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El MPF participó del 2° Encuentro Nacional y 1° Iberoamericano sobre Ambiente, Ciencia y Justicia

Organizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, se llevó a cabo el 2° Encuentro Nacional y 1° Iberoamericano sobre Ambiente, Ciencia y Justicia, durante el jueves 28 y viernes 29 de septiembre en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

El evento, realizado junto al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN); la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.) y la Red de Escuelas de Capacitación Judicial (Reflejar), tuvo como objetivo continuar la línea de acción del primer encuentro.

La apertura estuvo a cargo del procurador general de la provincia de La Pampa, Mario Bongianino y contó con la asistencia de jueces, fiscales, defensores, operadores judiciales, integrantes, tanto de la comunidad científica como académica, estudiantes y público interesado en la temática.

En representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, estuvo presente el relator Ambiental y de Intereses Difusos, Sebastián Lloret, quien expuso, junto con Luciano Merini, miembro del Consejo Asesor del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, sobre “Forensia ambiental”, es decir, cómo se vincula el trámite judicial ambiental en referencia a los trámites periciales.

La disertación rondó en torno a explicar la conexión de cada acto o necesidad procesal, en cada etapa del trámite, respecto a lo que el técnico forense va haciendo a la par, en conjunto con la interdisciplina, las pruebas que se van ofreciendo y las medidas que se van articulando, con respaldo en la investigación científica.

La relevancia de este segundo encuentro radica en que se abordaron diferentes aspectos vinculados a los conflictos socioambientales, tanto desde la experiencia nacional, como internacional, abordados desde la perspectiva científica, por parte de investigadores del CONICET, como desde lo que atañe a la intervención de la justicia, a través de sus representantes.

En ese sentido, desde el Ministerio Público Fiscal de Salta, se viene trabajando de manera sostenida en diversos aspectos vinculados con los conflictos socioambientales, desde su dimensión económica, jurídica, social e institucional. De ahí el interés de la Procuración General de la Provincia en llevar a este segundo encuentro la representación de Salta a La Pampa, a fin de seguir avanzando en pos de articular los mecanismos eficientes que propendan a la solución de los conflictos de esta índole.

Cabe recordar que el Procurador Pedro García Castiella suscribió, recientemente, un convenio con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través de Programa Nacional de Ciencia y Justicia, que tiene como objetivo el establecimiento de vínculos de cooperación en materia científica y tecnológica.

El CONICET firma un convenio de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de Salta 

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Encuentro en el marco del acuerdo Seabord para el fortalecimiento de la gestión ambiental

El Ministerio Público Fiscal, en colaboración con diversos organismos, se reunió en el marco del acuerdo Seabord para impulsar mejoras en la gestión ambiental y promover un enfoque progresivo en la adecuación de objetivos. Durante el encuentro, se dialogó sobre propuestas, y se acordó la realización de una inspección conjunta.

Se llevó a cabo la reunión programada entre representantes del Ministerio Público Fiscal, las Secretarías de Minería y Energía, Recursos Hídricos y Ambiente de la provincia, convocada y coordinada por el Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal de Salta y la Fiscalía de Estado de la provincia.

Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L había llegado a un acuerdo con la Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito Orán, Marcela Fernández, por el que la empresa asumió voluntariamente el compromiso de renovar los criterios de explotación de sus concesiones, suministros 712 y 713, correspondientes a los ríos Blanco y Pescado. Estas concesiones fueron otorgadas por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta.

En colaboración con la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal ha desarrollado un mecanismo consensual con el propósito de ampliar y enriquecer los términos previamente establecidos. Durante este proceso, se han incorporado las perspectivas de los organismos administrativos competentes en la gestión ambiental requerida a la empresa, con el objetivo de proponer mejoras progresivas a través de esta instancia.

