Investigan posible abuso policial cometido en la vía pública

La fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, investiga la denuncia radicada por un hombre que fue agredido por personal policial en inmediaciones de avenida Bicentenario y Paseo Güemes. Entre otras diligencias ordenadas, la Fiscal espera respuesta al oficio que remitió a la Policía de la Provincia, a través del cual solicitó el video de las cámaras de seguridad en el que quedaron registrados los hechos denunciados.

Según consta en la denuncia radicada por la víctima, el denunciante y su hermano circulaban en bicicleta, cuando el primero fue impactado por un vehículo conducido por una mujer que previamente lo había insultado y amenazado. Al caer a la calle, el hombre, quien manifestó estar aturdido y dolorido, reaccionó cerrando la puerta del vehículo de  la mujer.

Cuando intentaba levantarse, personal policial (que se encontraba en la estación de servicio de la zona), lo empujó por la espalda, lo redujo en el piso, le propinó golpes en la cara y le produjo distintas lesiones. El denunciante intentó explicar que él había sido atropellado, pero los efectivos lo esposaron y subieron a un móvil, donde siguieron las agresiones físicas y verbales. Luego, lo incomunicaron y no permitieron que llamara a un abogado u otra persona para avisar sobre la detención.

Ante la consulta de la víctima y su hermano, los uniformados también se negaron a identificarse.

El denunciante sumó elementos tales como videos tomados por transeúntes y certificado de atención emitido por el Hospital San Bernardo, en el que se informa la presencia de excoriaciones en hemotórax izquierdo, múltiples hematomas (a nivel lumbar, hombro izquierdo y rodilla izquierda) y herida cortante sobre ceja derecha y detrás de la oreja izquierda.

Juzgarán a policías de la Comisaría Segunda por vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales con revista en la Comisaría Seccional Segunda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia (dos hechos) en concurso real.

Las acusaciones recayeron sobe el cabo Javier Acosta, de 36 años, el suboficial ayudante Lucas Mamaní, de 26 y el agente Gabriel Alejandro Pistán, de 32.

Las actuaciones iniciaron con la declaración de la víctima, quien manifestó que el 20 de septiembre de 2015, a las 6:30, en compañía de su hermano y un amigo tras salir de una juntada, caminaban por la intersección de calle Tucumán y Esteco.  En ese momento, llegó una moto conducida por un hombre, que le tocó bocina mientras cruzaba la calle para apurarlo. Al momento de cruzar y pasar a su lado, el motociclista lo empujó, por lo que el denunciante lo insultó.

Tras esto, el motociclista se bajó de la moto, le dijo “vos no sabes quién soy yo chango”, se sacó el casco y lo agarró del cuello. En ese momento, el denunciante le pegó una piña entre la nariz y la boca, para poder zafarse. Sostuvo que en ese instante, su hermano y su amigo le advirtieron que se trataba de un policía, por lo que retrocedió y notó que llevaba el uniforme, tapado por una campera.

Luego, el  denunciante, su hermano y su amigo, corrieron por calle Pellegrini y doblaron en calle La Rioja.  En calle Ituzaingó, entre La Rioja y San Luis, el denunciante cayó al suelo frente a un billar y en ese momento fue alcanzado por personal policial.

Relató que eran entre cinco y seis policías, entre mujeres y hombres, que lo patearon en las costillas, piernas y cabeza, lo esposaron y lo llevaron arrastrado hasta la Comisaría Seccional Segunda. Allí lo metieron en la cocina, lo sentaron en el suelo esposado y entre los mismos policías, volvieron a golpearlo.

En ese momento ingresó otro policía que le dijo “que me querés ver la cara” y le dio un cachiporrazo en la ceja derecha, lo que le produjo un corte.

Posteriormente ingresó el mismo policía con el que tuvo el inconveniente inicial, y le dijo “mirá lo que me hiciste” mientras le mostraba su cara, y fue allí que lo golpeó hasta que la víctima perdió el conocimiento.

Tras esto, la víctima fue trasladada al Hospital San Bernardo y luego a la Central donde también lo revisaron. Una vez de vuelta en la Comisaría Segunda, le dijeron que le harían una causa por tentativa de robo en banda, agresión, resistencia a la autoridad y amenazas, por lo que se negó a firmar. Cuando le dijeron que si no firmaba no podría irse, accedió a firma y fue trasladado a Alcaidía General, donde permaneció alojado dos días y medio.

