Inicia el juicio por el millonario fraude al Estado desde una cuenta bancaria

Entre el viernes 10 y el 29 de marzo se desarrollará la audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza. La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

El viernes 10 de marzo iniciará en la Sala 4 del Tribunal de Juicio la audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza por fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público, en concurso real.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representará al Ministerio Público Fiscal durante el juicio, que será presidido por la jueza Norma Beatriz Vera.

La UDEC había elevado el requerimiento de juicio al Juzgado de Garantías 8 el 28 de julio de 2021, luego de que el Tribunal de Impugnación confirmara el rechazo del Juzgado de Garantías interviniente al pedido de juicio a prueba presentado por los hermanos Fath.

La denegación del beneficio se fundó en numerosas razones, entre las cuales se indicó que la solicitud fue realizada sólo por dos de los acusados, lo que implicaría que el acto procesal debería continuar hasta resolver la situación de los otros dos imputados, lo que es contrario a la naturaleza del instituto del juicio a prueba. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos se había manifestado contraria al pedido, al igual que los querellantes (representante de la sucesión, Provincia de Salta y banco Macro).

La causa

En marzo de 2021, luego de una investigación de la UDEC, fueron detenidos Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath;, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza.

Para la UDEC, los acusados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron una maniobra defraudatoria consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales), y Jesús Ángel Mendoza (asistente Operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites correspondientes en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación, permitió que Colantuono pueda disponer del dinero, de manera discrecional.

El oficio judicial falsificado que ordenaba la cancelación de una cuenta a plazo fijo y posterior transferencia, fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuono.

La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath (quien como hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath y a su vez, efectivo policial dependiente laboral de Colantuono, permitió acceder a la información bancaria; ejecutar la maniobra pergeñada y finalmente, apropiarse de la importante suma de dinero.

Imputan a una mujer en la causa de la concesionaria

Se trata de la hija de Mario Alberto Riccio, quien reviste la calidad de administradora suplente de la empresa Autofox .

En el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) por estafas en contra de la firma Autofox SAS, la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio imputó a April Paola Riccio Lozano por el delito de estafa.

Riccio Lozano es hija de Mario Alberto Riccio, quien fue detenido el jueves pasado e imputado por los delitos de estafas reiteradas (6 hechos) y coacción (1 hecho), en concurso real.

Para la UDEC, Ricchio adquirió a uno de los denuniantes, un vehículo Citroen C4, abonándolo parcialmente y comprometiéndose a pagar el saldo adeudado mediante la entrega de un cheque, a sabiendas que no podía ser cobrado.

El cheque fue rubricado por April Paola Riccio Lozano, quien reviste la calidad de administradora suplente de la empresa Autofox, y luego efectuaron falsas promesas de pago y un nuevo compromiso de pago, el cual tampoco fue cumplido, generando un importante perjuicio patrimonial al denunciante.

 

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de denuncias que daban cuenta que habían concurrido a la concesionaria con el fin de adquirir o vender un vehículo y, luego de entregar una parte de la suma pactada en efectivo y acordar el resto en cuotas, no accedieron a la unidad. Algunos de los denunciantes concurrieron a la Secretaría de Defensa del Consumidor, acordando un plan de pago para la restitución del dinero, pero tampoco fue cumplido.

Los investigadores de la UDEC establecieron que la empresa Autofox SAS –que funcionaba en calle España Nº 951 y en Av. Jujuy 647, y que actualmente funciona únicamente en Avenida Sarmiento Nº 76- se encontraba a cargo del detenido, que se presentaba como dueño y gerente.

Para la UDEC, la concesionaria, por medio de publicaciones promocionaban la empresa bajo los nombres de fantasía Autofox y Motofox. Además, al contar con un espacio físico acondicionado, lograban credibilidad y la confianza de las víctimas, quienes hacían entrega de grandes sumas de dinero de contado y en cuotas, y entregaban vehículos como parte de pago.

Cuando las víctimas, viendo que la empresa no les devolvería el dinero invertido, comenzaron a radicar denuncias penales, desde Autofox pactaron arreglos con la promesa de la devolución del dinero, pero dichos arreglos sólo fueron realizados de manera parcial con el único fin de que el hecho investigado derivara en acciones civiles, escapando de la esfera del derecho penal.

Asimismo, se pudo establecer que el dueño de firma y su hija emitieron cheques sin fondos firmados por esta última, incluso teniendo conocimiento de la que la cuenta se encontraba cerrada.

Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal Penal Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías 3 el allanamiento de la oficina comercial, de la vivienda del titular de la empresa y otras dos viviendas. Como resultado del procedimiento fueron secuestrados dinero en efectivo, contratos, celulares y otros documentos de interés.

 

Imputan por estafas reiteradas y coacción al propietario de una concesionaria

Asistido por un abogado particular, Mario Alberto Riccio negó los hechos y se negó a responder preguntas de la Fiscalía.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Mario Alberto Riccio provisionalmente por los delitos de estafas reiteradas (6 hechos) y coacción (1 hecho), en concurso real.

Riccio fue detenido ayer en el marco de una investigación que lleva adelante la UDEC por estafas en contra de la firma Autofox SAS, de la cual el imputado es propietario.

Durante el operativo, que fue requerido por Salinas Odorisio y ordenado por el Juzgado de Garantías 3, fueron allanados cuatro domicilios (la oficina de Autofox SAS, la vivienda del imputado, ubicada en el barrio Los Olmos de Cerrillos; de un departamento en barrio Limache y un domicilio en Villa Soledad) y fueron secuestrados dinero en efectivo, contratos, celulares, dos automóviles y documentación de interés para la causa.

En la audiencia de imputación, Riccio fue asistido por un abogado particular y negó los hechos. Se negó a responder preguntas de la Fiscalía.

Salinas Odorisio solicitó el mantenimiento de su detención.

Detienen al propietario de una concesionaria de automóviles

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) investigó distintas denuncias por estafas efectuadas contra la firma Autofox SAS. La fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de cuatro inmuebles y el secuestro de material de interés para la causa.

Un hombre fue detenido esta mañana en el marco de un operativo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en el que fueron allanados cuatro domicilios, siendo uno de ellos oficina de la empresa Autofox SAS, ubicado en avenida Sarmiento.

Como resultado del procedimiento fueron secuestrados $ 1.019.100 en efectivo, contratos, celulares y otros documentos de interés para la investigación que lleva adelante la titular de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La intervención de la UDEC inició a raíz de denuncias que daban cuenta que habían concurrido a la concesionaria con el fin de adquirir o vender un vehículo y, luego de entregar una parte de la suma pactada en efectivo y acordar el resto en cuotas, no accedieron a la unidad . Algunos de los denunciantes concurrieron a la Secretaría de Defensa del Consumidor, acordando un plan de pago para la restitución del dinero, pero tampoco fue cumplido.

Los investigadores de la UDEC establecieron que la empresa Autofox SAS –que funcionaba en calle España Nº 951 y en Av. Jujuy 647, y que actualmente funciona únicamente en Avenida Sarmiento Nº 76- se encontraba a cargo del detenido, que se presentaba como dueño y gerente.

Para la UDEC, la concesionaria, por medio de publicaciones promocionaba la empresa bajo los nombres de fantasía Autofox y Motofox, mostrándose en todo momento como una empresa seria y solvente. Además, al contar con un espacio físico acondicionado, lograban credibilidad y la confianza de las víctimas, quienes hacían entrega de grandes sumas de dinero de contado y en cuotas, y entregaban vehículos como parte de pago, sin saber que el único propósito de la empresa era hacerse con el bien fungible por excelencia para beneficio propio y que el remanente producto de los hechos ílicitos era licuado en vehículos, que nunca eran transferidos.

Cuando las víctimas, viendo que la empresa no les devolvería el dinero invertido, comenzaron a radicar denuncias penales, desde Autofox comenzaron a pactar arreglos con la promesa de la devolución del dinero, pero dichos arreglos sólo fueron realizados de manera parcial con el único fin de que el hecho investigado derivara en acciones civiles, escapando de la esfera del derecho penal.

Asimismo, se pudo establecer que el dueño de la firma y una mujer emitieron cheques sin fondos, incluso a sabiendas de que la cuenta bancaria se encontraba cerrada.

Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal Penal Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías 3 el allanamiento de la oficina comercial, de la vivienda del titular de la empresa, ubicada en el barrio Los Olmos de Cerrillos; de un departamento en barrio Limache al que concurrían asiduamente los involucrados y un domicilio en Villa Soledad.

El detenido fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia y será imputado en las próximas horas.

 

Investigan el uso irregular de un vehículo oficial

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio, dispuso la apertura de actuaciones para determinar el uso irregular de una camioneta del Senado de Salta. La UDEC interviene de oficio, ante la notitia criminis.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, investiga de oficio el posible uso irregular de un móvil oficial del Senado de la Provincia de Salta.

