Importante capacitación en Biología Molecular Forense

La Escuela del Ministerio Público de Salta ofrecerá una capacitación virtual en Biología Molecular Forense, organizada por profesionales del Cuerpo de Investigadores Fiscales.

Desde el lunes 23 de agosto, la capacitación sobre toma, conservación y transporte de muestras biológicas y serología y genética forense, tendrá una duración de dos meses y se dictará los lunes, de 14 a 16.

Los especialistas que capacitarán son Alejandra Guinudinik, Gabriela Liliana D’Anscenzo, Marcelo Luis Parada, Sandra Soledad Ramírez y Silvia Elizabeth Ramírez.

Podrán acceder magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios y profesionales, además de estudiantes del último año de las carreras de abogacía, criminalística y afines, bioquímica, biología y genética.

El primer módulo versará sobre toma, recolección, envío y preservación de muestras para análisis de ADN; muestras dubitadas y de referencia; obtención de alícuotas; deberes y obligaciones de los peritos, y el documento de cadena de custodia.

El segundo, sobre hematología forense; semiología forense e interpretación de perfiles genéticos en evidencias y el tercero, sobre serología y genética forense; obtención de perfiles genéticos en evidencias y factores que influyen en la transferencia de material genético.

El cuarto módulo estará destinado a la valoración del informe pericial en genética forense, la genética de poblaciones, estudios de paternidad y otros vínculos, además del uso de diferentes software y el último, estará dedicado a los estándares de calidad de la evidencia aplicada al análisis de ADN forense, además de los perfiles únicos y mezclas simples y complejas.

Las inscripciones se reciben en http://gestion.escuelampsalta.gob.ar/HjcGAy1Pk=/Formulario-Pre-Inscripcion_1063, a través del el sitio www.escuelampsalta.gov.ar

Allanan una constructora salteña de casas prefabricadas por supuestas estafas

La Justicia pampeana recibió numerosas denuncias contra la firma Socco Internacional. Personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público allanó tres locales en busca de elementos probatorios.

Esta mañana, el Juzgado de Garantías de Séptima Nominación autorizó el pedido de la Fiscalía de Derechos Humanos de allanamiento de tres inmuebles, en una causa en que se investigan estafas y otras defraudaciones de una empresa con sede en Salta en la provincia de San Luis.

En este marco, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público allanó tres domicilios en el macrocentro de la ciudad de Salta, secuestrando teléfonos celulares de alta gama, documentación consistente en operatorias bancarias, contratos e información digital de movimiento de cuentas y logística.

Los locales pertenecerían a la firma Socco Internacional, una constructora de casas prefabricadas sobre la que pesan numerosas denuncias en General Pico, provincia de La Pampa.

Según el expediente que giró la Justicia pampeana al Ministerio Público Fiscal de Salta, varios piquenses denunciaron que fueron estafados por la firma con sede en Salta, prometiendo la construcción de viviendas en la provincia pampeana y resto del interior del país, sin cumplir con lo pactado.

Tras las formalidades previstas en el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, personal del CIF allanó los locales en busca de elementos probatorios.

Suman cuatro los detenidos por fraude a una empresa de reciclaje

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la primera detención al Juzgado de Garantías esta mañana, cuando, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología, comprobó la maniobra delictiva. Durante la jornada, el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF coordinó el operativo para concretar otros tres allanamientos y tres detenciones de personas involucradas con la defraudación a la empresa.

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la detención de un hombre por el delito de defraudación a una empresa de reciclaje. A esa detención, se sumaron luego otras tres, de las cuales, una corresponde a un hermano del primer detenido y otros dos sujetos, todos mayores de edad.

Desde hace un mes, el Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaba una investigación por una denuncia que daba cuenta de diferencias en el peso de los camiones.

Los investigadores del CIF pudieron determinar que la maniobra consistía en adulterar el pesaje de las cargas que ingresaban a diario a la empresa Eco Norte SRL. A cambio de ello, el detenido recibía un rédito económico.

El personal de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos se encontraba esta mañana realizando actividades de vigilancia cuando comprobaron la maniobra delictiva por lo que la Fiscalía solicitó la inmediata aprehensión en flagrancia del primer implicado. Al momento de la detención, el hombre –que reside en un barrio de la zona Norte de la ciudad- tenía en su posesión $ 103.400, dos teléfonos celulares de alta gama y documentación relacionada a la causa. En este marco, y de acuerdo a la información con la que contaba personal del Departamento de Investigaciones y Criminología, Salinas Odorisio solicitó orden de allanamiento para otros domicilios de personas que también estarían involucradas.

El Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF coordinó un operativo en conjunto entre la UEI, UDEC y UDIS, y dispuso la afectación de investigadores, móviles y demás logística, para la realización de cuatro allanamientos en total, de los cuales, además de surgir las detenciones de los acusados, se logró el secuestro de $ 571.700 (quinientos setenta y un mil setecientos pesos argentinos), 27 reales y USD 19.639 (diecinueve mil seiscientos treinta nueve dólares estadounidenses); un camión marca Dodge 400 cabina color anaranjado, otro camión con cabina blanca, teléfonos celulares, una báscula, y cuarenta y cinco tickets de la empresa defraudada. El Juzgado Interviniente fijó control de legalidad para los detenidos, para este viernes.

Imputaron a ocho personas por fraude a la Municipalidad de Salta

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a los empleados de la Municipalidad de Salta Marcelo Daniel Cavalli Cabrera, Héctor Aníbal Torres, Raúl Marcelo Sanguino, Orlando Antonio Portales, Jorge Luis Lescano, José Daniel Bordón y a Claudio Rafael Gutiérrez y a Lorena de los Ángeles Fabián por la comisión del delito de defraudación a la administración pública en calidad de coautores. 

Además, la Fiscala solicitó la prisión preventiva de los seis empleados de la comuna y de las dos personas externas.

Salinas Odorisio tomó la determinación luego de analizar las pruebas recolectadas por el personal de la Unidad Especial de Investigaciones, dependiente del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF.

El modus operandi

Las pruebas aportadas por la UEI permitieron a Salinas Odorisio determinar que los empleados municipales -en el transcurso del desempeño de sus funciones- cargaban combustible en una estación de servicio ubicada en avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta al 500, para luego trasladarse a los domicilios de Gutiérrez y Fabián en Laguna Escondida (que se encuentra en la zona Sudeste  – al norte del Barrio Justicia y al sur de barrio Solidaridad). 

Allí extraían el combustible que había sido cargado previamente en los camiones cuyo manejo tenían encomendado y acopiarlo en el lugar, así como también áridos que pertenecían a la Comuna. 

Las pruebas también permitieron determinar que luego las mismas personas vendían el combustible mal habido a terceros.

Actuaciones administrativas en el CIF por posible acceso irregular a vacunas Sputnik V

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso la apertura de actuaciones administrativas para establecer responsabilidades en torno a la tramitación de 50 dosis de vacunas Sputnik V, las cuales habrían sido aplicadas a la misma cantidad de personas en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tal gestión no fue informada a las autoridades del Ministerio Público Fiscal ni del Servicio Médico del Ministerio Público.

El Procurador ordenó las actuaciones sumarias al tomar conocimiento de que aproximadamente hace un mes y dentro del ámbito del CIF, se habría dispuesto, sin conocimiento de la Procuración General ni de su Coordinación General, pero tampoco del Servicio Médico del Ministerio Público; la tramitación ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, de 50 dosis de la vacuna rusa contra el SARS-CoV-2. Las dosis habrían sido recibidas por igual cantidad de personas, integrantes de una lista elaborada dentro del ámbito del CIF.

La medida inconsulta generó sorpresa y desagrado en el ámbito de la Procuración, atento a que además de las posibles irregularidades en el acceso a las vacunas, la situación revistió falta de solidaridad y equidad de quienes decidieron avanzar en el acceso a las dosis y su disposición final, al no haber contado con una opinión médica objetiva sobre el listado de personas con prioridades que debían administrarse la vacuna Sputnik V y el orden de prelación que debía seguirse para ello. Dichos  parámetros están establecidos por la autoridad sanitaria y de acuerdo a los grupos de la población con mayor vulnerabilidad.

