Imputaron a los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.

Del decreto de imputación se desprendió que aproximadamente a las 13:20 del 24 de febrero pasado, en barrio Norte Grande, los efectivos policiales mencionados y a bordo del móvil policial 1829, acometieron contra la integridad física de Luciano Enrique Cruz, de 19 años, y le causaron el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del globo ocular. La lesión sería producto de un impacto de proyectil de posta de goma.

Tras ocasionarle la lesión en el ojo, al ser trasladado al Hospital Papa Francisco, la víctima se encontró nuevamente con sus agresores, donde el sargento Exequiel Toledo y el cabo Alfonso Sánchez, lo agredieron físicamente.

Del certificado médico surgió que Luciano Cruz sufrió lesiones contusas equimóticas de forma redondeada en arco superciliar derecho, otra en párpado superior derecho, otra en párpado superior de ojo izquierdo, otra en borde izquierdo de maxilar inferior, una en la cara interna tercio medio de brazo derecho, una sobre tercio superior de esternón, equimosis en tercio interno de clavícula izquierda, lesión contuso equimótica en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo y dos en el codo izquierdo, dos sobre línea media y posterior a la altura de la tetilla izquierda y otras dos en la axila izquierda.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke destacó que la acusación está corroborada con la denuncia del damnificado, las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales, los certificados médicos y la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

Piden juicio contra un policía acusado de vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo policial Daniel Martín Yapura, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

Del requerimiento surgió claramente, tras la denuncia realizada por la víctima en febrero de 2019, la existencia del mal accionar del funcionario de la Policía de la Provincia, de 32 años, luego de que se realizara el traslado del detenido y víctima al Sector 4B, ubicado en la Comisaría 9 de la Ciudad de Salta.

Allí,  el encargado del sector, Daniel Martín Yapura, mientras el detenido estaba esposado con las manos hacia atrás, le levantó los brazos y lo hizo trastabillar, por lo que la víctima cayó boca abajo con todo su peso. Tras esto, el acusado le colocó el pie en la espalda, lo que ocasionó al detenido lesiones que luego fueron constatadas por los médicos del CIF y Poder Judicial.

Surgió así que el accionar desplegado por Daniel Martín Yapura, provocó múltiples lesiones al damnificado, a quien oprimió con medidas arbitrarias. El hecho se agrava por la calidad especial que el acusado reviste en su calidad de funcionario policial.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción del acta de control de legalidad de detención de la víctima del Juzgado de Garantías 2, luego de que al detenido se le preguntara sobre el trato recibido. Aunque el detenido manifestó que no quería denunciar, fue citado a la Fiscalía de Derechos Humanos, luego de que se tomara conocimiento de la situación.

Por otra parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, también requirió el sobreseimiento de los acusados Natalia del Milagro Zuleta, Marcelo Rivas y Javier Fernando Iñigo, tras entender que no existió coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.

Cuatro policías de la zona sudeste irán a juicio, acusados de vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los agentes William Emanuel Arce, Cristian Ríos, Cristian Salva y Diego Almeda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría 1 de la Ciudad de Salta, donde expresó que en la noche del 2 de agosto de 2018, estaba afuera del Hospital Papa Francisco y cerca de un camión donde realizaban la entrega rápida de DNI, y que en un momento se le acercó un policía que cuidaba del vehículo.

Cuando el denunciante le preguntó sobre el horario de atención, el uniformado le contestó «qué puta te importa», a lo que el denunciante le respondió «qué te pasa a vos, gil», tras lo cual, ingresó al vehículo en el que estaban su amigo y su hermano. Seguidamente, apareció un móvil policial cual que descendieron cuatro uniformados, y a los pocos minutos llegó otro móvil, al que se sumó el primer policía.

En ese momento, abrieron la puerta del vehículo y sacaron al denunciante por la fuerza, a quien tiraron al piso, esposaron y patearon. Posteriormente, lo subieron en la caja de uno de los móviles, donde uno de los uniformados le pisó la cabeza y otro, la rodilla.

