Golpeó a un detenido en la Alcaidía y lo frenaron sus compañeros

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo penitenciario Walter Omar Vega, acusado del delito de severidades, en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que el 2 de marzo de 2020, cerca de las 16:30, dentro de la Alcaidía General de la Provincia, el sargento ayudante Walter Omar Vega ejerció un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometió contra de la integridad física de un detenido, a quien golpeó con la mano abierta en el rostro.

El evento quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Alcaidía General y fue observado por el resto del personal del servicio penitenciario, quienes intervinieron para evitar que el acusado continuara con la agresión.

Se suma el informe de Investigación del CIF, cuyo análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad, arrojó como conclusión que pudo observarse a simple vista al acusado cuando agredió mediante un golpe con la mano abierta en el rostro a un detenido.

Luego se observó al interno hacerse para atrás por el golpe recibido por parte del imputado, quien luego lo agarró del cuello.

Tras esto, el acusado fue retenido por la fuerza por sus compañeros del servicio penitenciario, lo que acreditó de manera palmaria los hechos expuestos y puso de manifiesto el exceso del acusado en su función, quien tiene el deber de velar por el bienestar y la dignidad de los internos detenidos.

Por vejaciones y lesiones, piden el juicio contra policías implicados en la muerte de Cristian Gallardo

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene a cuatro efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial auxiliar Ricardo José Antonio Llaves, el sargento ayudante Jorge Antonio Olea y los cabos Lucas Maximiliano Ozuna y Nicolás Gerardo Chocobar.

Del requerimiento, surgió que el 16 de agosto de 2018, cerca de las 13:30, el denunciante caminaba por calle Usandivaras, cuando paró una camioneta del GOPAR, de la que bajaron los acusados, quienes lo pusieron contra la pared y le dispararon por la espalda.

Luego, lo golpearon con una patada en la rodilla y en la cabeza, todo esto mientras estaba de espaldas. Cuando la víctima se dio vuelta, también recibió disparos en el pecho y en los brazos.

Los hechos denunciados por la víctima, guardan correlación con los certificados médicos agregados al legajo de investigación, de los que surgieron que el damnificado presentaba múltiples excoriaciones superficiales circulares de 2,5 cm, de diámetro. Tales lesiones fueron producidas por proyectiles múltiples de bala de goma.

A su vez, el certificado médico del Departamento de Medicina y Química Legal, indicó que el denunciante presentaba inflamación en el pómulo izquierdo, excoriación con bordes equimóticos diseminados en la cara anterior y posterior de tórax y en ambos brazos.

En noviembre de 2020, el fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 para los efectivos policiales Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Jorge Antonio Olea y Ricardo Ezequiel López, por el delito de homicidio culposo en concurso ideal con vejaciones calificadas, en perjuicio de Cristian Exequiel Gallardo.

El 26 de agosto de 2019, los efectivos Llaves, Ozuna, Olea y López, a bordo de un móvil policial, intervinieron ante un hecho de robo y cuando se disponían a demorar a quienes lo habrían provocado, ingresaron a una vivienda de Finca Independencia y dos de ellos huyeron por los techos. Gallardo se encontraba oculto en un lavadero y en su poder, estaban un arma blanca con la que habían atacado al damnificado y el teléfono celular que le habían sustraído.

Torturas y paseo con amenaza de muerte: Piden el juicio contra los once efectivos de la Brigada de Investigaciones de Orán

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Norte-Orán, la elevación a juicio de la causa en la que once efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, fueron imputados por la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves y falsificación de documentos públicos.

De las tareas investigativas, surgió que los imputados citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán.

Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.

Con los elementos reunidos en la investigación, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, imputó al oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo Páez alias “Caimán” y Carlos David Morales, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal.

El oficial Enzo Anagua también fue imputado por el delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al Supermercado Comodín a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que incriminara.

