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Encuentro nacional concluyó con la creación de la Red Argentina de Fiscales Ambientales

Los días viernes 20 y sábado 21 de septiembre se llevaron a cabo las dos jornadas del Encuentro Nacional de Fiscalías Ambientales, celebrado en la ciudad de Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Este evento fue declarado de interés por el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y contó con la participación del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El pasado viernes se llevó a cabo la apertura del Encuentro Nacional de Fiscalías Ambientales, que contó con la presencia de autoridades invitadas. El encargado de inaugurar la jornada fue el procurador general del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, quien presentó el documento. A continuación, se expusieron los principales lineamientos normativos y doctrinarios que hacen al funcionamiento particular de las Fiscalías Ambientales en el país.

La apertura del bloque de conferencias estuvo a cargo del secretario relator ambiental de la Procuración General de la Provincia de Salta, Juan Sebastián Lloret, quien disertó sobre el tema “El abordaje de la responsabilidad ambiental integral por las fiscalías especializadas”. Durante su intervención, expuso los fundamentos, herramientas y métodos de actuación fiscal en relación con la responsabilidad ambiental integral.

Además, ofreció un detallado panorama expositivo sobre las tareas que se pueden llevar a cabo en relación con la coordinación entre la administración pública y jueces, la investigación penal, y la protección de víctimas y defensores de derechos humanos ambientales, conforme la jurisprudencia nacional y extranjera.

El evento continuó con paneles de los ministerios públicos de Santa Fe, Neuquén y Chubut, mientras que el sábado se presentaron conferencias y paneles a cargo de los Ministerios Públicos Fiscales de Neuquén, Corrientes, Chaco, La Pampa y CABA.

La convocatoria también incluyó mesas de trabajo para el intercambio de experiencias sobre casos de diversas áreas de incumbencia fiscal, como contaminación, flora y fauna, agua y maltrato animal. Para el cierre del encuentro, se realizaron mesas expositivas donde fiscales de distintas regiones del país compartieron experiencias exitosas y criterios de trabajo en temas ambientales con sus colegas.

Al cierre del Encuentro, se firmó la Declaración de la Red Argentina de Fiscales Ambientales (R.A.F.A.), anunciando oficialmente su creación. Este documento destaca la necesidad de una estructura organizada y capacitada para abordar la conflictividad ambiental desde los Ministerios Públicos Fiscales, con el objetivo de prevenir daños y enfrentar la delincuencia ambiental. Los objetivos incluyen el intercambio de información sobre delitos ambientales, la coordinación de acciones integradas y la promoción de la transparencia, cooperación interinstitucional, educación ambiental y sostenibilidad. La declaración fue respaldada por representantes de organismos internacionales.

Participaron destacadas autoridades internacionales, como el Secretario del Consejo Consultivo de Fiscales de la Comunidad Europea, Artashes Melikian; el Fiscal Ambiental Superior de España, Antonio Vercher Noguera; la Directora de la RedeMPA y Fiscal de Brasil, Cristina Seixas Graçia; la Coordinadora Nacional de Fiscalías Ambientales de Perú, Flor de María Vega Zapata; el Coordinador de ROAVIS y jefe de la Unidad de Medioambiente de El Salvador, Wilfredo Baltazar Calderón; la presidente de FAM, Marcela Ruiz, y el Fiscal Federal de Salta, Rafael Toranzos, quienes expresaron su apoyo al evento.

Salta como punto focal de la Red SudWEN

La Red Sudamericana de Observancia y Aplicación de la Normativa sobre la Vida Silvestre (Red SudWEN) fue creada en 2014 con el objetivo de combatir el comercio ilegal de vida silvestre en América del Sur. Durante una asamblea del Consejo de Procuradores de Argentina, se propuso designar a la provincia de Salta como punto de contacto focal de la red, moción aprobada por el Consejo. El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella será miembro titular y Sebastián Lloret, miembro suplente, para fortalecer la cooperación regional contra el tráfico ilegal de especies silvestres.

 

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Salta participará del Encuentro Nacional de Fiscalías Ambientales

Organizado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, el evento se desarrollará durante los días 20 y 21 de septiembre en el Centro de Congresos y Convenciones de la ciudad de Villa La Angostura, Neuquén.