El denunciante también expresó que le tiraron gas pimienta y que su hermano y su amigo fueron subidos a otro móvil. Además, relató que primero fue llevado a la Comisaría de barrio Solidaridad, donde pararon unos minutos y que luego fue trasladado a la dependencia de Democracia, donde le volvieron a pegar.

Más tarde, fue llevado al Centro de Contraventores, donde lo examinó un médico que lo derivó al Hospital San Bernardo y luego fue ingresado en la Alcaidía General de la Provincia.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, destacó que el deber del personal policial es mantener el orden público y el resguardo físico y psíquico de las personas, por lo que se evidenció una actitud totalmente contraria y también la autoría responsable del hecho endilgado, ya que con su accionar, los acusados provocaron lesiones al damnificado, a quien oprimieron con medidas arbitrarias. 

Tales conductas se agravan por la calidad especial que revisten los sujetos activos, quienes al ser funcionarios policiales, debían resguardar dicha integridad.

Por otra parte, la fiscal requirió el sobreseimiento del agente Paulo Tiziano Zenteno, luego de que no surgiera su participación en los hechos investigados.

Vejaciones: piden juicio contra funcionarios penitenciarios de Metán

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Claudio Rubén Sosa y Manuel Teodoro Chocobar, acusados del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia.

De la investigación surgió que en la madrugada del 8 de julio de 2017, mientras el denunciante estaba alojado en el “disciplinario”, sólo con ropa interior y mientras pedía que se le diera abrigo, ingresaron tres personas, entre las que pudo reconocer al imputado Manuel Teodoro Chocobar, de 43 años.

Lo hicieron caer al piso y le propinaron una golpiza, que fue acreditada con el certificado médico que dio cuenta de lesiones en el cuerpo de la víctima.

También surgió la responsabilidad del acusado y celador Claudio Rubén Sosa, de 41 años, a quien se lo vio ingresar en el lugar donde el interno cumplía la sanción disciplinaria y participar de la golpiza, conforme lo sostuvo un testigo.

La fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que la figura endilgada a los imputados, pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo detenido en virtud de ser sujeto de derecho y que atañe directamente a su dignidad como persona.

Ese derecho, como atributo de la personalidad, está asociado a las pautas que imponen ciertos estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional junto con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en relación a la forma en que debe llevarse a cabo toda medida de encierro.

La fiscal destacó que cuando esa medida de encierro, se ve agravada por la golpiza llevada a cabo por los acusados, merece sin dudas el reproche penal atribuido, pues la libertad individual que se intenta resguardar mediante la disposición, se ve conmovida a raíz de los procedimientos que se caracterizan por su carácter mortificante.

Además, como complemento típico legal, se requiere que el agente desempeñe un acto de servicio al momento de la ejecución ilícita; un acto propio de su actividad y tal como surgió de las constancias del legajo de investigación, tanto Chocobar como Sosa se desempeñaban como funcionarios penitenciarios en el Unidad Carcelaria N° 2, donde ocurrieron los hechos denunciados por el interno agredido.

En el mismo requerimiento, la fiscal solicitó el sobreseimiento de Gustavo Leonel Antonio Balderrama, de 29 años, pues tras la investigación no surgieron datos certeros sobre su participación en los hechos endilgados.

Apolinario Saravia: Declaró el policía acusado de graves delitos por venganza

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, realizó este martes la audiencia de imputación contra el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quien fue imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza. El acusado se presentó en la fiscalía ubicada en Ciudad Judicial, donde fue asistido por su defensa y optó por declarar.

En tanto, el lunes declararon en la fiscalía penal de Joaquín V. González el resto de los efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia, acusados de los mismos delitos.  Se trata de la sargento Julia Díaz, el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez.

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní , quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

En consecuencia, insertó declaraciones falsas en un documento público y desfiguró la verdad objetiva, ya que lo denunciado por el comisario Mamaní y avalado por las declaraciones testimoniales de Díaz, Giménez y Argañaraz, quienes presenciaron el momento de los disparos y la posterior detención ilegal de Diez, no se condice con el relato del denunciante y tampoco con la filmación de la cámara situada en el parque, que captó tanto el desplazamiento del denunciante en su vehículo previo a los disparos y luego la conducta del personal policial.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

En su denuncia, el damnificado expresó que toda esta situación pudo obedecer a un conflicto entre Mamaní y su madre quien es dueña de un sistema de cable local.