En atención al Principio de Progresividad establecido en la Ley General de Ambiente (Ley 25675), en el transcurso de la reunión se abordó la viabilidad de que las entidades públicas, de manera coordinada, presenten sugerencias, propuestas y observaciones dirigidas a fortalecer las labores en el proceso de homologación.

El acta de la audiencia celebrada en el marco de la mesa de diálogo estableció que se planificarán reuniones técnicas con el propósito mencionado, considerando una fecha inicial tentativa.

Además, se informó sobre la realización de una inspección conjunta en la que participarán el Equipo de Mediación, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se extendió la invitación a otras instituciones para que se sumen a esta actividad.

Es importante destacar que el artículo 4° de la Ley General de Ambiente establece que los objetivos ambientales deben alcanzarse de manera gradual, mediante metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

De la Mesa de Diálogo llevada a cabo en la sala de reuniones de la Procuración General de la Provincia, participaron diversos representantes de instituciones claves, entre ellos: María Lelia Martínez del Centro de Mediación, Delegación Villa Mitre; Silvia Santamaría, Jefa del Programa Jurídico de la Secretaría de Recursos Hídricos; Ana Laura Moya, Jefa del Programa de Aguas Productivas de la Secretaría de Recursos Hídricos; Cintia Elías en representación de la Fiscalía de Estado; Alejandro José Aldazabal y Antonio Sánchez de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia; Sebastian Lloret, Secretario Relator de Ambiente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta; Juan José Martínez de la Secretaría de Minería y Energía de Salta; y Ana Cardozo, Miguel Ortíz y Manolo Cordeyra en representación de Aguas del Norte.

 

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Continúa durante todo 2023 el Ciclo de Capacitación sobre Ley Yolanda para ministerios públicos fiscales de todo el país

La capacitación consta de 8 encuentros virtuales y autoadministrados, dentro del Ciclo de Capacitación sobre Ley Yolanda, a nivel nacional y que está dirigido a procuradores, fiscales y empleados de los ministerios públicos de todo el país y cuya plataforma de cursado estará disponible durante todo el años 2023.

El pasado viernes 19 de mayo se llevó a cabo la jornada inaugural, vía plataforma Zoom, que contó con la presencia de autoridades y funcionarios integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del CONICET, ambas instituciones suscriptoras del convenio que dio origen a la actividad.

El primero en dirigir la palabra fue el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y presidente del Consejo de Procuradores, Dr. Alejandro Gullé, quien destacó la importancia de las jornadas ya que la importancia del ambiente “no se puede discutir, como tampoco se puede discutir el cambio climático y la pérdida creciente de biodiversidad y las consecuencias que esto trae aparejado para la vida humana en el Planeta”, sostuvo.

Gullé planteó el interrogante de ¿por qué es importante para los ministerios públicos, educar en ambiente?, y, en ese sentido, sostuvo que “no basta contar con agencias gubernamentales que no se mostraron solventes o, por lo menos, no lo suficientemente solventes para impedir la crisis ambiental que estamos viviendo”, puesto que “las conductas que atentan contra bienes comunes, esencialmente contra bienes ambientales resguardados por los intereses colectivos, también impactan gravemente en la seguridad y el orden públicos”, puntualizó.

El presidente del Consejo advirtió que “no estamos teniendo una visión macro de lo que se nos viene y no estamos actuando en consecuencia para prevenir lo que se nos viene”, advirtiendo que “se degradan y se atacan los bienes que son de subsistencia de la raza humana”.

Es por ello que, subrayó Gullé que “como ministerios públicos ostentamos una posición institucional excelente para poder proteger a nuestras generaciones futuras” y destacó que “estamos dando un paso trascendente, importantísimo, casi histórico. Estamos frente a un programa nacional por la extensión que tiene, nacido a partir de la inspiración de nuestros consejos”, finalizó.

A continuación, hizo uso de la palabra el Coordinador del Programa “Ciencia y Justicia” del CONICET, Dr. Germán Stalker, recordó que el programa fue creado en 2016 como una estrategia de transferencia de tecnologías y conocimiento, focalizados a lo se denomina “el ecosistema judicial”.

