Derechos Humanos

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Confirman la prisión preventiva para los tres policías imputados en múltiples causas

La Sala IV del Tribunal de Impugnación, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los acusados y confirmó el mantenimiento de la prisión preventiva de los tres efectivos que se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana, quienes fueron detenidos el lunes 19 de abril, tras el requerimiento presentado ante el Juzgado de Garantías 2 por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas (entre las cuales se encontraban dos menores de edad), y en muchas situaciones y sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales.

Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los diferentes elementos colectados durante la investigación, permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial.

En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la prisión preventiva del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.

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Derechos Humanos

Piden la prisión preventiva de los once imputados de la Brigada de Investigaciones de Orán

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 de Orán, la prisión preventiva de los once efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, imputados en el marco de la causa que investiga los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, advirtió sobre la pena esperada por los delitos endilgados, siendo el de torturas el más grave, lo que supone un monto de pena en concreto que permite inferir que será alta y de ejecución efectiva.

También surgió como indicio suficiente para el encierro cautelar, que los acusados tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no posee el ciudadano común, por lo que podrían obstaculizar la investigación, ante la posibilidad de ocultar medios de prueba o de influenciar a personas que serán llamadas a declarar, quienes deberán hacerlo libres de toda influencia.

Por otra parte, la situación procesal de los acusados, constituye una de las hipótesis de procedencia que autorizan el mantenimiento del encierro cautelar durante la etapa preparatoria, ya que los diversos elementos colectados permiten sostener que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga.

Surgieron indicios vehementes que los acusados actuaron de forma sistemática, ya que de las declaraciones de varios detenidos alojados en la Brigada de Investigaciones 2, surgió que era el modus operandi para lograr la confesión mediante la aplicación de tormentos, conducta enmarcada dentro la violencia institucional.

En este sentido, debe valorase que los efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad de la Provincia y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En consecuencia, es necesario impedir que los acusados continúen acometiendo en contra de la población, con el abuso de poder que detentan al cumplir funciones en las fuerzas de seguridad y al contar con armas letales y no letales.

Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo sea utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos, lo que no se vislumbra en la causa.

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Derechos Humanos

Torturas y paseo con amenaza de muerte: Imputaron a los once detenidos de la Brigada de Investigaciones de Orán

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a once efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de Orán, detenidos en el marco de la causa que investiga la supuesta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal. Los acusados se negaron a declarar.

De las tareas investigativas, surgió que los imputados citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán.

Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.

Con los elementos reunidos en la investigación penal preparatoria, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, imputó al oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo Páez alias “Caimán” y Carlos David Morales, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal.

El oficial Enzo Anagua también fue imputado por el delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al Supermercado Comodín a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que incriminara.

Tras las nuevas detenciones producidas el 29 de abril, fueron imputados el sargento Pedro Daniel Smiter y el suboficial principal Héctor Gustavo Calleja, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal, ya que los mencionados, en ejercicio de un acto de servicio, citaron a la víctima para que prestara declaración testimonial por el robo y una vez allí, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante.

El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.

Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.

Por último, fueron imputados el oficial auxiliar Pablo Ferrufino, quien se encontraba en el momento del hecho a cargo de la dependencia; el oficial Jesús Tárraga, quien se encontraba como oficial de servicio; el sargento ayudante Raúl Luna y el oficial César Pineda, quienes se desempeñaban como jefes de Guardia; y los sargentos Rodolfo Guerrero y Fredy Martínez, quienes se desempeñaban como cabos de guardia; por el delito de omisión de evitar el delito de tortura, ya que surgió del registro del libro de guardia y novedades de la dependencia policial, que estuvieron al momento en que sucedieron los hechos, sin que pudieran desconocer lo que estaba ocurriendo, porque los detenidos que se encontraban alojados en la Brigada N º 2, manifestaron que vieron a Páez, Calleja, Smiter y Anagua llevar a un hombre hacia la habitación de atrás que está en el patio interno de la dependencia, luego de lo cual escucharon música a alto volumen y después de ello los gritos de dolor de dicha persona. En su condición de funcionarios públicos tenían la obligación de evitar la comisión del delito de tortura que se les endilga a los otros efectivos policiales, pero no lo hicieron.