Apolinario Saravia: Imputarán a policías que atacaron a un hombre con fines de venganza

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, abrió el decreto de imputación contra los efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado, de Apolinario Saravia, acusados del delito de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza. La audiencia de imputación está prevista para el próximo lunes 13 de julio, en la fiscalía penal de Joaquín V. González.

A la audiencia fueron citados el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, la sargento Julia Díaz, el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez.

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní , quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

En consecuencia, insertó declaraciones falsas en un documento público y desfiguró la verdad objetiva, ya que lo denunciado por el comisario Mamaní y avalado por las declaraciones testimoniales de Díaz, Giménez y Argañaraz, quienes presenciaron el momento de los disparos y la posterior detención ilegal de Diez, no se condice con la filmación de la cámara situada en el parque que captó tanto el desplazamiento del denunciante en su vehículo previo a los disparos y luego la conducta del personal policial, ni con el relato del denunciante.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

En su denuncia, el damnificado expresó que toda esta situación pudo obedecer a un conflicto entre Mamaní y su madre quien es dueña de un sistema de cable local.

Un efectivo denuncia a policías del GOPAR por lesiones y abuso de autoridad

El fiscal penal de Derechos Humanos interino en feria extraordinaria, Leandro Flores, investiga una denuncia radicada por un efectivo policial por supuestas lesiones y abuso de autoridad contra efectivos policiales del Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo.

La denuncia fue realizada por un efectivo policial perteneciente a la División Museo Histórico Policial, quien manifestó que durante la madrugada del lunes 4 de abril, mientras estaba de franco en su domicilio junto a su esposa y sus dos hijos menores, golpearon la puerta y que al salir y atender, encontró a su vecino, quien  le pidió ayuda para cerrar la puerta de su casa.

Según la denuncia, en ese momento se detuvo un móvil del GOPAR del cual descendieron tres efectivos de esa unidad, que de manera agresiva y violenta le empujaron hacia la puerta de la vivienda.

Al intentar explicarle al personal policial que el otro hombre era un vecino que pidió ayuda, uno de los uniformados, sin pedir identificación, se abalanzó sobre él y le aplicó una llave de estrangulación conocida como “mata león”. Otro efectivo le torció el brazo derecho y lo esposó. El denunciante relató que al subirlo al móvil policial, continuaron agrediéndolo con golpes de puños y patadas.

También manifestó que en todo momento intentó explicar la situación con su vecino, pero solo recibió agresiones físicas, por lo que pidió ser examinado por el médico legal de Policía.

Tras ser trasladado a la Comisaría Cuarta, fue reconocido por un oficial de alto rango, quién ordenó que le quiten las esposas. Posteriormente fue llevado en el móvil policial de la preventora hacia su domicilio para retirar el arma reglamentaria que quedó a disposición del personal interviniente.

Al retornar nuevamente a la dependencia, el denunciante fue trasladado hacia el Hospital del Milagro y luego a Medicina Legal, donde informó que sentía dolores en el brazo derecho y cuello. También expresó que fue notificado de una intimación por violar la cuarentena.

Orán: Una Unidad Fiscal investiga una denuncia contra efectivos de la Policía

La Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal  de Orán en feria, Daniel Murúa y el interino de Derechos Humanos, Santiago López Soto, investiga denuncias vinculadas con el accionar de efectivos de la Policía de la Provincia en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Según consta en las actuaciones, una mujer mayor de edad de San Ramón de la Nueva Orán denunció que fue maltratada, golpeada e insultada por personal policial, en esa ciudad y en circunstancias en las que se trasladaba con barbijo y a pagar servicios, de acuerdo a la terminación de DNI establecida por las autoridades.

