La Iniciativa Spotlight destaca la apertura democrática del Comité y propone fortalecerlo a través de una Ley

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del MPF, recibió en  un encuentro virtual a la coordinadora de la Iniciativa Spotlight en ONU Mujeres Argentina, Carla Majdalani; a Mildred Iriarte, de la misma Iniciativa y a la  consultora del Comité, Alba Ruibal. Durante la reunión, se abordaron la propuesta de Reglamento interno y Guía de lectura del Protocolo de Femicidios UFEM, además del diagnóstico hecho sobre el Comité.

Durante el encuentro realizado a través de una plataforma digital, Majdalani destacó que Salta es una de las provincias priorizadas por la Iniciativa Spotlight, y anunció que en breve, iniciará la fase 2 de acciones, la cual se extenderá hasta diciembre de 2022. “El Comité resulta para ONU una experiencia particular, innovadora e interesante” señaló la especialista, al referirse al trabajo que se viene realizando en forma conjunta.

La consultora del Comité, Alba Ruibal, se refirió a la propuesta de Protocolo o Reglamento interno, elaborada por ONU para al Comité, que fue puesto a disposición de sus integrantes, quienes tendrán la responsabilidad de reformarlo y aprobarlo, de acuerdo a las necesidades y requerimientos específicos de Salta y su estructura.

Ruibal compartió el diagnóstico realizado y consideró que las funciones prioritarias previstas inicialmente para el Comité (de elaborar un protocolo para la investigación de casos de muertes violentas de mujeres y de crímenes perpetrados en contra de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género; y de trabajar en la unificación de criterios para la elaboración de un registro de femicidios); fueron superadas “a través de distintas intervenciones exitosas que van más allá de los dos objetivos originales del Comité”.

Por ello, consideró Ruibal que una Ley que regule la tarea del Comité, podría otorgar una estructura de mayor inserción en la institucionalidad provincial, porque “la apertura y democratización del MPF hacia otras instituciones, actoras y actores de la sociedad implicados en la lucha contra la violencia de género y los femicidios, ya es una de las principales fortalezas, desde 2019”.

Falta compromiso de los poderes del Estado

El procurador general, Abel Cornejo –en su calidad de Presidente del Comité-, destacó que el protocolo UFEM se viene aplicando desde 2019 en el MPF provincial, y admitió su “desazón”, por haber propiciado el MPF la creación de una Fiscalía especializada (UFEM) y la capacitación de sus operadores, pero por el contrario “en muchos juicios y a nivel jurisprudencial, no se aplica la perspectiva de género y hay tribunales que  tienen el desparpajo de decirnos que hemos investigado mal”. Al referirse al nuevo femicidio ocurrido recientemente en el municipio de Vaqueros, -el mismo donde fue víctima Jimena Salas-, Cornejo advirtió que “no se ven políticas de estado correctivas, empezando por la Policía de la Provincia, donde no se avanzó como se había prometido”, en capacitación sobre violencia de género.

Sostuvo que “no hay compromiso de los poderes del Estado cuando no hay capacitación específica y entonces, ratificamos que no basta con ser declamativos: hay que militar en contra de la violencia”.

El 16 de diciembre de 2019, la Procuración General de Salta adoptó de manera integral el “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)” (Protocolo UFEM) para su uso en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la provincia.

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género repudia la violencia de género e institucional ejercida sobre una docente de la UNSa

Las y los integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, expresan su repudio a la violencia ejercida por el profesor Facundo González contra la docente Ana Echenique en una sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades  de la Universidad Nacional de Salta, al emplear el término “orgasmo” para referir al placer sexual que supuestamente le generaba a la docente la posibilidad de que él manifestante cesara en su cargo. Asimismo, instan a la Universidad Nacional de Salta a adoptar las medidas conducentes al cumplimiento de la Ley Nacional 26.485, Ley Provincial 7888 y Tratados ccs.

La declaración del profesor se produjo en el marco de una sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, el 23 de abril de 2019. Con esta conducta ha conculcado los Derechos Humanos, de las Mujeres y ha desacatado abiertamente la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (26.485), como también la ley local Nº 7888; justificando con ello la intervención del Juzgado de Violencia de Género que ha acogido favorablemente el reclamo de la docente.