El oficial César Pineda y el sargento Fredy Martínez, también fueron imputados por el delito de falsedad ideológica en calidad de partícipes necesarios, que concurre en forma real con el otro delito endilgado, ya que en su calidad de funcionarios públicos firmaron el acta de declaración como testigos.

A raíz de los pedidos de colaboración, la Unidad de Investigaciones del CIF llevó a cabo una serie de diligencias que permitieron identificar a los acusados y recopilar valiosa información para lograr esclarecer los hechos.

Durante los procedimientos del pasado 29 de abril, fueron secuestrados el libro de guardia y un automóvil Ford K color gris, que se encontraba incautado previamente en una causa federal, entre otros elementos de interés para la causa.

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 Derechos Humanos

Policías de Infantería lo golpearon brutalmente e intentaron abusarlo

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene a ocho efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal; y un efectivo policial imputado por el delito de severidades calificadas.

Las imputaciones recayeron sobre el suboficial principal Carlos Eduardo Giménez; los sargentos ayudantes Diego Orlando Choque, Carlos Alberto Ríos y Orlando Sebastián Estopiñán; el sargento Mario Jacinto Maidana; y los cabos Adrián Mauricio Maidana, Walter David Chocobar y Claudio Oscar López, acusados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal y en calidad de coautores.

En tanto, el suboficial principal Miguel Ángel Quispe, fue acusado del delito de severidades calificadas, en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que el 7 de marzo de 2020, cerca de las 18:30, mientras el denunciante circulaba por barrio Islas Malvinas de La Merced, fue interceptado por un móvil de Infantería del que descendieron dos efectivos para detenerlo, por lo que corrió e ingresó por temor a un domicilio que tenía la puerta abierta.

El dueño de esa vivienda hizo pasar a los policías, quienes detuvieron al denunciante y lo llevaron esposado al móvil, donde lo agredieron físicamente con golpes de puño y con cachiporras en piernas, codos y cabeza.

En ese momento, la víctima pidió que dejaran de golpearlo y les dijo “¿por qué no peleamos mano a mano?”. Tras esto, los efectivos detuvieron la marcha del móvil y le quitaron las esposas, mientras que uno de ellos lo invitó a pelear.

El denunciante se negó, ya que estaba débil, por lo que los acusados volvieron a esposarlo y lo tiraron boca abajo de la caja del móvil, donde uno de ellos, le bajo los pantalones y el calzoncillo y dijo “lo caguemos violando”.

La victima relató que intentaron introducirle en el ano una cachiporra de manera brusca y que lo evitó moviéndose para diversos lados, mientras permanecía esposado y boca abajo.

Luego fue llevado a la Comisaría, desde donde el efectivo Quispe lo trasladó al hospital Doctor Nicolás Lozano, donde luego de examinarlo pidieron el traslado al hospital San Bernardo para corroborar el estado neurológico. Sin embargo, el denunciante fue llevado nuevamente a la Comisaría y en un momento dado, Quispe lo tomó del cabello, le profirió golpes de puño en el ojo derecho y le expresó “¿para qué hablás?”. Luego, le quitó las esposas y le dijo que se retirara de la dependencia.

Los hechos denunciados por la víctima, guardan correlación con los certificados médicos incorporados de profesionales del hospital de La Merced, Medicina Legal de la Policía y del Gabinete de Medicina Legal del CIF.

Además la autoría de los imputados fue corroborada por un testigo presencial del hecho.

569
 Derechos Humanos

Ocho policías a juicio por lesionar a dos mujeres y una menor

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene a ocho efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves (tres hechos) en concurso real.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial ayudante Facundo Nicolás Díaz Aguirre; los sargentos ayudantes Omar Walter Choque y Ezequiel Marcelo Bravo; los sargentos Juan Carlos Casimiro, Vanesa Romina Isabel Sarapura González y Sebastián Alejandro García; y los cabos Maximiliano Nicolás Antonio Mansilla y Diego Enrique Guari.

