La Fiscalía de Derechos Humanos visitó las unidades carcelarias de la ciudad

El recorrido forma parte de los relevamientos periódicos que permiten contar con información actualizada respecto a la población carcelaria y condiciones de detención.

En cumplimiento de lo normado por la Ley N° 7839/14 y de la Resolución 416/14 de la Procuración General de la Provincia de Salta, la fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, en representación del Ministerio Público Fiscal, llevó a cabo la visita periódica a los establecimientos de detención de la ciudad de Salta.

La inspección, que se concretó entre los días 25 y 26 de marzo, incluyó la Unidad Carcelaria N° 1, Unidad Carcelaria N° 4, Alcaidía masculina y femenina, Centro de Tratamiento para personas con Medidas de Seguridad y el Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal.

El objetivo de estas visitas es verificar el estado de las instalaciones, las condiciones de higiene en la que se encuentran los internos alojados, así como el trato dispensado por parte del personal de seguridad encargado de su custodia.

En cada uno de las unidades carcelarias, la fiscal Geria mantuvo contacto con los responsables, quienes proporcionaron datos estadísticos sobre la capacidad de los penales en comparación con la población actual (hombres, mujeres), las personas hospitalizadas o con alguna discapacidad, las enfermedades y tratamientos en curso, los reclusos que iniciaron medidas de fuerza y las razones de dichas decisiones, así como la población carcelaria LGBTIQ+.

Durante el recorrido por los pabellones de cada uno de los centros de reclusión, la Fiscal se entrevistó con los internos con el fin de conocer los casos de denuncias por malos tratos y la presentación de recursos de Hábeas Corpus. A los internos se les tomó los datos para ser citados posteriormente en sede fiscal y ampliar la información.

Además, la fiscal de Derechos Humanos se informó sobre las condiciones de higiene de las instalaciones y supervisó el trabajo del personal de salud (médicos, psiquiatras, psicólogos), los planes de vacunación, el cumplimiento de las actividades (talleres, recreación), y el funcionamiento de los núcleos educativos.

La fiscal Geria asistió acompañada de su auxiliar fiscal, personal administrativo y personal del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI).

Una vez cumplidas las visitas, desde la fiscalía se elevará un informa al Procurador General de la Provincia.

Cabe recordar que la Ley N° 7839 fue promulgada en septiembre de 2014 y, transformó las fiscalías denominadas de Causas Policiales y Penitenciarias, en Fiscalías de Derechos Humanos. En el inciso b) del artículo 2° establece que dichas fiscalías tendrán a su cargo la inspección de lugares de detención, conforme al programa que establezca la Procuración General de la Provincia.

Embarcación: Se investiga de oficio un presunto caso de abuso policial durante un procedimiento

A partir de una noticia criminis, publicada en un medio digital local, donde se daba cuenta que agentes de Infantería habían golpeado a un menor, tras un conflicto entre dos barriadas de la ciudad de Embarcación, la Fiscalía tomó inmediata intervención.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos, en feria, investiga de oficio un presunto caso de violencia institucional por parte de personal de Infantería de la Policía de la Provincia, durante un procedimiento.

En las imágenes registradas por una vecina, se observaría a un efectivo golpeando a un adolescente con chicotazos, patadas y golpes de puño, y con la presunta participación de otros dos efectivos, según da cuenta la noticia.

La Fiscalía dispuso el cumplimiento de diversas medidas tendientes a esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido los hechos, tales como pedido del video con registro de imágenes, pedido de informes, entre otras.

Se investiga de oficio la actuación policial durante un procedimiento

A raíz de una denuncia realizada por un vecino a través de un medio de comunicación local sobre el accionar de un efectivo policial durante un procedimiento, se iniciaron actuaciones de oficio.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos interviene de oficio ante una denuncia publicada en un medio digital local, en la que un hombre afirma que un efectivo policial le faltó al respeto, quiso sacarlo a empujones del lugar donde se encontraba y que se rehusó a identificarse.