El 7 de febrero pasado tomó estado público a través de los medios de comunicación, la noticia de que una concejala de Rosario de Lerma había colisionado un vehículo, que se encontraba a cargo de la Cámara de Senadores de Salta.

Salinas Odorisio dispuso -dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta,-la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.

El artículo 241 del Código establece que “conocida la notitia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho”.

Ampliaron imputación para el acusado de estafar con la adjudicación de viviendas sociales

Del avance de la investigación iniciada a partir de la denuncia radicada por el Gobernador de la Provincia y de una damnificada, se agravó la acusación por dos nuevos hechos, uno vinculado a la entrega de una vivienda social de un gremio y el otro con una camioneta de un tercero.

La fiscal penal Sofía Cornejo, interina a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, amplió la acusación contra un hombre de 30 años como autor de los delitos de estafa y falsedad de instrumento privado en concurso ideal y estafa y falsedad de instrumento público en concurso real.

Cabe recordar que anteriormente fue imputado por estafas reiteradas (2 hechos) y falsedad documental (1 hecho) en concurso real, a partir de la denuncia del gobernador Gustavo Sáenz y de dos personas que resultaron damnificados al intentar adquirir una vivienda social con sus supuestas gestiones.

En una continuidad de la investigación se le agrava la acusación por dos nuevos hechos denunciados. El primero fue en perjuicio de un conocido, a quien le ofreció con el mismo modus operandi, gestionar con supuestos contactos en un gremio a nivel nacional, la adquisición de una vivienda social a cambio de sumas de dinero, lo que nunca se concretó.

En el segundo hecho, recibió en préstamo una camioneta de parte de un conocido para que trabaje, y luego, con falsas promesas, ofreció a su propietario gestionar su venta, para lo cual entregó documentación apócrifa a nombre del Gobierno Provincial por una supuesta compra, que resultó ser falsa y no restituyó el vehículo a su dueño ni rindió su producido.

Durante la audiencia de imputación estuvo acompañado de un defensor particular y no declaró. Desde la Fiscalía se solicitó su prisión preventiva para evitar el entorpecimiento de la investigación que sigue en curso.

Declaró el acusado de estafar con la adjudicación de viviendas sociales

Fue imputado por dos hechos de estafa y por falsedad documental, cometidos con la misma modalidad. Dio su versión de lo ocurrido y se solicitó la continuidad de su detención. Las actuaciones iniciaron a partir de una denuncia radicada por el Gobernador de la Provincia.

La fiscal penal Sofia Cornejo, interina a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, imputó en forma provisional a un hombre de 30 años como autor de los delitos de estafas reiteradas (2 hechos) y falsedad documental (1 hecho) en concurso real.

Acompañado de un defensor oficial, el acusado prestó declaración, dando su versión de los hechos y la fiscal Cornejo solicitó al Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro en feria, que se mantenga detenido.

En los dos hechos endilgados, el acusado, simulando tener contactos con funcionarios de organismos provinciales y de un sindicato a nivel nacional, habría ofrecido gestionar y entregar adjudicaciones de viviendas sociales a cambio de importantes sumas de dinero, lo que se concretó respecto de los damnificados, y como así también confeccionó y utilizó documentos privados con sellos y membretes de aquellas instituciones, las que entregaba a los damnificados como constancias del pago, ocasionando con este accionar perjuicio económico a los denunciantes.

En la causa obran las denuncias de dos damnificados y la realizada por el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, al tomar conocimiento de la situación.

Un detenido: El Gobernador denunció estafa con la promesa de viviendas sociales

Con la denuncia del mandatario provincial y de la damnificada, se realizó un allanamiento este jueves y se detuvo a una persona que mediante engaños, logró la entrega por parte de la víctima de sumas de dinero a cambio de supuestas gestiones para el acceso a una vivienda del IPV. Estaría vinculado a otros hechos similares denunciados.

La fiscal penal Sofia Cornejo, interina a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, informó la detención de un hombre de 30 años por la posible comisión del delito de estafa.

El gobernador de la provincia, Gustavo Saenz radico denuncia en las últimas horas, al tomar conocimiento sobre un maniobra que realizaba el denunciado, invocando tener influencias en el Poder Ejecutivo Provincial, para a cambio de sumas de dinero, gestionar la adjudicación de una vivienda del IPV.

La mujer damnificada, también realizó la denuncia al darse cuenta del engaño del que era víctima desde 2019.