El certificado médico del Departamento de de Medicina y Química Legal, hizo constar que la víctima presentaba excoriaciones en dorso de la nariz y la rodilla derecha, equimosis en hombro izquierdo y derecho, tórax posterior y anterior, herida en arco superciliar, escoriación en mucosa yugal de labio superior e inferior e inflamación en boca.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que claramente el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido; es decir, la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en el concreto atropello de su dignidad.

Además el sufrimiento infligido, tanto al momento de su detención como luego, mientras se encontraba en la sede de la Seccional Segunda configuró un trato denigratorio e humillante, físico y verbal, con el fin mortificar a la víctima con ataques a su dignidad que merece como persona y con el que espera ser tratado.

Juzgarán a policías de la Subcomisaría San Jorge por severidades agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al cabo Rubén Adrián Arias y al oficial subayudante Luis Daza, acusados del delito de severidades agravadas.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia de la víctima, quien expresó que fue detenido en La Silleta el 3 de marzo de 2016, cerca de las 19, y fue llevado a la Subcomisaría San Jorge, donde quedó alojado.

Relató que apareció el cabo Arias, de 34 años, junto al oficial Luis Daza, de 26, y que en ese momento, había otros dos detenidos en la celda, a quienes hicieron salir.

Ambos imputados comenzaron a golpearlo y lo arrojaron al piso, donde le siguieron pegando. La víctima sostuvo que Arias le colocó el palo negro en el cuello, mientras Daza le pegaba piñas en la panza y patadas en los genitales.

A posterior el Arias sacó su celular y Daza lo agarró de los pelos para que muestre la cara y tomarle fotos.

Finalmente, sostuvo que Daza lo amenazó al decirle que si él le pedía a la otra guardia que lo lleven al médico o hablaba algo, ellos se iban a enterar.

Luego volvieron los otros dos detenidos, que lo ayudaron a que se acostara en el colchón y le dieron agua.

El damnificado también sostuvo que cuando su hermana fue a visitarlo y lo encontró golpeado, quiso radicar una denuncia y no se lo permitieron. Tampoco la dejaron fotografiar al detenido.

Una vez que se curó de todas las lesiones, el detenido fue trasladado a la Comisaría Nº 14 de Rosario de Lerma.

Aclaró que por temor no quiso contar nada a nadie, ni denunciar, ya que pensaba que otra vez sería golpeado.

Un policía va a juicio por golpear en la cara a un hombre en un baile

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al sargento ayudante José Anastacio Cruz, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

La investigación inició tras la denuncia radicada por la víctima el 26 de diciembre de 2014 en la subcomisaría de Guachipas, donde manifestó que en la tarde el día anterior, asistió a la carpa de los Gauchos de Coropampa, junto a su pareja y su cuñado.

Al regresar a su sitio tras dar un mensaje a los músicos, la expareja de su concubina, sin motivo alguno y sin mediar palabras, le arrojó vino en la cara, lo que provocó que el personal policial agarrara al denunciante para sacarlo del evento, ya que pensaban que había iniciado el pleito, por lo que opuso resistencia y forcejó para que no lo sacaran del baile.

De repente, el efectivo policial apodado “Atacho” le propinó dos golpes de puño en la nariz, por lo que el denunciante debió ir el hospital para que lo atendieran, ya que no podía controlar el sangrado.

De la investigación surgió con claridad que el autor del hecho que causó las lesiones al denunciante fue el sargento ayudante José Anastacio Cruz, de 51 años, con revista en la subcomisaría de Guachipas, quien en su calidad de funcionario policial, abusó de sus funciones al causar daño cierto en la integridad física del denunciante.

La fiscal penal Simesen de Bielke también requirió el sobreseimiento del oficial ayudante Alejandro Yurquina y el cabo César Augusto Apaza, con revista en la subcomisaría de Guachipas; el sargento ayudante Jorge Villagrán, con revista en el Puesto de Control de Talapampa; y el cabo Neri Normando Maita y la cabo Andrea Valeria Suárez, con revista en la División Lacustre y Fluvial.

El pedido obedece a que en su denuncia, la víctima manifestó claramente quién fue la persona que le causó las lesiones constatadas, sin que existiera coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.
Además, de las declaraciones testimoniales de las personas que se encontraban en el lugar, no surgió en modo alguno que estos tomaran parte en el hecho que causó la lesión al denunciante.

Imputaron a los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.

Del decreto de imputación se desprendió que aproximadamente a las 13:20 del 24 de febrero pasado, en barrio Norte Grande, los efectivos policiales mencionados y a bordo del móvil policial 1829, acometieron contra la integridad física de Luciano Enrique Cruz, de 19 años, y le causaron el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del globo ocular. La lesión sería producto de un impacto de proyectil de posta de goma.