Stalker precisó que la tarea de los investigadores del CONICET es identificar la demanda por daño ambiental, mediante un oficio, identificamos a los investigadores que puedan trabajar en el medio que sea (agua, aire, suelo). Finalmente, agradeció al Consejo y a las autoridades.

Por último, tomó la palabra el Procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y director de la capacitación Ley Yolanda, Dr. Jorge Barraguirre, quien hizo referencia a las razones del porqué del curso de Ley Yolanda y, para ello, hizo mención a parte de la obra de Yolanda Ortiz (primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, cuya ley lleva su nombre), quien sostenía que es evidente la equivocación del proyecto elegido de modernidad insustentable  que pone en peligro la vida misma del planeta.

Barraguirre puntualizó que Ortiz señalaba varias recetas contra este peligro: contar con fuerzas dialoguistas, convergentes; participación de todos los actores sociales relevantes; concientización de los hombres de ciencia y la necesidad de reducir la complejidad informativa por defecto, para luego remarcar que la química argentina reclamaba cierta ecoorganización institucional.

Luego de repasar el contenido de la oferta de capacitación, ejes y cantidad de módulos, el Procurador de Santa Fe agradeció, entre otros, a la Procuración de la Nación y a la Procuración de la Provincia de Salta y al Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), entre otras provincias. Hizo extensivo, además, el agradecimiento al actual codirector de la capacitación y Secretario Relator Ambiental de la Procuración de Salta, Dr. Sebastián Lloret, por el empuje para concretar y hacer posible esta actividad.

Para finalizar, el director de la capacitación cerró su discurso recordando “seguir el camino de Yolanda (Ortiz) para ser servidores del mundo, de los pueblos, de la gente y custodios de la vida en el Planeta”.

Cabe recordar que el ciclo se enmarca dentro del convenio suscripto entre el CONICET y el mencionado Consejo,  y apunta a fomentar los vínculos de cooperación científica y tecnológica, establecer la realización de capacitaciones, cursos y asesoramiento jurídico permanentes.

Preinscripciones y cursado

Todos los interesados en el cursado de la Capacitación sobre Ley Yolanda debe preinscribirse. Luego se le asigna el grupo o cohorte, dentro de un cupo dispuesto, de manera mensual.

La capacitación tiene una modalidad asincrónica, con 7 módulos en aula virtual, de 3 ejes que cuenta con un video en el que cada capacitador explica la temática y un examen de opciones múltiples al final de cada módulo. Al finalizar los 7 módulos, se prevé una actividad sincrónica por cohorte (módulo 8), que persigue como finalidad la exposición de una problemática por parte de algún integrante de los ministerios públicos que lleve a la reflexión.

El link para preinscripción es https://forms.gle/oVBVgn6Fm5SpYEEZ7

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Ambientales

Inicia el Ciclo Nacional de Capacitaciones sobre Ley Yolanda

El ciclo constará de 8 encuentros virtuales y autoadministrados, y busca capacitar a procuradores, fiscales y empleados de los ministerios públicos de todo el país. El programa, enmarcado en un convenio entre el CONICET y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, será presentado mañana con la participación de destacadas autoridades.

El Ministerio Público Fiscal de Salta participa de la organización del Ciclo de Capacitaciones sobre Ley Yolanda (Ley 27592), promovido por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que dará inicio mañana viernes 19 de mayo.

El ciclo se enmarca dentro del convenio suscripto entre el CONICET y el mencionado Consejo,  y apunta a fomentar los vínculos de cooperación científica y tecnológica, establecer la realización de capacitaciones, cursos y asesoramiento jurídico permanentes.