De acuerdo a la denuncia ratificada en la fiscalía el 16 de abril pasado, la mujer, quien se trasladaba en moto, fue detenida por un control policial donde tres efectivas de la fuerza de seguridad la hicieron bajar del vehículo a la fuerza, la subieron a un móvil policial, le propinaron golpes de puño en la cabeza y chirlos en las mejillas y boca. Luegola trasladaron hasta el hospital local, donde la registraron, pero no fue atendida.  Posteriormente, la habrían trasladado a un consultorio privado donde bajaron las policías del vehículo, pero no la denunciante. Más tarde, durante el trayecto hasta la Comisaría 20,  la insultaron y se burlaron y siguieron pegándole en la cara. En la seccional, y luego de tomar sus datos y “marcarle los dedos”, le negaron agua y la posibilidad de ir al baño.

Cuando le dijeron que podía retirarse, una tía la esperaba y al ver el estado de la víctima, pidió que tomaran la denuncia sobre el accionar policial. Le dijeron que debía esperar el cambio de guardia, pero al producirse, informaron a la familiar de la denunciante que iba a ser demorada por tomar fotos de un vehículo policial.

En la denuncia también consta que la policía la amenazó con “armarle una causa penal” y que le negó información sobre el destino de su motocicleta y las actuaciones iniciadas en su contra.

 Los fiscales ordenaron distintas medidas, mientras que el Gabinete de Medicina Legal del CIF confirmó la presencia de lesiones.

Gral. Güemes: investigan procedimiento policial en el que una niña resultó herida

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos tomó intervención ante un episodio ocurrido el pasado sábado en esa ciudad, donde una menor de 6 años de edad resultó herida con una bala de goma tras un procedimiento policial. Hay denuncias cruzadas entre los vecinos y personal policial.

El fiscal penal Santiago López Soto, interino en la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, informó que tomó intervención ante denuncias cruzadas entre vecinos de General Güemes y personal policial, donde resultó herida una menor de 6 años en uno de sus ojos con una bala de goma.

Según pudo conocerse, el pasado sábado, personal policial y en el marco del cumplimiento del DNU Nº 260/2020 y Modificatoria 297/20 “EMERGENCIA SANITARIA”, concurrió a calle Pellegrini de la ciudad de General Güemes, ante la presencia de personas que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública.

Surgió una violenta discusión entre los vecinos que se negaban a acatar el aislamiento preventivo, social y obligatorio y fue subiendo de tono hasta que llegaron refuerzos policiales y se produjeron disparos con balas de goma que provinieron de los efectivos y resultó herida en un ojo la niña de 6 años que observaba el episodio.

La menor fue trasladada a Salta, atendida en el Hospital Público Materno Infantil y dada de alta, porque se diagnosticó una lesión superficial.

El vecino que ingería bebidas alcohólicas en la vía pública y se resistió a la actuación policial se encuentra detenido y será imputado por la Fiscalía Penal de General Güemes este lunes.

López Soto explicó que desde la Fiscalía de Derechos Humanos se solicitaron diversas diligencias tendientes a esclarecer cómo sucedieron los hechos y evaluar el desempeño de los efectivos que intervinieron.

Investigan el accionar policial en un merendero

El fiscal penal interino de Derechos Humanos, Santiago López Soto, informó que fue abierta una investigación por los hechos que tomaron estado público sobre el accionar de efectivos de la Policía de la Provincia en el merendero “Carita Feliz”, de barrio 26 de Marzo de la capital salteña. No hay denuncia radicada.

Foto: Página 12

Del informe presentado por el personal de la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, se desprende que personal de Motoristas del Sistema de Emergencias 911-Grupo GEDAM participaron en el hecho ocurrido el 30 de marzo, a las 17:45 en relación al Decreto Nacional 297/20 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El informe indica que tras finalizar con la entrega de alimentos y mientras preparaban el cierre del merendero, se presentó el personal policial en motocicletas, quienes se dirigieron hacia un auto de color blanco estacionado frente al merendero, donde dos hombres escuchaban música.
Mientras los efectivos policiales registraban a ambos, apareció la hermana de uno de ellos, quien al observar la situación sufrió una descompensación por epilepsia.

Una vez que la mujer fue restablecida, los policías notificaron a los presentes sobre las medidas por la cuarentena.
El informe del CIF concluye que en el lugar no hubo personas lesionadas ni demoradas y que tampoco fue realizada ninguna denuncia por los hechos.