Derechos Humanos

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Juicio a policías: Declaró la odontóloga que asistió al damnificado

Hoy se reanudó la audiencia de debate por el juicio que se lleva adelante contra nueve policías que el pasado 19 de diciembre de 2020, durante un procedimiento en un domicilio de barrio Bicentenario, en el que un hombre resultó con lesiones graves.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra el sargento Aldo Daniel Chauque, el cabo Santiago Delfín Jonatan Alcoba, el suboficial principal Leonardo Corrillo, la cabo María José Miranda, el sargento ayudante Jorge Valdiviezo, el sargento Jorge Alberto Saracho Dermith, el cabo Álvaro Nicolás Guanca y el agente Cristian Cruz, como supuestos autores de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. En tanto Chauque, Alcoba, y el suboficial principal Leonardo Corrillo, enfrentan acusación por el delito de falsedad ideológica.

Durante la jornada de hoy se recibió declaración de la última testigo, la odontóloga que asistió al damnificado en el Servicio de Odontología del Hospital San Bernardo, el día del hecho.

La profesional informó que el paciente presentaba una fractura en la mandíbula, por lo que recibió atención de forma urgente. Además, mencionó que solicitó una placa radiografía panorámica que confirmó el diagnóstico clínico y proporcionó detalles sobre la naturaleza de la lesión.

Según precisó la testigo, la radiografía exhibida durante la audiencia revelaba varias fracturas, incluyendo una en el ángulo mandibular izquierdo, una doble fractura distal del diente 43 y una fisura lateral en otra zona del rostro.

Detalló que se le colocaron arcos sujetos con bandas elásticas para inmovilizar la mandíbula, lo que implica que el paciente solo puede consumir líquidos, razón por la cual no se puede prolongar por mucho tiempo la fijación máxilo-mandibular. Además, señaló que esta condición dificulta y limita el habla, y que este tipo de fracturas generalmente requieren cirugía para su corrección. Una vez finalizada la declaración de la odontóloga, se procedió a incorporar todas las pruebas al expediente.

La audiencia, que preside el Tribunal unipersonal la jueza Mónica Faber, pasó a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 28 de junio, a las 9:00, en el Salón de Grandes Juicios, oportunidad en la que se reanudará para dar paso a los alegatos de las partes.

Cabe recordar que todo comenzó la mañana del 19 de diciembre de 2020, cuando el damnificado caminaba junto a un amigo por barrio Bicentenario y fueron abordados por un móvil policial de la Comisaría Palermo.

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Prosigue juicio a policías: Este jueves declaró personal policial

Nueve policías son juzgados por los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real y tres de ellos por falsedad ideológica. El hecho sucedió el 19 de diciembre de 2020, durante un procedimiento por el que un hombre resultó con fractura de mandíbula.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate por el juicio a nueve efectivos policiales, acusados de cometer abuso policial. Este jueves se desarrolló la tercera jornada, durante la que declararon tres policías y una operadora VIF.

Durante el juicio, una testigo que ocupaba el cargo de jefa de guardia en la Comisaría 104 brindó su testimonio. Confirmó la identidad de los imputados y corroboró que el móvil policial utilizado para trasladar al damnificado era el vehículo con el número 1723. Como encargada de los libros de guardia, la testigo informó que no registró ninguna lesión del damnificado debido a que no se le comunicó que las tuviera, durante su permanencia en la dependencia. Además, señaló la presencia del jefe de turno, el encargado del sector y el jefe de la subcomisaría de Grand Bourg en la comisaría ese día, quienes tomaron conocimiento de las novedades.

Durante la reproducción del video del móvil policial, la integrante de la fuerza reconoció a un efectivo, el sargento Chauque, quien se encontraba debajo del vehículo y frente al domicilio donde se produjo la detención de la víctima, sosteniendo una piedra en su mano. La testigo reconoció a los imputados Alcoba y Miranda, cuyos nombres coincidían con los registros de los libros de guardia.

Al momento de exhibir el video del móvil policial, la integrante de la fuerza reconoció al sargento Chauque, que había descendido del móvil y estaba frente al domicilio donde fue aprehendida la víctima, con una piedra en la mano. Reconoció también a Alcoba y Miranda, lo que surge de los libros de guardia.