Un vecino denunció que en la madrugada de este martes 26, durante un allanamiento en un local de calle Ayacucho al 1000, los efectivos convocaron a su madre, una mujer de 80 años que padece sordera, como testigo. Al reclamar por la participación de su madre en tal carga pública, el hombre afirmó haber sido empujado por un policía, quien además le impidió tomar fotografías y amenazó con detenerlo.

La fiscalía dispuso una serie de medidas, entre ellas el relevamiento vecinal por parte del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) y la revisión de cámaras del lugar donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de recopilar información relevante para la causa y avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.

Además, se dispuso citar al denunciante para que se presente en sede fiscal.

Paraje El Barrial: Se investiga el accionar policial durante un desalojo

El procedimiento se había llevado a cabo la mañana del pasado 11 de noviembre. Los denuciantes serán citados a declarar.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos inició una investigación ante las denuncias de dos presuntos damnificados durante un operativo de desalojo en el paraje El Barrial, cercano a la localidad de San Carlos.

Los dos  hombres habrían intentado impedir que se concretara el procedimiento que había sido ordenado por el Juzgado en lo Civil y Comercial Laboral y de Personas y Familia de Cafayate, lo que habría derivado en un enfrentamiento con las fuerzas policiales.

Apenas tomó intervención en el hecho, la Fiscalía dispuso una serie de medidas vinculadas con el accionar policial y ordenó el envío de un equipo del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) a fin de realizar tareas de campo y determinar si existen testigos de lo sucedido.

Por otro lado, los denunciantes serán citados a prestar declaración la próxima semana.

Fiscalía de Derechos Humanos de Salta investiga denuncias por presunta violencia policial

Están sospechados de haber agredido a integrantes de una familia durante un procedimiento. Uno de los afectados según el informe médico, perdió un ojo.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos, se encuentra a cargo de la investigación ante la denuncia de presunta violencia policial ocurrida en el barrio Castañares, donde un hombre perdió un ojo y otros miembros de su familia sufrieron lesiones.

Las actuaciones se iniciaron cuando la Fiscalía tomó conocimiento de los hechos a partir de una consulta realizada por personal de la Comisaría de Castañares de la ciudad de Salta, al auxiliar fiscal de Derechos Humanos, el lunes 4 de noviembre a las 7:20 a.m. El requerimiento se basó en una denuncia radicada en dicha comisaría por una mujer en representación de su concubino. La denunciante relató que esa noche escucharon una pelea cerca de su domicilio, lo que los llevó a salir al exterior para resguardar su vehículo familiar.

Durante los disturbios, la Policía habría llegado al lugar en móviles y disparado contra las personas involucradas en la gresca, afectando también a su familia. La mujer puso en conocimiento que su pareja sufrió una herida en el ojo derecho y, ante la falta de asistencia policial, tuvo que trasladarlo al hospital en un vehículo particular, donde le diagnosticaron pérdida total del ojo afectado.

Por otro lado, la madre del hombre herido presentó su propia denuncia, informando que sus hijos fueron agredidos por la policía al intentar proteger su vehículo. Relató que en el contexto de los disparos realizados por los efectivos, uno de los impactos alcanzó el ojo izquierdo de uno de sus hijos, y ella misma recibió una bala en la pierna derecha. La denunciante responsabilizó a los agentes policiales por las lesiones y daños causados a su familia, incluido el riesgo al que fueron expuestos los menores presentes.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, mantuvo contacto con las personas afectadas para informarles sobre el avance de la causa. Como parte de la investigación, fueron examinados por el equipo médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que colaborará en la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos.

Dos efectivos policiales condenados por vejaciones

Un hombre resultó damnificado con lesiones en su cuerpo, producto de los golpes con la cachiporra y los impactos de bala de goma que uno de los acusados le ocasionó. Ambos acusados cumplirán reglas de conducta.

La fiscal penal (i), Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VII del Tribunal de Juicio, Distrito Centro, en la audiencia de debate contra dos hombres de 32 y 43 años de edad por el delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

La mañana del 22 de julio de 2018, cuatro amigos regresaban de una fiesta caminando por la banquina derecha de la Ruta Nacional 68 y compartiendo una gaseosa. De forma imprevista, fueron interceptados por efectivos policiales que se desplazaban en una camioneta. Los agentes descendieron del vehículo y, en voz alta, les ordenaron que tiraran lo que estaban bebiendo.