La investigación inició tras la denuncia radicada por una mujer, quien sostuvo que el domingo 22 de noviembre de 2020, cerca de las 20, dos hombres fueron a su domicilio ubicado en barrio Constitución, en la zona este de la Ciudad de Salta, quienes amenazaron a los gritos y arrojaron piedras para que saliera a la calle una menor de edad, hija del concubino de la denunciante.

Del requerimiento, surgió que la menor fue defendida por su padre, quien quiso alejar a los agresores, cuando llegó el móvil de Infantería 1489. Cuando los efectivos quisieron detenerlo, la denunciante quiso evitar que se lo llevaran y fue sujetada por tres efectivos. Luego, recibió un disparo de bala de goma en la pierna izquierda.

Asimismo, otra hija del detenido quiso dialogar con el personal de infantería para indicarles que los agresores eran otros. En ese momento, un efectivo que portaba un arma larga le disparó en el brazo, costillas y pierna izquierda, lo que resultó reprochable porque en el lugar había niños y los disparos también impactaron sobre una menor.

Los hechos denunciados guardan correlación con los certificados médicos incorporados en la investigación, que dieron cuenta de las lesiones sufridas por las mujeres y la menor.

La participación de los acusados fue corroborada por una testigo presencial, quien sostuvo que vio el momento en que uno de los efectivos realizó tiros con un arma larga.

457
Derechos Humanos

Torturas y paseo con amenaza de muerte: Ya son once los detenidos de la Brigada de Investigaciones de Orán

El Juzgado de Garantías 1 de Orán, hizo lugar a un nuevo pedido de allanamiento, detención y secuestro requerido por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, en el marco de la causa que investiga la supuesta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal, por parte de efectivos de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad. Hasta el momento, son 11 los detenidos. Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF.

Las nuevas medidas ordenadas que incluyeron múltiples allanamientos en la Brigada de Investigaciones 2 de Orán y en los domicilios de los efectivos mencionados, se concretaron este jueves.

Como resultado, fueron detenidos un oficial auxiliar a cargo de la dependencia y otros dos oficiales; un suboficial principal y cuatro sargentos que estuvieron de guardia el día del hecho. Cabe recordar que el pasado viernes 23 de abril, fueron detenidos un oficial y dos sargentos, en el marco de la misma causa.

Nuevos testimonios de internos alojados en la Brigada de Investigaciones, fueron coincidentes al señalar que el pasado 8 de abril, los efectivos policiales ingresaron a hombre a una habitación de la dependencia que está atrás del patio interno. Relataron que luego cerraron la puerta y pusieron música a alto volumen, aunque pudieron escuchar gritos de dolor. Dos de los internos manifestaron que también fueron víctimas de torturas con bolsas en la cabeza y que los golpearon.

El pedido de detención de la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, se fundó principalmente en la gravedad de los hechos de violencia institucional y en la necesidad de impedir que los investigados continúen los acometimientos en contra de la población, con el abuso del poder que detentaron al cumplir funciones en la fuerza de seguridad provincial. Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo sea utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos, lo que no se vislumbra en la causa.

Asimismo, resulta reprochable la conducta del resto de los efectivos y del Jefe de la dependencia, quienes están obligados a denunciar las torturas llevadas a cabo mientras se encontraban en la dependencia, por lo que omitieron llevar a cabo una obligación legal.

A raíz de los pedidos de colaboración, la Unidad de Investigaciones del CIF llevó a cabo una serie de diligencias que permitieron identificar a los acusados y recopilar valiosa información para lograr esclarecer los hechos.
Durante los procedimientos, fue secuestrado el libro de guardia y un automóvil Ford K color gris, que se encontraba incautado previamente en una causa federal.

Torturas con submarino seco, taladro y paseo con amenaza de muerte

De las tareas investigativas, surgió que los efectivos citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán.

Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.

El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.

Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo perteneciente a la fuerza de seguridad por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.