Luego declaró un oficial de servicio que había trabajado con los imputados en la Comisaría 104. Informó que el día del incidente, al recibir las novedades, ni la jefa de guardia ni otro miembro del personal le mencionaron que la persona detenida estuviera herida. Además, afirmó que había visto al damnificado, pero que no notó ninguna lesión en él.

Durante su testimonio, el oficial realizó un dibujo a mano alzada para representar la distribución interna de la dependencia policial y señaló el área donde se alojaban los detenidos. También reconoció el vehículo policial número 1723 y, al visualizar el video presentado, identificó a los imputados Alcoba, Corrillo y Chauque como el personal que aparecía en la grabación y portaba piedras en sus manos.

Otra testigo que declaró fue la operadora VIF (Violencia Intra Familiar) al momento del hecho. Manifestó que, por solicitud del Centro de Coordinación Operativa (CCO), se envió el móvil policial a una zona dentro de la jurisdicción debido a un incidente. A través de comentarios, escuchó que el móvil había sido atacado y que se había producido un altercado en el cual se detuvo a una persona que fue trasladada a la comisaría. Aunque pudo ver a la persona cuando llegó a la comisaría, no notó ninguna lesión en ella ni pudo identificar al personal que la custodiaba. Además, no tenía conocimiento del tiempo que la persona permaneció en la dependencia ni cuándo salió.

El siguiente testigo fue un comisario, quien se desempeñaba como jefe del turno noche. Afirmó que al apersonarse, no se le transmitió ninguna novedad sobre personal herido durante un procedimiento. Además, declaró que no tenía conocimiento de ningún informe que le hubiera sido presentado al respecto.

Cuando se le consultó sobre el procedimiento para documentar los daños causados por terceros al móvil policial, el comisario explicó que, en esos casos, se debe solicitar la intervención del personal de Criminalística para que documente los daños de manera adecuada. Manifestó que el personal policial recibe capacitación en técnicas de reducción para su aplicación en los procedimientos.

El comisario también enfatizó que, si hubiera habido una persona ingresada con lesiones, debería haberse registrado en el libro de guardia. De igual manera, si la lesión se hubiera producido dentro de la dependencia, también se debería haber dejado constancia de ello.

El juicio tiene lugar en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial  y es presidido por la Jueza de la Sala V del Tribunal de Juicio, Mónica Faber. Mañana viernes continúa la audiencia de debate, luego del cuarto intermedio dispuesta por el tribunal unipersonal.

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Juicio a policías: Declararon una médica, un enfermero y un investigador

Se trata de nueve efectivos policiales que están siendo juzgados por los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. Tres de ellos además, por el delito de falsedad ideológica. El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2020, en un domicilio de barrio Bicentenario.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal  en la audiencia de debate contra los policías que protagonizaron un hecho de abuso policial, por el que el damnificado resultó con fractura de mandíbula. La audiencia continuó este miércoles con una nueva ronda de testimoniales, durante la cual prestaron declaración tres testigos.

En primer lugar, una médica de la Alcaidía General dio lectura a la ficha médica de la víctima, se trata de un registro médico de las personas alojadas en dicha institución penal. La profesional informó que el damnificado recibió atención en el servicio de Odontología del Hospital San Bernardo y posteriormente fue derivado para una cirugía bucomaxilofacial debido a un traumatismo, atención que fue consignada.

Posteriormente, declaró el enfermero que brindó atención al damnificado. Detalló las lesiones que constató al momento de su ingreso al servicio de la Alcaidía, las cuales ya habían sido observadas previamente por el médico legal y la médica del Hospital San Bernardo. El enfermero confirmó el diagnóstico de fractura de mandíbula y también advirtió la presencia de otras lesiones en su cuerpo, como inflamación en el rostro y una excoriación suturada en uno de sus brazos.

A su turno, se escuchó el testimonio del investigador de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF, quien actuó como investigador civil en el caso. Informó que llevó a cabo entrevistas con vecinos de la zona donde ocurrió el hecho. Según los testimonios recopilados, se hicieron presentes vehículos policiales en el lugar, seguido de un intercambio de lanzamiento de piedras tanto por parte de los vecinos como por parte de los efectivos policiales. Los testigos también afirmaron haber escuchado disparos por parte de la policía. Una de los testigos relató que vio a un joven ensangrentado siendo retirado de la vivienda, y alcanzó a ver su rostro. Mencionó haber visto a un policía golpeándolo con una piedra.

