Orán: Docente que se encontraba prófuga, fue detenida por estafar con postítulos docentes

Permanecía prófuga desde 2016 y fue detenida cuando intentó realizar un trámite migratorio. Por el hecho se encuentran requeridas a juicio otras dos mujeres.

La Fiscalía Penal 3 de Orán, con competencia en Delitos Económicos Complejos, informó la detención e imputación de Lucila del Milagro Gutiérrez como autora de los delitos de estafa y utilización de sellos.

La acusada se encontraba prófuga y fue detenida el pasado 21 de julio, cuando intentó egresar hacia Bolivia.

Tras su detención, la fiscal penal en feria Daniela Murúa, quien se encontraba subrogando en la Fiscalía, fue quien realizó la audiencia de imputación.

La investigación es en relación a hechos ocurridos entre 2013 y 2014, cuando una importante cantidad de docentes de ese departamento adquirió cursos de postítulos para perfeccionamiento docente con modalidad a distancia y en forma posterior, descubrieron que los mismos no eran válidos y además del perjuicio económico, resultaron sancionados por el Ministerio de Educación, que los excluyó del cuadro de orden de mérito para la cobertura de cargos interinos o suplentes.

En la causa ya se encuentran requeridas a juicio desde 2020, Kobien Silvia de los Ángeles Ceferino y Sandra Beatriz Luna como coautoras.

La maniobra consistía en que las acusadas, invocando su estatus de docentes, generaron confianza en sus colegas para que realizaran el curso de perfeccionamiento que les ofrecían, haciéndolos incurrir en un error para que les abonen las sumas de dinero correspondientes a la inscripción y cuotas en detrimento de su patrimonio, obteniendo las acusadas un beneficio económico injustificado.

Se determino en la investigación que resultaron damnificados un importante número de docentes del departamento Oran, quienes además, resultaron excluidos por el Ministerio de Educación del cuadro de orden de méritos para cobertura de cargos interinos o suplentes a los docentes porque los cursos carecían de validez al no coincidir el postitulo con los registros obrantes en el Departamento de Control y Acreditación de Títulos del área de educación.

Detienen al segundo líder de la banda que estafaba con cheques electrónicos

Desde UDEC fueron identificadas diez personas involucradas, siendo dos de ellos los líderes de la banda.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por denuncias de estafas cometidas con cheques electrónicos por un grupo de personas, esta mañana fueron detenidos dos hombres.

Personal de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó esta mañana tres viviendas del municipio de San Lorenzo; dos de ellas ubicadas en barrio Nueva Esperanza y la tercera en Atocha.

Como resultado del operativo, que fue requerido por la fiscal Salinas Odorisio al Juzgado de Garantías 1, fueron detenidos el que sería uno de los dos líderes de la banda y su hijo y serán imputados mañana. Los otros ocho involucrados ya fueron imputados provisionalmente por  los delitos de estafas y asociación ilícita.

Con la nueva detención ya fueron capturados los diez integrantes de la banda que estarían implicados en la estafa, que hasta el momento asciende a más de 20 millones de pesos y ocasionó pérdidas a dos empresas.

La primera de ella es una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial y cuyo propietario denunció en noviembre de 2022 que había sido estafado por más de cinco millones de pesos con cheques electrónicos. Por este hecho, fueron detenidas dos personas y un tercer hombre que ya se encontraba alojado en la Alcaidía General de la Provincia por otro hecho similar en una causa que investiga la Fiscalía Penal 5.

A través de una denuncia efectuada el 15 de mayo del 2023, los investigadores de UDEC corroboraron que también una empresa local de lubricantes fue estafada por la misma banda delictiva, que libró cheques electrónicos diferidos a treinta y sesenta días, por montos que superan los 16 millones de pesos.

 

 

 

 

Juzgan a tres empleados municipales por estafa y falsificación de instrumento público

La audiencia debate se extenderá hasta el miércoles 2 de agosto. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, los acusa de emitir un Permiso Transitorio de Habilitación con la firma falsificada de la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta y cobrar por ello.

La fiscal Penal de la Unidad de Delito Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate contra tres empleados de la Municipalidad de Salta.