Cornejo consideró que pudieron advertirse “prima facie”, irregularidades en orden a lo violación de distintas normativas vigentes, lo que justifica, por su gravedad y complejidad, la promoción de instancias disciplinarias internas “especialmente cuando es de dominio público que todavía, la cantidad de dosis disponibles a nivel internacional, nacional y provincial, resulta absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población”. Las actuaciones administrativas tienen el objeto de deslindar responsabilidades, determinar la vía de acceso a las dosis y la tramitación del pedido, como así también los criterios adoptados para la confección de la lista, habida cuenta que el Servicio Médico del Ministerio Público, no fue consultado.      

Vacunación rutinaria y Covid-19

Como rutina anual, se cumple en el CIF con la vacunación del personal esencial, contra distintas enfermedades y en virtud de la inmunización a trabajadores que está enmarcada en el artículo 21 del Decreto 351/79, que la contempla como uno de los requisitos de los Servicios de Medicina del Trabajo y de acuerdo a la OMS/OPS, que establece los Niveles de Prevención Primaria Especifica, junto con Higiene y Seguridad del Trabajo, Higiene y Seguridad de la Vida Familiar y Calidad del Medio Ambiente, ya que el personal del CIF se encuentra integrado por profesionales que tienen contacto con cuerpos, muestras biológicas y materiales potencialmente infectantes.

Durante 2020 y lo que va de este año, el proceso general de inmunización, se vio alterado ante la situación pandémica por Covid-19 y que actualmente registra un rebrote. A ello se suma la restricción a las autoridades de acceder a las dosis necesarias para lograr un reparto equitativo en la sociedad y de acuerdo a las prioridades establecidas. En el propio Ministerio Público Fiscal, hay fiscales, funcionarias y funcionarios y personal, todos incluidos en grupos de riesgo y que no accedieron todavía a la inmunización.

Vale recordar que dada la tarea específica que lleva adelante el CIF, particularmente en materia de autopsias y otros exámenes cadavéricos, desde la declaración de la COVID-19 como pandemia, numerosas personas del equipo resultaron positivas para la enfermedad y luego de haberse cumplido los protocolos establecidos para evitar más contagios y someterse al tratamiento, se recuperaron en forma favorable.

Un técnico del CIF dio positivo para COVID-19

Se trata de una de las siete personas que fue aislada preventivamente, a partir de los estudios realizados por la muerte de un hombre de 48 años, de General Güemes, con diagnóstico de neumopatía por COVID-19. Es un paciente asintomático, que en primera instancia dio negativo y en el segundo análisis, obtuvo como resultado positivo para COVID-19.

La directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María Luján Sodero Calvet, informó sobre el resultado del segundo análisis realizado al trabajador del CIF, quien es un paciente asintomático y que le fuera comunicado a la funcionaria por el Comité Operativo de Emergencias.

Advirtió, asimismo, sobre la necesidad de que toda la población extreme los recaudos para evitar contagios, dado que en este caso en particular el técnico no tuvo contacto con el cuerpo analizado y sí con una muestra obtenida en el domicilio del hombre fallecido en General Güemes. “Ello confirma el altísimo riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad por coronavirus COVID-19”, agregó la Directora del CIF, institución que mantiene la actividad bajo estrictos protocolos de bioseguridad desde el 11 de marzo pasado, cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) determinó en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia.

Sodero Calvet aclaró también que las seis personas restantes, que oportunamente fueron aisladas, dieron negativo en los estudios realizados por el COE, que autorizó que se reintegren a sus puestos de trabajo.

CIF: Aislamiento de personal, nueve protocolos de investigación por COVID-19 y aporte científico

La especialista en infectología María Castillo, del Comité Operativo de Emergencia Norte,  visitó las instalaciones del CIF donde junto a sus autoridades, acordaron seguir articulando acciones para las distintas tareas que realiza el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal. La visita se enmarcó en las medidas preventivas adoptadas a partir de la muerte de un hombre de 48 años, de General Güemes, por neumopatía por COVID19, la que impulsó el aislamiento de siete personas en forma preventiva.

La infectóloga Castillo recorrió instalaciones del CIF y se entrevistó con sus autoridades, además de intercambiar con el personal del organismo, que fue uno de los primeros en poner a disposición sus conocimientos científicos para distintas instituciones y que también propuso el Protocolo de Tratamiento de Cadáveres. Todo el CIF quedó a disposición del COE, que no realizó observaciones al trabajo que se desarrolla en la institución, bajo estrictos protocolos de bioseguridad.  