La presentación está prevista para las 10 de la mañana, vía plataforma Zoom y contará con la presencia del presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Dr. Alejandro Gullé; el director del Ciclo de capacitación y Procurador General de la Corte de Justicia de Santa Fe, Dr. Jorge Alberto Barraguirre; y el Coordinador del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET, Alan Temiño. En representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, estará el Secretario Relator Ambiental de la Procuración, Dr. Juan Sebastián Lloret, designado como Subdirector del Ciclo.

Estas capacitaciones de formación del Consejo de Procuradores están destinadas a procuradores y procuradoras, fiscales, secretarios, auxiliares y empleados de los ministerios públicos de todo el país.

El Programa de Capacitación sobre Ley Yolanda contempla un total de 8 encuentros, con diferentes unidades temáticas, y se enmarca dentro de un plan de acción continua, iniciado durante el Primer Encuentro sobre Ambiente, Ciencia y Justicia que tuvo lugar en noviembre de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La modalidad de dictado de estas 8 jornadas que contempla el Programa de Capacitación sobre Ley Yolanda, es totalmente virtual y autoadministrada.

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 Ambientales

MPFS y EDESA coordinan y dictan capacitación ante ola de robo de cobre de transformadores

El objetivo principal es capacitar a personal de las distintas fuerzas de seguridad para lograr la identificación de transformadores que pudieran ser manipulados y dañados para la extracción ilegal de cobre, en todo el territorio provincial.

Organizada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, conjuntamente con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta Sociedad Anónima (EDESA), este miércoles 18, tuvo lugar en la sede del Casino de Suboficiales, una capacitación sobre transformadores de energía eléctrica, sus características, identificación y uso. El evento estuvo dirigido al personal del Escuadrón 45 “Salta” y de la Agrupación VII “Salta” de Gendarmería Nacional.

Se ofreció contenido teórico-práctico a cargo de un profesional de EDESA, con el fin de poner en conocimiento del personal de esa fuerza respecto al funcionamiento y composición de estos dispositivos que permiten elevar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico.

Ante el crecimiento de delitos de robo de cobre extraído de estos transformadores de energía eléctrica, lo que se viene sucediendo con mayor frecuencia en el norte provincial, el Ministerio Público Fiscal coordinó junto a EDESA esta primera actividad, que se extenderá en los próximos días a otras fuerzas de seguridad provinciales, CIF y personal afectado a diferentes fiscalías que tienen a su cargo la investigación de delitos de esta naturaleza.

En la capacitación, coordinada por Marcos Rubinovich del equipo de abogados de la Procuración General de la provincia en representación del Ministerio Público Fiscal, también estuvo presente Jorge Luis Salvano, Gerente General de EDESA y experto en ingeniería eléctrica.

Estos encuentros tienen como objetivo principal,  brindar las herramientas necesarias para identificación en controles en rutas o peajes u operativos, de potenciales casos de robo y transporte ilegal de cobre, como así también la mecánica utilizada para su sustracción.

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 Ambientales, Institucional

El Procurador General creó la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales

Persigue como propósito la unificación de causas vinculadas a la cuestión ambiental en la provincia de Salta para el abordaje de la problemática de contaminación de la subcuenca Arias-Arenales.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, para la protección y recomposición hídrica integral del área geográfica abarcada por la subcuenca de los mencionados ríos.

Mediante Resolución 1429/23, del 26 de abril del presente año y publicada hoy en el Boletín Oficial, la Procuración General de la Provincia de Salta, pone en funciones esta Unidad Fiscal con competencia en los hechos, acciones u omisiones que afecten la gobernabilidad y gestión de los recursos y cuerpos de agua, desde los aspectos propios de la responsabilidad constitucional, civil y contencioso-administrativo, contravencional y penal, tal como lo establece el punto I de la parte dispositiva.

En un trabajo continuo desde el año pasado para el abordaje de la problemática de contaminación hídrica de la subcuenca Arias-Arenales, el procurador Pedro García Castiella mantuvo reuniones multiinstitucionales e interdisciplinarias con ambientalistas y especialistas en desarrollo urbanístico, bioquímicos, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) e ingenieros.

