Fraude a la administración pública; Omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; y Asociación ilícita en calidad de organizador.

2. Ivanna Irene Méndez (hija): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en calidad de partícipe necesaria y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

3. Roque Maximliano Méndez (hijo): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesario; Peculado en calidad de partícipe necesario y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

4. Susana Angelita Palacio (ex pareja): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

5. Liliana Cristina Centeno (contadora): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria

6. Juan Marco Méndez (hermano de Méndez Salazar): Peculado en calidad de partícipe necesario; peculado en calidad de autor; y Asociación Ilícita en calidad de miembro..

7. Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado de Méndez Salazar): Peculado en calidad de partícipe necesario; peculado en calidad de autor;  y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

8. Jesús Manuel Gijena (cuñado de Méndez Salazar): Peculado en calidad de partícipe necesario; y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

9. Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza): Peculado en calidad de partícipe necesario; peculado en calidad de autor;  y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

10. Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza): Peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor.

11- Carolina Antonella Moreno (Tesorera): Peculado en calidad de partícipe necesario; y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

Nuevos allanamientos en la causa Socco Internacional

La Unidad de Delitos Económicos Complejos avanza en la investigación por delitos relacionados a inversiones en fideicomisos inmobiliarios, ventas de casas e inmuebles por lotes o loteos.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, encabezó esta mañana un nuevo operativo relacionado con la investigación que lleva adelante en la causa Socco Internacional.

Durante el procedimiento realizado hoy por el Cuerpo de Investigadores Fiscales del CIF fueron allanados dos domicilios: uno en el barrio privado Jardines de San Lorenzo y el segundo en barrio Ceferino.

En las dos viviendas fueron secuestradas computadoras, celulares, documentación relacionada a la causa y 58.900 pesos.

El procedimiento parte de la determinación tomada por el procurador General, Pedro García Castiella, de definir como eje prioritario de política criminal, la atención sobre estafas, abusos y delitos relacionados a inversiones en fideicomisos inmobiliarios, ventas de casas prefabricadas y venta de inmuebles por lotes o loteo; todo ello en virtud del alto impacto dañoso provocado, que golpea esencialmente a los sectores medios y de menores recursos.

La preocupación comprende especialmente, aquellas operaciones en las que los ciudadanos invierten los ahorros familiares ya sea con la ilusión de la vivienda propia o con la necesidad de poner a resguardo su patrimonio. 

Financiera ilegal: Piden apartar a la policía de Salta y que la custodia domiciliaria de las imputadas se realice con fuerzas federales

También se solicitó que se fije domicilio en la ciudad de Salta, previa instalación de dispositivo electrónico de monitoreo. Cabe recordar que el beneficio otorgado será impugnado, mediante el recurso correspondiente.

La titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, atenta a la inminente concreción del beneficio de arresto domiciliario otorgado a las imputadas en la causa de la falsa financiera Ríos & Asociados, Cynthia Elizabeth Moya y Alejandra Macarena Párragarequirió que la medida se efectivice con el control de fuerzas federales, y no así de la Policía de la Provincia de Salta. Motiva el pedido, la vinculación directa existente entre las imputadas y numerosos miembros de la fuerza de seguridad provincial y/o familiares de los mismos. 

Se agrega a ello los antecedentes relacionados con la colaboración prestada a la misma no solo para darse a la fuga previo a los allanamientos, sino también en el ocultamiento del botín por parte de efectivos de dicha fuerza.

Además se solicitó que se fije domicilio de arresto en la ciudad de Salta, a fines de poder llevar a cabo el control efectivo de cumplimiento de las normas de conducta impuestas.

La fiscal también solicitó que la prisión domiciliaria se otorgue exclusivamente con la previa instalación del dispositivo electrónico suministrado por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) a fin de garantizar tanto la integridad y seguridad física de las mencionadas, como así también evitar toda posibilidad de darse a la fuga en vistas a la conducta ya desplegada anteriormente en la que había logrado mantenerse prófuga tras haber sido advertida por personal policial sobre su inminente detención. 

Otro antecedente que debe tenerse en cuenta a la hora de prevenir el riesgo de fuga alertado por la fiscal, es la disponibilidad y posibilidades que detenta la líder de la financiera ilegal, de una millonaria suma de dinero lograda de las víctimas del fraude y que aun no pudo ser localizada.

Cabe recordar que el beneficio de arresto domiciliario otorgado a las dos imputadas, fue otorgado por parte del Vocal N 1 de la Sala II del Tribunal de Impugnación Pedro Arancibia, había sido rechazado previamente tanto por parte de la titular de la UDEC, como así también el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana. Esta medida será impugnada mediante el recurso correspondiente.

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal se ratificó el respaldo institucional a la actuación de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio en el marco de la causa de la financiera ilegal Ríos & Asociados, a la vez que solicitó se le brinden las garantías de seguridad física necesarias para la continuidad de su labor.