En efecto, ambas legislaciones abordan la violencia de género de manera integral y transversal, en línea con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de “Belem do Pará”). Esto implica que se entiende la violencia hacia las mujeres como una problemática pública estructural atravesada por lo cultural, lo económico y lo político. Por esto, entre los objetivos esenciales de estas leyes se encuentra la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Como es sabido, la legislación vigente establece diferentes tipos de violencia y modalidades. Si bien puede predominar un tipo de violencia en algún caso, nunca son compartimentos estancos, ya que accionan varios tipos de violencia sobre una mujer en momentos y contextos determinados. Es precisamente lo que sucedió con este caso cuando a la violencia verbal inicial le sucedió la violencia institucional como resultado de más de dos años de demoras en la emisión de la Resolución por parte del Decanato de la Facultad de Humanidades; tal como lo ha expuesto claramente la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta que también se ha expedido en este caso.

Por ello, repudiamos las violencias ejercidas y manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que esa Casa de Altos Estudios no brinde la adecuada respuesta a la denuncia realizada, cuando se espera de ella no sólo la excelencia académica sino también los más altos niveles de resguardo de los derechos de las personas que integran su comunidad, en una provincia como la nuestra,  tan severamente golpeada por la violencia de género en todas sus formas y con los índices de femicidio de los más altos del país.  

Por otra parte, este Comité entiende que la demora y revictimización de la docente, trasciende su situación personal, ya que el mensaje que hoy la Universidad brinda a la comunidad universitaria y especialmente al estudiantado, contradice aquello que debería ser objetivo fundamental de una institución formadora de futuras y futuros profesionales: la búsqueda y creación de políticas institucionales que reviertan el impacto negativo sobre las trayectorias académicas y laborales que causan los significados culturales asociados a la feminidad y la masculinidad y la desnaturalización de los micromachismos y estereotipos; así como la discriminación hacia quienes integran el colectivo LGTTTBIQNB+. En cambio, debería ser objetivo primordial, -especialmente cuando hablamos de la Facultad de Humanidades-, el aporte a la transversalización de la perspectiva de género en la formación profesional y la dinámica institucional.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, y de que resta aún que el Consejo Superior resuelva la impugnación a la Resolución de la Facultad de Humanidades, presentada por la denunciante, este Comité no puede dejar de exhortar a la Universidad Nacional de Salta a que:

a) Se intensifiquen las acciones para la puesta en funcionamiento de la Comisión de atención de los casos de violencia prevista en el protocolo que ya está aprobado (dado que lo que se hizo hasta aquí es claramente ineficiente).

b) Se disponga el sumario correspondiente, teniendo en cuenta el enfoque de género que el caso amerita.

c) Se implementen las acciones necesarias para dirimir las responsabilidades institucionales de las autoridades que produjeron la situación de violencia institucional al omitir o dilatar la toma de medidas en resguardo de la víctima.

d) Se tomen las medidas necesarias para evitar la persistencia o nueva manifestación de violencia sobre la denunciante.

e) Se otorgue adecuado tratamiento a las situaciones de  violencia y acoso  que ocurran en el ámbito laboral desde la perspectiva de género y diversidad y con acciones concretas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia a razón de género, de conformidad al Convenio 190 y la Recomendación 206 ratificados por nuestro país a través de la ley nacional 27.580, el 15 de diciembre de 2020.

f) Se instrumenten propuestas pedagógicas de sensibilización y formación en género y violencia por motivos de género y diversidad, a todo el personal dependiente de dicha institución de conformidad a la Ley 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado.

El pronunciamiento fue acompañado por la mayoría de integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal.

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género repudia a un Diputado Nacional

Las y los integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, expresaron su repudio al diputado nacional por Salta, del interbloque Juntos por el Cambio, Martín Federico Grande, quien se refirió a la fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, como “atorranta”.