Tras las detenciones producidas el 29 de abril, fueron posteriormente imputados el sargento Pedro Daniel Smiter y el suboficial principal Héctor Gustavo Calleja, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal, ya que los mencionados, en ejercicio de un acto de servicio, citaron a la víctima para que prestara declaración testimonial por el robo y una vez allí, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante.

El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.

Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.

Por último, fueron imputados el oficial auxiliar Pablo Ferrufino, quien se encontraba en el momento del hecho a cargo de la dependencia; el oficial Jesús Tárraga, quien se encontraba como oficial de servicio; el sargento ayudante Raúl Luna y el oficial César Pineda, quienes se desempeñaban como jefes de Guardia; y los sargentos Rodolfo Guerrero y Fredy Martínez, quienes se desempeñaban como cabos de guardia; por el delito de omisión de evitar el delito de tortura, ya que surgió del registro del libro de guardia y novedades de la dependencia policial, que estuvieron al momento en que sucedieron los hechos, sin que pudieran desconocer lo que estaba ocurriendo, porque los detenidos que se encontraban alojados en la Brigada 2, manifestaron que vieron a Páez, Calleja, Smiter y Anagua llevar a un hombre hacia la habitación de atrás que está en el patio interno de la dependencia, luego de lo cual escucharon música a alto volumen y después de ello los gritos de dolor de dicha persona.

En su condición de funcionarios públicos tenían la obligación de evitar la comisión del delito de tortura que se les endilga a los otros efectivos policiales, pero no lo hicieron.

El oficial César Pineda y el sargento Fredy Martínez, también fueron imputados por el delito de falsedad ideológica en calidad de partícipes necesarios, que concurre en forma real con el otro delito endilgado, ya que en su calidad de funcionarios públicos firmaron el acta de declaración como testigos.

A raíz de los pedidos de colaboración, la Unidad de Investigaciones del CIF llevó a cabo una serie de diligencias que permitieron identificar a los acusados y recopilar valiosa información para lograr esclarecer los hechos.

Durante los procedimientos del pasado 29 de abril, fueron secuestrados el libro de guardia y un automóvil Ford K color gris, que se encontraba incautado previamente en una causa federal, entre otros elementos de interés para la causa.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los actos desplegados por los acusados resultan constitutivos del tipo penal atribuido, al haber llevado a cabo un acto intencional -colocación de esposas, bolsas en la cabeza mientras la víctima se encontraba con barbijo, golpes de puño y puntapiés en el cuerpo- que causaron severos sufrimientos físicos y lesiones que fueron constatadas.

Además, de la pericia psicológica realizada a la víctima, surgió que presenta un cuadro de “stress post traumático”.

Huelga recalcar que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se encuentran estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, generando responsabilidad internacional respecto de los agentes estatales que llevasen a cabo tales actos.

Allanaron sin orden judicial, esposaron y golpearon a las víctimas, las amenazaron y les armaron una causa

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a cuatro efectivos policiales acusados de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y amenazas, todo en concurso real y en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Guillermo Agustín López, de 36 años; David Ricardo Pérez, de 25; Walter David Peralta, de 44; y Carlos Alberto Apaza, de 38, todos con revista en la División de Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera.

Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, iniciaron con la denuncia de dos hermanos, quienes relataron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5, dormían en su vivienda ubicada en barrio Arturo Menu de la sureña ciudad, cuando escucharon ruidos en la puerta.

Uno de los ellos dormía junto a su esposa e hija. Al despertarse, ambos hermanos se levantaron para ver qué sucedía y observaron a los uniformados, que golpeaban a un vecino.

Ambos relataron que en ese momento, fueron vistos por uno de los policías, quien sacó su arma, les apuntó y les gritó “quédense quietos o los quemo”. Luego, fueron esposados y golpeados, mientras los subían al patrullero.

Una vez allí y mientras permanecían arrodillados y esposados, fueron golpeados con una cachiporra en la espalda y llevados al hospital, donde luego fueron examinados.

Del requerimiento, surgió que en el día y horario mencionados, los acusados a bordo del móvil policial 1858, desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física de los tres hombres, a quienes causaron lesiones en distintas partes del cuerpo.