Salinas Odorisio acusa a Andrea Cecilia Palacios, Azucena del Valle Ruiz y Hernán Ochoa de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.

La intervención de la UDEC inició el 11 de junio de 2020 cuando la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta denunció que su firma había sido falsificada en un Permiso Transitorio de Habilitación, extendido el 2 de junio de 2020, a un local de productos y artículos de limpieza ubicado en calle Leguizamón al 1700.

Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario del local había iniciado en agosto de 2019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3000 por sellado y $ 3000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.

En la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.

Al no tener novedades, el dueño del local contrató durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) decretado durante la pandemia de coronavirus, a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.

A través del entrecruzamiento de datos, los efectivos pudieron identificar a los tres empleados municipales involucrados en la estafa, reuniendo las pruebas necesarias para su imputación.

En febrero de 2021, la fiscal Salinas Odorisio requirió juicio para los tres acusados, instancia que se desarrolla desde hoy y hasta el miércoles 2 de agosto en la Sala 6 del Tribunal de Juicio.

Condenaron al exintendente de Campo Quijano a seis años de prisión

Manuel Cornejo fue hallado responsable de tres hechos de peculado y de incumplimiento de funcionario público. Fue sentenciado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, una vez que la condena esté firme. Carmen Méndez, que era su secretaria de Hacienda, también fue condenada a tres años de ejecución condicional.

El exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo fue condenado a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; y Carmen Méndez a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

El juez Guillermo Pereyra dispuso que Cornejo mantenga la libertad hasta tanto la condena se encuentre firme, aunque ordenó se mantengan las medidas con las que llegó a juicio.

Los condenados llegaron al juicio acusados por el Ministerio Público Fiscal de los delitos de peculado (4 hechos) y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en el caso de Cornejo; y de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el de Méndez.

En su sentencia, el Tribunal absolvió a Cornejo de un hecho de peculado y del delito de enriquecimiento ilícito y lo condenó en el resto de los delitos de los que fue acusado. Además, ordenó que los elementos secuestrados sean restituidos a la Municipalidad de Campo Quijano.

A lo largo de los diez días que duró la audiencia debate, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó todas las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos. Durante su alegato, la Fiscalía había solicitado seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para el exmandatario y tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Méndez.

Previo a la condena, el juez Pereyra ofreció a Cornejo y a Méndez la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Ambos acusados optaron por no hacer uso de ese derecho.

 

Inicia hoy el juicio contra el exintendente de Campo Quijano

Condenan por concusión a un empleado municipal

Una mujer denunció que concurrió al Centro Cívico Municipal a pagar $5.800 de una deuda impositiva y un empleado le explicó que no le convenía pagar con tarjeta. Le solicitó $ 2000 para la cancelación en efectivo pero nunca le entregó el comprobante.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito en la que Ramón Fidel Paz, fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional por ser autor del delito de concusión. Además, el juez Marcelo Rubio de la Sala 5 del Tribunal de Juicio le impuso reglas de conducta.

La intervención de la UDEC inició luego de que una mujer denunciara que había entregado dinero para pagar una deuda impositiva de su hija a un empleado de mesa de entrada del Centro Cívico Municipal y que nunca se había acreditado el pago.

Al ser entrevistada en la UDEC, la mujer explicó que consultó al guardia de seguridad sobre dónde debía abonar un impuesto atrasado, siendo referida a ver a “Rolo”. Allí, el hombre le informó que la deuda era de $5820 y que, si lo pagaba con tarjeta como era la intención de la denunciante, le cobrarían intereses. La contribuyente aseguró que el hombre le dijo que le diera $2.000 y él le abonaría la boleta.

La víctima explicó que se fue hasta su domicilio a buscar el dinero y que regresó para entregárselo al hombre, pidiéndole un recibo. Precisó que éste le manifestó que luego le daría la boleta sellada y le escribió los montos en un papel y su número de celular, que luego presentó como prueba. Pasado el tiempo y, ante la falta de respuesta, se presentó nuevamente en el CCM en donde le informaron que el denunciado se encontraba de licencia médica y no se registraba ningún pago a su nombre.

La vecina expuso que nunca desconfió ya que se trataba de un empleado municipal que se encontraba en su lugar de trabajo, a donde ella había concurrido con la intención de pagar.