Desde el 11 de marzo pasado, cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) determinó en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia, el CIF dictó nueve protocolos para levantamiento de muestras, entrevistas y otras diligencias atinentes a las investigaciones penales.  

En ese sentido, la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet, se refirió a las medidas adoptadas a partir del tratamiento de un cuerpo que fue trasladado la madrugada del 2 de julio desde la Ciudad de General Güemes hacia la Morgue del CIF. A partir de la investigación por muerte dudosa del hombre de 48 años y cuyo resultado indicó “Neumopatía por COVID19” como causa de muerte, Sodero aclaró que en el CIF, “preferimos excedernos y actuar con celo excesivo en las precauciones para garantizar la salud del personal y de un auxiliar de fiscalía, quien fue responsable de entrevistar a un familiar de la persona fallecida”. La infectóloga María del Valle Castillo del COE-Norte, fue responsable de evaluar y entrevistar a cada uno de los investigadores y el personal de seguridad privada, en tanto que el médico Facundo Ruiz del COE-Sur, se hizo responsable del seguimiento de un auxiliar fiscal  y dispuso el aislamiento personal y del grupo familiar conviviente de cinco efectivos policiales y un personal privado de servicio de seguridad.

Las tareas del personal afectado y aislado se redujeron a labrar el acta de procedimiento; tomar nota de los datos de los intervinientes en el acta;  realizar la inspección del equipo y mantener entrevista con familiares del extinto. A todos se les indicó aislamiento personal y del grupo familiar conviviente por precaución, ya que el COE clasificó la situación como de “Bajo Riesgo”.

Sodero aclaró que de acuerdo a los protocolos vigentes por pandemia en el mundo, no se realizó autopsia, ya que al efectuarse hisopado sobre el cadáver, se confirmó que era portador asintomático de coronavirus 2 (SARS-CoV-2). El protocolo mundial establece que la muerte se produce en situación de pandemia, pero no por causa específica de COVID-19.

El cuerpo fue trasladado a un crematorio. Por orden de la directora del CIF, su desplazamiento fue fiscalizado por el Jefe del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF, Omar Dávila y el comisario Sergio Costello.

Guía de Manejo de Cadáveres

La guía para el manejo de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 se basa en lo contemplado en las Directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre Prevención y control de las infecciones respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención sanitaria, que incluye un apartado de Recomendaciones sobre el cuidado de los difuntos y un Anexo de Servicios funerarios y autopsia.

Aunque no hay evidencia sólida hasta la fecha del riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, de acuerdo a lo observado para otros virus respiratorios y por el principio de precaución, se considera que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.

Especialista internacional sugiere estandarizar laboratorios argentinos con el salteño como referencia

El Organismo Argentino de Acreditación auditó el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en el marco del proceso de acreditación que se lleva adelante. El referente científico español, Manuel Crespillo Márquez, sugirió conformar una Comisión Nacional de Laboratorios Forenses, “que tome como referencia al salteño, el primer acreditado en el país“. También destacaron la tarea del Banco de Datos Genéticos de Salta, que fue el primero en remitir datos al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

El procurador general, Abel Cornejo, y la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, recibieron a la auditora y experta universitaria en Requerimientos de Calidad para Acreditación de Laboratorios Químicos, Anahí Monier y al especialista, Manuel Crespillo Márquez, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia de Barcelona. Ambos se desempeñan en el Organismo Argentino de Acreditación, que es el único órgano de acreditación dentro del Sistema de Normas, Calidad y Certificación de la República Argentina y es la Autoridad Nacional de Monitoreo de la conformidad de las buenas prácticas de laboratorio.

La acreditación es una declaración de competencia técnica e imparcialidad que debe ser demostrada por la entidad que se somete a la evaluación conducente a la acreditación, mantenida y mejorada a lo largo del tiempo. En esta oportunidad, el Departamento Técnico Científico es evaluado en la determinación del perfil genético, estudios de vínculos biológicos e identificación por comparación de perfiles únicos.

Oportunamente, el Servicio de Biología Molecular Forense fue acreditado por las prácticas periciales a su cargo y se considera un referente en materia de acreditación de laboratorios forenses del país. En ese contexto es que Crespillo Márquez sugirió que Salta sea referente para estandarizar parámetros de trabajo, a través de la creación de una Comisión Nacional de Laboratorios Forenses. “Me saco el sombrero ante lo que han logrado en Salta”, afirmó el reconocido especialista en la materia.