Dichas lesiones fueron producidas por los golpes proferidos por los acusados al momento de la detención y luego en el traslado.

Además, al momento de la detención, ingresaron al domicilio sin una orden emanada por la autoridad competente ni motivo suficiente autorizado por la ley.

Para avalar dicha restricción ilegal de la libertad, los acusados armaron una causa penal, según surgió de las copias de una denuncia de la Subcomisaría El Mirador, que el efectivo Carlos Apaza formuló por los delitos de resistencia a la autoridad y violación de medidas sanitarias.

Asimismo, una vez en la Comisaría 31, los acusados profirieron amenazas al decirles a las víctimas “la próxima vez los llevamos a un descampado y no la van a contar”, por lo que anunciaron la posibilidad de un mal futuro, inminente y probable, que generó un temor serio y fundado en las víctimas.

“Qué junás”: Se acercó a un móvil policial y le dispararon por la espalda

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cuatro efectivos policiales con revista en la División Seguridad Urbana, acusados de distintos delitos.

Los efectivos Facundo Exequiel Morales, de 26 años, y Miguel Alejandro Cisneros, de 30, fueron imputados por los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, lesiones leves y falsedad ideológica, en concurso ideal y en calidad de autores.

En tanto, los efectivos Osvaldo Daniel Saldaño, de 41 años, y Pedro Roberto Moruchi, de 28, fueron imputados por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, también en calidad de autores.

Del requerimiento, surgió que el 16 de julio de 2020, cerca de las 10:30, mientras el denunciante esperaba la llegada de un policía en la esquina de las calles Ituzaingó y Astigueta de la ciudad de Salta, vio llegar un móvil policial y se le acercó.

En ese momento, uno de los efectivos abrió la puerta y le dijo “qué junás, qué junás”, por lo que la víctima le explicó que esperaba a un policía y el acusado le contestó “a mí qué mierda me importa”. Tras esto, los efectivos policiales se rieron y uno de ellos volvió a decirle al denunciante “a mí qué me importa, andate a la mierda”, por lo que éste les expresó que no estaba haciendo nada.

En ese momento, uno de los efectivos hizo un movimiento como si se fuera a bajar del móvil, por lo que el damnificado corrió y los acusados le dispararon con una escopeta tipo paintball, lo que le produjo lesiones en la espalda.

Los hechos denunciados guardan correlación con el certificado médico agregado al legajo de investigación, del que surgió que la víctima fue examinada por la División Medicina y Química Legal de la Policía, que diagnosticó excoriaciones circulares en cara posterior del tórax lateral izquierdo.

La figura endilgada pretende proteger la integridad física de la que dispone toda persona, asociada a las pautas que imponen ciertos estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional, juntamente con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en relación al trato que debe dispensarse por parte de las fuerzas de seguridad.

La investigación reveló que los acusados, quienes cumplían funciones a bordo del móvil 1821, no dieron cuenta de lo sucedido, por lo que tuvieron un comportamiento doloso, ya que incumplieron artículos del Reglamento Policial para el uso de la fuerza pública, que establecen que siempre que la policía utilice la fuerza en cumplimiento de sus funciones, deberá realizar un informe pormenorizado.

Piden el juicio contra una policía de Infantería por lesionar a dos mujeres

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a la agente Malena del Luján Erazo como imputada por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (dos hechos), todo en concurso real y en calidad de autora.

La fiscala también requirió el sobreseimiento de los efectivos Guillermo Esteban Rodríguez y Claudio Oscar López, al no haber pruebas que permitan sostener que tuvieron una activa participación en los hechos denunciados.

Del requerimiento surgió que el 23 de noviembre de 2019, cerca de las 22:30, cuando la denunciante estaba afuera de su domicilio ubicado en barrio Democracia, con la intención de defender a su hijo que era golpeado por vecinos, llegó el personal policial de la División Infantería, a bordo del móvil 1846.

