Derechos Humanos

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cuatro efectivos policiales de la Comisaría 30 de San José de Metán, acusados del delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre los policías Silvio Gustavo Orellana, de 31 años; Marcos Manuel Néstor Fernández, de 39; María Josefina Villagrán, de 24 y Víctor Daniel Gallardo, de 41.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por una madre en representación de sus hijos menores de 12 y 15 años, quien relató que el 30 de enero de 2017, entre las 18:30 y la medianoche, los efectivos policiales identificados como Marcos Fernández y Silvio Orellana, golpearon a sus hijos en el sector de la cocina de la Comisaría 30.

Sostuvo que sus hijos fueron detenidos tras la denuncia de un hombre que los acusó de robo, en el marco de una riña ilegal de gallos.

Tras retirar a los menores de la dependencia y antes de ir al hospital para que recibieran atención, uno de los chicos sostuvo que el imputado Marcos Fernández le ofreció la suma de $100 para que no dijera nada.

Un informe médico del CIF realizado el 31 de enero de 2017, indicó que el menor de 12 años presentó “contusión con equimosis en región retroarticular izquierda, con referencia a compresión manual en cuello y nuca; lesiones producidas por golpe con elemento duro y romo”.

En tanto, el examen realizado al menor de 15 indicó “equimosis en pómulo y ala izquierda de nariz, escoriación con impronta de uña en brazo derecho, escoriación lineal en pliegue de codo derecho, con referencia a golpe en región de la nuca, lesiones producidas por golpe con elemento duro y romo”.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física de los menores permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido y la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta violación de su dignidad e integridad personal.

Además, consta en el decreto de imputación que el sufrimiento infligido tanto al momento de su detención como luego, mientras estaban detenidos en la Comisaría, “sin lugar a dudas, configuró un trato denigratorio y humillante, físico y verbal, que tuvo por fin mortificar a las víctimas, lo que produjo un ataque a su dignidad que merecían como personas”.

Por último, los acusados intentaron comprar la voluntad de los menores, para evitar ser descubiertos.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales con revista en la Comisaría Seccional Segunda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia (dos hechos) en concurso real.

Las acusaciones recayeron sobe el cabo Javier Acosta, de 36 años, el suboficial ayudante Lucas Mamaní, de 26 y el agente Gabriel Alejandro Pistán, de 32.

Las actuaciones iniciaron con la declaración de la víctima, quien manifestó que el 20 de septiembre de 2015, a las 6:30, en compañía de su hermano y un amigo tras salir de una juntada, caminaban por la intersección de calle Tucumán y Esteco.  En ese momento, llegó una moto conducida por un hombre, que le tocó bocina mientras cruzaba la calle para apurarlo. Al momento de cruzar y pasar a su lado, el motociclista lo empujó, por lo que el denunciante lo insultó.

Tras esto, el motociclista se bajó de la moto, le dijo “vos no sabes quién soy yo chango”, se sacó el casco y lo agarró del cuello. En ese momento, el denunciante le pegó una piña entre la nariz y la boca, para poder zafarse. Sostuvo que en ese instante, su hermano y su amigo le advirtieron que se trataba de un policía, por lo que retrocedió y notó que llevaba el uniforme, tapado por una campera.

Luego, el  denunciante, su hermano y su amigo, corrieron por calle Pellegrini y doblaron en calle La Rioja.  En calle Ituzaingó, entre La Rioja y San Luis, el denunciante cayó al suelo frente a un billar y en ese momento fue alcanzado por personal policial.

Relató que eran entre cinco y seis policías, entre mujeres y hombres, que lo patearon en las costillas, piernas y cabeza, lo esposaron y lo llevaron arrastrado hasta la Comisaría Seccional Segunda. Allí lo metieron en la cocina, lo sentaron en el suelo esposado y entre los mismos policías, volvieron a golpearlo.

En ese momento ingresó otro policía que le dijo “que me querés ver la cara” y le dio un cachiporrazo en la ceja derecha, lo que le produjo un corte.

Posteriormente ingresó el mismo policía con el que tuvo el inconveniente inicial, y le dijo “mirá lo que me hiciste” mientras le mostraba su cara, y fue allí que lo golpeó hasta que la víctima perdió el conocimiento.

Tras esto, la víctima fue trasladada al Hospital San Bernardo y luego a la Central donde también lo revisaron. Una vez de vuelta en la Comisaría Segunda, le dijeron que le harían una causa por tentativa de robo en banda, agresión, resistencia a la autoridad y amenazas, por lo que se negó a firmar. Cuando le dijeron que si no firmaba no podría irse, accedió a firma y fue trasladado a Alcaidía General, donde permaneció alojado dos días y medio.

El certificado médico del Departamento de de Medicina y Química Legal, hizo constar que la víctima presentaba excoriaciones en dorso de la nariz y la rodilla derecha, equimosis en hombro izquierdo y derecho, tórax posterior y anterior, herida en arco superciliar, escoriación en mucosa yugal de labio superior e inferior e inflamación en boca.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que claramente el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido; es decir, la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en el concreto atropello de su dignidad.

Además el sufrimiento infligido, tanto al momento de su detención como luego, mientras se encontraba en la sede de la Seccional Segunda configuró un trato denigratorio e humillante, físico y verbal, con el fin mortificar a la víctima con ataques a su dignidad que merece como persona y con el que espera ser tratado.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al sargento ayudante José Anastacio Cruz, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

La investigación inició tras la denuncia radicada por la víctima el 26 de diciembre de 2014 en la subcomisaría de Guachipas, donde manifestó que en la tarde el día anterior, asistió a la carpa de los Gauchos de Coropampa, junto a su pareja y su cuñado.

Al regresar a su sitio tras dar un mensaje a los músicos, la expareja de su concubina, sin motivo alguno y sin mediar palabras, le arrojó vino en la cara, lo que provocó que el personal policial agarrara al denunciante para sacarlo del evento, ya que pensaban que había iniciado el pleito, por lo que opuso resistencia y forcejó para que no lo sacaran del baile.

De repente, el efectivo policial apodado “Atacho” le propinó dos golpes de puño en la nariz, por lo que el denunciante debió ir el hospital para que lo atendieran, ya que no podía controlar el sangrado.

De la investigación surgió con claridad que el autor del hecho que causó las lesiones al denunciante fue el sargento ayudante José Anastacio Cruz, de 51 años, con revista en la subcomisaría de Guachipas, quien en su calidad de funcionario policial, abusó de sus funciones al causar daño cierto en la integridad física del denunciante.

La fiscal penal Simesen de Bielke también requirió el sobreseimiento del oficial ayudante Alejandro Yurquina y el cabo César Augusto Apaza, con revista en la subcomisaría de Guachipas; el sargento ayudante Jorge Villagrán, con revista en el Puesto de Control de Talapampa; y el cabo Neri Normando Maita y la cabo Andrea Valeria Suárez, con revista en la División Lacustre y Fluvial.

El pedido obedece a que en su denuncia, la víctima manifestó claramente quién fue la persona que le causó las lesiones constatadas, sin que existiera coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.
Además, de las declaraciones testimoniales de las personas que se encontraban en el lugar, no surgió en modo alguno que estos tomaran parte en el hecho que causó la lesión al denunciante.