Tras ocasionarle la lesión en el ojo, al ser trasladado al Hospital Papa Francisco, la víctima se encontró nuevamente con sus agresores, donde el sargento Exequiel Toledo y el cabo Alfonso Sánchez, lo agredieron físicamente.

Del certificado médico surgió que Luciano Cruz sufrió lesiones contusas equimóticas de forma redondeada en arco superciliar derecho, otra en párpado superior derecho, otra en párpado superior de ojo izquierdo, otra en borde izquierdo de maxilar inferior, una en la cara interna tercio medio de brazo derecho, una sobre tercio superior de esternón, equimosis en tercio interno de clavícula izquierda, lesión contuso equimótica en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo y dos en el codo izquierdo, dos sobre línea media y posterior a la altura de la tetilla izquierda y otras dos en la axila izquierda.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke destacó que la acusación está corroborada con la denuncia del damnificado, las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales, los certificados médicos y la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

Piden juicio contra un policía acusado de vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo policial Daniel Martín Yapura, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

Del requerimiento surgió claramente, tras la denuncia realizada por la víctima en febrero de 2019, la existencia del mal accionar del funcionario de la Policía de la Provincia, de 32 años, luego de que se realizara el traslado del detenido y víctima al Sector 4B, ubicado en la Comisaría 9 de la Ciudad de Salta.

Allí,  el encargado del sector, Daniel Martín Yapura, mientras el detenido estaba esposado con las manos hacia atrás, le levantó los brazos y lo hizo trastabillar, por lo que la víctima cayó boca abajo con todo su peso. Tras esto, el acusado le colocó el pie en la espalda, lo que ocasionó al detenido lesiones que luego fueron constatadas por los médicos del CIF y Poder Judicial.

Surgió así que el accionar desplegado por Daniel Martín Yapura, provocó múltiples lesiones al damnificado, a quien oprimió con medidas arbitrarias. El hecho se agrava por la calidad especial que el acusado reviste en su calidad de funcionario policial.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción del acta de control de legalidad de detención de la víctima del Juzgado de Garantías 2, luego de que al detenido se le preguntara sobre el trato recibido. Aunque el detenido manifestó que no quería denunciar, fue citado a la Fiscalía de Derechos Humanos, luego de que se tomara conocimiento de la situación.

Por otra parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, también requirió el sobreseimiento de los acusados Natalia del Milagro Zuleta, Marcelo Rivas y Javier Fernando Iñigo, tras entender que no existió coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.

Cuatro policías de la zona sudeste irán a juicio, acusados de vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los agentes William Emanuel Arce, Cristian Ríos, Cristian Salva y Diego Almeda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría 1 de la Ciudad de Salta, donde expresó que en la noche del 2 de agosto de 2018, estaba afuera del Hospital Papa Francisco y cerca de un camión donde realizaban la entrega rápida de DNI, y que en un momento se le acercó un policía que cuidaba del vehículo.

Cuando el denunciante le preguntó sobre el horario de atención, el uniformado le contestó «qué puta te importa», a lo que el denunciante le respondió «qué te pasa a vos, gil», tras lo cual, ingresó al vehículo en el que estaban su amigo y su hermano. Seguidamente, apareció un móvil policial cual que descendieron cuatro uniformados, y a los pocos minutos llegó otro móvil, al que se sumó el primer policía.

En ese momento, abrieron la puerta del vehículo y sacaron al denunciante por la fuerza, a quien tiraron al piso, esposaron y patearon. Posteriormente, lo subieron en la caja de uno de los móviles, donde uno de los uniformados le pisó la cabeza y otro, la rodilla.

El denunciante también expresó que le tiraron gas pimienta y que su hermano y su amigo fueron subidos a otro móvil. Además, relató que primero fue llevado a la Comisaría de barrio Solidaridad, donde pararon unos minutos y que luego fue trasladado a la dependencia de Democracia, donde le volvieron a pegar.

Más tarde, fue llevado al Centro de Contraventores, donde lo examinó un médico que lo derivó al Hospital San Bernardo y luego fue ingresado en la Alcaidía General de la Provincia.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, destacó que el deber del personal policial es mantener el orden público y el resguardo físico y psíquico de las personas, por lo que se evidenció una actitud totalmente contraria y también la autoría responsable del hecho endilgado, ya que con su accionar, los acusados provocaron lesiones al damnificado, a quien oprimieron con medidas arbitrarias. 

Tales conductas se agravan por la calidad especial que revisten los sujetos activos, quienes al ser funcionarios policiales, debían resguardar dicha integridad.