Entre los tres efectivos, estaba la agente Erazo, quien desempeñó un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometió en contra de la integridad física de la denunciante y de su hija de 16 años, al abalanzarse sobre la primera para golpearla con su cachiporra en distintas partes del cuerpo y tomar a la menor del pelo para tirarla contra el móvil policial.

Por lo relatado, ambas mujeres sufrieron lesiones que fueron constatadas por el Gabinete de Medicina Legal del CIF.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que la acusada, mientras cumplía un acto de servicio, desplegó conductas que dañaron la integridad física de la denunciante y de su hija, quienes fueron brutalmente agredidas por la imputada que excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”.

Las lesiones constatadas en ambas mujeres, permiten sostener que la conducta desplegada por Erazo, afectó su dignidad e integridad.

Además, el sufrimiento infligido, sin lugar a dudas configuró un trato denigratorio y humillante, que tuvo por fin mortificarlas.

Fueron a bailar y terminaron atacados con armas de pintura, cachiporras y látigos

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves.

Los efectivos Simón Antonio Cansino, Leonardo Gregorio Rodríguez, Edmundo Rodrigo Rivas, todos con revista en la División de Infantería, fueron acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (tres hechos), todo en concurso real, en calidad de autores.

En tanto, los efectivos Francisco Bañagasta y Diego Quiroga, con revista en la División de Caballería, fueron acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (dos hechos), todo en concurso real, en calidad de autores.

Por otra parte, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, requirió el sobreseimiento de otros cinco efectivos, ya que de la investigación no surgieron elementos que permitan sostener su participación en los hechos.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia de una de las víctimas, quien manifestó que el 25 de diciembre, a las 21:30, desconocidos le sustrajeron un teléfono celular de su bolsillo, en medio de la multitud, mientras se desarrollaba “La Carpa de las Estrellas”, en el Centro de Convenciones ubicado en la zona sur de la Ciudad de Salta.

A los 15 minutos, se le acercaron tres hombres que le exigían que les devolviese un teléfono celular, supuestamente robado. Les explicó que no tenía nada que ver con el hecho y estos quisieron golpearlo, pero no llegaron a agredirlo físicamente.

Tras dar aviso al personal civil de seguridad de la carpa, los tres hombres, el denunciante y su hermano, fueron sacados.

Una vez afuera, el personal de Infantería disparó con armas de pintura, que les provocaron lesiones visibles, además de golpearlos con cachiporras y golpes de puño.

Del requerimiento, surgió que Cansino, Rivas y Rodríguez, con revista en la División de Infantería, desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física de tres víctimas, que resultaron con diversas lesiones, compatibles con las armas que portaban los acusados.

En relación a Quiroga y Bañagasta, surgió que al desempeñarse en la División Caballería, acometieron contra la integridad física de un hombre y una mujer, quienes resultaron lesionados por el uso de látigos y los golpes recibidos por los caballos que ambos acusados dirigían el día del hecho.

En sus fundamentos, la fiscala sostuvo que la plataforma fáctica fue corroborada por la denuncia y el testimonio de las víctimas, certificados médicos, copias del libro de guardia y diversas declaraciones testimoniales, entre otros elementos de convicción reunidos.

Van a juicio por disparar en un ojo a un joven que fue a bailar y mentir sobre el uso de armas

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a dos efectivos policiales con revista en la División de Infantería.

Las imputaciones recayeron sobre el suboficial principal Mario Pérez, acusado de los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y sobre el oficial auxiliar Luis Guillermo Moreyra, acusado del delito de falsedad ideológica, ambos en calidad de autores.

Del requerimiento surgió que el 10 de febrero de 2019, cerca de las 23:40, el denunciante estaba en el Centro de Convenciones de barrio Limache, de la ciudad de Salta, donde se desarrollaba la “Carpa de Las Estrellas”, cuando se originó un problema en el interior.

La víctima sostuvo que fue confundido y sacado por la fuerza por parte del personal de seguridad privado del evento.