Por otro lado, otra testigo manifestó que se encontraba a una distancia que no le permitía distinguir si el damnificado presentaba lesiones o no. Sin embargo, pudo observar que sacaron a un detenido de la vivienda. Según los movimientos que pudo distinguir, parecía que estaba siendo golpeado por parte de los efectivos policiales una vez que la víctima se encontraba en el vehículo policial. No obstante, debido a la distancia, no pudo determinar con precisión los detalles de lo ocurrido.

La audiencia de debate pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, de acuerdo a lo dispuesto por la Jueza de la Sala V del Tribunal de Juicio, Mónica Faber.

Cabe recordar que los acusados son el sargento Aldo Daniel Chauque, el cabo Santiago Delfín Jonatan Alcoba, el suboficial principal Leonardo Corrillo, la cabo María José Miranda, el sargento ayudante Jorge Valdiviezo, el sargento Jorge Alberto Saracho Dermith, el cabo Álvaro Nicolás Guanca, el agente Cristian Cruz y el suboficial principal Leonardo Corrillo.

Como “amicus curiae” (amigos del Tribunal) están presentes representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, cuya participación no es vinculante y no integran ninguna de las partes.

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Segunda jornada de testimoniales en el juicio a policías

Un hombre resultó víctima de un hecho de abuso policial por el cual sufrió fractura de mandíbula. Ocurrió durante un procedimiento, en una vivienda de barrio Bicentenario.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia de debate contra los policías que están siendo juzgados como autores de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. Tres de ellos, además, están acusados del delito de falsedad ideológica.

En la jornada de este martes, el médico del Poder Judicial declaró y proporcionó detalles sobre las lesiones encontradas en el cuerpo del denunciante durante su revisión médica. Además de la lesión traumática en la mandíbula, se observó un edema facial notable en todo el rostro, escoriación en la rodilla y hematomas en otras zonas del cuerpo.

El profesional confirmó el diagnóstico presuntivo de la fractura utilizando las placas radiográficas que se presentaron como evidencia durante la audiencia de debate. En las imágenes se pudieron observar claramente las líneas de fractura en la mandíbula.

El otro profesional que declaró fue el médico del CIF que examinó al damnificado en la Alcaidía, quien hizo referencia al medio de fijación en la mandíbula que observó en la víctima después del hecho. Explicó que se trata de un procedimiento terapéutico realizado por odontólogos para estabilizar la mandíbula fracturada, mediante el uso de alambres y bandas elásticas. Además, describió las dificultades que experimentaba la víctima para hablar y alimentarse en ese momento. Señaló que la recuperación de la lesión requería más de treinta días y que la incapacidad laboral en estos casos variaba entre 40 y 60 días.

Durante el testimonio, el amigo del damnificado, en cuyo domicilio se produjeron los hechos, ratificó lo sucedido y proporcionó detalles sobre lo que presenció en ese momento, reconociendo a cuatro de los policías.

Por último, testificó un efectivo policial que estaba asignado a la Unidad de Investigaciones del CIF y que fue responsable del análisis de las grabaciones de cada cámara del vehículo policial, así como de los informes consolidados del hecho.

Los acusados son  el sargento Aldo Daniel Chauque, el cabo Santiago Delfín Jonatan Alcoba, el suboficial principal Leonardo Corrillo, la cabo María José Miranda, el sargento ayudante Jorge Valdiviezo, el sargento Jorge Alberto Saracho Dermith, el cabo Álvaro Nicolás Guanca, el agente Cristian Cruz y el suboficial principal Leonardo Corrillo.

La audiencia de debate es presidida por la Jueza Mónica Faber, en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, quien dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles, para una nueva ronda de testimoniales.

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Inició el juicio contra policías por allanamiento ilegal y vejaciones

Los efectivos son juzgados por un hecho de abuso policial que se produjo el 19 de diciembre de 2020 en una vivienda de barrio Bicentenario.