El delito de concusión se encuentra previsto en el artículo 266 del Código Penal e implica usar en beneficio propio el dinero o bienes exigidos a otra persona con abuso del cargo.

 

La Fiscalía solicitó prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para Manuel Cornejo

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que a lo largo del juicio se habían presentado todas las pruebas que demostraron, sin duda alguna, que el exintendente de Campo Quijano y la exsecretaria de Hacienda cometieron los delitos de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó esta tarde al juez Guillermo Pereyra que el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, sea declarado culpable y lo condene a seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para la exsecretaria de Hacienda municipal, Carmen Méndez, solicitó la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

A lo largo de su alegato, que duró dos horas, Salinas Odorisio repasó cada una de las pruebas presentadas a lo largo de los nueve días que duró la audiencia debate y consideró que los delitos de peculado (4 hechos) y de incumplimiento de los deberes de funcionario público que el Ministerio Público Fiscal atribuyó a Cornejo y de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público a Méndez, quedaron probados con certeza.

Además, la fiscal de UDEC solicitó que todos los bienes sustraídos sean restituidos a la Municipalidad de Campo Quijano. La querella, por su parte, adhirió en todo al pedio de la Fiscalía y retiró la acusación de enriquecimiento ilícito.

Por su parte, la defensa de Carmen Méndez solicitó la absolución por la duda y, subsidiariamente, prisión condicional. Los abogados defensores de Manuel Cornejo solicitaron la absolución lisa y llana y, subsidiariamente, la absolución por la duda.

Declaró Carlos Folloni

En la última jornada de testimonios de la audiencia, y antes del comienzo de los alegatos, se presentó a declarar el actual intendente del municipio, Carlos Héctor Folloni.

En la primera jornada del juicio, Folloni había presentado una nota solicitando realizar su declaración por escrito. Sin embargo, esta mañana compareció ante el Tribunal y respondió preguntas de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; del abogado querellante y de los abogados defensores.

El actual intendente comenzó su testimonio explicando que denunció a su antecesor por malversación de fondos porque no aparecían las máquinas de la Municipalidad, que sabía que existían, y por un faltante de dinero y por la falta de una camioneta Chevrolet S10 que fue adquirida con fondos municipales.

“Cuando asumí fui con los empleados al parque automotor y no pudimos encontrar máquinas viales, una desmalezadora, un camión y herramientas de trabajo que yo y todos los vecinos habíamos visto en el pueblo trabajando en 2017 y 2018”, contó Folloni para luego señalar que “los mismos vecinos empezaron a investigar y avisaron a dónde se encontraban las máquinas”. El actual intendente dijo que fue la policía la que le informó que “las máquinas fueron encontradas en la finca Pucará de Cerrillos y que, cuando se las entregaron en carácter de depositario judicial, los vecinos gritaban: ‘Hemos recuperado lo que es del pueblo’.

El denunciante precisó que la camioneta Chevrolet S10 fue secuestrada por personal de la Brigada de Investigaciones en el domicilio particular de Cornejo y luego le fue entregada a la Municipalidad de Campo Quijano, en carácter de depositario judicial.

Folloni también explicó que denunció la entrega de 500 pesos a votantes de Campo Quijano. “Yo pasé por el lugar y ví la fila de una cuadra de vecinos que iban a buscar efectivo. Creo yo que eran a cambio de votos”

Al consultarte la fiscal Salinas Odorisio si conocía la existencia de una cuenta bancaria del municipio en el banco Patagonia, Carlos Folloni aseguró que no y precisó que los municipios tienen cuentas en el banco Macro y Nación, para el depósito de los fondos nacionales.

La pericia contable estimó en más de 78 millones de pesos el perjuicio de Cornejo al municipio de Campo Quijano

El informe pericial fue rubricado por la investigadora del Gabinete Económico del CIF y una perito designada por la Corte de Justicia de Salta. Hoy, también declaró el exintendente, quien admitió que compró una camioneta con fondos municipales y manifestó que esperaba que Carlos Folloni lo intime para devolverla.