La declaración del Legislador se  produjo en el marco de una entrevista realizada por los periodistas Agustín Poma y Alexis Miranda, el martes 18 de mayo del corriente año, a través de FM Noticias, en la que el Diputado Nacional manifestó, entre otros conceptos, que “esa fiscal, a pesar de que yo tengo libertad de opinión, cuando yo hablé del tema Huergo, me llevó a declarar. Es una absoluta ineficiente funcionaria, que te puedo asegura que sí caza brujas y brujos, porque te lleva a declarar sin tener absolutamente nada para declarar….y por supuesto nunca me voy a negar a declarar, pero lo que hizo esa fiscal no tiene nombre… yo tengo libertad de opinión y me lleva a mí a declarar por el tema Huergo cuando en realidad es ella la que debería llevar a declarar a Huergo y a todos sus cómplices, inclusive a los que están en la Municipalidad de Salta, después del tremendo afano que hicieron el año antepasado. Preguntale a la fiscal si llevó a declarar a alguien…mirá…es una verdadera incapaz, miran para el lado que les conviene, pero cuando tienen que averiguar lo complejo……lo único que hicieron es llevarme a declarar”; y entonces, se dirigió a uno de los periodistas al decirle  “vamos viejo, haceme el favor, no pongas de ejemplo a esta fiscal, que me parece a mí, una atorranta, mirá”…

El Diputado Nacional no solo falta a la ética y demuestra su falta de formación en Derechos Humanos, de las Mujeres y en Perspectiva de Género, sino que -a pesar de ser legislador-, desconoce la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (26.485). Una particularidad de esta ley es que aborda la violencia de género de manera integral y transversal, en línea con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de “Belem do Pará”).

Esto implica que entiende la violencia hacia las mujeres como problemática pública estructural atravesada por lo cultural, lo económico y lo político. Por esto, entre los objetivos de la ley se encuentra la “remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”. (Art. 2 punto e). Además, la ley establece diferentes tipos de violencia y modalidades, entre las cuales Grande es responsable de haber ejercido, al menos, violencia simbólica en su modalidad mediática.

Si bien puede predominar un tipo de violencia en algún caso, nunca son compartimentos estancos, ya que accionan varios tipos de violencia sobre una mujer en momentos y contextos determinados. Es lo que sucedió este martes con la Fiscala atacada públicamente por el Legislador, quien esbozó más tarde un ofrecimiento de disculpas a través de la red social Twitter, donde subestimando a sus seguidores y a la propia destinataria, publicó: “Hoy en una entrevista radial traté a la fiscal Simensen De Bielke de atorranta ««atorrante» es un americanismo que significa ‘vago’, ‘holgazán’, ‘desvergonzado'» no fue la palabra más adecuada, pido disculpas públicas a la Fiscal”, cuando con solo recurrir al buscador de Google, se puede confirmar que entre las primeras acepciones del lunfardo, “atorranta”, -cuya etimología viene de atorrante-, y se define como: “Dicho de una mujer, que da con facilidad favores sexuales, especialmente por interés, sin ser prostituta de oficio”. Para agregar, es casi una obviedad decir que el cambio de apellido de la Fiscala, mal escrito por el Diputado, no es casual y sí una forma de atacar también su identidad.

La Violencia Simbólica contra las mujeres es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.  

El Diputado Nacional, además, es candidato a senador provincial, cuerpo que cuenta hoy con una sola Senadora, sobre 23 legisladores en total de la Cámara Alta.

Por ello, manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que un legislador que representa en el Congreso Nacional a nuestra Provincia, severamente golpeada por la violencia de género en todas sus formas y con los índices de femicidio de los más altos del país; y con aspiraciones de integrar la Legislatura provincial, siga sin capacitarse y pretenda mantenerse por ese camino.  

Grande es representante en uno de los poderes del Estado y además, tiene la responsabilidad de conducir un programa televisivo y radial diario, lo que cual, -de mínima-, implicaría que conozca que todos los medios de comunicación, están contemplados también en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, cuando establece que “la Violencia mediática contra las mujeres es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Este Comité no puede dejar de mencionar su preocupación ante el hecho de que apenas Grande trató de “atorranta” a la Fiscala, el periodista Miranda dijo que “justo estaba hablando de lo que dijo el ministro Pulleiro”, y poco después se sumó Poma, quien consultó sobre la competencia de la causa sobre la que discutían. Es decir, ninguno de los dos comunicadores advirtió al Legislador sobre la violencia ejercida un momento antes contra la Funcionaria del Ministerio Público Fiscal, y en cambio, la toleraron como si nada se hubiera dicho, naturalizando la conducta y lenguaje machista de Grande.