El encuentro forma parte de las acciones tendientes a aunar esfuerzos colaborativos de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina para fortalecer aquellas áreas que trabajan en pos de la defensa del ambiente y la capacitación continua de sus miembros.

La apertura consistirá en una conferencia plenaria, a cargo del Procurador General del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, para luego dar paso a la presentación de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales, con participación de Procuradores, Fiscales Generales y Fiscales participantes.

Por su parte, el Secretario Relator Ambiental de la Procuración General de la Provincia de Salta, Sebastián Lloret, quien asistirá en representación del Ministerio Público Fiscal, será uno de los disertantes durante la primera jornada de actividades previstas.

El tema que tratará Lloret será “El abordaje de la responsabilidad ambiental integral por las fiscalías especializadas”.

El programa prevé, además, otras conferencias, paneles, exposición de casos y la presentación de un “Manual de persecución penal estratégica de delitos ambientales y su dimensión económica”, a cargo del Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Julián Alfie.

El evento, que ya cuenta con un nutrido número de asistentes inscriptos, reunirá a un importante número de miembros de Ministerios Públicos de todo el país y se prevé la participación de otros miembros de poderes judiciales y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de reconocida presencia.

Cabe destacar que el Encuentro fue declarado de interés por parte del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

Declaración de Interés por parte del Procurador de Salta

Mediante Resolución N° 1557, el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, declaró de interés el Encuentro Nacional de Fiscalías Ambientales.

Entre los considerandos del documento, se menciona, en primer lugar, la invitación cursada a la Procuración General por parte del Señor Fiscal General de Neuquén, José Ignacio Gerez.

A continuación, se subraya el hecho de que el mencionado encuentro “se enmarca en la protección de los recursos naturales y defensa de los intereses colectivos difusos, exponiéndose casos novedosos y debatiendo temas de vanguardia en materia ambiental”.

Se destaca, además, el apoyo institucional por parte del Consejo de Procuradores y Fiscales de la República Argentina a la organización del evento, el que contará con la participación activa de miembros de los Ministerios Públicos de todo el país.

 

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Homologan acuerdo de protección de cuenca hídrica impulsado por la Fiscalía Civil de Orán

Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L. mitigará los impactos ambientales derivados de la construcción del terraplén sobre el Río Blanco. 

El Juzgado de Orán homologó un acuerdo fiscal por el cual Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L.  mitigará los impactos socioambientales derivados de la construcción del terraplén sobre el Río Blanco. El Instituto Nacional del Agua determinó los caudales ecológicos mínimos necesarios para asegurar la conservación de los ecosistemas en la cuenca hídrica afectada.

En 2022, la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral a cargo de Marcela de los Ángeles Fernández logró un acuerdo con la empresa Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L., que alcanza a los consorcistas Los Dos Ríos S.A. y Tuma S.A., para resolver un conflicto socioambiental derivado de la causa penal N° 49/22.

La empresa mayoritaria del consorcio asumió compromisos para mitigar los impactos causados por la construcción de un terraplén sobre el Río Blanco, utilizado para captar agua del Río Pescado, destinada al riego de plantaciones de caña de azúcar. Las concesiones de suministro de agua, autorizadas desde 1945 hasta 2006, generaron preocupaciones sobre el posible detrimento de la sub-cuenca del Río Blanco y Río Pescado inferior.

El proceso fue llevado adelante por la Jueza en lo Civil y Comercial N° 1 de Orán, Eugenia Fernández De Ulivarri, con la intervención del Centro de Mediación del Ministerio Público de Salta. Participaron la Consultora PACHA, representantes legales y jerárquicos de la empresa, y el Servicio Ambiente del Departamento Técnico Científico del CIF. También intervinieron funcionarios de la Fiscalía de Estado, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Recursos Hídricos y Secretaría de Minería y Energía.

En la etapa final, se convocó al Instituto Nacional del Agua (INA) para determinar el Caudal Ecológico Mínimo del Río Blanco y Río Pescado, crucial para la subsistencia de los elementos ambientales. El INA estableció un caudal de 2,6 m³/s para el Río Blanco y 4,00 m³/s para el Río Pescado, valores avalados por PACHA, CIF y la Secretaría de Recursos Hídricos.