La creación de la Unidad Fiscal tiene el firme propósito de que se unifique el manejo y el avance de todas las causas que hoy se encuentran dispersas, se trate de causas penales, como de amparos que continúan su curso.

García Castiella afirmó sobre la iniciativa: “La creación de la Unidad Fiscal manifiesta nuestra preocupación sobre un tema que está incluido en nuestra agenda, y nos ocupa. Es por eso que estamos comprometidos en abordar y coordinar, junto con otras áreas como la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, una solución para la problemática del río Arenales».

«Se trata de trabajar juntos para abordar cualquier situación que implique contaminación, ya sea desde el ámbito público, como el privado. Queremos perseguir y combatir estas prácticas, tanto desde una perspectiva penal como civil, y unificar nuestros esfuerzos para lograrlo», explicó el Procurador.

Cuenca y subcuenca

Entre los considerandos de la Resolución se hace expresa manifestación que la legislación ambiental de la provincia de Salta estableció que una Cuenca Hidrográfica es el área delimitada por un contorno en el interior del cual el agua que precipita corre por su superficie, se centra y pasa por el punto considerado de salida, la que funciona como un colector y conduce el agua, desde la parte más alta hacia la salida o parte más baja.

Hablando en términos de “territorialidad ambiental”, el Decreto provincial N°2785/09 estableció que el territorio de la Provincia de Salta se divide en 9 (nueve) macro cuencas, entre las que se cuenta la Cuenca del Río Juramento. Dentro de esa macro cuenca se encuentra incluida la subcuenca de los ríos Arias y Arenales.

¿Cómo funciona?

Este sistema hídrico drena (desagua) gran parte del Valle de Lerma y de las serranías que lo conforman. El río Arias se forma de los desagües generados en “Finca Las Costas”, que son recogidos por el río Peñalva, a partir de la confluencia con el río San Lorenzo. El río Arias corre en dirección sureste hasta las serranías que limitan el sector este del Valle de Lerma, se une con el río Arenales y, después de recibir al río Ancho, continúa hacia el sur con el nombre de río Arias, hasta su desembocadura en el Dique Cabra Corral

La resolución

Establece que la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales estará conformada por el Procurador General de la Provincia, en la coordinación y actuación conjunta; el Fiscal Penal 5, Federico Jovanovics, en la competencia Penal y Contravencional; en tanto, en la competencia Constitucional, Civil y Contencioso-Administrativa estará el Fiscal en lo Civil y Comercial 1, Rodrigo Erazo Schmidt.

Se instruye, además, al Secretario Relator del Medio Ambiente e Intereses Difusos, Juan Sebastián Lloret, a extender sus funciones también como Auxiliar Fiscal y Secretario Letrado, respectivamente, de los magistrados integrantes de dicha Unidad Fiscal, en las causas que resulten de sus competencias.

Por su parte, la Técnica Forense del Servicio de Medio Ambiente del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), ingeniera química Leonor Barrenechea, a actuar en calidad de asesora técnica directa de la Unidad Fiscal en las causas que resulten de su competencia, tal como lo establece la resolución.

La resolución 1429/23 contempla que se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Unidad Fiscal, en el marco de los Convenios de Colaboración Institucionales ya vigentes, de organismos, tales como el Instituto de Investigaciones para Industria Química (INIQUI), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa); el Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA) y el Centro de Estudios de Cuencas y Ríos de Montaña (CECRIM), ambos dependientes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa); y el Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial (ISUT), de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta (UCaSal).

Finalmente, la resolución incluye en su anteúltimo apartado, la solicitud de cooperación al “Programa Ciencia y Justicia”, del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET), mediante las capacidades técnicas y los servicios que pudiera prestar a la Unidad Fiscal Ambiental recientemente creada.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución que establece la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, la siguiente etapa contempla la organización y revisión de los antecedentes existentes en materia de acciones, legislación, abordaje multidisciplinario e informes sobre la situación epidemiológica, entre otros, de dicha subcuenca, para lo cual está prevista la convocatoria a una próxima reunión con las instituciones, organismos y sectores intervinientes.