Destacaron, por otra parte, que el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, y dando cumplimiento a la Ley 26.879 que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, haya sido el primero en remitir perfiles genéticos del Banco de Datos Genéticos de Salta al Nacional.

El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual fue creado por la ley 26.879, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se reglamentó por el decreto 522 del 17 de julio del 2017. Su finalidad es facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual. El Registro Nacional recibe los perfiles de ADN de condenados con sentencia firme y de evidencias biológicas de autores no individualizados vinculados a delitos contra la integridad sexual, que deben ser remitidos desde los Registros Provinciales y los laboratorios acreditados en todo el país por orden judicial.

Salta, a través del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, fue la primera provincia en remitir perfiles genéticos obtenidos por el Banco de Datos Genéticos local al Registro Nacional. El Banco de Datos Genéticos de Salta funciona en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y se puso en marcha en marzo de 2018. Fue creado por ley provincial 7.775, e instaurado en el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tiene a su cargo obtener la identificación genética del análisis de ADN no codificante asociado a una muestra o evidencia biológica.

Con Cornejo y Carraro, estuvieron la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet y el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Villagrán.

El CIF es el primero en remitir perfiles genéticos al Registro Nacional

El Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, dando cumplimiento a la Ley 26.879, que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, remitió perfiles genéticos del Banco de Datos Genéticos de Salta para que sean incorporados según los criterios de inclusión fijados por dicha norma.

El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual fue creado por la ley 26.879, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se reglamentó por el decreto 522 del 17 de julio del 2017.

Su finalidad es facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual.

El Registro Nacional recibe los perfiles de ADN de condenados con sentencia firme y de evidencias biológicas de autores no individualizados  vinculados a delitos contra la integridad sexual, que deben ser remitidos desde los Registros Provinciales y los laboratorios acreditados en todo el país por orden judicial.

Salta, a través del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, remitió los primeros perfiles genéticos obtenidos por el Banco de Datos Genéticos local, al Registro Nacional, con lo que se convierte en el primer laboratorio en remitir el material genético que fija la ley 26879.

El Banco de Datos Genéticos de Salta funciona en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y se puso en marcha en Marzo de 2018. Fue creado por ley provincial 7.775, e instaurado en el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tiene a su cargo obtener la identificación genética del análisis de ADN no codificante asociado a una muestra o evidencia biológica.

Tiene por finalidad registrar y almacenar el resultado del referido análisis e incluirlo en una base de datos para su posterior cotejo en el marco de una investigación penal vinculada a delitos contra las personas y contra la integridad sexual.

Hasta el momento registra la incorporación de 713 perfiles genéticos de condenados, imputados y de personas no determinadas a través de evidencias forenses en causas de delitos contra las personas y contra la integridad sexual.

De este total, 532 perfiles se corresponden con condenados y 399 de ellos son por delitos contra la integridad sexual.

El CIF participó de un congreso sobre acreditación

En el marco del Día Mundial de la Acreditación, el Organismo Argentino de Acreditación organizó un congreso al que fueron invitadas a participar la Directora y la responsable de la Oficina de Calidad del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

El 26 de junio se desarrolló en Buenos Aires el congreso organizado por el Organismo Argentino de Acreditación en el marco del Día Mundial de la Acreditación. En representación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, participaron la directora Silvia Triverio y la responsable de la Oficina de Calidad, Leonor Barrenechea, quien disertó sobre acreditación de laboratorios forenses.

El Organismo Argentino de Acreditación es el único órgano de acreditación dentro del Sistema de Normas, Calidad y Certificación de la República Argentina y es la Autoridad Nacional de Monitoreo de la conformidad de las buenas prácticas de laboratorio.

La acreditación es una declaración de competencia técnica e imparcialidad que debe ser demostrada por la entidad que se somete a la evaluación conducente a la acreditación, mantenida y mejorada a lo largo del tiempo.

Cabe destacar que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales fue invitado a participar en razón de que el Servicio de Biología Molecular Forense, a cargo de la bioquímica Alejandra Guinudinik, se encuentra en proceso de acreditación de las prácticas periciales a su cargo, por lo que se lo considera un referente en materia de acreditación de laboratorios forenses del país.