Con este nuevo valor de conservación, se espera que los ríos comiencen a reconfigurar su dinamización ecológica y mantengan su permanencia frente a los cambios climáticos.

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Fiscal Civil de Tartagal obtiene sanción millonaria por incumplimiento de convenio de reforestación

El Juzgado de Primera Instancia de Tartagal impuso una multa de $67.920.000 a Juan José Karlen por incumplir un acuerdo de reforestación de 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente. La fiscal Rosa Velez pidió que los fondos se destinen a la recomposición ambiental y social, incluyendo la creación de viveros y la forestación con especies nativas, como exige la Ley. 

El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente el compromiso de ceder sus pretensiones agropecuarias sobre 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente y acordó con la Procuración General de la provincia de Salta un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y extenderse por 30 años.

Los estudios periciales determinaron que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una «Densidad Arbórea de 245 ind/ha y un Área Basal de 10.7 m2/ha». Considerando estos parámetros y respecto a los valores de referencia del Bosque Chaqueño Occidental, se clasificaba como en estado «BUENO».

Entre otros objetivos del acuerdo, se contemplaba la creación de un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, la forestación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea y una importante inversión en materia social, incluyendo a comunidades aborígenes y criollas.

Finalmente, en el acuerdo homologado el 3 de diciembre de 2018, se estableció que en caso incurrir en omisiones, la finca quedaría afectada como área protegida privada hasta su total recomposición natural.

Desde entonces, la Fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, ha reclamado sistemáticamente el cumplimiento del acuerdo y ha reiterado inspecciones técnicas con personal del CIF, Bosques de la Provincia e INTA, sin resultados apreciables.

Ante esto, la Fiscal, competente en lo ambiental, requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal o astreintes, la cual fue consentida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1era Nominación del Distrito Judicial Tartagal, intimando a Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.

La Fiscal solicitó el rechazo del pedido de nulidad de la sanción, argumentando que los demandados han evadido sistemáticamente sus compromisos socioambientales voluntarios, firmes y consentidos, mediante presentaciones capciosas e insustanciales. Sostuvo que no se puede permitir que la contraria reedite cuestiones ya superadas.

El último viernes 30 de mayo de 2024, la Jueza Dra. Viviana Yance resolvió que, como ya hace cuatro años que se intima a la demandada a cumplir cabalmente con su resolución de fecha 3 de noviembre de 2020 sin éxito, corresponde rechazar todos los planteos de nulidades de Karlen. Por ello, ordenó formar expediente de ejecución de la deuda líquida y exigible a diciembre de 2023 por la suma de $67.920.000,00 en contra de la demandada.

Yance indicó en su fallo que no se puede alegar irregularidades en el proceso cuando todas las incidencias planteadas derivan de la falta de cumplimiento en tiempo y forma.

Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones de Salta ya había rechazado un recurso de queja de Karlen por declararse la caducidad de instancia el 27 de septiembre de 2023.

Fiscal Civil Comercial y Laboral de Tartagal. Dra. Rosa Vélez
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La Escuela del Ministerio Público implementa capacitación ambiental obligatoria

El secretario relator ambiental de la Procuración será el director del Curso. Las videoclases serán cursadas a través de la plataforma de la Escuela del Ministerio Público.

La Ley Nacional 27592, conocida como «Ley Yolanda», junto con su adhesión provincial mediante la Ley 8258, establece la capacitación obligatoria en temas ambientales, con un enfoque en el desarrollo sostenible y especial énfasis en el cambio climático, para todos los funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin importar su nivel o jerarquía.

Para cumplir con su mandato, el director de la Escuela del Ministerio Público defensor general Martín Diez Villa, impulsó un proyecto interinstitucional en colaboración con el fiscal de Estado de la Provincia Juan Agustín Pérez Alsina, el rector de la Universidad Católica de Salta Rodolfo Gallo Cornejo, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia Alejandro Aldazabal, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta Cristina Sanz, el director del Centro Científico Tecnológico en la Provincia de Salta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET Salta-Jujuy) Raúl Alberto Becchio y el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta Sergio Daniel Díaz Lenes, para ser implementada en cualquiera de los organismos firmantes aprovechando de común acuerdo sus recursos profesionales.