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Ambientales

El Ministerio Público Fiscal participó de la Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2)

El encuentro, denominado COP 2, contó con la presencia de autoridades nacionales y activistas socioambientales de América Latina y El Caribe.

Atento al rol de defensa de los intereses generales ambientales de la sociedad y de atención y resguardo de víctimas ambientales al que está llamado a cumplir el Ministerio Público Fiscal, se comisionó al funcionario especializado en asuntos ambientales, Sebastián Lloret, a concurrir a la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2).

La invitación a participar de este encuentro llegó por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD), cuyo representante Residente en Argentina es Claudio Tomasi. El PNUD es la red mundial de la ONU que impulsa el acceso al conocimiento, experiencia y obtención de recursos necesarios por parte de los países como una forma de colaborar a que las personas accedan y labren un futuro mejor. Trabaja en 1470 países y territorios, ayudando a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y la exclusión social.

La dinámica de esta segunda reunión en la que Lloret hizo uso de la palabra en calidad de miembro del Sistema Judicial, abarcó una serie de paneles multiinstitucionales, en los que se abordaron temáticas  vinculadas al ambiente como, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran comunidades del mundo, la directa relación del ambiente con los derechos humanos, la relación de los desastres naturales con la contaminación, y la implementación de las leyes ambientales.

En julio de 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución general en la que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, como un derecho humano universal. Además pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.

El Acuerdo de Escazú del 4 de marzo de 2018, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo cuyo contenido incluye disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental; la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, promueve la formación de autoridades y equipos de gobierno, la sensibilización ciudadana y la cooperación entre los países.

Argentina aprobó dicho acuerdo en el año 2020, mediante Ley 27566.

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 Ambientales

Se prepara el inicio del Ciclo Nacional de Capacitaciones sobre Ley Yolanda

El Ministerio Público Fiscal de Salta participa de la organización del Ciclo de Capacitaciones sobre Ley Yolanda, promovido por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que dará inicio en el mes de mayo.

El ciclo se enmarca dentro del convenio suscripto entre el CONICET y el mencionado Consejo de Procuradores, y apunta a fomentar los vínculos de cooperación científica y tecnológica; establecer la realización de capacitaciones, cursos y asesoramiento jurídico.

El Ministerio Público Fiscal de Salta es representado por el Secretario Relator Ambiental de la Procuración, Juan Sebastián Lloret, quien fue designado por el Consejo de Procuradores como subdirector de tal iniciativa, bajo la dirección del procurador general de la Corte de Justicia de Santa Fe, Jorge Alberto Barraguirre.

Los destinatarios de este ciclo de formación del Concejo de Procuradores son procuradores y procuradoras, fiscales, secretarios, auxiliares y empleados de los ministerios públicos de todo el país.

El Programa de Capacitación sobre Ley Yolanda contempla un total de 8 encuentros, con diferentes unidades temáticas y cuya presentación estará a cargo de autoridades del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores, de Ciencia y Justicia y del CONICET.

Cabe recordar que se trata de una continuación de las acciones iniciadas durante el Primer Encuentro sobre Ambiente, Ciencia y Justicia que tuvo lugar en noviembre de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La inscripción se realiza a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce7DiD45vUQbbpXcuQeyIrKgBd7Hzn_pOVlzp9SOgZN4v9xg/viewform

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 Ambientales, Institucional

Se analizaron planes de acción para solucionar la problemática de la Subcuenca Arias – Arenales


En la Procuración de la provincia de Salta, se analizó el estado actual y problemáticas presentes. Experimentados profesionales y técnicos coincidieron en la importancia de la convocatoria a fin de realizar un trabajo interdisciplinario de planificación.