En la jornada de esta tarde de la audiencia debate seguida contra Manuel Cornejo y Carmen Méndez, el exintendente de Campo Quijano volvió a solicitar al juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala 6 del Tribunal de Juicio, prestar testimonio.

Frente a la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, que lo acusa de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, Cornejo admitió que compró la camioneta Chevrolet S10 con fondos municipales a través del libramiento de cheques y que, tras finalizar su gestión a cargo del Ejecutivo y, como se encontraba deprimido, se llevó el vehículo a su casa y que “esperaba que Folloni (por el actual intendente de Campo Quijano), lo intime a devolverla”.

Concluida la declaración de Cornejo, que duró menos de cinco minutos, la investigadora del Gabinete Económico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales inició su testimonio, explicando que toda la documentación se analizó en forma conjunta con la perito designada por la Corte de Justicia de Salta y por el perito de la defensa.

La jefa de Investigadores del Gabinete Económico expuso a lo largo de varias horas ante el Tribunal la pericia realizada y cada uno de los documentos que llevaron a elaborar el informe final –en forma conjunta con la perito designada por la Corte de Justicia- en el que estimaron que el perjuicio al erario municipal producido por el exintendente de Campo Quijano y la exsecretaria de Hacienda, se ubica en el orden de los $78.137.148,36.

La cifra, actualizada a valores actuales, equivaldría aproximadamente a mil millones de pesos.

 

Testifican los peritos contables en el juicio al exintendente de Campo Quijano

Testifican los peritos contables en el juicio al exintendente de Campo Quijano

La audiencia se desarrollará desde las 13:30 de este lunes en la Sala de Grandes Juicios. También está previsto que presten testimonio empleados de la comuna y vecinos de la zona.

Esta tarde testificarán los investigadores del Gabinete Económico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en la audiencia debate seguida contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Ines Salinas Odorisio acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

Luego de la declaración de los profesionales del CIF que realizaron la pericia contable, está previsto que presten su testimonio empleados de la Municipalidad de Campo Quijano y vecinos de la localidad.

La intervención de la UDEC inició en enero de 2020, con la denuncia del actual intendente de Campo Quijano, Carlos Héctor Folloni, quien aseguró que había detectado desorden y ausencia de documentación municipal relacionada a la actividad contable.

A través de la investigación realizada, desde la UDEC identificaron distintos ilícitos. El primero ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando Cornejo adquirió una camioneta Chevrolet S10, que fue abonada con fondos municipales, a través del libramiento de dos cheques girados sobre la cuenta de titularidad del Municipio por la suma de $ 750.000. El vehículo fue inscripto a nombre de Gonzalo Fernando Cornejo, según consta en el formulario 08 secuestrado.

El segundo hecho por el que la UDEC acusa a Cornejo, está relacionado a la sustracción de maquinaria pesada y otros bienes muebles, que fueron llevados a una finca, con el fin de evitar ser descubiertos. Es que el 2 de diciembre de 2019, Cornejo firmó un contrato de locación de un predio de 3000 metros cuadrados del Loteo Pucará de Rosario de Lerma, donde depositó las maquinarias que luego fueron secuestradas y que según expresó verbalmente “le pertenecían”.

El tercer hecho surgió de las declaraciones testimoniales y de la documentación hallada en el municipio, que prueban la sustracción de fondos municipales para ser entregados en forma discrecional; a razón de $500 a las personas que lo solicitaran como ayuda social, sin verificar la existencia real de dicha necesidad. Surgió de los recibos, que no se estableció ni el beneficiario ni el monto que se otorgaba, por lo que la maniobra fue utilizada para disponer libremente de fondos municipales en beneficio propio.

Por último, se tuvo por acreditado un cuarto hecho, mediante constancias del Banco Macro, que el imputado extrajo a través de diversas personas, fondos municipales sin haberse podido determinar el destino asignado y que llevó a cabo la misma maniobra respecto de los fondos depositados en el Banco Patagonia. Sobre estos últimos, se giraron cheques con extracciones de sumas de dinero del municipio y se constituyeron plazos fijos, con los consecuentes beneficios financieros.