Este lunes dio inicio la audiencia de debate en el juicio oral contra los policías Aldo Daniel Chauque, Santiago Delfín Jonatan Alcoba, Leonardo Corrillo, María José Miranda, Jorge Valdiviezo, Jorge Alberto Saracho Dermith, Álvaro Nicolás Guanca y Cristian Cruz, como supuestos autores de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. En tanto, Chauque, Alcoba, y Corrillo enfrentan acusación por el delito de falsedad ideológica.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia unipersonal, ante la Sala V del Tribunal de Juicio, presidida por la jueza Mónica Faber. Como «amicus curiae» (amigos del Tribunal) están presentes representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Su interés, como manifestaron, es brindar opiniones fundadas sobre el tema, sin integrar ninguna de las partes.

Luego de la lectura de la requisitoria y calificación, se abrió el debate con la consulta a los imputados sobre si deseaban ejercer su derecho a prestar declaración. Optaron por no hacerlo por el momento.

En el comienzo de la etapa probatoria, la primera testimonial que se recibió fue la del damnificado. Luego se hizo lugar al testimonio de la denunciante, dueña del inmueble, y se exhibió un vídeo del momento del hecho, proveniente de las cámaras con las que contaba el móvil policial que intervino en el operativo.

La audiencia de debate se reanudará mañana.

En la mañana del 19 de diciembre de 2020, mientras el damnificado caminaba por el barrio Bicentenario en compañía de un amigo, fueron abordados por un vehículo policial de la Comisaría Palermo con cuatro policías a bordo que comenzaron a proferir insultos y silbidos hacia ellos. Posteriormente, la situación recrudeció en el domicilio del amigo, donde los policías lanzaron piedras contra la vivienda, rompieron una ventana y entraron sin autorización de la dueña de la vivienda, para golpear al afectado, incluso después de haber sido reducido.

 

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Inicia juicio a policías

Efectivos de la Policía de la Provincia serán juzgados desde este lunes 12 de junio, en el salón de Grandes Juicios por un hecho ocurrido en diciembre de 2020, cuando un hombre resultó víctima de un hecho de abuso policial por el cual sufrió fractura de mandíbula. Ocurrió durante un procedimiento, en una vivienda de barrio Bicentenario.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra el sargento Aldo Daniel Chauque, el cabo Santiago Delfín Jonatan Alcoba, el suboficial principal Leonardo Corrillo, la cabo María José Miranda, el sargento ayudante Jorge Valdiviezo, el sargento Jorge Alberto Saracho Dermith, el cabo Álvaro Nicolás Guanca y el agente Cristian Cruz, como supuestos autores de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. En tanto Chauque, Alcoba, y el suboficial principal Leonardo Corrillo, deberá enfrentar acusación por el delito de falsedad ideologica (art. 293 del CP).

En la mañana del 19 de diciembre de 2020, mientras el afectado caminaba por el barrio Bicentenario en compañía de un amigo, fueron abordados por un vehículo policial de la Comisaría Palermo con cuatro policías a bordo que comenzaron a proferir insultos y silbidos hacia ellos. Posteriormente, la situación se intensificó en el domicilio del amigo, donde los policías lanzaron piedras contra la vivienda, rompieron una ventana y entraron sin autorización de la dueña de la vivienda, para golpear al afectado, incluso después de haber sido reducido.

Posteriormente, llegaron más vehículos policiales y, de manera violenta, patearon la puerta de la vivienda para ingresar, profiriendo insultos hacia la propietaria y generando miedo entre los menores y otros residentes del lugar.

Una vez dentro, subieron al afectado al vehículo policial, donde continuaron las agresiones físicas, al igual que cuando llegaron a la comisaría del barrio Palermo. En la comisaría, lo llevaron hacia el fondo, donde ya se encontraba reducido y sujeto, y un grupo de agentes comenzó a agredirlo nuevamente, causándole diversas lesiones que fueron documentadas en los certificados médicos correspondientes.

El denunciante refirió, además, que reconoce al efectivo que le provocó la doble fractura de mandíbula, que fue quien lo pateó en la cara, así como también reconoció a los vehículos de apoyo que llegaron y lo agredieron violentamente.