Convocados por el procurador general de Salta Pedro García Castiella, para conocer diferentes perspectivas científico técnicas sobre la problemática socio-ambiental de la Subcuenca de los Ríos Arias-Arenales, se realizó una reunión técnica con centros científicos de la Universidad Nacional y Católica de Salta.

El encuentro realizado el pasado 12 de diciembre, contó con la presencia de investigadores y académicos de vasta trayectoria, alcanzados por los convenios de colaboración que los Fiscales mantienen con estas casas de estudios, lo que les permite colaborar científicamente como auxiliares de justicia.

Al darles la bienvenida, García Castiella  manifestó la importancia de contar con la asistencia técnica de instituciones que tienen dilatada experiencia en la tarea de estudiar, muestrear, diagnosticar, proyectar, evaluar y monitorear las condiciones ambientales de la provincia, ratificando la importancia del trabajo interdisciplinario en materia ecológica.

Explicó el Procurador que la convocatoria se basó en dos finalidades: poner en valor el trabajo intelectual y de campo que realizan los centros académicos locales, para la perspectiva forense: y por otro lado, ampliar la óptica de enfoque más acotada que se tiene en los casos judicializados en los que intervienen los Fiscales en sus respectivas causas, para poder mirar los problemas en su integralidad. Esto les permitirá a los magistrados canalizar mejor las peticiones, reclamos y requisitorias que hacen ante los jueces, buscando orientar los trámites a las mejores soluciones posibles.

Por el Servicio de Medio Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la ingeniera química Leonor Barrenechea realizó un repaso de las causas investigadas sobre la subcuenca, tanto en la parte alta, en los cursos de las quebradas, en la Reserva Hídrica de Finca Las Costas, como en el propio cauce de los ríos Arias y Arenales. 

Expuso que los valores de estas aguas hacen considerarlas no propias para uso recreativo en contacto directo, y que se detectaron metales peligrosos para la protección de vida acuática. Advirtió la presencia de residuos en distintos puntos sobre las márgenes del tramo urbano, todo lo cual termina recalando en la parte baja de la sub cuenca, caracterizada por el embalse Cabra Corral.

Por el Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), de la Facultad de Ingeniería de la UNSa. y el CONICET, Verónica Rajal explico una serie de informes basados en estudios realizados en la zona media de la sub cuenca, donde se encuentra el sector más urbanizado del valle.

La ingeniera detalló sobre los resultados obtenidos de tesis doctorales y trabajos de investigación. Confirmó los datos del CIF y evidencio la presencia de bacterias virus y parásitos. Puntualizó que, del estudio de riesgo sobre la población afectada, tanto para contacto por inmersión como contacto mano-boca, las conclusiones son en extremo preocupantes.

En cuanto a perspectivas de mejoramiento, el magister arquitecto Pedro Fernández, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta, y quien fuera uno de los artífices del Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad de Salta, explicó que para esta problemática interesa la interfase entre lo urbano y la ribera del río. Expuso el docente e investigador científico, que todo lo que se hace en la ciudad, repercute en el río; y detalló obligaciones urbanísticas que están plasmadas en los PIDUA I y II que ayudarían a abordar los problemas planteados. El profesional marcó como un desafío a resolver la situación de las márgenes, en donde se encuentran asentadas en lugares muy riesgosos e insanos algunas barriadas.

Seguidamente la master Ana Zelarayán, secretaria de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa., realizó un abordaje de la problemática del Rio Arenales desde la integridad territorial y la dinámica social y económica. Explicó se debe trabajar en el ordenamiento ambiental del territorio, y que las unidades de cuenca hídrica son la mejor escala de medida. En la exposición de la licenciada en Recursos Naturales, fue apoyada por la diplomada y licenciada Silvia Ferreira, directora del Centro de Estudios de Cuencas y Ríos de Montaña, quien hizo hincapié en la tarea de planificación, gestión y estabilización de las áreas altas de la subcuenca. 