Por propuesta del procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, todas las instituciones acordaron designar a Juan Sebastián Lloret como Director del curso. Lloret, secretario relator ambiental por concurso desde 2009, es docente en ambas universidades, investigador científico en proyectos de Ciencia y Justicia del CONICET, y Coordinador General de capacitación ambiental del Colegio de Abogados.

El equipo docente está compuesto por profesionales de diversas instituciones: la Licenciada Analía Beatriz Villagrán y la Abogada Silvina Borelli, de la Secretaría de Ambiente; la Doctora Anabel Saran y el Bioquímico Luciano J. Merini, ambos del CONICET; el Doctor en Biología Federico Colombo Speroni y la Doctora Ingeniera Laura Gatto D’Andrea, representantes de UCASAL; la Magíster en Ingeniería en Recursos Naturales Ana Zelarayán; el Doctor Licenciado Gonzalo Durán y la Magíster en Ingeniería Natalia Rangeon, pertenecientes a la UNSA; el Especialista en Abogacía Pablo Gustavo Buccianti, de la Fiscalía de Estado; la Abogada Silvina Borla, del Colegio de Abogados; el Ingeniero José Luis Manzano, del CIF; y el Director, Magíster en Abogacía Juan Sebastián Lloret, de la Procuración General.

Las clases fueron coordinadas y grabadas en el prestigioso Sistema de Educación a Distancia (SEAD) de la UCASAL, con contenidos seleccionados por cada una de las instituciones participantes en el proyecto. Esto garantiza una perspectiva local en la sensibilización sobre temas de desarrollo sostenible y cambio climático.

Las videoclases serán cursadas a través de la plataforma de la Escuela del Ministerio Público, la cual está coordinada por su secretaria ejecutiva, Claudia Alemandi.

 

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Emplazan a urbanizaciones de San Lorenzo Chico y Organismos de control por la contaminación de un río

Desde el Ministerio Público Fiscal se realizan acciones contra la contaminación del Río Astilleros-Arenales. Los estudios revelan alta concentración de bacterias coliformes fecales que superan los límites legales permitidos.

La Unidad Fiscal Ambiental, integrada por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y el Fiscal Civil 1, Rodrigo Erazo Schmidt, inició actuaciones relacionadas con el control de la contaminación de las aguas del río Astilleros-Arenales en la zona de San Lorenzo Chico.

Es por ello que solicitaron se realicen los debidos controles en los efluentes cloacales de las plantas depuradoras de la empresa Proyecto Norte, ubicadas en los barrios Praderas de San Lorenzo e Invernaderos.

Tanto los estudios bacteriológicos del CONICET como los del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) arrojaron como resultado valores superiores a los permitidos por la normativa legal en cuanto a la concentración de bacterias coliformes fecales y la concentración de amoniaco, excediendo el límite del máximo permitido. Esta cantidad es significativamente elevada y supera los estándares establecidos por la normativa vigente.

La preocupación por estos resultados no solo radica en la contaminación en sí misma, sino también porque aguas abajo se encuentran los drenes del Sistema Finca Las Costas, que abastecen a la planta potabilizadora de Alto Molino, responsable del suministro de agua para consumo humano en la ciudad de Salta.

Por este motivo, la Unidad Fiscal requirió a la Secretaría de Recursos Hídricos y Secretaría de Medio Ambiente, como organismos de control competentes, que ejerzan el exhaustivo y estricto control, emplazando a los responsables para la regularización y el cese de la contaminación del agua, efectuando los apercibimientos, adoptando las medidas y aplicando las sanciones que estimen correspondientes en ejercicio de sus facultades y deberes específicos.

Todo ello, sin perjuicio de la eventual necesidad de promover acciones judiciales en caso de persistir la situación, ya sea por acción u omisión de los responsables, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7070.

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Contaminación en la Subcuenca Arias-Arenales: Evaluaron medidas y formularon nuevos requerimientos

En una reciente audiencia,  la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales revisó las medidas tomadas para abordar la contaminación en verduras y hortalizas de fincas locales. Ante la presentación tardía de medidas de contingencia por parte de CoSAySa, se insistió en la urgencia de cumplimiento y se exigió un plan integral.