El juicio tendrá lugar en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, con la dirección de la Dra. Monica Faber, Juez del Tribunal de Juicio Sala V, habiendo solicitado intervención como “amicu curiae” el Comité Provincial contra la Tortura, y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nacion, al tratarse de un hecho de presunta Violencia Institucional cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

 

 

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Se imputó a efectivo del Servicio Penitenciario por golpear en el rostro a un interno

La investigación e intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos se inició a partir de la remisión desde el propio Servicio Penitenciario de las copias de las actuaciones administrativas contra personal que, durante un procedimiento de traslado de un interno al sector Sanidad, lo habría golpeado con mano abierta, ocasionándole un sangrado en la nariz. Sucedió en marzo de este año y el efectivo fue pasado a disponibilidad.

E l fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de severidades agravadas por la violencia, a un subalcaide del Servicio Penitenciario.

El hecho ocurrió la tarde del pasado 12 de marzo, en el sector de Sanidad de la Unidad Carcelaria N° 1, cuando el acusado, que al momento se desempeñaba como Jefe de Pabellón, le habría dado tres golpes de mano abierta en el rostro, a un internado.

Lo ocurrido se produjo después de un incidente en un pabellón de esa unidad carcelaria, que suscitó que se trasladara al interno hacia el sector Sanidad. Al llegar al lugar, se le ordenó a los efectivos sacarle las medidas de sujeción y fue ahí cuando el oficial subalcaide habría propinado las tres bofetadas al rostro del damnificado.

El informe del enfermero que presenció la agresión física y realizó el examen médico del interno dio cuenta que “se observa sangrado en el tabique nasal, procediendo a realizar limpieza y compresión en dicha zona”.

En las filmaciones de las cámaras de seguridad fija del sector, se visualiza la agresión física de un efectivo de civil hacia un interno que se encontraba con las manos detrás de la espalda, frente a la pared y cerca de una camilla, rodeado de funcionarios penitenciarios y un efectivo, vestido con camisa celeste y pantalón gris. En las imágenes, se observa cómo el individuo vestido de civil golpea al interno en el rostro tres veces, seguido de la intervención de otro funcionario penitenciario que lo separa y lo aparta de la escena.

Tomado conocimiento del hecho por parte de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial, se ordenó el pase a situación de disponibilidad del subalcaide.

Teniendo en cuenta las documentación remitida por la Dirección de la Unidad Carcelaria N° 1, la filmación de la cámara fija, las manifestaciones del personal penitenciario que presenció la agresión al interno, entre otros elementos de convicción reunidos respecto a cómo sucedió el hecho en el que resultó lesionado el damnificado, el fiscal González entiende que constituyen elementos suficientes para imputar, provisionalmente,  al subalcaide.

El fiscal de Derechos Humanos sostiene que el acusado actuó violando la ley y los reglamentos carcelarios, al agredir físicamente al interno penado, cuando éste se encontraba neutralizado, sin oponer resistencia alguna.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y manifestó que presentaría su descargo por escrito.

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Derechos Humanos

Requieren juicio para tres policías por vejaciones, encubrimiento y falsedad ideológica

Tres efectivos policiales de la subcomisaría de La Caldera fueron imputados por su participación en un hecho de violencia ocurrido en agosto de 2020. 

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio de la causa en la que tres efectivos policiales con revista en la subcomisaria de la localidad de La Caldera al momento de los hechos, fueron imputados por un hecho ocurrido en agosto de 2020.

Florencio Luis Martínez, de 42 años, está acusado de delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, en calidad de autor; Guillermina del Valle Lozano, de 49 años, está acusada del delito de encubrimiento agravado, en concurso real con el delito de falsedad ideológica, en carácter de autora; Ariel Santa Cruz, de 35 años, está acusado del delito de encubrimiento agravado por favorecimiento real al ser cometido por funcionario público, en concurso real con el delito de falsedad ideológica, en calidad de autor.

El requerimiento indica que en la mañana del 29 de agosto de 2020, el damnificado salió de la casa de una amiga y se dirigía a un funeral. En su camino por la avenida General Güemes, de la localidad de La Caldera, fue abordado por un móvil policial que se detuvo frente a él. Dos oficiales, un hombre y una mujer, descendieron del vehículo, mientras el conductor permaneció en el interior.