Uno de los jóvenes respondió que solo estaban bebiendo gaseosa. Sin embargo, uno de los efectivos reaccionó sacando la cachiporra y golpeando la botella, para luego asestar un segundo golpe en el brazo izquierdo del joven, a la altura del codo. Tras esto, los uniformados subieron nuevamente al móvil policial y se retiraron.

A pocos metros del lugar donde los habían interceptado inicialmente, los policías volvieron a alcanzarlos. El mismo efectivo que había golpeado con la cachiporra a uno de los jóvenes le propinó nuevos golpes, esta vez en la cabeza y en el dedo meñique. En un intento de defenderse, el joven le arrebató la cachiporra al policía y la lanzó hacia un descampado para evitar que continuara golpeándolo, tras lo cual salió corriendo.

El uniformado tomó una escopeta y disparó contra el joven, quien, junto a sus amigos, continuó corriendo hasta llegar luego, al centro de salud del barrio Intersindical. Allí recibió atención médica por las heridas causadas por el disparo. Uno de los impactos lo alcanzó en la espalda y el otro en el glúteo izquierdo.

en su rol de funcionarios policiales, actuaron con un claro exceso de sus funciones. El acusado de 32 años, quien al momento de los hechos se desempeñaba como agente, fue señalado como autor de vejaciones, ya que agredió al damnificado mediante golpes y disparos con balas de goma, causándole lesiones.

Todo ello, afirmó la fiscalía, corroborado por las pruebas documentales, informes médicos y fotografías, lo que corrobora las lesiones sufridas. Asimismo, se encuentran los testimonios que dan cuenta del hecho y del perjuicio causado contra la integridad física del damnificado.

Por su parte, el acusado de 43 años, quien se desempeñaba como sargento al momento del incidente, también fue imputado por el mismo delito, pero en calidad de omisión. Según la fiscalía, el sargento presenció los hechos y habría permitido que se cometieran las vejaciones. Además, habría utilizado su arma reglamentaria para intimidar a los jóvenes con un propósito de burla o sorna, sin justificación alguna.

El Juez Francisco Mascarello condenó a los acusados a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial de 5 años por considerarlos penalmente responsables del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia.

En el mismo fallo, el Juez les impuso a los condenados, reglas de conducta por el término de 2 años y 6 meses, entre ellas, someterse a tratamiento psicológico por el tipo de delitos por el que fueron condenados y ordenó el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados.

Se investiga de oficio el accionar policial en un caso de amenazas y violencia

A partir de una noticia criminis, la Fiscalía de Derechos Humanos dio inicio a las primeras actuaciones, a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos que se denuncian.

La Fiscalía de Derechos Humanos inició de oficio una investigación ante una denuncia publicada en un medio digital local, en la que una mujer afirma ser víctima de amenazas y violencia por parte de personal policial.

La noticia da cuenta que la presunta damnificada radicó varias denuncias a raíz de los constantes hostigamientos que sufriría de parte de sus vecinos, desde hace dos años, aproximadamente, que incluirían amenazas con arma blanca y agresiones hacia su familia, inclusive los menores de edad.

El agravante estaría dado por el hecho de que, según afirma la mujer, la intervención de la policía habría empeorado la situación, dado que algunos efectivos estarían actuando a favor de los supuestos agresores. Incluso, un uniformado habría amenazado de muerte a su esposo e hijos.

La fiscalía de Derechos Humanos, apenas tomó conocimiento, inició una actuación de oficio, disponiendo una serie de medidas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados.

Joaquín V. González: Se investiga denuncia por presunto caso de violencia policial

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos investiga un presunto hecho de violencia que involucraría a dos efectivos policiales, conforme a lo que declarara la madre del supuesto damnificado.

La denunciante se presentó en la fiscalía penal de Joaquín V. González, manifestando que la noche del pasado 1 de agosto salió en busca de su hijo, quien le había sustraído una campera, la que descubrió que la había vendido.