A instancias de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales conformada por el procurador general de la Provincia Pedro García Castiella, se concretó el pasado viernes una nueva audiencia, la cual fue presidida por la Jueza de Minas María Victoria Mosmann.

Durante la audiencia, representantes gubernamentales de Provincia y Ciudad de Salta,  proporcionaron información sobre el seguimiento de las medidas dictadas el 22 de diciembre de 2023 y las acciones emprendidas por diversos organismos para abordar de manera efectiva la contaminación detectada en verduras y hortalizas de fincas productoras locales.

Debido a que la empresa Compañía Salteña de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (CoSAySa) presentó tardíamente algunas medidas de contingencia, en respuesta a lo solicitado por la Unidad Fiscal y ordenado por el Juez Ignacio Colombo, se insistió en que se cumplan dichas medidas en plazos más cortos debido a la situación de emergencia. Además, se exigió la presentación de un plan de contingencia integral.

En la audiencia, la Fiscalía Civil 2, interina en la Unidad, presentó un informe del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI/UNSa) y del Laboratorio del Hospital Materno Infantil, el cual aborda la situación de vegetales de una finca específica ubicada frente al área de vertido de líquidos cloacales.

El fiscal civil 2 Agustin Vidal, resaltó que existe una Resolución N° 486/21 de la Municipalidad de Salta que ya incluía un Plan de Contingencia como parte del estudio de Impacto Ambiental y Social relacionado con la ampliación de la Planta Depuradora Sur de la Ciudad de Salta, contemplando las fases de construcción y operación durante su puesta en marcha. Instó tambien a tomar medidas concretas y enfatizó la importancia de evitar que las verduras posiblemente contaminadas lleguen al mercado, asegurando así el cumplimiento de las medidas preventivas.

Por su parte, el representante de la Municipalidad de Salta, Diego Mendilaharzu, se comprometió a proporcionar información en un plazo de diez días hábiles sobre la colocación de carteles de advertencia sobre las márgenes del Río Arias- Arenales, aclarando que ya se habían instalado previamente, pero estos fueron vandalizados.

Luego de escuchar a los representantes de las partes, la jueza a cargo realizó requerimientos específicos con plazos ajustados de 48 horas. Además, ordenó la creación de una mesa de trabajo que deberá contar con la participación de los demandados y representantes de diversos organismos, la cual deberá constituirse en un plazo máximo de 10 días. El propósito es que los organismos competentes (Ambiente, Hídrico, Agricultura, Salud, Seguridad, Educación, Municipio) presenten al Juzgado acciones concretas y coordinadas para abordar la situación. Se programó una nueva audiencia para el 26 de enero próximo.

Cabe destacar que el juicio original sobre la contaminación del Río Arias – Arenales tuvo inicios con la acción interpuesta por un grupo de ciudadanos que recibió una sentencia judicial confirmada por la Corte de Justicia. Actualmente esa sentencia se ejecuta en el Juzgado de Minas.

En la audiencia estuvieron presentes Agustín Vidal, fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo, representando al fiscal Rodrigo Erazo Schmidt de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales; Leonor Barrenechea, asesora técnica de la Unidad; José Manzano, responsable del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF); Mariana Cornejo Larrán, apoderada de la Provincia de Salta; representantes del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, de la Secretaría de Ambiente y Servicio Público de la Municipalidad; Diego Mendilaharzu, representante de la Procuración de la Municipalidad de Salta; representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de Salud Pública de la provincia de Salta; representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, y los representantes letrados y técnicos de Co.S.A.ySa.

 

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Allanamiento en finca vecina al Río Arenales por presuntas prácticas nocivas a la salud de la población

En un operativo, se llevó a cabo un allanamiento en una propiedad de La Pedrera, en busca de evidencia relacionada con presuntas prácticas que podrían poner en riesgo la salud pública. La investigación se centra en la posible contaminación y el uso indebido de aguas contaminadas en la producción de hortalizas.