2020-2021: Dieciocho investigaciones penales por femicidios en Salta

El Ministerio Público Fiscal de Salta inició investigaciones penales por 16 víctimas de femicidio en 2020 y otras dos, por mujeres que fueron asesinadas entre enero y marzo de este año.

De acuerdo a la información disponible en el Sistema, los casos que se investigan o investigaron como posibles femicidios en 2020, son los siguientes:

  • Distrito Norte (Orán, Tartagal): Cinco femicidios

Víctimas: Araceli Beatriz Pereyra, 8 años; Plácida Meléndez Llafaya, 42 años; Elvira Sabán, 65 años; María Liz Elizabeth Flores, 15 años; Gabriela Beatriz Sánchez, 30 años.

  • Distrito Sur (Circunscripción Anta): un femicidio, correspondiente a Joaquín V. González.

Víctima: Analía Anabel Astorga, 27 años.

  • Distrito Centro (Capital, Gral. Güemes, Cafayate, Cerrillos, San Lorenzo, Rosario de Lerma, Cachi): Diez femicidios.

Víctimas: Paola del Milagro Ávila, 35 años; Claudia Roxana Padilla, 37 años; María Leonor Gine, 70 años; Rosa del Milagro Sulca, 48 años; Alicia Analía Mamaní, 37 años; Milagros Melina Flores, 24 años; Valeria Noemí Liendro, 50 años; Fabiana Magdalena Arismendi, 42 años; Celeste Ángeles Lois, 19 años; Graciela Carolina Flores, 44 años.

En tanto, los totales por distrito y nombres de las víctimas hasta marzo de 2021 son los siguientes:

  • Distrito Norte: Un femicidio.

Víctima: Nancy Elizabeth Villa, 14 años.

  • Distrito Centro: Un femicidio

Víctima: Macarena Sol Blanco Domínguez, 28 años

En nuestro país, la ley 26.7911, sancionada el 14 de noviembre de 2012, reformó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios especialmente relacionados con el fenómeno de la violencia de género. En particular, esta norma amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo (inciso 1°) y el catálogo de crímenes de odio (inciso 4°), e incorporó las figuras de femicidio (inciso 11°) y “femicidio vinculado” (inciso 12°).

Confirman sanciones al titular de un medio por publicaciones misóginas, agraviantes y descalificantes

El juez Martín Coraita, de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el titular de la revista “Fuera de la Ley”, y confirmó de esa manera, lo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género del Distrito Orán, que le impuso prohibiciones en cuanto sus publicaciones y estableció que los integrantes del medio, deben capacitarse sobre violencia mediática con perspectiva de género.

El magistrado considera que “la presentación adolece de una crítica concreta y detallada del fallo recurrido en los aspectos esenciales que lo sustentan”.

Cabe recordar el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, presentó una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial Orán contra Luis María Gómez como titular del medio. Lo hizo en virtud de las publicaciones realizadas por la revista “Fuera de la Ley”, en la que a través de agravios y descalificaciones, deliberadamente, atacó a funcionarias y magistradas del Ministerio Público que cumplen funciones en las áreas de investigación de distintos delitos, especialmente aquellos en los que se encuentran vulnerados derechos de niñas, niños y mujeres, y en problemáticas tan sensibles como la violencia contra las mujeres, el género y los delitos contra la integridad sexual.

En razón de esto, la jueza Adriana Maidana Vega, resolvió prohibir a Luis María Gómez como titular de la revista “Fuera de la Ley”, la publicación de imágenes, nombres o datos que permitan conocer en forma directa o indirecta la identidad de mujeres, niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos y toda publicación que contenga datos sensibles de las causas y que afecte sus derechos fundamentales.

Prohibió también publicaciones con connotaciones misóginas, toda comunicación sexista y descalificadora de las operadoras de justicia, cualquiera sea su tarea, cargo o jerarquía, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.

Una consultora de la Iniciativa Spotlight ya trabaja con el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género de Salta

La Dra. Alba Ruibal fue presentada a las y los integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género de Salta. Ruibal acompañará el fortalecimiento del Comité, bajo la gestión de ONU Mujeres Argentina y la supervisión de la Coordinación de la Iniciativa Spotlight por ONU Mujeres.