Por otra parte, la fiscal requirió el sobreseimiento del agente Paulo Tiziano Zenteno, luego de que no surgiera su participación en los hechos investigados.

Vejaciones: piden juicio contra funcionarios penitenciarios de Metán

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Claudio Rubén Sosa y Manuel Teodoro Chocobar, acusados del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia.

De la investigación surgió que en la madrugada del 8 de julio de 2017, mientras el denunciante estaba alojado en el “disciplinario”, sólo con ropa interior y mientras pedía que se le diera abrigo, ingresaron tres personas, entre las que pudo reconocer al imputado Manuel Teodoro Chocobar, de 43 años.

Lo hicieron caer al piso y le propinaron una golpiza, que fue acreditada con el certificado médico que dio cuenta de lesiones en el cuerpo de la víctima.

También surgió la responsabilidad del acusado y celador Claudio Rubén Sosa, de 41 años, a quien se lo vio ingresar en el lugar donde el interno cumplía la sanción disciplinaria y participar de la golpiza, conforme lo sostuvo un testigo.

La fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que la figura endilgada a los imputados, pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo detenido en virtud de ser sujeto de derecho y que atañe directamente a su dignidad como persona.

Ese derecho, como atributo de la personalidad, está asociado a las pautas que imponen ciertos estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional junto con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en relación a la forma en que debe llevarse a cabo toda medida de encierro.

La fiscal destacó que cuando esa medida de encierro, se ve agravada por la golpiza llevada a cabo por los acusados, merece sin dudas el reproche penal atribuido, pues la libertad individual que se intenta resguardar mediante la disposición, se ve conmovida a raíz de los procedimientos que se caracterizan por su carácter mortificante.

Además, como complemento típico legal, se requiere que el agente desempeñe un acto de servicio al momento de la ejecución ilícita; un acto propio de su actividad y tal como surgió de las constancias del legajo de investigación, tanto Chocobar como Sosa se desempeñaban como funcionarios penitenciarios en el Unidad Carcelaria N° 2, donde ocurrieron los hechos denunciados por el interno agredido.

En el mismo requerimiento, la fiscal solicitó el sobreseimiento de Gustavo Leonel Antonio Balderrama, de 29 años, pues tras la investigación no surgieron datos certeros sobre su participación en los hechos endilgados.

Apolinario Saravia: Declaró el policía acusado de graves delitos por venganza

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, realizó este martes la audiencia de imputación contra el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quien fue imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza. El acusado se presentó en la fiscalía ubicada en Ciudad Judicial, donde fue asistido por su defensa y optó por declarar.

En tanto, el lunes declararon en la fiscalía penal de Joaquín V. González el resto de los efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia, acusados de los mismos delitos.  Se trata de la sargento Julia Díaz, el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez.

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní , quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

En consecuencia, insertó declaraciones falsas en un documento público y desfiguró la verdad objetiva, ya que lo denunciado por el comisario Mamaní y avalado por las declaraciones testimoniales de Díaz, Giménez y Argañaraz, quienes presenciaron el momento de los disparos y la posterior detención ilegal de Diez, no se condice con el relato del denunciante y tampoco con la filmación de la cámara situada en el parque, que captó tanto el desplazamiento del denunciante en su vehículo previo a los disparos y luego la conducta del personal policial.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

En su denuncia, el damnificado expresó que toda esta situación pudo obedecer a un conflicto entre Mamaní y su madre quien es dueña de un sistema de cable local.

Apolinario Saravia: Imputarán a policías que atacaron a un hombre con fines de venganza

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, abrió el decreto de imputación contra los efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado, de Apolinario Saravia, acusados del delito de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza. La audiencia de imputación está prevista para el próximo lunes 13 de julio, en la fiscalía penal de Joaquín V. González.

A la audiencia fueron citados el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, la sargento Julia Díaz, el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez.

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní , quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

En consecuencia, insertó declaraciones falsas en un documento público y desfiguró la verdad objetiva, ya que lo denunciado por el comisario Mamaní y avalado por las declaraciones testimoniales de Díaz, Giménez y Argañaraz, quienes presenciaron el momento de los disparos y la posterior detención ilegal de Diez, no se condice con la filmación de la cámara situada en el parque que captó tanto el desplazamiento del denunciante en su vehículo previo a los disparos y luego la conducta del personal policial, ni con el relato del denunciante.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

En su denuncia, el damnificado expresó que toda esta situación pudo obedecer a un conflicto entre Mamaní y su madre quien es dueña de un sistema de cable local.