Con orden de allanamiento solicitada por la fiscal Cornejo al Juzgado de Garantías 1 en feria, se dio cumplimiento a la medida durante la tarde de este jueves en el domicilio del sospechoso, donde se produjo su detención y el secuestró de elementos de interés para la investigación.

El acusado será imputado en las próximas horas y se trabaja sobre la presunción de que estaría vinculado a otros hechos denunciados.

Causa Saulo Capital SRL: Imputan por 488 estafas y asociación ilícita a los cuatro detenidos

Además, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva de los imputados.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a las cuatro personas detenidas ayer en el marco de la investigación que lleva adelante por cientos de estafas en contra de la firma Saulo Capital SRL.

En la audiencia de imputación, tanto los tres hombres como la mujer fueron asistidos por abogados particulares. Durante la lectura del decreto se les informó que lo delitos que se les imputan son los de estafas (488 hechos) y asociación ilícita.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva de los imputados.

Cabe recordar que el jueves 5 de enero fueron allanados 5 domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- y 10 comercios. Durante los operativos fueron detenidas los cuatro imputados y secuestrados dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de interés para la causa.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos inició la investigación en mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital SRL por lo que inició una investigación. Informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

Desde UDEC indicaron que quien se sienta damnificado o víctima de Saulo Capital SRL puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima. Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación.

Por otra parte, para el recupero del dinero, deben iniciar las acciones civiles pertinentes.

Causa Saulo Capital SRL: Hay cuatro detenidos, entre ellos un sargento de la Policía de Salta

Esta madrugada se realizó un importante operativo bajo la dirección de la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. Fueron allanadas cinco viviendas y 10 comercios, secuestrándose dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas y documentación de interés para la causa. Hay cerca de 500 denuncias contra la firma.

Miembros del Cuerpo de Investigadores del CIF, de UDEC y del GOPAR realizaron desde esta madrugada un importante operativo dirigido por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de la investigación que lleva adelante por cientos de estafas en contra de la firma Saulo Capital SRL.

A la madrugada fueron allanados cinco domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- en el que fueron detenidos una mujer y tres hombres, entre ellos un sargento de la Policía de Salta, a disposición de Recursos Humanos.

En las viviendas allanadas en la capital de la provincia, ubicadas en los barrios Miguel Aráoz, Altos de San Bernardo, Morosini y Santa Victoria, fueron secuestrados dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de interés para la causa.

Además, fueron allanados diez comercios vinculados a la firma Saulo Capital SRL.

La causa

La fiscal de UDEC investiga unas 500 denuncias en contra de la firma Saulo Capital SRL, por haber generado mediante contratos celebrados entre la empresa y los damnificados, una rentabilidad de dinero que fue convenida fuera de las previsiones reguladas por entidades financieras y Mercado de Valores en Argentina.

De acuerdo a las denuncias, distintos ciudadanos -motivados por difusiones de inversión con plazos cortos de retornos de intereses, superiores a los ofrecidos en los mercados de tipo formal y regulados-suscribieron contratos o actas acuerdo en las que se les prometían inversiones de dinero en moneda nacional y/o extranjera (dólares estadounidenses). Según los contratos presentados por los damnificados, luego de 180 días le devolverían el capital más un 140% y 180% de ganancias, dependiendo del capital a invertir. Otras de las previsiones sugerida por la empresa, consistía en ofrecerles un contrato por 4 y 6 meses con una remuneración del 17,6% del capital invertido y, si un mes antes se quería retirar el dinero, el inversor debía avisar con antelación y de no ser así se continuaría pagando sin ser necesario renovar el contrato (renovación automática).

Conforme a las actas acuerdo aportadas por los denunciantes se observó que unos de las clausulas estipulaba que: “El solicitante aportará a la empresa, en fecha XXX, la suma de $ XXX en concepto de aporte de capital, a efectos de formar parte de ella, en calidad de socio”.

Es decir que el dinero que recibían de los denunciantes era invertido en negocios del mercado local. Las ganancias producidas fueron empleadas para devolver, con intereses, el dinero a varias de las víctimas; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta.

Desde UDEC determinaron que los responsables de la empresa Saulo Capital SRL, tendrían en administración un Pool de comercios, que fueron fruto de la inyección de capitales captados a través de la financiera encubierta que administraban los involucrados.

La empresa publicitaba mediante páginas en web y difusiones masivas de inversores iniciales, mostrando solvencia económica y montando así una estructura y actividad sumamente rentable creando un contexto propicio para quienes avizoraban altos y rápidos retornos.

Personal de Investigaciones del CIF durante uno de los allanamientos por la causa Saulo Capital SRL