Durante un encuentro virtual, la coordinadora de la Iniciativa Spotlight en ONU Mujeres Argentina, Carla Majdalani, presentó a la especialista Alba Ruibal, quien es Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo y Doctora en Ciencia Política por FLACSO México; Magister en Ciencias Políticas por New York University y Magister (LLM) en Derecho comparado, europeo e internacional por el Instituto Universitario Europeo. Desde hace unas dos décadas, sus investigaciones se desarrollan en los campos de la ciencia política y la sociología jurídica, y desde 2010 su trabajo se ha focalizado en el área de género, derecho y sociedad. Ruibal guiará  la elaboración de un protocolo de funcionamiento y la sistematización de la información del Comité, además de la adaptación del “Protocolo de Femicidios para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios)” a nivel provincial.

En ese contexto, el procurador general y presidente del Comité, Abel Cornejo destacó el aporte de Ruibal, que permitirá que el Comité avance en su trabajo a favor de los derechos de las mujeres y diversidades, contra cualquiera de las formas de desigualdad y violencia y para construir una sociedad más justa. Insistió en la necesidad de consolidar políticas de Estado para intervenir estratégica e integralmente y así, superar las desigualdades estructurales de género. En ese sentido, sostuvo que persiste “la visión patriarcal en muchos organismos públicos, desde donde se siguen ejerciendo micromachismos, inclusive a través de representantes que pretenden ser irónicos, cuando en realidad están fomentando la violencia”. Insistió en la necesidad de mayor compromiso de los tres poderes del Estado, porque lo contrario permite el avance de la violencia y “nos degrada como sociedad”. En ese marco, Cornejo también consideró que ese abordaje debe implicar a la educación y que se garantice el acceso a la Educación Sexual Integral a las y los estudiantes de todos los niveles.

Por su parte, Ruibal destacó su relación, en calidad de investigadora y docente, con la problemática de género en la provincia y manifestó su convicción de que Salta, “al mismo tiempo que es un enclave conservador altamente restrictivo de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, es también un lugar de gran experimentación y avance en materia de iniciativas provenientes principalmente del movimiento social y de sus aliadxs en el Estado”. Dijo que las iniciativas “han convertido a la provincia en vanguardia, por ejemplo en cuanto al litigio estratégico por la igualdad de género y por la laicidad en las instituciones públicas de educación”.

Asimismo, manifestó  su deseo de que el Comité, se convierta también en una política pública ejemplar en la lucha contra la violencia de género en Salta y el país, pues se trata de uno de los lugares de la Argentina que registra los mayores índices de femicidios y ataques a la integridad sexual, pero a la vez, es un sitio con enormes potencialidades sociales para el desarrollo de movimientos y políticas innovadoras para el avance de los derechos.

Durante el encuentro, participaron también Mildred Iriarte, de la Iniciativa Spotlight; la directora del CIF y coordinadora de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet;  la fiscal de Violencia de Género, Claudia Geria; la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso; la directora del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto; la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández y la abogada de la ONG, Gabriela Rodríguez, la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, las abogadas Rosaura Gareca y Tania Nieves Kiriaco; el abogado Leandro Ramos; el subsecretario de Formación, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Federico Uldry Fuentes; la subsecretaria de Igualdad de Derechos, Natalia Fuentes y la responsable del Área de Equidad de las Mujeres de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Rivera.

La Iniciativa Spotlight concursa una consultoría para el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género de Salta

El llamado a concurso para Consultor/a nacional para acompañar el fortalecimiento del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género de la provincia de Salta, fue publicado este viernes y se abrirá el jueves próximo, 22 de octubre. La consultoría será gestionada por ONU Mujeres Argentina y la supervisión de la consultoría será realizada por la coordinadora de la Iniciativa Spotlight por ONU Mujeres.

El objetivo general de la consultoría es brindar apoyo para el fortalecimiento del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta. El resultado general de la consultoría rentada, se centrará en los siguientes ejes:

1. Sistematizar la información generada por el Comité durante sus encuentros, así como también la generada durante el seguimiento de los compromisos asumidos en cada instancia para contribuir con el fortalecimiento del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta.