Una vez afuera, intervino el personal policial de Infantería y uno de ellos realizó varios disparos, con un arma tipo paintball. Uno de los disparos impactó en el ojo derecho del denunciante.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos denunciados guardan correlación con los certificados médicos agregados al legajo de investigación, de los que surgió que el damnificado fue examinado en el Hospital San Bernardo, donde le diagnosticaron traumatismo de ojo derecho y le recomendaron realizar reposo por 30 días.

Además, la víctima se sometió a un examen del Gabinete de Medicina Legal del CIF, que diagnosticó equimosis bipalpebral de color violáceo, con bordes de color verdoso, con derrame conjuntival en ojo derecho y equimosis figurada de aspecto alargado, de color violáceo con borde de color verdoso en región lumbar derecha.

Los hechos también fueron corroborados por testigos presenciales que observaron el momento en el que la víctima recibió el disparo en el ojo.

Asimismo, en su calidad de funcionario público, el oficial auxiliar Moreyra insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado que el personal a su cargo no había hecho uso del armamento y que no se habían desarrollado incidentes, por lo que omitió consignar en dicho documento la información veraz de lo sucedido.

Policías van a juicio por golpear brutalmente a un menor

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a siete efectivos policiales con revista en el Grupo de Intervención Conjunta.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Miguel Exequiel Carrizo, Oscar Sebastián Torres, Mario Manuel Miranda, Víctor Hugo Quispe, Hugo Rolando Nicolás Villada Guzmán y Saúl Carlos Alfredo Chiliguay, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal y en calidad de autores.

Por otra parte, el efectivo Fabián Marcelo Molina, fue acusado del delito de omisión de los deberes de funcionario público, en calidad de autor.

La denuncia fue radicada por el padre de la víctima, de 17 años en ese momento, quien sostuvo que el 23 de febrero de 2020, cerca de las 5, estaba en su domicilio de Grupo 222 de barrio Castañares, mientras sus dos hijos festejaban el cumpleaños de un amigo.

En ese momento, escuchó un grito y al salir, vio que los jóvenes entraban al patio delantero y que había policías que disparaban con balas de goma y pintura.

El denunciante sostuvo que intentó hablar con quien estaba a cargo del operativo y que encontró un móvil con las siglas GIC (Grupo de Intervención Conjunta) y otro de Infantería (DUE).

Entre los efectivos, había uno que estaba lesionado, mientras otro filmaba con celular y otro, que amagaba con la cachiporra, le dijo que entregara a los jóvenes y que no los cubriera, porque había un efectivo lastimado.

Luego, llegó un móvil del 911 y otro efectivo que dialogó con el denunciante, insistió en que dejara salir a los chicos, para llevarlos a la Comisaría por averiguación de antecedentes y luego liberarlos.

Fue allí que el denunciante les dijo a los chicos que salieran y se llevaron a su hijo y al resto de los jóvenes, menos a su otro hijo.

Más tarde, cuando fue a ver al menor, lo vio lesionado en el rostro y el menor le dijo que los efectivos del GIC lo habían golpeado y que le dijeron “así que vos sos denunciante, a donde te veamos vas a cobrar, así que sos gallito…”.

Luego, cuando vio a su hijo en la Fiscalía 1, le vio lesiones en la sien, pómulo derecho y ojo derecho; y hematomas en dorsal izquierdo y en el estómago.

El menor víctima relató que mientras circulaban en el móvil, unos cinco o seis efectivos le mostraron un celular con la foto de su hermano y le dijeron “quien es éste”, por lo que el menor respondió que era su hermano y los efectivos le dijeron “que lo iban a matar, que donde lo vieran, lo iban a agarrar y lo iban a llevar al río y lo iban a matar”.

Luego le dijeron “así que sos machito y te la bancas” y le dieron dos disparos con balas de pintura. Uno le impactó en el pómulo derecho, cerca del ojo y el otro en la frente, del lado derecho, mientras le daban patadas en el estómago y golpes de puño en la zona de las costillas y el estómago.