Luego, se extrajeron los fondos públicos que no ingresaron al municipio sin haberse podido determinar tampoco su destino real, dada la inexistencia de un circuito administrativo y respaldo documental. Ello produjo un grave perjuicio al erario municipal, del orden de los $84.000.000 (ochenta y cuatro millones de pesos). A esto se sumó que para justificar el retiro de esos fondos, se ordenó a los auxiliares de tesorería que se imputaran a la cuenta “gastos reservados”, según surgió de distintas declaraciones.

 

El exintendente de Campo Quijano solicitó declarar en el juicio en su contra

 

El exintendente de Campo Quijano solicitó declarar en el juicio en su contra

Durante la sexta jornada de la audiencia debate, Manuel Cornejo señaló que “si hubo irregularidades fue debido a que evadió la burocracia administrativa del Estado para responder a las necesidades sociales de la gente” y que “hay situaciones que necesitan de la actuación del Intendente de manera inmediata y hay que ocuparse”.

En la sexta jornada de la audiencia debate seguida contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez, prestaron su testimonio cuatro miembros del equipo de la Auditoría General de la Provincia (AGP), empleados de la Municipalidad de Campo Quijano y el acusado, que solicitó declarar.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

La jornada comenzó con la declaración –vía plataforma de audio y video- del contador senior de la AGP, Julio Martínez Poma, quien explicó cómo se realizó el informe de relevamiento del municipio para la transición, tomando como punto de partida el segundo semestre de 2018 y todo el 2019, y señalando la documentación que le había sido requerida a Cornejo y nunca fue presentada.

Los otros miembros del equipo de la AGP que trabajaron en el relevamiento de la comuna en 2019 también brindaron su testimonio y precisiones del Informe de transición en el que detectaron el faltante de documentación.

Previo al testimonio de funcionarios y empleados de la Municipalidad, el exintendente Cornejo pidió declarar, derecho que le fue concedido. En su alocución manifestó respecto a los delitos de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público por los que está siendo juzgado, que si hubo irregularidades fue debido a que evadió la burocracia administrativa del Estado para responder a las necesidades sociales de la gente, que es muy humilde y de escasos recursos.

Además, aseguró que “hay situaciones que necesitan de la actuación del Intendente de manera inmediata” y que “hay que ocuparse”.

Luego, la jornada continuó hasta las 20 horas con el testimonio los empleados municipales. A lo largo de la audiencia debate de hoy se prevé que presten declaración vecinos de la comuna y el lunes, desde las 13:30, prestarán su testimonio miembros del Gabinete Económico de UDEC.

Los alegatos serán el martes 4 de julio, desde las 11.

En el inicio del juicio, no declaró el ex intendente de Campo Quijano

Requieren juicio para dos agentes de Movilidad Ciudadana por exacciones ilegales

También está acusada una permisionaria y un colaborador. La investigación de UDEC inició a raíz de la denuncia de un vecino que aseguró que le habían ofrecido la emisión de la licencia de conducir a cambio de una suma de dinero.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 5, juicio contra Federico Gregorio Artaza, Jorge Antonio Alacia, Blanca Marcela Gómez por el delito de exacciones ilegales y a José Rubén Guaimás por encubrimiento.

La intervención de la UDEC inició a raíz de la denuncia efectuada en la Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta por un vecino de la ciudad que aseguró que le habían ofrecido la emisión de la licencia de conducir a cambio de una suma de dinero.

En sede fiscal, el hombre ratificó lo denunciado y explicó que, tras reprobar el examen de manejo en el canchón municipal, una permisionaria (Blanca Marcela Gómez) le ofreció contactarlo con un agente de Tránsito que le facilitaría la obtención del carnet.

El hombre se dirigió a la Secretaría de Movilidad Ciudadana y, tras contar lo sucedido a una funcionaria del Programa de Auditoría, se comunicaron con el número que le habían brindado. Allí atendió un agente (Rubén Guaimás) quien le solicitó 5000 pesos a cambio de aprobar el examen práctico y lo citó en avenida Artigas.

El denunciante se presentó a la hora pactada y un agente (Jorge Antonio Alacia) le realizó señas a otro agente (Federico Gregorio Artaza) encargado de realizar los exámenes, para indicarle que ése era el hombre a quien debía aprobar.

Los agentes implicados fueron identificados como el Supervisor del personal motorista y un agente examinador.