2. La adaptación del Protocolo de Femicidios para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (Femicidios) a nivel provincial.

Los objetivos específicos de la consultoría son:

– Elaborar un protocolo de funcionamiento para el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidos y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta

– Sistematizar la información generada en las reuniones del Comité

– Promover un mecanismo de participación activa de todas las personas que integran el Comité

– Acompañar el proceso de adaptación del “Protocolo de Femicidios para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios)” a nivel provincial.

ONU Mujeres y Comité

La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembro, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros actores relevantes

El 10 de septiembre de 2019, mediante Resolución N° 881 de la Procuración de la Provincia de Salta se estableció el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, de conformación intersectorial. En 2020, se amplió la participación a distintas áreas gubernamentales, a la sociedad civil y personas con experiencia en la temática. Asimismo se incluyó el concepto de transfemicidios, atento a la necesidad de incluir a colectivos que desde hace años reclaman igualdad de derechos.

El Comité estableció como una de sus prioridades trabajar en protocolo para la investigación de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios) y aquellos perpetrados en contra de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, y en la unificación de los criterios para la elaboración de un registro de femicidios, todo ello conforme las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes

Los requisitos, criterios de evaluación y otros parámetros de la consultoría, pueden consultarse en este link: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=94687

Iniciativa Spotlight avanza en la asistencia técnica para el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, se reunió este martes con la coordinadora de la Iniciativa Spotlight de ONU Mujeres Argentina, Valeria Serafinoff y  la especialista de programa de ONU Mujeres, Carla Majdalani, con quienes avanzó sobre la asistencia técnica que brindará la Oficina nacional. La Iniciativa Spotlight es una acción global orientada a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Durante el encuentro, el procurador Cornejo -en su calidad de presidente del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género-, trazó un repaso sobre los casos emblemáticos de desapariciones de mujeres y femicidios ocurridos en Salta durante los últimos años, las dificultades que en muchos casos se presentaron para la investigación y la necesidad de capacitación, concientización y sensibilización en perspectiva de género y de políticas públicas más sólidas para frenar la violencia hacia las mujeres.

Por su parte, Serafinoff y Majdalani recordaron las acciones ya desplegadas y las programadas por la Iniciativa Spotlight, en Salta. La Procuración General se sumó en mayo de 2019, cuando se definió el apoyo al Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, para trabajar en la adaptación del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

Precisamente, el MPF adhirió en diciembre pasado al Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)” confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. Se basa en el Modelo ONU.

Ahora, la Oficina nacional de ONU Mujeres en Argentina y el Ministerio Público Fiscal, avanzan en la próxima asistencia técnica, que permitirá el fortalecimiento del Comité; acompañar el proceso de adaptación del Protocolo de Femicidios (ONU) según contexto provincial; apoyar la creación y fortalecimiento de la Mesa de trabajo Interinstitucional de abordaje de la Violencia Familiar y de Género; elaborar materiales de capacitación sobre planificación y monitoreo de políticas públicas con perspectiva de género y; apoyar y dar seguimiento a distintas capacitaciones de los equipos técnicos.

La Iniciativa Spotlight es una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que busca eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. En Argentina el foco está puesto en la erradicación de los femicidios y es implementada con el liderazgo de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en el país a través de cuatro agencias (ONU Mujeres, PNUD, UNFPA y OIT, a las que se suma UNICEF como agencia asociada). Desde su puesta en marcha en marzo de 2019, la Iniciativa Spotlight viene acompañando a la sociedad civil, el Estado Nacional y los gobiernos de Salta, Jujuy y Buenos Aires en diferentes acciones tendientes a poner fin a la violencia de género.

Cuarentena: 15 denuncias diarias por violencia de género desde el inicio del aislamiento

Desde que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio de la población, el viernes 20 de marzo y hasta el 7 de abril pasado, el Ministerio Público Fiscal de Salta recibió 270 denuncias por violencia de género.  La mayoría se concentran en el Distrito Judicial del Centro. También se denunciaron delitos informáticos de contenido sexual.