Según declaró el denunciante, primero le tomaron los datos y le pidieron que se retirara, alegando que estaba causando disturbios en la vía pública. Cuando el hombre quiso hablar, lo tomaron de los brazos y lo subieron al asiento trasero del móvil, siendo trasladado a la dependencia policial local. Una vez en el lugar, se hizo presente el sargento Florencio Martínez, quien estaba de servicio y revestía el rango de cabo en aquel entonces.

Martínez acometió contra la integridad física del damnificado, tomándolo del brazo y haciéndole palanca, lo que provocó que cayera al suelo. Después, le colocó la rodilla en el cuello, mientras le sostenía la cabeza, impidiendo su movilidad. Le propinó un golpe de puño en el rostro, en el ojo derecho, y al incorporarlo, le dio una patada en las costillas y brazos.

El informe emitido por el médico legal da cuenta de las lesiones sufridas por el denunciante: “excoriaciones con inflamación en región parietal y excoriación con equimosis en párpado superior de ojo izquierdo”.

En referencia al accionar de la suboficial mayor Guillermina del Valle Lozano, que por entonces revestía el rango de suboficial principal con revista en la subcomisaría La Caldera, el requerimiento sostiene que en su calidad de funcionaria pública, insertó en un instrumento público una declaración falsa, consignando la manifestación de un testigo, con una versión inexacta de los hechos, que sostenía que el damnificado se había autolesionado en el interior de la comisaría.

Conforme surge de las declaraciones ante el investigador del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) y ante la Fiscalía de Derechos Humanos, el testigo expresó claramente que no conocía al damnificado, ni había presenciado el hecho investigado. No obstante, la suboficial mayor Lozano le pidió que firmara el papel.

De esta manera, sostiene el requerimiento, la suboficial mayor tergiversó la verdad “respecto a las lesiones sufridas por parte del damnificado, desviando la recta administración de justicia y todo esto con el único fin de proteger el accionar violento y abusivo de su compañero, el sargento Martínez, hacia la víctima, incurriendo en conductas penalmente reprochables que atentan contra la confianza depositada en el funcionario público y atentando contra la correcta marcha de la administración de justicia”.

En relación a la acusación al oficial auxiliar Ariel Santa Cruz, quien cumplía funciones de oficial de servicio en la subcomisaría La Caldera al momento de los hechos, dejó constancia en el informe, que el damnificado estando demorado, se golpeaba solo, y que al acercarse observó que presentaba la cara hinchada, un ojo rasguñado y con marcas en la frente.

Santa Cruz indicó, además, a una persona (el mismo testigo al que Lozano hizo firmar la declaración) que se acercó a la dependencia cuando el damnificado se encontraba alterado y violento y que fue quien observó la situación. Fue entonces que el oficial auxiliar le pidió que firmara el papel.

El fiscal de Derechos Humanos estima que su conducta encuadra en los delitos de falsedad ideológica en concurso real y encubrimiento agravado, al haber insertado en un documento público, falsas situaciones, concernientes a un hecho que el documento debía probar y con el fin de desviar el curso de la investigación en contra de personal policial que acometió al denunciante, afirmando situaciones inexistentes, que también dijo haber visto.

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Derechos Humanos

Un oficial auxiliar imputado por ejercer violencia institucional y falsear su declaración

Durante el desempeño del personal como policía adicional en el corredor Balcarce, excediendo sus funciones, el acusado le propinó un golpe de puño en la cara al damnificado, para luego privarlo ilegítimamente de su libertad, sin causa legal y por espacio de varias horas. Todo quedó registrado en un video grabado por un testigo.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, imputó de manera provisional y abrió la investigación penal correspondiente, por la presunta comisión del delito de vejaciones agravadas por la violencia, en concurso real con privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, todo en concurso real y en calidad de autor, a un oficial auxiliar.

El hecho denunciado ocurrió en la madrugada del 25 de noviembre de 2022 y, según consta en la denuncia, el damnificado caminaba junto a un amigo por calle Balcarce esquina Necochea cuando varios efectivos, que cumplían funciones de despeje, los interceptaron cortándoles el paso, recibiendo insultos y golpes.

En determinado momento, el acusado le habría propinado golpes de puño en la cara al damnificado, lo que le provocó hematomas en rostro frontal y malar derecho, según consta en el certificado emitido por el médico legal y Hospital San Bernardo.