La doctora en Geología del Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA), Verónica Rocha Fassola, por su parte, destacó la necesidad de tener en cuenta la dinámica de los sistemas acuíferos, es decir, el cómo actúan en todo este esquema las aguas subterráneas. 

En el espacio final de dialogo y preguntas, se profundizaron algunas dudas que los fiscales civiles, Ramiro Michel Cullen y Agustín Vidal y el fiscal penal Federico Jovanovics, plantearon respecto a causas particulares.

En el cierre, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, manifestó la importancia de contar con los cuadros técnicos de las Universidades de la provincia, y su intención de profundizar la tarea de colaboración con las facultades y los institutos científicos.

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 Ambientales

Subcuenca Arias-Arenales: La Procuración convocó a una reunión para abordar sus problemáticas

Es considerada la más degradada de la provincia, presentando conflictividad ecológica, económica y social. Asistirán fiscales, autoridades de distintas Instituciones y Organismos, técnicos y funcionarios.

Convocada por el procurador general, Pedro García Castiella, tendrá lugar este lunes 12, una reunión a fin de recabar información vinculada a aspectos técnicos de la problemática sobre la Subcuenca Arias-Arenales, perteneciente a la Cuenca Alta del Río Juramento.

García Castiella estará acompañado del fiscal de cámara a cargo del caso “Mercado, Amelia Emilia” Ramiro Michel Cullen, y del fiscal penal 5, a cargo de la actuaciones “Sobre contaminación aguas” Federico Jovanovics; la secretaria coordinadora de Procuración, Belén Rubio y el Secretario Relator Ambiental de Procuración, Juan Sebastián Lloret.

La agenda de trabajo contempla un espacio de exposición, distribuido en los cuatro organismos técnicos participantes, tas lo cual se dará paso a preguntas, intercambio y evacuación de dudas técnicas y sugerencias de procedimiento a los magistrados fiscales.

Está previsto, además, que se acerquen diferentes enfoques de la interdisciplina e institucionalidad, a fin de abordar con objetividad y de manera global los distintos aspectos complejos y de incidencia colectiva de la problemática.

Es por ello que se ha convocado al encuentro, a diferentes autoridades y funcionarios: la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, el responsable del Servicio de Medio Ambiente, José Luis Manzano y equipo, quienes poseen los datos técnico-forenses, detectados a la fecha en el medio . También, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNSa, Héctor Raúl Casado; la directora del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), Elsa Mónica Farfán y los ingenieros Verónica Rajal y Ramiro Poma, quienes ya han realizado evaluaciones científicas en el lugar y verificado aportes de asesoramiento a la causa penal.

Se ha invitado también al decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCaSal, Pedro Fernández y la directora ejecutiva del Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial (ISUT), Gabriela Poliotto, quienes poseen la más vasta trayectoria en planificación urbano-ambiental de la subcuenca y han colaborado asesorando a la Procuración General en estas problemáticas; y el decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, Julio Nasser y la secretaria de Relaciones Institucionales, Ana Zelarayán; las responsables de las cátedras de Hidrogeología y Manejo de Cuencas Hídrográficas, Verónica Rocha Fassola y Silvia Elena Ferreira Padilla, respectivamente, Facultad con la cual existe sostenidos vínculos de asistencia técnica.

Es oportuno mencionar que ambas casas de altos estudios llevan a cabo convenios de amplia colaboración y asistencia técnica, suscriptos con el Ministerio Publico Fiscal de Salta.

Por último, cabe recordar que la Subcuenca Arias-Arenales, perteneciente a la Cuenca Alta del Río Juramento es considerada la más antropizada (influenciada o manipulada por el hombre) y degradada de la provincia y, por tanto, la que presenta una mayor conflictividad ecológica, económica y social a la fecha.

“Mercado, Amelia Emilia” (Cam. CyC, III, Expte. CAM N° 380.533/12) “Sobre contaminación aguas” (Legajos N° AV-38/16 y N° AV-75/17)


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