Un total de 270 denuncias por violencia de género fueron radicadas en fiscalías de todo el territorio provincial, desde el 20 de marzo pasado y hasta el martes 7 de de abril, inclusive. Del total, 154 corresponden al Distrito Judicial Centro;  40 al Distrito Judicial Tartagal, 32 al Distrito Judicial Orán; 27 al Distrito Judicial Sur – Metán, y 17 al Distrito Judicial Sur – J.V. González.

Discriminación por Distritos

En el Distrito Judicial Centro – Salta, (que comprende los departamentos Capital, La Caldera, General Güemes, Cerrillos, Chicoana, Guachipas, La Viña, Rosario de Lerma, Cachi, Molinos, La Poma, Los Andes, y los municipios Santa Victoria Oeste y Nazareno del departamento Santa Victoria y el municipio Iruya del departamento homónimo), la discriminación por fiscalías fue la siguiente:   

  • Capital: 127
  • Rosario de Lerma: 11
  • Cerrillos: 9
  • El Carril: 5

En el Distrito Judicial Centro – Cafayate, que comprende los departamentos Cafayate y San Carlos:

  • Cafayate: 2

En el Distrito Judicial Tartagal (que comprende el departamento San Martín y los municipios Santa Victoria Este y Rivadavia Banda Norte del departamento Rivadavia), las denuncias se dividieron de esta forma:

  • Tartagal: 33
  • Embarcación: 5
  • Salvador Mazza: 2

En el Distrito Judicial Orán, (que comprende el departamento Orán, el municipio Rivadavia Banda Sur del departamento Rivadavia, el municipio Los Toldos del departamento Santa Victoria, y el municipio Isla de Cañas del departamento Iruya), las denuncias se radicaron en este orden:

  • Orán: 25
  • Pichanal: 6
  • Colonia Santa Rosa: 1

En el Distrito Judicial Sur – Metán, comprendido por los departamentos Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria:

  • Rosario de la Frontera: 10
  • Metán: 17

Finalmente, en el Distrito Judicial Sur – J.V. González, que comprende el departamento Anta, las denuncias se radicaron en este orden:

  • Joaquín. V. González: 8
  • Apolinario Saravia 6
  • El Quebrachal: 1
  • Las Lajitas: 2

Grooming y otros delitos sexuales

En otro sentido, del 20 de marzo al 8 de abril inclusive, las fiscalías recibieron 19 denuncias por Grooming y delitos sexuales a caratular.

Del total, 5 fueron por Grooming (4 radicadas en el Distrito Judicial del Centro y 1 en el de Orán); y otras 14, por delitos sexuales a caratular (vinculados con el uso de herramientas informáticas). De esas 14 denuncias, 10 se radicaron en fiscalías del Distrito Judicial del Centro; 3 en el de Tartagal y 1 en el de Metán.

El Grooming es un delito penal descripto en la Ley 26.904, y que incorpora al Código Penal el artículo 131, que establece que “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

El MPF y la Fundación Cintia Fernández capacitan sobre investigación y litigio de femicidios

La capacitación virtual sobre el “Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios) – UFEM”, propuesta por la Fundación Cintia Fernández, será dictada este viernes 10 de abril, desde las 17, a través del canal oficial de YouTube del Ministerio Público Fiscal. Fue declarada de interés por el Procurador.

En 2019, la Procuración General  aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Salta el “Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios)” confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. (Ver más: Fiscales de Salta adoptan el Protocolo de femicidios de la UFEM y ONU)

Por ello, resulta de especial interés para el organismo el intercambio de experiencias y conocimientos que se producirán en este tipo de capacitaciones, cuya plataforma virtual se encuentra al alcance de todos los magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal; y el público en general que esté interesado en la temática.

La capacitación propuesta por la Fundación Cintia Fernández, a través de la disertación de la abogada Gabriela Rodríguez, integrante del Comité de Evaluación de Femicidios y Transfemicidios y Violencia de Género, y la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, fue declarada de interés del Ministerio Público Fiscal de Salta, a través de la Resolución 968, firmada por el procurador Abel Cornejo y la coordinadora general, Ana Cecilia Carraro.

La capacitación virtual sobre el “Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios) – UFEM”, se ofrecerá este viernes, desde las 17, a través del Canal Oficial de YouTube, https://www.youtube.com/channel/UCJTsCn0xbkniaFIIx1iQrTA