Según el relato, antes de recuperar la prenda, se hizo presente personal policial. Uno de los efectivos le dijo que buscarían a su hijo para demorarlo y que luego la llamarían para que fuera a la dependencia.

Al rato de retirarse el móvil policial, la mujer escuchó disparos de arma de fuego. Camino a su casa, la mujer dijo que encontró a su hijo semidesnudo, con golpes en el rostro, mojado, alterado y con dolores en el cuerpo.

La presunta víctima le dijo a su madre que los efectivos lo habían golpeado, mojado con agua fría y que, además, habría sido abusado utilizando una cachiporra.

La mujer dejó a su hijo en su casa y se dirigió a la comisaría a radicar denuncia. Sin embargo, señaló que no se la habrían tomado, argumentando que su hijo es mayor de edad y que necesitaba un certificado de discapacidad.

Desde la Delegación de Fiscalía Penal de Joaquín V. González, por instrucciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, luego de recibida la novedad, se dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor, como parte de la apertura de una investigación a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos.

Entre las acciones tomadas, se incluyen la obtención de copia del libro de guardia, la nómina del personal de turno de División Infantería, el relevamiento de testigos, y un examen de reconocimiento médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la presunta víctima, entre otras.

Tartagal: Se investiga un presunto caso de vejaciones y lesiones durante procedimiento policial

El hecho fue denunciado el pasado lunes 5 de agosto por un hombre que afirma haber sido víctima de violencia por parte de personal policial.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos investiga las circunstancias en las que se habría producido un presunto caso de vejaciones, apremios ilegales y severidades por parte de personal policial contra un hombre de 22 años.

Conforme a la denuncia, el hecho ocurrió la madrugada del pasado domingo 4 de agosto cuando dos policías habrían tumbado al suelo al damnificado, quien se encontraba solo en su moto, a la espera de su novia, con quien había mantenido una discusión a la salida de un local bailable.

Los efectivos, además, habrían esposado al hombre golpeándolo en diferentes partes del  cuerpo. Luego fue trasladado al hospital de la zona donde, según declaró, no fue examinado para finalmente ser conducido a una dependencia policial donde quedó demorado por unas horas.

La Fiscalía de Derechos Humanos, apenas recibida la novedad, impartió directivas, entre ellas, hacer examinar al denunciante el mismo día 4 de agosto, por parte de un médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), todo ello a fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho, requiriendo, además, su cumplimiento con carácter de urgente.

Un policía condenado por lesiones leves y lesiones graves

El efectivo fue juzgado por un hecho de violencia institucional que tuvo lugar en diciembre de 2019, a la salida de un baile, en la localidad de La Silleta.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala III del Tribunal de Juicio del distrito Centro, vocalía a cargo de la jueza Carolina Sanguedolce, en la audiencia de debate contra un cabo de la Policía de la provincia, como autor de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones graves en concurso real y que, al momento de los hechos, el efectivo policial revestía en la División Infantería.

El hecho sucedió el 9 de diciembre de 2019, cuando el Cabo llegó a bordo de un móvil policial al Complejo La Silleta, junto a otros efectivos, a realizar el despeje de los concurrentes a un baile.

En determinado momento, el acusado, quien portaba un arma marcadora, efectuó disparos en el exterior del predio, uno de los cuales impactó en el globo ocular derecho de la víctima, ocasionándole una grave lesión que derivó en un debilitamiento permanente y posterior pérdida del ojo.

En el mismo hecho, el cabo le ocasionó lesiones con la misma arma a un primo de la víctima, produciéndole lesiones de consideración en la espalda.

Cabe mencionar que la víctima que sufrió la pérdida del ojo falleció por razones ajenas a la causa. No obstante, esta siguió su curso y culminó en el juicio que se sustanció en contra del policía.

En el requerimiento, la Fiscalía había solicitado una pena de 2 años de prisión.

La Jueza de la Sala III condenó al acusado a la pena de 1 año y 2 meses de prisión de ejecución condicional por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves y lesiones graves.