En el marco de una investigación vinculada a presuntas prácticas que podrían poner en riesgo la salud pública, el fiscal penal 5, Federico Jovanovics, integrante de la Unidad Fiscal Ambiental, solicitó al Juzgado de Garantías 7, el registro y allanamiento de un inmueble situado en Ruta Provincial Nº 39, en la localidad de La Pedrera, perteneciente al Departamento Capital. El propósito de esta acción, fue el secuestro de muestras de productos frutihortícolas de la finca señalada, así como la realización de una inspección ocular y documentación de las actividades de riego y producción de hortalizas.

El fiscal Jovanovics consideró crucial la recolección de muestras de las hortalizas producidas en la finca para verificar la presencia de virus, bacterias o parásitos provenientes de las aguas contaminadas, que podrían afectar la salud de la población, la cual fue llevada adelante el día de hoy, estando a cargo de la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales. En el lugar, los ingenieros Leonor Barrenechea y Joel Medina del Laboratorio del CIF, realizaron el levantamiento de muestras de vegetales como lechuga, brócoli, zanahoria y perejil. 

Cabe destacar que la Fiscalía Penal Nº 5 fue designada como parte de la Unidad Fiscal por Resolución emitida por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella para proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de la subcuenca Arias  – Arenales. 

El Procurador fue informado por parte del Ente Regulador de los Servicios Públicos, sobre un informe técnico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento. Según dicha documentación, se verificó la presencia de una toma de agua clandestina en la margen izquierda del Río Arenales, cerca de la Planta Depuradora Sur. Esta toma de agua, utilizada para el riego de hortalizas en la finca mencionada, carece de autorización y representa riesgo de contaminación.

Consta en el informe, que durante la inspección, el propietario de la finca admitió que, debido a la disminución del caudal de sus pozos someros por la crisis hídrica, se estaba bombeando agua desde el río sin contar con los permisos necesarios. Además, se informó que actualmente está en ejecución la obra de Optimización y Ampliación de la Planta Depuradora Sur debido a que su capacidad está superada, lo que contribuye a un alto riesgo de contaminación del Río Arenales.

Los hechos descriptos podrían configurar el delito tipificado en el Artículo 55 de la Ley 24051 en función del Artículo 200 del Código Penal, en su modalidad de contaminación de un modo peligroso para la salud de aguas potables destinadas al uso público.

El Ministerio Público Fiscal trabaja sistemáticamente en la problemática de contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales

 

 

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Audiencia en el marco de la ejecución del Amparo por Río Arenales: Ordenan a CO.SA.ySa presentar plan de contingencia urgente

El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, hizo lugar a los pedidos que el Ministerio Público Fiscal realizó ante la contaminación hídrica en la subcuenca.

En el marco de la audiencia solicitada con carácter de urgente por el Ministerio Público Fiscal por la contaminación hídrica en el río Arenales, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, intimó a la empresa Co.SA.ySa a que dé estricto cumplimiento a lo ordenado oportunamente en la sentencia del amparo; esto es, al cese inmediato del vertido de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado en el Río Arenales.

Además, le ordenó la presentación, en un plazo de 48 horas hábiles, de Plan de Contingencia Urgente para atenuar o suprimir los efectos nocivos del vuelco de deshechos cloacales en el río Arenales. El proyecto deberá contemplar plazos de ejecución razonables y próximos en atención a la situación de alerta epidemiológica informada públicamente, y debe estar dirigida a atenuar o suprimir los efectos nocivos del vuelco de desechos cloacales con tratamiento insuficiente.

De la audiencia participaron el fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo 1 y miembro de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, Rodrigo Erazo Schmidt; la asesora técnica del Cuerpo de Investigadores Fiscales, Leonor Barrenechea, representantes de Co.SA.ySa y del Ente Regulador de los Servicios Públicos. No asistieron representantes de la Municipalidad de Salta ni de la Provincia de Salta.

Durante la audiencia, Co.SA.ySa reconoció que su planta depuradora se encuentra superada en un 30 por ciento de su capacidad operativa e informó que la ampliación de la planta recién estará terminada, de acuerdo a lo proyectado, en febrero de 2025.

Ante la alerta epidemiológica por el aumento de casos de salmonella efectuado por el Ministerio de Salud de Salta y las denuncias de vuelco de efluentes al río Arenales en la zona de la Pedrera, el juez Colombo hizo lugar a los requerimientos de la Unidad Fiscal y ordenó nuevamente al Municipio de Salta la colocación de letreros indicativos de fácil lectura en todos los lugares de acceso público a lo largo del trayecto del río que cruza la ciudad de Salta. Todo ello deberá estar cumplido y acreditado para el día 15 de enero.