Luego, lo llevaron al Centro de Contraventores, para hacerlo revisar con el médico. Mientras hacían la fila, le dieron golpes en las costillas.

Al salir lo hicieron arrodillarse mirando hacia la pared y continuaron con las amenazas sobre su hermano, al decirle que “los iban a violar y a matar”.

El menor también sostuvo que en el trayecto le pisaron el pecho y le dijeron “ojalá que adentro te caguen a puñaladas” y lo trasladaron a la Comisaría de Castañares, donde al bajar se acercó otro efectivo y le dio golpes de puño en el estómago y las costillas, y le dijo “ya nos vamos a cruzar”.

Luego, lo llevaron al Centro de Menores pero no los quisieron recibir, por lo que lo llevaron de nuevo al médico, porque faltaba la firma del certificado.

Cuando salieron del Hospital San Bernardo, uno de los efectivos recibió una llamada y dijo “cómo que le volaron los dientes a mi compañero?”.

El mismo efectivo, tras cortar la llamada, dijo “ahora le volemos los dientes a todos estos”, por lo que los jóvenes fueron golpeados en la cara.

Las lesiones fueron constatadas con el examen médico y las declaraciones testimoniales, que dieron cuenta que los efectivos del Grupo de Intervención Conjunta, que se encontraban en el móvil 1847, en ejercicio de una acto de servicio y con claro exceso en el uso de la fuerza, acometieron contra la integridad física del menor víctima y también contra su integridad psíquica, al inferirle sendos mensajes intimidatorios.

En relación al imputado Fabián Marcelo Molina, corresponde formular la acusación por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, ya que al desempeñarse como chofer del móvil 1847, incumplió con efectuar el informe de relevancia sobre el hecho, conforme lo requerido en el artículo 29 del reglamento para el uso de la fuerza pública, máxime cuando en dicho traslado se produjeron las lesiones denunciadas.

Piden el juicio contra policías de la DSU por lesionar a dos hermanos

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco efectivos policiales con revista en la División de Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera, acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves, en concurso ideal.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Walter David Peralta, el agente Humberto José Daniel Córdoba, el aspirante a agente José Darío Padilla y los cabos Jorge Adrián Pérez y Leandro Aníbal Vega.

La intervención de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, se produjo a raíz de la denuncia radicada por uno de los dos hermanos víctimas, quien puso en conocimiento que el 24 de abril de 2018, cerca de las 6, cuando salían de un boliche y caminaban por calle 20 de Febrero, de Rosario de la Frontera, fueron interceptados por un móvil policial con galera, a pocos metros de llegar a la intersección con la calle Soldado Sanguino.

Del móvil descendieron cinco uniformados, quienes gritaron a los hermanos “contra la pared”, por lo que sorprendido, el denunciante se sacó la mochila y la colocó en la vereda, mientras que su hermano no acató las órdenes y les pidió explicaciones.

Tras esto, fue arrinconado contra la pared y sin mediar palabras, le dieron un golpe de puño en la nuca y fue allí que el denunciante los insultó, por lo que recibió patadas, antes de que ambos fueran requisados y esposados.

Una vez arriba del móvil, los efectivos continuaron golpeándolos con cachiporras, hasta que llegaron al hospital, donde el médico de guardia sostuvo que los hermanos no tenían golpes. Luego, fueron trasladados a la Comisaría 31 y quedaron alojados durante dos horas.

Al momento de recuperar su libertad, los hermanos preguntaron los datos de los efectivos que los detuvieron, pero el personal de la Comisaría se negó a brindarles información.

Ambos hermanos se sometieron luego a nuevos exámenes médicos, que confirmaron lesiones en la cabeza, pecho, espalda, brazos y piernas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que la plataforma fáctica fue corroborada por la denuncia radicada por una de las víctimas, certificados médicos, copias de libro de guardia y nómina del personal de servicio en fecha y hora del hecho, y copias de actuaciones contravencionales en las que resultaron lesionados ambos hermanos por el accionar del personal integrante del móvil 1868, entre otros elementos de convicción reunidos.