Testigos relataron que presenciaron un episodio violento por parte del personal policial, que al damnificado lo golpearon, primero a mano abierta y luego a puño cerrado y que, al advertir que uno de ellos filmaba con el teléfono celular el episodio, se lo quisieron quitar, por lo que también fue esposado y demorado.

El análisis de las filmaciones de las cámaras de videovigilancia, ubicadas en Balcarce y Necochea, concluye que “se establece que en la escena intervienen seis efectivos de la Policía de la provincia de Salta. Se observa que la agresión es propinada por un solo policía, se trataría de un oficial auxiliar, como puede observarse en la imagen (…) que es identificado en el video como quien agrede al damnificado”, en referencia al acusado.

En el decreto de imputación, el fiscal González expresa además que, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de autoridad competente, se privó ilegítimamente de la libertad ambulatoria, tanto al damnificado como al tercero que lo acompañaba, a quienes retuvieron en la Comisaría 1, desde la madrugada hasta el mediodía, sin que existiera causa para tal aprehensión.

En relación a la versión de lo sucedido, volcada en el informe policial realizado por el acusado, se advierte que no resulta coincidente con la brindada por el damnificado, el testigo y las filmaciones, tergiversando la verdad respecto al origen de la lesión del denunciante, razón por la cual el fiscal estima que su conducta encuadra en  el delito de falsedad ideológica, en virtud de haber insertado en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debía probar.

Concluye el fiscal penal de Derechos Humanos: “de todo ello surge con claridad meridiana, que el accionar del efectivo policial aquí señalado no fue el adecuado, excediendo sobradamente con su accionar las facultades propias de una moderada actuación e intervención, incurriendo en conductas penalmente reprochables”.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar.

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Derechos Humanos

Barrio Norte Grande: Cuatro policías requeridos a juicio por vejaciones

El hecho ocurrió el año pasado en la cancha ubicada al final del barrio Norte Grande. Uno de los acusados incurrió en el delito de falsedad ideológica.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, para el sargento Ramón Horacio Martínez, de 42 años, el sargento ayudante Pedro Alejandro Zelaya, de 36 años, y el cabo Pablo Rolando Tercero, de 38 años, por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia. También para el oficial auxiliar Gustavo Alejandro López, de 28 años, por los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública.

La tarde del pasado 21 de julio de 2022, los tres damnificados se encontraban en un santuario del Gauchito Gil de barrio Norte Grande preparando un asado, cuando los cuatro efectivos de civil pertenecientes a la División Infantería, que hacían ejercicios en la cancha cercana al centro vecinal, se enfrentaron verbalmente. Luego se acercaron a los tres hombres, agrediéndolos físicamente con golpes de puño y patadas, para luego retirarse sin brindar ningún tipo de auxilio. Los damnificados fueron traslados por un vecino al hospital San Bernardo, constatándose que dos de ellos resultaron lesionados como consecuencia de la brutal golpiza.

Conforme al informe médico, uno de los hombres presentaba escoriación de flanco izquierdo, equimosis en párpado superior derecho, escoriación en dorso de pie izquierdo, equimosis en región frontal derecha y en el abdomen parte derecha. El otro damnificado sufrió politraumatismo, según consta en historia clínica.

En los fundamentos de la acusación, el fiscal González sostiene que los imputados, siendo funcionarios policiales, incurrieron en un abuso funcional ilegítimo respecto de la persona de dos de los damnificados, quienes se encontraban en la vía pública.

En el requerimiento, el Fiscal penal de Derechos Humanos manifiesta que corresponde acusar al oficial auxiliar Gustavo Alejandro López por el delito de falsedad ideológica, en perjuicio de la fe pública, el que concurre en forma real con el de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, dado que el imputado insertó manifestaciones falsas en un instrumento público, concernientes a un hecho que el documento debía probar.

Entre la prueba ofrecida por el Fiscal, se cuentan denuncias penales, informes policiales, certificados médico-legales, informes del CIF y diferentes testimoniales. Además, se verificó que dos de los acusados registran antecedentes por otras causas en trámite por el delito de vejaciones agravadas.

El fiscal González concluye el requerimiento sosteniendo que la violencia institucional conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios públicos que por sus responsabilidades y obligaciones se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional,  y necesario no verificando dichos supuestos en la causa, concluyendo que una práctica sistemática y de esta naturaleza se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

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