Asimismo, resolvió que los estados provincial y municipal y la empresa Co.SA.ySa pongan en marcha una amplia campaña de difusión para prevenir el uso o utilización del Río Arenales debido a la contaminación existente, ello por cualquier medio de difusión masiva.

El Juez de Garantías 2 también estableció que se deberá realizar una demarcación y vigilancia sanitaria de las zonas consideradas peligrosas, de manera conjunta por parte de las demandadas: Provincia de Salta y Municipio de Salta, verificando especialmente el cese de la actividad clandestina e ilegal desplegada por los productores ribereños del Río Arenales y de la captación de aguas contaminadas con efluentes vertidos en su sistema cloacal, actualmente destinada al riego de sembradíos y cualquier otra utilización clandestina que se detecte.

En el fallo, el juez Colombo resolvió que la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta debe realizar las siguientes acciones urgentes: a) controlar las malezas en las adyacencias de las zonas afectadas; b) limpiar inmediatamente los obstáculos a lo largo del curso del río para evitar zonas de aguas quietas; c) evitar y controlar la distribución y utilización de agua del afluente para riego y consumo humano o de animales, bajo apercibimiento de multas.

Cabe recordar que, desde 2022, el Ministerio Público Fiscal advierte sobre los riesgos de la contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales, llevando a cabo reuniones con diversas instituciones y expertos en la materia. En este marco, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, creó en abril de 2023, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales conformada por el fiscal Penal 5, Federico Jovanovics; el fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo 1, Rodrigo Erazo Schmidt; el secretario relator de Medio Ambiente, Sebastián Lloret; y la asesora técnica del Cuerpo de Investigadores Fiscales, Leonor Barrenechea, con el objetivo de proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de los ríos Arias y Arenales.

La formación de esta Unidad resolvió diversos obstáculos, entre ellos unificando la atención de expedientes relacionados con la contaminación de los ríos y acumulando otras causas en trámite para mejorar la atención integral en toda la subcuenca hídrica, tal como indican los protocolos técnicos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 1 de diciembre pasado, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales puso en conocimiento del Juzgado que continuaba el vuelco de líquidos cloacales en el lecho del río, sin adecuado tratamiento. Se pidió nuevamente la audiencia pública y, además, se requirió la colocación por parte de Co.SA.ySa de cartelería en la zona de la planta depuradora, con la advertencia de que las aguas no eran aptas para consumo, uso, ni riego, y que implicaban un grave riesgo para la salud.

No habiendo sido resuelta la petición, el Ministerio Público Fiscal solicitó, el 20 de diciembre pasado, una audiencia urgente, que finalmente tuvo lugar esta mañana.

 

El Ministerio Público Fiscal trabaja sistemáticamente en la problemática de contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales

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El Ministerio Público Fiscal trabaja sistemáticamente en la problemática de contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales

La creación de la Unidad Fiscal Ambiental y las acciones coordinadas con instituciones académicas y expertos reflejan un compromiso serio hacia la protección y restauración de la zona. Se abordan los obstáculos previos y gestionan medidas preventivas, investigación científica y acciones legales con el objetivo de revertir el estado ambiental de la subcuenca.

Desde el año 2022, el Ministerio Público Fiscal de Salta ha estado abordando con responsabilidad la problemática de contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales, llevando a cabo reuniones con diversas instituciones y expertos en la materia.

En el mes de abril del presente año, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, estableció la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales conformada por el fiscal penal 5 Federico Jovanovics, el fiscal civil 1 Rodrigo Erazo Schmidt, el secretario relator de Medio Ambiente Sebastián Lloret, y la asesora técnica del Cuerpo de Investigadores Fiscales Leonor Barrenechea, con el objetivo de proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de los ríos mencionados.