Uno de los efectivos también habría incurrido en el delito de falsedad ideológica, que concurre en forma real con los demás delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al supermercado a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que los incriminara.

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 Derechos Humanos

Prisión preventiva para los tres policías imputados en múltiples causas

El Juzgado de Garantías 2 hizo lugar al requerimiento formulado por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, para los tres efectivos policiales detenidos el lunes 19 de abril, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas (entre las cuales se encontraban dos menores de edad), y en muchas situaciones y sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los diferentes elementos colectados durante la investigación, permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial.

En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la prisión preventiva del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.

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 Derechos Humanos

Allanaron ilegalmente un domicilio, empujaron a una embarazada y detuvieron a un hombre sin orden judicial

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones y allanamiento ilegal, en concurso real. Uno de ellos también fue acusado del delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos.

El sargento Pablo Exequiel Toledo también fue acusado del delito de falsedad ideológica, en concurso real con los demás delitos endilgados.

Del requerimiento, surgió que el 2 de febrero de 2020, cerca de las 17, los acusados, quienes en ese momento cumplían funciones en la División Seguridad Urbana a bordo del móvil policial 1829, desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, ingresaron sin autorización al domicilio de la denunciante, ubicado en barrio Solidaridad.

Allí, acometieron en contra de la integridad física de la denunciante y de su hija, a quien empujaron pese a que estaba embarazada. Como consecuencia, la mujer empezó con contracciones y debió ser internada.

Además, en el interior del domicilio aprehendieron al sobrino de la denunciante, sin que se verifique ninguno de los supuestos establecidos por el Código Procesal Penal, para proceder a la privación de la libertad sin orden judicial.

Para avalar el ingreso ilegítimo a la propiedad y la restricción ilegal de la libertad, el oficial Rómulo Segovia confeccionó un informe obrante firmado como testigo por el sargento Pablo Exequiel Toledo.

Recientemente, la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió también ante el Juzgado de Garantías 2, la prisión preventiva de los tres efectivos policiales que fueron detenidos este lunes 19 de abril, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

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 Derechos Humanos

Detienen a tres efectivos de la Brigada de Investigaciones por torturas con submarino seco, taladro y paseo con amenaza de muerte

El Juzgado de Garantías 1 de Orán hizo lugar al pedido de la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y ordenó la detención de tres efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, por la supuesta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal. Se trata de un oficial y dos sargentos, quienes fueron detenidos durante el transcurso de este viernes.

De la investigación preliminar, surgió que los efectivos citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán.

Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.

El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.

Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo perteneciente a la fuerza de seguridad por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.

Uno de los efectivos también habría incurrido en el delito de falsedad ideológica, que concurre en forma real con los demás delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al supermercado a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que los incriminara.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que la plataforma fáctica fue corroborada con la denuncia y declaración testimonial del denunciante, certificados médicos y un video y fotografías aportadas por el propio denunciante, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados en los hechos expuestos.

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 Derechos Humanos

Salía de trabajar y dos policías lo redujeron a golpes

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene a dos efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal.

Las imputaciones recayeron sobre el suboficial principal Gustavo Aníbal Cruz, de 47 años y el sargento ayudante Ciro Ramón Illesca, de 42; ambos con revista en la División Seguridad Urbana de Tartagal.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos fueron corroborados por la denuncia y el testimonio del damnificado, certificados médicos y copias del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos.

Del requerimiento, surgió que en la mañana del 21 de octubre de 2018, en calle 24 de Septiembre, los efectivos acusados desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física del denunciante, quien salía de trabajar tras limpiar y desmalezar el frente del CIC Norte, para lo que utilizó un machete.

Entonces, el denunciante fue interceptado por el efectivo Cruz, quien le solicitó que arrojara el machete, tras lo cual se acercó el efectivo Illesca y lo golpeó en la cabeza.

Por este accionar, la víctima se asustó y corrió. Los efectivos lo alcanzaron y lo redujeron a golpes que le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo, que fueron certificadas por exámenes médicos.

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