La formación de esta Unidad ha logrado resolver diversos obstáculos, entre ellos unificando la atención de expedientes relacionados con la contaminación de los ríos y acumulando otras causas  en trámite para mejorar la atención integral en toda la subcuenca hídrica, tal como indican los protocolos técnicos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se sumó además asesoramiento técnico externo con el INIQUI de la Facultad de Ingeniería y el INASLA de la Facultad de Ciencias Naturales, ambos de la Universidad Nacional de Salta, el ISUT de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta y el área MEDIOAMBIENTE del “Programa Ciencia y Justicia” del CONICET.

 

Desde el mes de abril el fiscal civil  1, Rodrigo Erazo Schmidt, solicitó se fijen audiencias publicas periódicas en la que las demandadas (provincia, municipio Cosaysa ) deban informar y probar de manera fundada y precisa, las acciones, obras, y medidas concretas llevadas a cabo en ese periodo de tiempo, brindando las explicaciones que en ese acto se puedan requerir al respecto. En esa misma presentación, se requirió que se incluya expresamente a Cosaysa en la ejecución del amparo, a lo que el juzgado hizo lugar. 

En el mes de setiembre, ante la falta de cumplimiento de la sentencia del año 2017, que ordenó expresamente el “saneamiento cloacal, traducida en un inmediato cese de vertido de líquidos cloacales”, se insistió la necesidad de audiencia publica periódica.

En tanto el 1 de diciembre, se puso en conocimiento del juzgado que continuaba el vuelco de líquidos cloacales en el lecho del río, sin adecuado tratamiento. Se pidió nuevamente la audiencia publica y ademas se requirió la colocación por parte de Cosaysa de carteles en la zona de la planta depuradora, con la advertencia de que las aguas no son aptas para consumo, uso, ni riego, y que implican un grave riesgo para la salud. 

No habiendo sido resuelta esta ultima petición, el 20 de diciembre pasado se requirió una audiencia urgente, la cual fue convocada para el día viernes 22 a las 10 horas que se celebrará ante el juez Ignacio Colombo quien interviene en el caso hasta tanto se reintegre la jueza titular. Deberán comparecer representantes de Cosaysa, el municipio de Salta y provincia de Salta. Desde la fiscalía también se solicito la citación del Ente Regulador de los Servicios Públicos. 

Nuevas investigaciones penales

El pasado 21 de noviembre, se recibió denuncia sobre la contaminación del río Arenales por vertidos cloacales y la posible transmisión de bacterias a alimentos agrícolas en fincas ribereñas, derivando en que el Procurador General de la Provincia solicite de inmediato, la intervención del Departamento Técnico Científico del Cuero de Investigaciones Fiscales.

Los forenses ambientales informaron sobre los trámites iniciados y las pruebas colectadas, recomendando medidas urgentes de paralización de la actividad de riego y señalización con cartelería pública para alertar sobre los riesgos sanitarios.

Por su parte, la Unidad Fiscal Subcuenca Arias-Arenales requirió la presencia del Director General de Coordinación Epidemiológica para obtener información técnica y sanitaria. El médico Francisco García Campos proporcionó detalles sobre el seguimiento epidemiológico de la salmonella en la provincia desde octubre de 2017, destacando un pico de casos en la semana 50.

Además, se recibió al Jefe de la División de Policía Rural, Ambiental y de Protección de Bienes Culturales, Comisario Inspector Gonzalo Flores, junto al efectivo a cargo de la Departamental, el Oficial Carlos Figueredo, en una reunión donde se planificó el abordaje de la situación de las fincas y huertas ubicadas en las riberas del río Arenales. Se estableció un plan de trabajo que comenzó a desplegarse, implicando la intervención de un cuerpo de efectivos ambientales, junto a los escuadrones de montada, ciclomotores y fluvial, además de interpretación de imágenes satelitales y georeferenciación por personal policial.

 

Se emitieron múltiples medidas investigativas y procesales que se cumplirán en los próximos días.

Por último, en una reunión reciente, el prestigioso pediatra e infectólogo,  Antonio Salgado, brindó una charla detallada a Fiscales e integrantes del CIF, sobre la problemática de la salmonella y su coexistencia con el norovirus en la región, aportando sugerencias fundamentales para un abordaje integral que incluya lo ambiental, sanitario y bromatológico.

 

 

Subcuenca Arias-Arenales: La Procuración convocó a una reunión para abordar sus problemáticas

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